La cúpula del gobierno uruguayo se ve envuelta en escándalos políticos mientras caen ministros, subsecretarios, asesores, senadores y hasta el jefe de seguridad personal del presidente.
La derecha uruguaya vuelve vulnerable al Estado frente a las organizaciones mafiosas. El fantasma del narcotráfico parece deslizarse con fuerza entre los pliegues de un gobierno que terminó brindándole favores de Estado. Ese tráfico y otros fantasmas, recorren con brío un Uruguay que los siente, pero no los quiere ver. No los reconocen la coalición gubernamental ni el presidente Luis Lacalle Pou, cercano a la conclusión de su mandato. Tampoco lo permiten los medios de comunicación dominantes que, a través de un blindaje mediático al servicio de la protección del gobierno, aumentan su cuota de favores mientras alienan a la población.
Hoy, en lenguaje coloquial se usa la expresión “fingir demencia” para describir el “síndrome” que padecen algunos sectores de la élite nacional. En el estilo propio de los años 60´, se aludía al título del viejo ensayo de Mario Benedetti “El país de la cola de paja” para señalar una conveniente impostura, una tolerancia desmedida ante desmanes ajenos por temor a sufrir represalias, que termina desembocando en un conformismo reñido con la moral. Eran otras épocas, los males los mismos.
Algunas perlas sueltas
Como piezas de un puzzle que no encajan, desde hace un tiempo sorprenden al país una serie de acontecimientos inexplicables, ajenos al sistema democrático. Todos estos sucesos protagonizados por el presidente o por altos jerarcas de gobierno demasiado cercanos a él, se consignaron diariamente en toda la prensa nacional, en redes sociales y se analizaron en debates y tertulias.
* El mandatario suscribe en febrero de 2021 una opaca concesión -cuestionada por senadores opositores que luego serían víctimas de espionaje y operativos políticos- hasta el año 2081 de la logística portuaria de Montevideo al grupo multinacional Katoen Natie.
* A comienzos de 2023, el jefe de seguridad del presidente, Alejandro Astesiano, fue condenado por asociación para delinquir, entre varios delitos. Este hombre, de extrema confianza del mandatario, dirigía una red de falsificación de documentos para la venta de pasaportes a extranjeros y otra de espionaje que alcanzó a senadores de la oposición, a ex jerarcas policiales y hasta a la propia exesposa de Lacalle Pou. La inusual conducta de la Fiscal del caso -simpatizante del partido de gobierno- resultó incomprensible y expuso a la Fiscalía. Reservó chats de Astesiano mantenidos con el presidente, no revisó toda la prueba, ni incautó otros teléfonos usados por el imputado, que incluso fue avisado antes de ser detenido. Una desprolijidad sesgada. La Fiscal, luego de varias denuncias judiciales y peleas mediáticas, terminó renunciando a su cargo.
* A fines de 2023 se dispone la prisión preventiva del principal senador del partido de gobierno por más de 20 delitos sexuales de abuso, explotación y corrupción de menores de escasos recursos, cometidos durante años. El imputado, con apoyo de funcionarios estatales, urdió un plan para intimidar a las víctimas y estafar a la justicia. La fiscal del caso sufrió vigilancia policial y un operativo mediático de desprestigio.
* El mes pasado el presidente enajena un codiciado terreno público en una zona del sofisticado balneario de Punta del Este por el 17% del valor de mercado a su amigo el empresario brasileño Alexandre Grendene Bartelle, quien facilitaba su avión privado a Lacalle Pou.
Diamante sin dueño
El último eslabón de la cadena es la renuncia forzada, en los primeros días de noviembre, de los ministros de Interior Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores (RREE) Francisco Bustillo. Estos integrantes clave del gabinete político estuvieron involucrados en la expedición de un pasaporte a Sebastián Marset, el uruguayo que lidera una importante red de narcotráfico en América Latina.
Debieron renunciar también los subsecretarios de ambos ministerios (la de RREE lo hizo en 2022) y el principal asesor en comunicación del gobierno, Roberto Lafluf Castiñeiras, mano derecha del mandatario, que cumplía variopintas tareas fuera de su ámbito, por orden del presidente.
Algo de historia
Hace un año, en noviembre de 2022, le fue entregado el pasaporte uruguayo a Marset -por valija diplomática- con el beneplácito del Ministerio del Interior a través de la cancillería, al encontrarse el solicitante preso fuera del país.
El jefe narco regional, ampliamente buscado y requerido en Paraguay, fue detenido por ingresar con pasaporte falso al Aeropuerto Internacional de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). El centro de operaciones ilícitas de Sebastián Marset se afinca en Paraguay, Bolivia y Uruguay e incluye el traslado de drogas a Europa. El presidente de Colombia lo considera responsable del asesinato de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo de crimen organizado y narcotráfico, durante su luna de miel en 2022 en Colombia. Después de haber cumplido condenas en Uruguay relacionadas con drogas, en el año de inicio de este gobierno (2020) fue sobreseído del homicidio de un amigo por la aparición de pruebas a su favor. Cabe aclarar que la grabación de la declaración original de Marset en fiscalía penal desapareció.
