Queremos compartir con el conjunto del activismo sindical y popular, un conjunto de ideas que nos permitan realizar un balance del gobierno de Laura Chinchilla y de la respuesta que el movimiento popular le ha dada a sus políticas. Sorteando la crisis. El gobierno de Laura Chinchilla heredó de su predecesor una serie de problemas. […]
Queremos compartir con el conjunto del activismo sindical y popular, un conjunto de ideas que nos permitan realizar un balance del gobierno de Laura Chinchilla y de la respuesta que el movimiento popular le ha dada a sus políticas.
Sorteando la crisis.
El gobierno de Laura Chinchilla heredó de su predecesor una serie de problemas. El plan de rediseño oligárquico y autoritario que representaba el gobierno de los hermanos Arias, chocó contra los efectos de la crisis económica mundial. A partir de marzo del empieza un desplome sostenido en la producción, la inversión, el consumo y las exportaciones. La crisis económica fue muy severa en sectores clave para el despegue neoliberal (agricultura, industria, construcción, comercio y turismo).
Desde el pensamiento neoliberal y el pensamiento «progre» se celebra que «en el 2009 el país mostró una notable capacidad para mitigar los efectos sociales de los choques económicos internacionales» (XVI, IEN). Estas ideologías ocultan la debilidad estructural de la administración Chinchilla, la cual lo único que hizo fue paliar empíricamente un momento de la crisis para relanzar el problema a un nivel superior, planteando contradicciones más agudas, que serán resueltas únicamente en el terreno de la lucha de clases.
Lo que hicieron las administraciones Arias-Chinchilla fue «abrir el grifo» del gasto público como un mecanismo para contener la contracción de los «sectores insignia» del modelo neoliberal; sin embargo, este aumento del gasto público no fue en igualdad de condiciones, sino que apuntaló a los sectores ganadores del modelo neoliberal, contuvo los posibles estallidos sociales de los pobres extremos y castigó con intensidad a las personas trabajadoras y con particular intensidad a las mujeres trabajadoras.
Aplicando el plan de recolonización
El gobierno ha sido lento, pero constante, en aplicar el plan de recolonización económica. ¿Por qué es lenta la aplicación del plan? Creemos que, si bien la oligarquía superó la crisis del modelo bipartidista de inicios de siglo, con una recomposición autoritaria centrada en el PLN, el sistema político de partidos y la lógica de la legalidad burguesa sigue siendo entrabada o fácil de trabar. Han avanzado también las aplicaciones de los distintos TLC (con USA, UE, China, Singapur) pero empiezan a existir roces con los mismos sectores empresariales que ven cómo las políticas de libre comercio chocan y son aprovechadas solamente por lo núcleos empresariales más íntimamente ligados a la administración política.
Desde el punto de vista de la agenda complementaria del CAFTA, se han abierto ya los negocios de seguros y se coloca como prioridad la Ley General de Electricidad.
Por otro lado, el gobierno apuesta combinadamente al endeudamiento externo fuerte (se prepara un préstamo del Banco Mundial de 500 millones de dólares) y un aumento en la concesión de obra pública tanto en carreteras, como en reiniciar el tiempo perdido con la concesión de los puertos de Limón.
Producto del endeudamiento irresponsable,corrupto y pro empresarial, el gobierno está obligado a emprender una contrarreforma fiscal y un achicamiento de la masa salarial del gasto público. En ese sentido se vuelve prioridad la actual reforma fiscal que adelanta el gobierno en las sesiones extraordinarias y la política de aplicar en cada sector de los trabajadores del Estado (institucionalizando en Convenciones Colectivas y reglamentos) el salario único; para esto es necesario la colaboración de la burocracia sindical o la presencia del solidarismo.
Privatizando los bienes y los recursos comunes.
El otro elemento importante de recolonización es la profundización de la «acumulación por desposesión» de los recursos naturales, especialmente la tierra. Allí juega un papel muy importante el reforzamiento del agro negocio (sobre todo de la piña, la naranja y el melón)pero también se realiza un esfuerzo por recomponer el turismo hotelero de alto impacto (Sardinal, RiU, etc.). El otro punto de esta «privatización de los recursos comunes» (información, agua, electricidad) son proyectos como el PH Diquis.
