La semana pasada, la aplanadora oficialista en el Congreso aprovechó la reforma constitucional que blinda la prohibición total del aborto para darle una puñalada trapera a la comunidad LGBTI.
Todo comenzó el 30 de diciembre del año pasado, cuando el Senado argentino aprobó el proyecto de ley[1] que despenaliza el aborto. Una decisión histórica que despertó la esperanza en redes y organizaciones hondureñas de un posible efecto rebote en la región.
“Nunca nos imaginamos que, una semana después, este diputado (Mario Pérez) iba a presentar un proyecto de ley para enterrar definitivamente la posibilitad de despenalizar el aborto”, dijo a La Rel, Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas.
“La reacción del movimiento feminista fue inmediata. Comenzamos a denunciar que se trataba de una grave violación del derecho a la vida y la salud de las mujeres.
Hasta el Sistema de Naciones Unidas y diferentes organizaciones internacionales condenaron la iniciativa, pero igual la aprobaron”, agregó.
Mendoza explicó que la estrategia del oficialista Partido Nacional fue juntar a los sectores más conservadores del Partido Liberal, muy cercanos al Opus Dei y a Provida, con la gente de la Confraternidad Evangélica de Honduras.
Estamos hablando de la unión de los principales representantes del fundamentalismo religioso con los partidos y el Estado.
“Fue impresionante ver como la política movía sus piezas en vista de las elecciones primarias de marzo próximo. Pero aún más impactante fue ver cómo aprovecharon el momento para incluir en la reforma el tema del matrimonio igualitario”.
La coordinadora de Cattrachas explicó que el artículo 112 −que prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo− nunca fue parte del proyecto de ley, ni se discutió y socializó la propuesta de reformar su contenido.
“El resultado es que prácticamente lo han convertido en un artículo pétreo, y tampoco serán reconocidos los matrimonios y las uniones de hecho celebradas en otros países”.
Honduras, un país anti derechos
Mendoza asegura que todo esto también tiene que ver con los avances logrados en el caso de Vicky Hernández en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[2], y con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Cattrachas ante la Sala Constitucional a favor del matrimonio igualitario, el cambio de nombre e identidad de género.
“Cada vez más Honduras se va convirtiendo en un país anti derechos, que utiliza nuestros cuerpos para hacer campañas políticas, que utiliza la orientación sexual y la identidad de género como herramienta de discriminación.
Lo que pretenden es seguir inculcando en la sociedad el concepto de que somos personas que no valemos nada, y que por eso pueden negarnos derechos.
Sin embargo, si bien esta reforma nos deja sin protección legal, las parejas LGBTI continuaremos existiendo. Nunca van a poder acabar con nosotras”, concluyó Mendoza.
En las últimas semanas, la violencia, la discriminación, la persecución y la negación de derechos hicieron que al menos 300 personas LGBTI se sumaran a la última caravana migrante.
Son 372 los miembros de la comunidad LGBTI asesinados en la última década. La impunidad es del 98 por ciento.
Notas:
[1] http://www.rel-uita.org/honduras/honduras-blinda-prohibicion-aborto-matrimonio-igualitario/
[2] http://www.rel-uita.org/honduras/justicia-para-vicky-hernandez/
Fuente: Rel UITA