El nombre de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, es una vulgarización de conceptos, ya que lo que se busca es un despido masivo de trabajadores sin derechos” (Víctor Flores, experto en economía rural )
EL Fondo Monetario Internacional (FMI), concluyó su visita a Honduras, centrada en el levantamiento de datos, conocer a las nuevas autoridades del Gobierno del presidente Nasry Asfura, y su agenda de políticas, tanto de estabilización económica como de apoyo a los sectores económicos y productivos. Es de destacar que Honduras tiene vigente un Acuerdo (convenio) con el FMI suscrito en septiembre de 2023 por un monto de 830 millones de dólares, donde se enfatiza en los objetivos de estabilidad macroeconómica, sostenibilidad energética, lucha contra la corrupción y reducción de la pobreza pero sin afectar los programas sociales.[1]
En abril de 2025, después de la tercera revisión del FMI, el Gobierno de Xiomara Castro, fue felicitado por dicho organismo, destacando el equilibrio macroeconómico y avances en el sector energético, lo cual le permitió acceso a unos 155 millones de dólares como parte del Convenio. Aunque estas felicitaciones se dieron también en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), lo más destacable fue la apuesta por un enfoque menos ortodoxo de estabilización económica, el llamado “rescate” de la ENEE como una empresa estratégica del Estado, y la defensa de subsidios a grupos vulnerables, aunque los costos pueden resultar altos para las finanzas públicas.
“El FMI también resalta que, a pesar de la incertidumbre mundial excepcionalmente elevada, la economía hondureña sigue siendo resiliente y los resultados de la política macroeconómica hasta finales de diciembre de 2024 fueron acordes a los objetivos del programa. El crecimiento sólido—3.6 por ciento en 2024— continúa y la inflación, de 4.5 por ciento en marzo, permanece dentro del rango de tolerancia en torno al objetivo de inflación del Banco Central de Honduras (BCH).Las reservas internacionales han aumentado considerablemente, entre otras razones debido a la exitosa emisión de un bono soberano externo, desembolsos de la banca multilateral y ajustes de las políticas monetaria y cambiaria, que también han contribuido a moderar el crecimiento del crédito y a reequilibrar la economía. El aumento de las exportaciones de café y las remesas a comienzos de este año también han reforzado los ingresos de divisas”.[2]
Igualmente, el Gobierno de Xiomara Castro superó la cuarta revisión del convenio con el FMI (septiembre de 2025), con acceso a 120 millones de dólares, destacándose el control de la inflación, tasa de crecimiento del PIB, reservas internaciones en aumento, protección social de grupos vulnerables y la esperada licitación de 1,500MW de energía para 2026[3].
La última revisión está prevista para este año(mediados), pero el Gobierno actual buscará unir las revisiones para acceder a 240 millones (4 y 5 revisión), e incorporar las nuevas prioridades de política económica del Gobierno, donde destaca el recorte del gasto público (se espera que solo sea gasto corriente, especialmente sueldos y salarios),mediante una reforma que permita cerrar instituciones públicas y no reconocer derechos laborales adquiridos. (Dirigentes estudiantiles de la UNAH de LIBRE le denominan “Serrucho” MILEI).
El Articulo N. 1 del anteproyecto de Ley de Reactivación Económica enviado por la Secretaria de Finanzas al Congreso de la República, dice textualmente. “Se declara ESTADO DE EMERGENCIA FISCAL Y FINANCIERA EN LAS FINANZAS PÚBLICAS. La presente Ley tiene el propósito de atender de manera integral y responsable este Estado de Emergencia Fiscal y Financiera que afectan las finanzas públicas, mediante la adopción de medidas extraordinarias de carácter fiscal y financiero orientadas a restablecer su equilibrio y promover el crecimiento económico sostenible y el desarrollo humano”. [4]
Rápidamente el Ministro de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), Emilio H. Hércules, pidió que se elimine lo de Estado de Emergencia Fiscal, ya que, entendemos, no existe, y podría generar consecuencias no previstas en la capacidad de financiamiento y uso de recursos por el Gobierno. Se miraría como una declaración contraria a los comunicados del FMI, e introduciría un sesgo político en las políticas económicas (fiscales y financieras), para justificar la barrida de empleados públicos considerado por dirigentes del Partido Nacional como un “ajuste de cuentas” a todos los empleados públicos contratados por el Gobierno de Xiomara Castro, tipificados “paracas”.
La aprobación de esta Ley no debería violentar derechos de trabajadores contratados por el Estado, aun cuando se reconozca que varios de ellos fueron contratados sin capacidad para ejercer el cargo, y muchos vienen de gobiernos anteriores. Es más, debería existir una evaluación técnica de soporte a la aprobación de dicha Ley, y no solo información de prensa mediática que argumenta que todos los empleados públicos al cerrarse instituciones, son ineficientes, incluyendo aquellos de afiliación nacionalista y liberal que vienen resistiendo el embate del despido de sus cargos.
El proceso de aprobación de la Ley no se detiene en el Congreso Nacional, pero también no deberían detenerse las impugnaciones al violarse derechos adquiridos y Constitución de la República. El expresidente Manuel Zelaya y principal asesor del Gobierno de Xiomara Castro, ha manifestado su disposición para contratar abogados que defiendan los derechos de los trabajadores, pero, dado su liderazgo, debería convocar a las bases para protestar por dichos despidos, especialmente de sus militantes. Igual, debería suceder con un gran número de diputados del Partido Liberal, ya que estos despidos van en contra de sus conquistas y principios.
Entre los puntos destacables de la visita del FMI a Honduras en este mes de febrero, destacan las siguientes áreas de intervención o puntos de agenda: a) Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, pero, en teoría, al margen de la llegada de la CICIH, enfatizando en la nueva Ley de Contratación del Estado; b) Liberalización del Sector Energético, lo que supone, a nuestro entender, la vuelta a la agenda de privatización; c) Aprobación del marco legal contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo ( ALA/CFT), donde destaca la presentación de leyes al Congreso Nacional de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otras.
Para el presidente del Banco Central, Roberto Lagos, estas acciones no implican mayores impuestos, centrándose en la reducción de gastos y control de la evasión fiscal. Al parecer, asume que el FMI avalará el régimen tributario vigente caracterizado por su regresión y desigualdad, y la pérdida de derechos laborales de los empleados públicos, lo cual no ayuda mucha a una economía como la hondureña.
Se espera una mayor discusión de esta Ley de Reactividad Económica o Ajuste de Cuentas, incluyendo a aquellos diputados de la oposición, incluyendo del Partido Liberal, al manifestar su puntos en contra y propuesta de ajuste, ya que avalar violaciones de derechos laborales les puede pasar de nuevo factura, al menos que se acostumbren a la llanura, o como “bisagra” del partido del Gobierno.
Notas:
[1] Es manifiesto además el apoyo del FMI a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, donde varios estudios técnicos previos de SEFIN demostraron la regresividad del sistema, en contra de los que tienen menos ingresos.
[2] Comunicado de la Secretaría de Finanzas, 11 de abril de 2025.
[3]Ver “Gobierno de Xiomara Castro aprueba 4Ta Revisión del FMI”. Minota.com, 26 de septiembre de 2026.
[4]Ver Exposición de Motivos de la Ley, Tomás Zambrano, Presidente del Congreso Nacional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.