Sin embargo, el principal grupo privatizador de los bienes comunes en el gobierno es el dede los patentizadores de genes, nucleados en el INBIO. En apariencia, el grupo que tendrá que quedar relegado de este grupo es el sector minero.
Privatización neoliberal y familiarismo integrista.
Un elemento destacado en el estilo de gobierno de Chinchilla es su cercanía con la jerarquía de la iglesia católica.En los hechos, el primer gobierno de una mujer ha sido el más patriarcal y clerical; no solo intentó realizar el «referéndum del odio», sino que reforzó sus políticas antiabortistas, anti fertilización in vitro y anti estado laico; además, figuras como Fernando Sánchez juegan una papel muy importante en su gobierno.
Queremos enfatizar que uno de los elementos con los que la burguesía tica ha intentado empujar para adelante la crisis es la sobreexplotación de las mujeres trabajadoras; aquí se produce una dinámica complicada, que mezcla la incorporación subordinada y precarizada de las mujeres al mercado de trabajo (hecho que refuerza a la vez la desregulación del mercado de trabajo), pero en el mismo movimiento se da un aumento de la disponibilidad del trabajo femenino para cubrir la caída del salario real, sobre la base del trabajo no pago en el hogar y la cobertura der la caída del salario social, asumiendo de manera privada lo que los servicios públicos ya no garantizan. Aquí vemos como se hermanan los discursos ideológicos sobre la privatización de lo público de los neoliberales y los discursos de fortalecer la familia de la jerarquía católica y evangélica.
Peón de la geoestrategia imperial.
A Laura Chinchilla se le ha asignado un claro papel de peón de primera línea en el marco de los planes geoestratégicos del imperialismo para la región (Iniciativa Mérida, Cuarta Flota, Plan Colombia, etc.); por lo tanto,este lugar es la matriz que explica la política internacional del gobierno.
Esta dimensión es la que explica el recrudecimiento del papel cada vez más dependiente y subordinado que tienen las fuerzas armadas y las políticas de seguridad. Ejemplo de ello es la aprobación del ingreso de 46 buques artillados, 200 helicópteros de guerra y 7000 marines a territorio nacional, además del nombramiento de Walter Navarro como sub-director de la Fuerza Pública (Educado en la Escuela de las Américas) y el exacerbado gasto en Seguridad Pública.
Por el volumen de gasto en Seguridad y Defensa, es claro que Costa Rica invierte más en defensa que Nicaragua y per cápita inclusive más que Honduras. Esto se explica por la política expansiva en el sector público, el fortalecimiento de las redes de negocio ilegal y un recrudecimiento de la criminalización de la protesta social; acudimos además a un apuntalamiento técnico de las fuerzas armadas estadounidenses, colombianas e israelitas.
Las luchas del campo sindical y popular
Frente a este cuadro y estas políticas es que el movimiento popular, sindical y estudiantil ha salido a luchar contra la administración Chinchilla en el año 2010. Hemos tenido como focos centrales del conflicto del pueblo con el gobiernola lucha contra el proyecto de Ley de Empleo Público, por la restitución de la junta directiva legítima de SINTRAJAP, contra la minería a cielo abierto en Crucitas, a mediados de año una importante lucha universitaria por el presupuesto universitario, las movilizaciones ciudadanas contra el «referéndum del odio», contra el nombramiento de la nueva Defensora de los Habitantes. Así mismo, hacia fin de año se mostraron conflictos de menor intensidad de los docentes de secundaria, de policías y de interinos del Estado. Pese a las duras condiciones de explotación (4 de cada 10 empresas pagan menos del salario mínimo) de la clase obrera industrial, esta sigue pasiva y disciplinada por medio del solidarismo.
El elemento central de todas las luchas anteriormente reseñadas es su profunda dispersión. La necesaria unidad para luchar ha sido la gran ausente;, en consonancia con esto, no hay ninguna instancia nacional de frente único sindical o sindical y popular que pueda coordinar, aglutinar y dar solidaridad a estas luchas, en las cuales siempre vemos que se impone el aislamiento. Las direcciones mayoritarias del movimiento sindical y popular, lejos de contribuir a crear instancias de coordinación, multiplican el archipiélago del campo popular.
