No cabe duda que el acontecimiento político del 2024 en nuestro país fue la lucha de los trabajadores transportistas contra las leyes del crimen. Un movimiento transportista progresista, semiespontaneo y que es reprimido por el sicariato con la complicidad del Estado policiaco Es que, si bien es cierto que el sector transporte, históricamente, a sido […]
No cabe duda que el acontecimiento político del 2024 en nuestro país fue la lucha de los trabajadores transportistas contra las leyes del crimen.
Un movimiento transportista progresista, semiespontaneo y que es reprimido por el sicariato con la complicidad del Estado policiaco
Es que, si bien es cierto que el sector transporte, históricamente, a sido conservador/reaccionario (utilizado por EE.UU. y la derecha para imponer golpes de Estado en Chile, etc.), y una manifestación fenomenal de las leyes del mercado (competencia fenomenal por los clientes), pues, en este caso, el movimiento policlasista tuvo un carácter político semiespontaneo (que recoge el método de lucha de la clase obrera de las fábricas como el Paro), progresista (por la defensa de la vida de los pobres), fue inédito y con una dimensión (casi todo el país), que involucró a diversos actores sociales (cuentapropistas, bodegueros, empresarios de Gamarra, sindicatos, etc.).
Es un movimiento que surge desde las bases (en particular del cono norte), y que, por sus propias contradicciones de clase, se dividió entre el gran empresariado (patrones dueños de unidades, dueños de las rutas, lobistas, carga pesada, transporte interprovincial, etc.), y otro sector más plebeyo (compuesto por pequeños empresarios; obreros choferes y cobradores que trabajan a destajo). Sin embargo, lo más destacado, porque al ser víctimas del sicariato extorsionador (van como 30 asesinados), se convirtieron en actores político-sociales contra la dictadura parlamentaria. Una expresión de la nueva radicalidad social que no le importó las formas o lo “políticamente correcto” al increpar a los congresistas por su parasitismo en el Hemiciclo.
Es así como se comprende que, frente a las capitulaciones de las patronales transportistas y las burocracias sindicales con la dictadura, se fundó el Comité de Gremios del Transporte (CGT), que se convirtió en el vocero popular contra las Leyes del Crimen aprobadas por el Congreso. No es para menos. Habían convocado a 4 paros escalonados contundentes (26 S, 10-11 O, 23 O), en la indiferente y neoliberal capital de la República: Lima. Y no querían ninguna clase de diálogo al menos que el poder político derogue las leyes del crimen.
No es que las extorsiones no existiesen antes de leyes como la 32108 sino que con estas leyes se dio una mayor escalada de la criminalidad al empoderar más a las mafias criminales que, en la práctica, cuentan con la complicidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), jueces, fiscales y del Estado en su conjunto, como hemos podido observar en los recientes escándalos de corrupción como los Cuellos Blancos del Puerto del Callao o el caso Chibolín.
Respecto a la PNP habría que agregar “…que solo durante el año 2023 la institución decidiera expulsar a 1.030 oficiales de diferentes jerarquías por diferentes motivos relacionados con graves faltas disciplinarias…”, (Infobae, 28/12/23). La mayoría de casos estarían relacionados con el crimen organizado como el tráfico de drogas, etc. Ya en el 2020, 80 generales de la PNP eran investigados por corrupción, varios por el escándalo de las compras de equipos de bioprotección y alimentos durante la pandemia (LR, 15/12/20). En una investigación de la Contraloría General de la República, “…se ha revelado que el organismo a cargo de imponer autoridad en la capital del Perú presenta Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) del 75.7%, con un indicador de Inconducta Funcional del 65% y de Corrupción del 94%…”, (LR, 27/09/24). Es decir, que no se trataría solo de unas cuantas manzanas podridas sino de la descomposición de toda la institución policial.
Un plan de destrucción política-publicitaria (del enemigo único) de la imagen del CGT para evitar una rebelión popular
La élite capitalista consciente de la emergencia “peligrosa” (para sus intereses económicos), de este movimiento transportista (que sumó aliados importantes como los trabajadores cuentapropistas de mercados y hasta empresarios del emporio comercial de Gamarra), desenvolvió un Plan de destrucción política de los dirigentes a través de la gran prensa. Por un lado, los difamaron tildándolos de ser terrucos, caviares, anarquistas, etc. de llevar agendas políticas personales (ya que algunos de ellos estaban afiliados a diversos partidos políticos), a la vez que les aperturaron carpetas fiscales de intimidación. Mientras que, por otro lado, los tildaban de intransigentes (por no querer dialogar), y apelaron a la máxima de divide y vencerás negociando con el sector de transporte de carga pesada, interprovincial, etc.
