Viernes 15 de julio, el Banco Central informa que las ganancias de la banca privada aumentan. El primer semestre del año cierra con un saldo favorable para los banqueros de U$S 34 millones. El mismo informe, resalta que de las trece instituciones analizadas, solamente tres registraron pérdidas «marginales». Según el diario oficialista La República (18-7-05), […]
Viernes 15 de julio, el Banco Central informa que las ganancias de la banca privada aumentan. El primer semestre del año cierra con un saldo favorable para los banqueros de U$S 34 millones. El mismo informe, resalta que de las trece instituciones analizadas, solamente tres registraron pérdidas «marginales». Según el diario oficialista La República (18-7-05), se trata de un «resultado extraordinario».
Jueves 21 de julio, el semanario Búsqueda, portavoz de los intereses empresariales y propagandista a ultranza de las políticas neoliberales, celebra en su editorial el éxito del nuevo canje de bonos de la deuda externa y propone adelantar los pagos al FMI como forma de aprovechar la confianza de los «mercados» en el programa económico del gobierno progresista.
Como contraste dramático, la extrema pobreza de estómagos vacíos, bocas sin dientes y niños cuya única escuela es la limosna. Cientos de miles de personas empujadas a vivir en asentamientos precarios y en lo que la policía califica de «zonas rojas».
La protesta de los «indigentes» no se hace esperar, piquetes en diversos barrios y marchas al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto de Nacional de Alimentación: reclaman por el atraso en cobrar el prometido «ingreso ciudadano» de apenas 1.363 pesos mensuales (U$S 55) y exigen la canasta de alimentos.
La operación mediática de la derecha acusa a la izquierda radical: son «pequeños grupos ultras que tratan de capitalizar el descontento con el gobierno» (El Observador Económico, 16-7-00). Desde el filas del gobierno y el Frente Amplio se agita el «fantasma de Allende» tironeado por la «ultraizquierda». Desde la burocracia sindical del PIT-CNT se habla de «provocadores».
La «prioridad» del programa económico del gobierno de Tabaré Vázquez podría resumirse en dos cifras: un 0,6% del PIB será destinando al Programa de Emergencia Social (PANES); un 5% del PIB será destinado al pago de los intereses y amortizaciones de la deuda externa. Así fue acordado en la nueva Carta de Intención firmada en Washington. Mientras tanto, a los pobres solo les queda practicar la «paciencia». De los casi 130 mil inscriptos para recibir los «beneficios» del PANES, solamente uno 12 mil han cobrado el «ingreso ciudadano». Es decir, la ecuación que podría esperarse de un gobierno progresista se ha invertido: los más pobres entre los pobres, pueden esperar, el FMI y los «acreedores» internacionales, cobran puntualmente.
Expropiación planificada
El mundo académico en Uruguay ha investigado la pobreza, la indigencia, la marginalidad, la exclusión; ha cuantificado su evolución, edades, sexo, geografía, es decir conocemos de sobra la «estructura de la pobreza». Los debates son acerca de cómo se mide la pobreza, o por la línea de ingresos o por necesidades básicas insatisfechas. Se considera a los pobres una acumulación de individuos que comparten ciertas características comunes, pero en definitiva, no se los considera un sujeto colectivo con una función social.
Y es sobre esto lo que hay que profundizar, es desde esta perspectiva que debemos analizar las transformaciones sociales que se han desarrollado en los últimos tiempos en nuestro país. Las cifras son una verguenza. Si se incluyen a las ciudades de menos de cinco mil habitantes, estamos hablando de un millón cien mil pobres y de 300 mil indigentes que entran en la categoría de «pobreza irreversible». En porcentajes redondos, un 30% de la población total del país.
Lo primero es tener claro que esto es el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, de «estabilidad macroeconómica» y «ajuste estructural» que impusieron el FMI el Banco Mundial, y el BID. Estas políticas dieron continuidad y consolidaron el aumento de la sobre-explotación de la clase trabajadora que se produjo durante la dictadura militar (1973-1985) en que el salario real entre 1971 y 1983 perdió el 60% de su poder adquisitivo. A ello hay que agregar el aumento de las horas de trabajo y el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
La reducción de la masa salarial no fue coyuntural fue una condición para la continuidad del funcionamiento del capitalismo en el país; la reducción a largo plazo del valor de la fuerza de trabajo fue necesaria par restablecer la rentabilidad del capital.