Llama la atención, a este nivel, el reforzamiento que tuvieron en varias de estas luchas los mismos personajes que condujeron al movimiento social a la derrota del referéndum del 2007: Eugenio Trejos, Yamileth González y el CONARE en la lucha presupuestaria, Albino Vargas en las distintas movilizaciones de empleados públicos, el PAC, la Alianza Patriótica y el Frente Amplio en las movilizaciones ciudadanas.
Creemos que estas direcciones se ven reforzadas por un efecto muy particular, que es el triunfo parcial de las luchas de SINTRAJAP, contra el «referéndum del odio» y Crucitas, todas producto del fallo de tribunales judiciales burgueses; estos triunfos parciales refuerzan la ideología institucionalista y concertadora frente a los métodos de lucha y acción directa.
Nuestra opinión es que estos distintos fallos judiciales, lejos de ser una demostración de la solidez institucional de país, son el resultado, por un lado, del peso y la presión de luchas legítimas, y por otro, el conflicto que tiene la misma oligarquía con su propio Estado.Creemos que justo el peso que los sectores más lúcidos de la oligarquía le otorgan al tema de la Constituyente se da porque saben que el plan neoliberal necesita un rediseño institucional profundo, que no se puede hacer sobre la base del cambios controlados e inducidos, pues terminan produciendo contragolpes como los de JAPDEVA y Crucitas.
El otro problema es que, pese al fallo judicial favorable, en el mismo movimiento el campo popular sufre una derrota estratégica: el ser educado en una tradición legalista que lo deja desarmado en los momentos claves (recordar el referéndum del 2007) y sobre todo que apuntalan a las direcciones «progres» en contra de las direcciones radicales del movimiento de masas.
Un buen ejemplo de ello es la lucha por el presupuesto universitario durante el mes de Agosto, donde se ve con más crudeza este problema estratégico.Allí se vio la conducción vertical y autoritaria del CONARE, que termina pactando con el gobierno la reducción presupuestaria y montando un operativo institucional de criminalización interna de las corrientes radicales, para finalmente utilizar el aparato institucional y colocar una dirección moderada del movimiento estudiantil; desplazando de la FEUCR a las corrientes radicales.
Desafíos en el campo sindical
Las luchas clásicas de los trabajadores han reaparecido. Obligados a pelear, producto del ajuste profundo que está llevando adelante el gobierno, hemos visto movilizaciones de universitarios, hospitalarios, policías, docentes de secundaria, interinos del estado, municipales, donde en todos lados la receta es la misma: ataque integral al derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a realizar huelgas (sobre todo a través de la reforma procesal laboral), recortes de personal, salario único, salarios sin recuperarse (pese a la inflación baja), sub contrataciones, interinazgo, manejo clientelar de los puestos de trabajo, etc.
Sin duda, los trabajadores del estado se podrían convertir en el el eje central de la resistencia del gobierno y aglutinar un polo nacional de lucha, pero las distintas burocracias sindicales mantienen divididos a los trabajadores y privilegian los métodos legalistas y concertadores. Inclusive, cuando estas burocracias lanzan movilizaciones, se realizan bajo la lógica de «golpear para negociar», es decir como una acción aislada que fuerce la concertación con el gobierno, pero sin ninguna continuidad con un plan estratégico y global de lucha.
Creemos que la combinación de nuevos trabajadores que se incorporan al Estado, los cuales fueron educados en las luchas del país del 2000-2007 y quienes han desarrollado una actitud de desencanto hacia el ídolo institucionalista de la democracia burguesa costarricense, son elementos que, sobre la base de una política de clase, pueden empezar a ocupar espacios en los mandos medios y altos de los sindicatos, creando así la posibilidad de construir una nueva dirección clasista y combativa del movimiento sindical. Este sería un paso inicial para reorganizarlo en un nuevo frente unitario o central y sobre esa base reorganizar al conjunto del campo popular.
Fuente: publicado en la edición 30 del mes de diciembre de Socialismo Hoy
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