«Dentro de las organizaciones que estarían haciendo este llamado está la CNUL, que ha sido vinculada al Movadef y al Fenate…”, declaró el premier Gustavo Adrianzen (RPP, 10/10/24). El dirigente Julio Campos, respondió, “Rechazo rotundamente cualquier tema que me puedan vincular con el Movadef…”, (14/10). No obstante, a pesar del deslinde, la estrategia del terruqueo continuó. “El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), asociado al grupo terrorista Sendero Luminoso, anunció su participación en el paro nacional del 23 de octubre…”, redactó el diario Expreso (19/10/24). Para argumentar su guerra sucia utilizaron una comunicación telefónica que habría tenido el dirigente Campos con Lucio Ccallata, dirigente del CNUL, y a quién también habían terruqueado anteriormente.
Luego, la gran prensa, hizo una campaña agresiva acusando a los dirigentes de “politizar” la lucha social y de tener una agenda paralela. “Dirigente que amenaza con boicotear el APEC es militante de Vizcarra”, señaló una nota del diario La Razón, (25/10/24). Días antes, en una entrevista, Walter Carrera, declaró, “…esta es una lucha política. La gran diferencia es que ninguno de nosotros esta levantando una bandera partidaria…”, (Buenos días Perú, 22/10).
Toda esta campaña de destrucción tuvo su base en el principio publicitario de simplificación y del enemigo único que consiste en hacer creer a la población que el enemigo único es el que sale a protestar, el transportista que está aliado con el terruqueado MOVADEF.
Un movimiento radical en ascenso, pero sin estructura orgánica partidaria
No obstante, a pesar de toda la campaña de destrucción política contra los dirigentes del CGT, la opinión pública seguía favorable hasta que se planteó el Paro de tres días (13-14-15 N), durante la reunión del APEC con el fin de presionar para generar una grieta en la dictadura congresal y ceda en la derogación las leyes del crimen. Una decisión que tomaron los dirigentes junto al asesor Jaime Antezana bajo la caracterización de que los paros previos habían sido exitosos y de que habíamos ingresado a un estadio de ascenso de la lucha de clases.
Para garantizar el Paro del 13-14-15 N, los dirigentes se dieron la tarea de viajar a provincias y de organizar asambleas con los gremios sociales y sindicales. La “bajada” a las provincias fue un éxito ya que acaparó la atención de toda la prensa local y la convocatoria de varios gremios representativos de la sociedad. El paro del 23/10 fue contundente y logró la modificatoria de la Ley 32108, pero que no fue substancial y por eso los dirigentes afirmaron su convocatoria para la Cumbre APEC. Sin embargo, las Asambleas en la Casa del Minero en Lima eran rápidas (porque el local era alquilado y debían desalojar a las 14 hrs), y no permitían una deliberación orgánica más profunda.
La Coordinadora Nacional de Lucha: Un paso adelante
Pero aun así en el segundo anillo de la recién formada Coordinadora Nacional de Lucha -CNL- (antes Coordinadora Unitaria Multisectorial de Lucha), comenzó a producirse un debate sobre las consignas políticas y la fecha para la cuarta medida de lucha (después del 26S, 10 y 11 O y 23 O). La CNL había logrado centralizar a gremios que surgieron al calor de las revueltas populares contra la dictadura que se habían separado por diferencias políticas secundarias: CNUL, CONULP, CONALREP, Comité del Tahuantinsuyo, estudiantes, las Limas (Sur, Norte, Este, Oeste), etc.; pero por inexperiencia y la presión social que tenían encima, los dirigentes no pudieron profundizar correctamente el debate sobre la opinión pública en contra de salir a protestar durante las fechas del APEC y sobre las consignas políticas estratégicas. Primó el entusiasmo y el compromiso de algunas agrupaciones sindicales y de izquierda con una incidencia en Lima que el 14 N se borrarían de la escena.
