El 5 de junio, la represión policial de la protesta de miles de indígenas que bloqueaban la carretera Belaunde, en la población amazónica de Bagua, terminó en batalla campal. La cantidad de fallecidos, entre policías y manifestantes, difiere según las fuentes…
- Cientos de policías atacaron a los indígenas que cortaban una ruta. / Thomas Quirynen / www.catapa.be
24 agentes y 9 civiles muertos según el Gobierno peruano, mientras que testigos presenciales y las organizaciones indígenas cifran entre 30 y 50 los civiles asesinados.
Según testigos, miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) dispararon ocho tiros sobre el histórico líder awajún Santiago Manuin, presidente de la indígena Lucha Condorcanqui. Este asesinato dio comienzo a una batalla entre los indígenas (armados principalmente con palos y lanzas) y los cuerpos de la DINOES, quienes, según testigos, dispararon desde helicópteros a los miles de manifestantes.
Hasta el 5 de junio, la población de esta zona al noroeste del país llevaba 50 días en estado de sitio, una circunstancia que en palabras de Victoria Tauli, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, estaba dando lugar «a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas». A través de Elisa Canqui, vicepresidenta de ese mismo Foro, la ONU declaró su consternación «ante esta nueva acción del Gobierno de Alan García».
Por su parte, el presidente peruano cargó la responsabilidad sobre la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) a quien acusó de «jugar a la revolución», y vinculó a este grupo con Sendero Luminoso. Sin embargo, las demandas indígenas de defensa del territorio que se hallan en el origen de la protesta, están avaladas por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en su convenio 169 reconoce los derechos indígenas a ser consultados y respetados, y por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, firmada por el Gobierno peruano, que obliga a garantizar el pleno respeto de los derechos indígenas sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos.
También, dan aval a sus exigencias los dictámenes de la Comisión de la Constitución y de la Defensoría del Pueblo que solicitaban la derogación de algunos de los decretos legislativos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU.
La protesta llegó horas después de que el Congreso volviera a postergar la derogación de las modificaciones en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley de Recursos Hídricos y otros decretos gracias a los que el Gobierno pretende apropiarse de zonas mineras y petroleras en territorio indígena en virtud del «interés nacional».
Según datos del Partido Socialista Revolucionario de Perú, la venta a trasnacionales de lotes de tierra para la explotación petrolera, gasífera y a los monocultivos de biocombustibles y transgénicos, asciende ya a 44 millones de hectáreas, lo que representa el 68% del territorio amazónico. El propio Alan García, en un artículo titulado El perro del hortelano publicado en 2007, defendía la expropiación de tierras indígenas: «Para que haya inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir». Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas de la ONU, explica que «para el supremacismo criollo ya se sabe que es puro desperdicio el manejo indígena de los propios territorios y recursos», algo que convierte a la de Bagua «en una masacre anunciada y no se sabe si buscada».
Testigos presenciales denunciaron que las DINOES estaban prohibiendo la asistencia a heridos y la recogida de los cadáveres por parte de sus familiares. Según otros relatos, los militares habrían secuestrado a heridos en los hospitales e introducido cadáveres de manifestantes en sacos negros para arrojarlos al río Marañón. Además, se desconoce el paradero del presidente de Aidesep, Alberto Pizango, quien, el mismo día 5 de junio, denunció maniobras policiales en su contra. Según el Gobierno de García, Pizango habría huido a Bolivia para solicitar asilo, aunque AIDESEP ha comunicado que se encuentra clandestino en Lima.
Después de la desaparición de Pizango, los representantes indígenas llamaron a la calma a sus partidarios. Por su parte, el Gobierno declaró el Estado de emergencia y el toque de queda entre las tres de la tarde y las seis de la mañana en Bagua y Utcubamba. En Lima, miles de personas se manifestaron contra el Gobierno, al que responsabilizan de la masacre, y para exigir la derogación de los decretos legislativos del TLC. La policía limeña empleó gases lacrimógenos para sofocar esta marcha pacífica.
