Emely Peguero murió a causa de hemorragia interna en el útero por aborto inducido y un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo, dice el informe emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. El enunciado causa tanta amargura como las imágenes divulgadas con morboso sensacionalismo. El breve período de existencia física […]
Emely Peguero murió a causa de hemorragia interna en el útero por aborto inducido y un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo, dice el informe emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. El enunciado causa tanta amargura como las imágenes divulgadas con morboso sensacionalismo.
El breve período de existencia física de Emely, transcurrió en República Dominicana, un país donde hablar de educación laica constituye un imperdonable acto de blasfemia y quien proclama la necesidad de ofrecer una educación sexual científica se arriesga a que dignidades católicas y protestantes le acusen de inducir a la perversión a las nuevas generaciones.
En este país, la prohibición del aborto está constitucionalizada y las leyes adjetivas prohíben el aborto en toda circunstancia.
Para los dirigentes del Estado y la clase dominante, es más fácil fingir ignorancia que encarar una realidad objetiva como es la necesidad de preservar la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Esta situación se explica por el papel de las iglesias en la reproducción de la ideología dominante y el carácter confesional que otorgó al Estado dominicano el Concordato de 1954, negociado por Joaquín Balaguer y firmado por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y el ayudante papal Doménico Tardini.
Beneficiarios nada santos del conservadurismo vigente, tratan de perpetuar la anacrónica concepción de que la dignidad de las mujeres radica en ser vírgenes o en ser madres.
La vulnerabilidad de Emely Peguero radicaba en ser mujer y en ser pobre.
Por ser mujer, había concebido en un momento considerado inoportuno por los sectores vigilantes de las «normas». Por ser pobre, no podía adquirir sin permiso la membrecía en una familia de posición económica privilegiada y ligada a ciertos grupos de poder.
Por eso fue muerta y convertida en paquete portátil para colocar su cuerpo en una maleta y depositarlo en un lugar donde no lo hallaran mientras fuera reconocible.
La movilización popular mermó la efectividad que suele tener el sucio ejercicio de poder vinculado a las más abominables formas de corrupción.
El temor a que se expandiera y profundizara la jornada de acciones de masas, activó las investigaciones. Las autoridades no podían arriesgar la gobernabilidad por el compromiso de proteger a algunas personas.
La comunidad de Cenoví (provincia Duarte, municipio San Francisco de Macorís) se movilizó y convirtió en clamor nacional la aparición de Emely Peguero.
Por eso hoy, el principal sospechoso del crimen, el novio de Emely, Marlon Martínez, y la madre de este, Marlin, señalada como cómplice, guardan prisión. Por eso, la madre fue separada del puesto público que obtuvo por hacer campaña electoral y el Partido Revolucionario Dominicano, grupo desde el cual adquirió dinero y protagonismo, emitió un comunicado separándola de sus filas. El peso del escándalo es muy grande.
Cuando un haitiano violento mutiló los brazos a la joven Cielo García (esto ocurrió en mayo pasado en la comunidad de Pedro Brand), los falsos patriotas de las redes y de los diarios recargaron el discurso de odio racista que los grupos conservadores han mantenido por años.
No destacaban la violencia de género como la nacionalidad del criminal, condenando no solo a toda persona de nacionalidad haitiana sino también a toda persona opuesta a la difusión de los mensajes de odio.
Hoy, los sospechosos son miembros de una familia adinerada en una comunidad pobre, y los mismos sectores estimulan a la Policía a aplicar torturas y a la ejecución extrajudicial.
¿No han crecido, acaso, la delincuencia común y la violencia de género en medio del discurso racista y de las prácticas ilegales de violencia policial?
Esos males hay que combatirlos desde sus fuentes generadoras. El autoritarismo y la discriminación sexista forman parte del problema y no de la solución.
Otras víctimas
El poder mediático sigue vertiendo veneno y silenciando la podredumbre.
En República Dominicana ser mujer es una condición que genera vulnerabilidad.
Hay que repetir el nombre de Dioskary Gómez, una joven estudiante cuyo cadáver fue encontrado en llamas en la comunidad de Fantino en momentos en que la atención pública se concentraba en la búsqueda de Emely.
¿Fue Dioskary víctima de la delincuencia común? ¿En cuáles circunstancias ocurrió este asesinato? Es preciso que crezca la presión comunitaria alrededor de hechos como este. Los grandes medios solo dedican sus páginas a noticias relacionadas con los pobres cuando la presión popular obliga a ello.
En otro hecho, el cuerpo de la joven Rosalía Yan Pérez, de 19 años, fue hallado en el baño de una vivienda en construcción en Nigua.
La madre de Rosalía, Madalena Pérez (haitiana, vale decir) acusa del asesinato al ex esposo de Rosalía, quien la golpeaba y amenazaba.
Prohibido guardar silencio
En cuanto a la violencia de la fuerza pública, hace diez días, en la provincia Elías Piña, fue muerta una joven mujer y herido su hijito de ocho meses.
Un teniente del Ejército que perseguía a un grupo de haitianos disparó contra los sospechosos y las balas segaron la vida a Janellis Mateo Bernardo, quien cargaba a su pequeño sentada en la galería de su vivienda. El niño fue herido.
Los grandes medios no se han ocupado de llamar la atención sobre la práctica del gatillo alegre, porque la política de exterminio de delincuentes pobres ha beneficiado a la clase dominante.
Más que un réquiem, un grito
Los prejuicios, el falaz moralismo y el culto al dinero y a la posición social, troncharon los sueños de Emely Peguero. Las lágrimas por ella han de servir como abono a la rebeldía contra el orden patriarcal que juzga y mata.
Las voces deben seguir alzadas para impedir que sean beneficiarios de la impunidad algunos de los participantes en el crimen.
La sociedad debe saber la verdad de lo ocurrido.
Pero es, además, escalofriante que la búsqueda de un cadáver haga visibles otros. Hay que seguir preguntando qué ocurrió con Dioskary, quién quemó su joven rostro y con cuáles pretensiones (razones no serán).
A Rosalía Yan, ¿quién decidió darle muerte? En el caso de Janellis, ¿con qué criterio un militar formado por el Estado dispara en una zona habitada? ¿Con qué derecho utiliza su arma para detener a sospechosos?
El orden patriarcal es asesino, y la sociedad de clases también…
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.