El parlamento de Uruguay habilitó este miércoles 17 la interrupción voluntaria del embarazo, constituyéndose así en el tercer lugar de América Latina en contar con una ley de este tipo. Empero, los cambios que sufrió el proyecto original no convencen a activistas que lo apoyaron. «Nosotras consideramos que esta ley es mínima, no es la […]
El parlamento de Uruguay habilitó este miércoles 17 la interrupción voluntaria del embarazo, constituyéndose así en el tercer lugar de América Latina en contar con una ley de este tipo. Empero, los cambios que sufrió el proyecto original no convencen a activistas que lo apoyaron.
«Nosotras consideramos que esta ley es mínima, no es la que esperábamos», dijo a IPS la portavoz de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Martha Aguñín.
«Deja muchos vacíos y no conforma a nadie», añadió la dirigente de MYSU, una organización no gubernamental feminista que lidera la «Campaña Aborto Legal – Uruguay. ¡Son tus derechos, hacelos valer!».
La norma despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gravidez, pero no deroga el delito del aborto, sino que suspende su aplicación cuando la mujer cumpla con ciertos requisitos.
Además del plazo establecido, el texto que la Cámara de Senadores transformó en ley este miércoles establece que la mujer deberá presentarse ante un médico y exponerle las situaciones «de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo».
El médico dispondrá de inmediato la consulta con un equipo interdisciplinario, integrado por al menos tres profesionales, uno de ellos médico ginecólogo, otro especializado en salud psíquica y el restante en el área social.
Este grupo la asesorará sobre el contenido de la ley, los riesgos de la intervención y las alternativas a la interrupción del embarazo, y le dará cinco días para reflexionar. Si la mujer mantiene su decisión, podrá acceder a un aborto sin más trámites en una institución del sistema integrado de salud.
Aguñín criticó ese sistema, pues entiende que en los hechos el comité cumplirá funciones de «tribunal».
«Cuando las mujeres tomamos una decisión de este tipo, no necesitamos que nos manden a reflexionar, pues lo hacemos de forma consciente, adulta y responsable», señaló.
«Tenemos el derecho de resolver cuándo, cómo y qué cantidad de hijos tenemos, sin tener que pasar por un tribunal que nos mande a reflexionar cinco días», agregó.
Fuera de estas circunstancias, la ley establece que la interrupción del embarazo solo podrá practicarse cuando peligre la vida o salud de la madre, cuando el feto tenga malformaciones que lo hagan inviable o cuando la gravidez sea producto de una violación sexual.
La activista explicó que la flamante Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no fue la deseada, sino «la posible», resultado de negociaciones y concesiones que debió hacer la mayoría del Frente Amplio, la coalición izquierdista que gobierna Uruguay desde 2005, luego de que fracasara un intento similar en 2008.
Ese año, el parlamento aprobó la ley 18.426 de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, pero el entonces presidente y líder de esa fuerza política, Tabaré Vázquez (2005-2010), vetó los artículos específicos que legalizaban la interrupción voluntaria del embarazo.
Vázquez, un destacado médico oncólogo, arguyó entonces que el aborto era «un mal social que hay que evitar», y señaló que la normativa no podía desconocer «la realidad de la existencia humana en su estado de gestación». Esta vez, el presidente José Mujica aseguró que no interferirá y promulgará la ley.
Tras un debate que duró más de 10 horas, el proyecto fue aprobado con los votos de 16 senadores frenteamplistas y uno del centroderechista Partido Nacional, en un cuerpo conformado por 31 integrantes. La Cámara de Diputados ya había sancionado este texto que deja a Uruguay, Cuba y Ciudad de México como los únicos lugares de la región en permitir el aborto.
MYSU también expresó dudas sobre la implementación de la nueva ley, ante las carencias que presenta el sistema de salud uruguayo.
«Hemos constatado que mujeres que viven en algunos lugares del interior, como en Río Branco (una pequeña localidad del noreste del país), no cuentan con servicios ni equipos de referencia en materia de salud sexual y reproductiva. Tienen que viajar 80 kilómetros para ser atendidas y aconsejadas» en una ciudad más grande, señaló Aguñín.
«El sistema no ofrece condiciones para que, en esos plazos perentorios, la mujer pueda concretar el aborto en condiciones de seguridad», agregó.
Pero Ana Labandera, presidenta de la organización Iniciativas Sanitarias, integrada por profesionales de la salud que apoyan la ley, se mostró más optimista.
«Es una ley perfectible. Tiene algunos problemas en sí misma, pero de todas maneras es un gran paso para garantizar los derechos de las mujeres y para que puedan completar el proceso de su decisión sobre la interrupción del embarazo en forma segura y dentro del sistema nacional integrado de salud», dijo a IPS.
Sobre su implementación, Labandera aseguró que en distintas partes del país ya existen profesionales capacitados, gracias a disposiciones sobre salud sexual y reproductiva de la ley de 2008 que no fueron vetadas por Vázquez.
«Esos servicios están empezando a funcionar o ya lo están haciendo, y evidentemente esto va a permitir que los profesionales se califiquen para el cuidado de todo el proceso de la interrupción del embarazo», señaló.
«La plataforma, la infraestructura, ya está creada como para que esta ley sea una parte complementaria del servicio que se brindaba», agregó.
La organización humanitaria internacional Médicos del Mundo celebró la aprobación de la ley en Uruguay, destacándola como un «antecedente positivo» para toda América Latina.
Se trata de «un avance para la salud de las mujeres desde la perspectiva regional», subrayó en un comunicado, y se comprometió a seguir de cerca su implementación.
El aborto había sido legalizado en Uruguay en 1934, bajo el influjo de nuevas ideas liberales, pero ese cambio generó tal polémica que en 1938 la práctica fue introducida como delito en el Código Penal. Desde entonces hubo ocho intentos de reformas, el último en 2008.
Se estima que se realizan más de 30.000 abortos al año en este país sudamericano con 3,3 millones de habitantes. De cada 10 embarazos, alrededor de tres o cuatro son interrumpidos, indicó Labandera.
Según información aportada por MYSU, las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y en África, donde también está altamente restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres tienen embarazos no planeados.
Hasta ahora, Cuba era el único país latinoamericano con una legislación nacional que permite el aborto sin restricciones a solicitud de las mujeres. En el hemisferio, se suman Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. En 2007, la asamblea legislativa de Ciudad de México aprobó una ley similar.
En una encuesta realizada en junio por la consultora uruguaya Radar, 51 por ciento de las personas entrevistadas se manifestaron a favor de despenalizar la interrupción del embarazo, mientras 42 por ciento opinaron en contra y el resto no se expidieron.
El Ministerio de Salud Pública informó que entre 2007 y 2011 no se produjeron muertes por abortos clandestinos, aunque organizaciones de la sociedad civil ponen esta afirmación en duda.
En lo que va de 2012 murieron dos mujeres, de 28 y 32 años, en sanatorios públicos, por complicaciones tras haber interrumpido su embarazo utilizando misoprostol, fármaco para tratamiento de úlceras y hemorragias que facilita la expulsión del feto.