Esta reducción de la masa salarial y aumento de la sobre-explotación de los trabajadores no fue coyuntural, y el ingreso de los trabajadores no se recuperó con el retorno de la democracia. Hubo una pequeña recuperación como resultado de las luchas sociales en el primer período presidencial de Sanguinetti (1985-2000) que se estima en un 25%. Sin embargo, la tendencia general que se instaló en la dictadura se consolidó en especial en la década de los ´90. El retroceso de las luchas, el fin de la negociación colectiva, y la ofensiva liberal impuesta por el programa del Consenso de Washington, lograron que durante la década de los ´90 hubiera crecimiento del PBI sin crecimiento de los salarios, y con aumento de la desocupación. Luego del ´98 (comienzo de la recesión) y a partir del 2002, la catástrofe económica terminó remachando la sobre-explotación de los trabajadores.
La pobreza, entonces, es el resultado de esta expropiación planificada en contra de los derechos sociales y económicos. La pobreza comenzó a volver a aumentar en 1994, momento de crecimiento del PBI. Los años ´90 fueron de explosión de los asentamientos «irregulares», expresión cabal de que los salarios que se pagan no tienen relación alguna con el costo de vida real. Es muy sencillo, para que una empresa pueda competir en el mercado externo e interno necesita pagar salarios de menos de cien dólares por lo tanto ese trabajador para vivir con ese salario tiene que irse a un asentamiento, y «robar» agua y luz.
Con la crisis y la debacle financiera del 2002, la pobreza y la indigencia que ya estaban aumentando se agravaron, junto al desempleo y la brutal caída de los ingresos populares; salarios y jubilaciones. Lo mismo sucedió con el aumento de la llamada «delincuencia social»: las autoridades del Ministerio del Interior aseguran que a nivel internacional se constata que el aumento del 1% en la tasa de desempleo tiene como correlato el aumento del 4% de los delitos contra la propiedad (arrebatos, hurtos y rapiñas).
Sujetos sociales
Lo dicho anteriormente intenta contextualizar el cuadro socio-económico donde se desarrollan ciertas formas de protesta, en especial los piquetes. No solo para rechazar la operación mediática de la derecha que intenta asociar la resistencia y la demanda popular a «pequeños grupos ultras que tratan de capitalizar el descontento con el gobierno» (El Observador Económico, 16-7-00). Sino también para criticar el estigma de «provocadores» que agitan algunos funcionarios del gobierno y dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT.
Se trata pués, de analizar estas luchas como parte del proceso histórico de transformación social regresiva que vive el país; y de la función que en el proceso de acumulación del capital cumplen estas transformaciones. No podemos seguir entrampándonos en la categoría de la «exclusión social» que tan cara es a los ideólogos del progresismo y el mundillo académico. Categoría que, por otra parte, viene pronta para digerir desde las instituciones financieras internacionales y la ONU.
La idea de un Plan de Emergencia Social debiera estar inscripto en una estrategia de lucha social anticapitalista, que pasa por la lucha por el empleo, el salario y la redistribución de la riqueza y una reutilización productiva y social de los fondos que van hoy al pago de la deuda externa.
No se trata de «focalizar» la lucha contra la pobreza. Tampoco de un combate coyuntural. NI se puede simplificar el problema, como lo hace el ex dirigente tupamaro, Jorge Zabalza, a «pagarles el ingreso ciudadano y punto». (Zona Urbana, Canal 10, miércoles 13-7-05). Por el contrario, se trata de promover la autoorganización en los barrios que es donde están concentrados los más explotados.
Para quienes estamos convencidos de la necesidad de luchar por la superación del capitalismo en la perspectiva de una transformación socialista de la sociedad, es imprescindible identificar cuales son las fuerzas sociales reales para la transformación social, el sujeto social de la revolución.
La enorme mayoría de los pobres son parte de la clase trabajadora empleada y desempleada y como es notorio no forman parte del marco orgánico de la central obrera. Hoy, el PIT-CNT, no solo no representa a estos sectores sino que su orientación política tiende más a la exclusión que a la integración de los pobres.