Fue muy burdo
El trámite de expedición de su pasaporte en Uruguay involucró a varias personas. Su abogado Alejandro Balbi gestionó frente a las autoridades su otorgamiento y envío con inusual celeridad (lo obtuvo en 24h). La cónsul en Dubái dedujo que, por lo especial de la situación, se entregaría un certificado de viaje de regreso a Uruguay como habilita la normativa vigente (Decreto n°129/014 de16/05/2014).Sin embargo, debió recolectar las huellas dactilares en la cárcel con la finalidad de cumplir la terminante orden de cancillería de otorgarle pasaporte común, con vigencia de varios años y posibilidad de traslado a cualquier parte del mundo. Dicho decreto exige como requisito para la entrega del pasaporte que el solicitante informe sobre sus antecedentes de conducta y no se encuentre privado de libertad.
Es decir, el documento le facilitó a Marset la libertad, le evitó una posible expulsión o extradición a Paraguay para ser juzgado y le habilitó la posibilidad de escapar del radar de las brigadas de drogas de Paraguay, Bolivia y otros países. El pasaporte otorgado cuando se encontraba privado de libertad y con antecedentes reprochables le fue extendido, además, en clara contradicción con el espíritu de las normas y violentando las reglas de la sana crítica.
Terribles consecuencias
Hubo protestas y enfados por parte de integrantes del gobierno paraguayo, que vio frustrada su posibilidad de capturar al jefe narco. En ese contexto, la sociedad uruguaya se entera que, a pesar de los discursos gubernamentales sobre el éxito del combate a las drogas -cuando cerraba alguna “boca” de venta del comercio al menudeo- desde el poder ejecutivo se facilitaba al importante jefe narco la vía regia de escape.
En el ingenuo Uruguay se perfilaba un nuevo escándalo político en el horizonte gubernamental. Entre pedidos de información de la oposición escamoteados por el gobierno, interpelaciones parlamentarias a los ministros responsables, investigaciones ministeriales, la fiscalía penal termina iniciando una investigación de oficio.
Un año después, la exsubsecretaria de RREE en su declaración judicial aporta pruebas en forma de audios y mensajes electrónicos que desmienten la justificación ensayada por el gobierno ante el parlamento: la de desconocer la condición de narcotraficante de Marset cuando se le otorgó el pasaporte.
No se podía en el país seguir “fingiendo demencia” porque la evidencia fue contundente, los ministros involucrados le habían mentido al parlamento y a la sociedad. Salía a luz que la información con la que contaron siempre fue que Marset era “un narco uruguayo muy peligroso y pesado” y sería, como es obvio, “terrible” liberarlo, como le admitió el subsecretario de Interior a su homóloga de RREE, de acuerdo a los audios recogidos en toda la prensa nacional. Amén de las redes sociales.
Diamantes rojos
Se desconoce oficialmente por qué se ayudó a escapar a un narco peligroso desde dos ministerios, aunque resulta fácil suponerlo. De acuerdo al informe del programa de streaming “Legítima Defensa” (10/11/23) la operación escape de Dubái costó diez millones de dólares, según servicios de inteligencia de Brasil.
Luego de la declaración de la exsubsecretaria en fiscalía quedó en evidencia que el poder ejecutivo no dudó en urdir una estrategia para inducir en error al poder legislativo a fin de exonerarse de su responsabilidad política. Pero la historia no acaba ahí, faltan capítulos. Había que cuidarse del poder judicial.
Desde presidencia de la República, para evitar que el sistema judicial obtuviera los mensajes que los exponían, desplegaron torpes y desesperadas estrategias. Se hacía necesario emplear nuevas argucias. Si lo anterior fue mentir y ocultar, ahora había que actuar.
Los audios comprometedores, agregados a la investigación administrativa del ministerio de RREE, resultaban peligrosos porque el poder judicial había ordenado su entrega. El gobierno optó por la solución simple: hacer desaparecer sin testigos las comunicaciones agregadas a la investigación, con el fin de engañar a la justicia para no incurrir en responsabilidad.
Nadie mejor que el asesor y mano derecha del presidente para sustraer y desaparecer las comunicaciones. Él mismo le termina reconociendo a la subsecretaria que las destruyó.
Pero aún faltaba eliminar las comunicaciones originales. Se necesitaba ejercer presión, con autoridad y discreción. El entorno presidencial era el lugar indicado. El presidente ordena a su camaleónico asesor que cite a los dos subsecretarios en Presidencia de la República. En ese encuentro, declara la subsecretaria, “nos piden que borremos los mensajes por whatsapp”, lo que se termina haciendo en la misma reunión. Se refiere a los mensajes originales de sus teléfonos que ella había copiado y certificado su veracidad.
Esta importante reunión para borrar prueba -de la que no debía haber registro ni testigos- ocurrió en el mismo piso donde trabaja el presidente. Contó en apariencia con una fugaz presencia de Lacalle Pou de “dos minutos”, según dijo el mandatario cuando, después de desatado el escándalo, debió explicar que estuvo presente porque solo había pasado “a saludar”, en un débil intento de deslindar responsabilidad. Siempre es bueno el arte de estar presente conservando la elegante distancia.
Mientras, entre pocillos de café, se eliminaron las pruebas de la trama; se mantuvo el buen gusto en este cordial encuentro, realizado entre bambalinas, en las alturas del onceavo piso de la Torre Ejecutiva. La apremiante invitación presidencial, realizada por whatsapp a las 13. 59h “para ahora a las 15h”, agregaba que “sería conveniente ingresar por el garaje”, seguramente para no desentonar con el estilo y el encanto de la serie “Sucesión”.
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