Sin embargo, estaban presentes la Asociación de Familiares de los asesinados de la dictadura, el Frente por el Agua y la Vida, y gremios que mencionamos líneas arriba y cuyas demandas como “justicia e indemnización”, “no a la privatización del agua”, se incluyeron a las demandas principales.
¿Derogatoria de las leyes del crimen o fuera Dina-Santivañez?
Para el analista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, “las consignas reivindicativas que demandaban la derogación de las leyes del crimen iban a conllevar, por su propia dinámica, a abrir una grieta en las alturas y al cierre del Congreso”. Antezana, se oponía a plantear la consigna “Que se vayan todos o Fuera Dina o Santivañez” porque argumentaba que eran consignas vinculadas a la izquierda que fracasó en las revueltas sociales anteriores y que, si el CGT las levantaba, pues, terminaría estigmatizado y bloqueado política y socialmente como “castillista o izquierdista”. Además, señalaba que de caer Dina asumía el presidente del Congreso y de caer Santivañez asumía otro igual. Lo que no sopesó Antezana era que la caída de Santivañez, que era de consenso nacional (incluido de un sector de la patronal), hubiera fortalecido al movimiento social transportista y a la vez generado una crisis en la Coalición mafiosa. La demanda “que se vaya Santivañez ponía contra las cuerdas al Congreso” (es lo que luego vimos con la movilización del movimiento minero informal que terminó derrocando al Ministro de Minas a pesar que esta consigna solo era de un sector minoritario de la población).
Por otro lado, el abogado Noblecilla y el dirigente transportista Palomino, planteaban que había que politizar a la población planteando Fuera Dina y Que se vayan Todos. La Asamblea Constituyente estaba fuera de debate ya que no había calado en Lima y que estaba vinculada a la restitución de Pedro Castillo. Quien escribe esta nota planteó que, comprendiendo que lo que está movilizando a la población era la consigna de defensa de la vida, pues, estaba bien plantear las consignas reivindicativas, pero sin renunciar a las consignas de propaganda como Fuera el ministro Santivañez o Fuera Dina. Además, se señaló que era difícil paralizar Lima teniendo en cuenta que el paro del 23 O había tenido alcance nacional en varias regiones, pero que no había paralizado la economía, y que además había un nuevo escenario APEC donde la opinión pública limeña iba a estar en contra. Es decir, que no había condiciones porque además el Paro del 23 O, había sido a media caña, y pues, no se podía saltar a un paro de 72 hrs sin un Plan de Lucha.
Un movimiento social combativo y dialéctico
Hay que destacar que el movimiento se desarrollaba de forma compleja y contradictoria (algunos dirigentes habían pasado de plantear salidas políticas militaristas a alianzas con grupos radicales de “izquierda” como la CNUL, CONULP, CONALREP), pero en un nuevo escenario donde el 95% de la población rechazaba a la dictadura por incompetente e insensible (en particular ante la delincuencia; y la pobreza que bordea a cerca del 40% de la población).
Antes del APEC, la convocatoria del CGT, iba conectando con el sentir mayoritario de la población trabajadora (sindicatos, asociaciones de vivienda, CGTP, CNUL, CONULP, CONALREP, etc.), granjeándose incluso el apoyo de artistas populares como Los Mojarras, Agua Marina, Hermanos Yaipen, Daniela Dancourt, Susana Baca, etc. Es que según el Sistema de Información de Defunciones(SINADEF), los asesinatos habían alcanzado a más de 1,700 trabajadores (principalmente de los conos urbanos pobres de Lima). Es decir, 5 muertos en un día.
En este marco, el mitin con Los Mojarras, Luz Cárdenas, el papá de Inti Sotelo, Takanamanta, etc. estaba revirtiendo toda la campaña del terruqueo de la derecha golpista. La estrategia publicitaria de hacer un Festival contra el Crimen con Susana Baca, Agua Marina, Hnos Yaipen, etc. tenía como fin convocar a 100,000 trabajadores con el fin de derrotar la política del terruqueo, derogar las leyes del crimen y recuperar la iniciativa estratégica. No obstante, desde el castillismo, el anarquismo pequeño burgués, etc. surgieron voces en contra, señalando que la protesta “no era una fiesta” (aunque luego se llenan la boca hablando de la cultura popular y de reivindicar a Inti Sotelo).
