El aumento de los precios de alimentos, medicinas y combustibles desbordó el descontento ciudadano y dio pie a otras demandas políticas y sociales.
Panamá vive desde hace tres semanas en medio de protestas ininterrumpidas contra la carestía, la corrupción y el despilfarro de recursos públicos, en medio del incremento de casi la mitad en el precio de la gasolina en lo que va del año, factor que ya impactó de manera sensible en el costo de los alimentos y otros productos y puso al país al borde de un estallido social.
El aumento de los precios de alimentos, medicinas y combustibles desbordó el descontento ciudadano y dio pie a otras demandas políticas y sociales. Los profesores comenzaron las protestas con una huelga indefinida y se fueron sumando sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población.
El pliego inicial de 32 puntos de reclamos exigía, entre otras medidas, un aumento en los salarios, una congelación de los precios de los alimentos, e incentivos a la producción nacional. También rechazaba la instalación en Panamá de cuatro bases militares bajo control de EEUU.
En los últimos cinco años se produjo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios e ingresos del 30 por ciento, pese a que las cifras oficiales ubican la inflación en 4.2 por ciento, número con el que el gobierno disfraza mal la realidad. Aunque la tasa oficial de desempleo no llega al 10%, el empleo informal ha venido en aumento desde el comienzo de la pandemia superando al 48% de los trabajadores.
Laurentino “Nito” Cortizo, un empresario ganadero, ex diputado y ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos, llegó a la presidencia en 2019 como candidato del Partido Revolucionario Democrático, histórico espacio de centroderecha, desde donde construye una administración poco acostumbrada a negociar con los sectores críticos.
La corrupción es otro de los ejes centrales de las calles. En medio del clima de protestas, debió comenzar la audiencia por el caso de la entrega de sobornos millonarios de la brasileña Odebrecht en Panamá. Pero la mayor investigación por corrupción, que involucra a 83 imputados, se postergó y reprogramó para el 12 de septiembre. Entre los imputados están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
La escasa sensibilidad del gobierno de Laurentino Cortizo ante las demandas de la población ha profundizado el descontento y ni siquiera el anuncio de que el precio del combustible (que llegó a rozar seis dólares el galón) bajará a 3.95 dólares logró apaciguar los ánimos sociales y desactivar las manifestaciones y los cortes viales.
La Asociación de Profesores (Asoprof) de Panamá, una de las organizaciones que vertebró las protestas populares de las últimas dos semanas en ese país, ratificó que mantendrá sus movilizaciones en las calles y que el regreso a clases dependerá de los avances del gobierno en la negociación.
A finales de la semana se instaló la mesa única de diálogo, en el Centro Cristo Sembrador, en la Diócesis de Penonomé, provincia de Coclé (centro del país), en las que participan delegados de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional de Pueblo Organizado (Anadepo), miembros de los grupos de la comarca Ngäbe Buglé y comunidades campesinas.
Los trabajadores y campesinos presentaron al gobierno una demanda de ocho puntos vinculados al alto costo de la vida, entre ellos reducir en 30 por ciento el precio de la canasta básica sin afectar al productor nacional.
Problemas estructurales
Sin duda existe una pésima gestión del actual gobierno, pero los problemas de Panamá son estructurales. Es una de las economías más abiertas, y por ello el país se encuentra expuesto a los vaivenes globales y cuenta con pocas herramientas para modular el efecto de disrupciones como el alza generalizada de precios derivada de los efectos económicos de la pandemia de covid-19 y, posteriormente, por el conflicto en Ucrania.
Panamá es considerada una plataforma trasnacional de servicios, es decir, que su economía se encuentra volcada a proveer servicios a los grandes conglomerados mundiales que buscan mover capitales y mercancías por el planeta. Estas actividades suponen 42 por ciento de su producto interno bruto, a lo que debe sumarse 20 por ciento del sector de la construcción, claramente dependiente de la misma matriz trasnacional.
Panamá se fue convitiendo, tras la invasión estadounidense de 1989, en un territorio idóneo para actividades paralegales o decididamente ilegales, como la evasión fiscal y el denominado blanqueo de capitales, los que quedaron expuestos en la trama múltiple de corrupción y lavado de dinero conocida como Panama Papers.
La masiva y continua llegada a Panamá de capitales foráneos coexiste con la tercera mayor desigualdad en América Latina (detrás de Brasil y Honduras) y con una tasa de informalidad de 53 por ciento, que deja al descubierto la falacia de que la inversión extranjera es una especie de llave mágica para la integración y el desarrollo.
Si bien en la estadísicas Panamá ha mostrado uno de los ritmos de crecimiento más notables y sostenidos en la región, ello no se ha traducido en ninguna reducción significativa de la desigualdad, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Este dato desmonta uno de los mitos neoliberales, que la vía para combatir la desigualdad es aumentar el tamaño del pastel.
Con el caso panameño queda claro que, en ausencia de políticas redistributivas y de regulaciones estrictas al sector privado, ningún crecimiento redunda en bienestar para las mayorías, puesto que sus bondades son capturadas por oligarquías locales y globales y sirven sólo para reforzar las asimetrías y el dominio de las élites.
Los trabajadores, educadores, campesinos tomaron las calles y cortaron las rutas, única forma para lograr que el gobierno considere las demandas y tome medidas para atenuar el malestar generado por el encarecimiento de la vida y la errática conducción gubernamental, aun cuando se sabe que eso será un mero paliativo mientras no se aborde el problema de fondo, el mantenimiento del modelo neoliberal.
Victoria Korn. Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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