La base de afiliados del PIT-CNT, está en los empleados estatales, es decir una composición determinada, un rol específico en la producción material y por lo tanto un específico nivel de conciencia que los ubica más que en la perspectiva de un sindicalismo revolucionario en una lógica de pequeñas conquistas parciales, lo que implica estrategias y necesidades diferentes más aún hoy en que el empleador es un gobierno progresista.
Una conciencia revolucionaria implicaría la liquidación del empleador: el Estado. Las bases de la contracultura obrera estaban fundamentalmente en las grandes concentraciones obreras de la industria privada (con alguna excepción de empresas públicas como ANCAP). De allí surgieron los núcleos obreros con conciencia más contestataria que en procesos de radicalización política pudieron devenir en conciencia revolucionaria.
La base de la organización social y de la izquierda en particular era en las fábricas y los centros de estudio. Era a partir de allí que se intentó organizar al barrio como en la Huelga General de 1973 que enfrentó el golpe de Estado. Recordemos que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la base de la organización social impulsada por las corrientes anarquistas era el barrio en la medida que no existían grandes concentraciones fabriles. Con la industrialización y el auge de las corrientes socialistas y comunistas la base de la organización social se hizo en la fábrica y los lugares de trabajo, esto determinó una cultura y una disciplina específica.
El retroceso de la contracultura obrera, la fragmentación social, junto al retroceso ideológico, la dispersión y el aislamiento de las luchas han generado en la clase obrera organizada una suerte de lógica de integración al sistema incrementada hoy con el acceso del progresismo al gobierno.
En la vereda de enfrente están los más explotados: empleados si calificación, trabajadores precarios, desempleados, pobres, indigentes, y el conjunto de los los «sin». Que si bien votaron al progresismo, no firmaron un cheque en blanco. La lógica de lucha por sus necesidades inmediatas, les permite hacer una experiencia que tiene resultados muy rápidos en los cambios de conciencia y potencia su capacidad «desestabilizadora» del «consenso social», el «pacto productivo» y, en definitiva, de la «gobernabilidad» conservadora.
En este cuadro se abre un espacio de posibilidades para la intervención de una izquierda revolucionaria que tiene en su horizonte la autoorganización y la lucha por subvertir el orden burgués.
Así, el piquete aparece como el sustituto de la huelga. La huelga demostraba la fuerza de la clase obrera, su capacidad de parar la producción, era una demostración de poder ante la clase burguesa que venía a demostrar quienes eran los verdaderos creadores de la riqueza.
El piquete sustituye para estos sectores «excluidos» el papel de la huelga. Es una forma de parar la producción desde el lugar del desempleado, recordemos el papel central del transporte en la definición del éxito o fracaso de una huelga, también es una demostración de poder y un embrión de autoorganización social.
Es obvio que no se trata de sustituir el papel de los métodos tradicionales de la lucha obrera. Se trata de combinar de sumar. Qué importante sería que en una huelga o un paro general hubiera un desarrollo de piquetes para evitar el sabotaje de este tipo de movilizaciones en especial por los rompehuelgas del transporte.
Tenemos que analizar en este sentido el fenómeno de los piquetes, y ayudar en su autoorganización, promover la discusión sobre su potencialidad en una perspectiva estratégica, explicar por qué es una medida de lucha legítima de quienes nada tienen y la necesidad de establecer puentes, alianzas con otros sectores sociales que resisten y luchan contra el programa económico acordado con el FMI.
Es necesario evitar que los planes de «focalización» de la emergencia social se transformen en mecanismos burocráticos que impiden la autoactividad e iniciativa popular, para terminar estableciendo una relación clientelística con el Estado, el gobierno y el partido del gobierno. La mecánica de las «pequeñas conquistas» sin avanzar en su potencial de autoorganización social, son un obstáculo para la generación de una conciencia de clase anticapitalista.
Obviamente, debemos oponernos también a todo intento de convertir a los piquetes u otras formas de lucha social, en pequeñas «correas de transmisión» de grupos y partidos de la izquierda radical. El respeto de esta forma de movilización social y su desarrollo en una perspectiva de construir una alternativa, debería formar parte de los acuerdos prioritarios en un campo de izquierda revolucionaria.
* Integra el Colectivo Militante (por la unidad de los revolucionarios). Fue miembro de la dirección nacional de la Corriente de Izquierda hasta febrero 2005, y participó de la Comisión de Programa del Frente Amplio hasta 2003.