13-14-15 N: Un relativo éxito en las regiones, reflujo en Lima
A luz de los acontecimientos posteriores, pues, si bien es verdad, el Paro de noviembre fue relativamente exitoso en la mayoría de regiones del país, pues, en Lima no hubo Paro sino una marcha significativa de unos 5,000 en Lima el 13 N. Esta cuestión dio pie para que algunos desde posiciones de derecha califiquen al Paro de “desgaste electorero” o de un fracaso. En el balance relámpago que se hizo (en dos fechas distintas), hubo, por la mayoría de dirigentes (de gremios sociales y autoconvocados con una gran presencia de castillistas), un balance positivo. En el documento presentado en la reunión realizada en SUTESAL, el error señalado por el Comité de Gremios fue que se descuidó Lima al viajar a las regiones.
Si bien es verdad no fue correcto que todos los dirigentes viajaran (son 5), el Paro en Lima, estaba destinado a un fracaso. Por un lado, porque había un comprensible desgaste ya que venían de 4 paros “secos”, la gran prensa había ganado la conciencia de la población en que el APEC era positivo para atraer más inversiones, trabajo y desarrollo, y porque después de una gran lucha en Lima, pues, no había resultados que reanimaran a las bases transportistas.
El propio Antezana, en la lectura de su balance en la Casa del Minero, no estaba convencido de su diagnostico de “disminución del paro en Lima”, un eufemismo para no caracterizarlo como una derrota. En el otro extremo, este diagnóstico sobre Lima fue utilizado por el ultraizquierdismo para generalizar lo que había sido un “relativo éxito” en el resto del país (en Puno hubo paro con bloqueos en la zona sur, pero Juliaca -donde fue el epicentro de la asonada criminal del 2023- solo una marcha; en Tacna solo una marcha simbólica por el sectarismo izquierdista; y en Arequipa la represión con 6 heridos convocó a una mayor radicalización y marcha los 3 días).
Las razones del reflujo en Lima
Así las cosas, vale preguntarse ¿Por qué consignas reivindicativas como “por la defensa de la vida, derogatoria de las leyes del crimen” no tuvo la convocatoria de millones como la chilena de “no son 30 pesos sino 30 años”? Para los que escribimos esta nota habría varios factores. Primero, que la campaña de descalificación acusando a los dirigentes de terrucos o de estar partidarizados habría tenido cierto impacto. Segundo, el carecer de un Plan de Lucha orgánico acordado con el movimiento obrero y popular (que se evidenció en compromisos de movilidad para los mercados que no se pudieron cumplir o de saltar de un Paro de 24 hrs parcial a otro de 72 hrs con un escenario en contra). Tercero, el recule de la CGTP y la Federación de Trabajadores Mineros (FNTSMMP), que no paralizaron sus bases a pesar del compromiso público del 23 O. Y finalmente, el tema político respecto a la ausencia de planteos reivindicativos más asequibles que pudieran haber vigorizado al movimiento social.
Creemos que si el CGT hubiera planteado previo al APEC la consigna que era de consenso nacional: la renuncia del ministro del Interior, Juan Santivañez; se habría podido dar un resultado a sus bases con el fin de impulsarlas a seguir luchando. Otro tema político muy sensible para la población, como señalamos líneas arriba, es la cuestión de la PNP. Es que durante las jornadas de lucha de setiembre-octubre había quedado en evidencia (al desfilar por miles como una demostración de fuerza solo para reprimir las protestas), que la PNP, solo sirve a los intereses del poder político y de las mafias criminales. No obstante, algunos de los dirigentes le tiraban salvavidas a la PNP. Aquí falta profundizar el debate donde para nosotros habría que pedir el desmantelamiento de la PNP y su sustitución por las rondas urbanas o gremios vecinales compuestas por vecinos jubilados y jóvenes desocupados subvencionadas con la plata de la deuda tributaria de las grandes empresas o los $3,500 millones que quieren invertir en comprar armas de guerra a empresas occidentales.
César Zelada. Director de la revista La Abeja Obrera. Dirigente del MSTP. Escritor y colaborador en varios medios de prensa obrera y popular.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.