Graves irregularidades en la gestión de un cargamento de productos farmacéuticos generan medio millar de afectados en el país centroamericano. La justicia busca depurar responsabilidades entre los actores implicados.
Al comienzo del último otoño se declaró en Panamá una alerta epidemiológica por un aumento inusual de las muertes entre pacientes aquejados de Síndrome Parálisis e Insuficiencia Renal Aguda (SIPRA). En poco tiempo los decesos crecieron hasta la veintena, lo que forzó al Gobierno del presidente Martín Torrijos a actuar. En el proceso de investigación subsiguiente fueron identificados cuatro medicamentos fabricados y distribuidos por la Caja del Seguro Social (CSS) panameña, substancias que resultaron estar basadas en dietilenglicol (abreviado DEG, un compuesto orgánico de gran toxicidad) en lugar de en glicerina, como debiera haber sido.
Agentes sociales implicados denunciaron que la pretensión de obtener el máximo beneficio de una transacción sanitaria que debía haber estado protegida y supervisada de cerca motivó un método de aprovisionamiento plagado de intermediarios con responsabilidades mínimas ante una crisis sanitaria de estas dimensiones.
Los destinatarios de estos compuestos eran por lo general enfermos aquejados de problemas de hipertensión, diabetes e insuficiencia renal, con edades comprendidas entre los 40 y 80 años. Es decir, consumidores habituales de grandes cantidades de medicamentos diferentes con organismos debilitados por la enfermedad y su terapia, que vieron cómo se agravaban sus cuadros con fiebre, diarrea y parálisis durante su estancia en la clínica.
Secuencia de los hechos
En 2003 la CSS, una institución pública panameña de carácter sanitario, encargó a uno de sus contratistas habituales, Medicom S.A., la importación de una partida de glicerina para fabricar en sus laboratorios una serie de medicamentos genéricos de uso común. Medicom encargó el producto a Rasfer S.A., una empresa del sector químico-farmacéutico basada en Barcelona desde 1973, que a su vez se dirigió a la corporación china CNSC para conseguir un lote que resultó ser DEG puro.
Todo ello pasó desapercibido hasta que un número anormal de pacientes de la CSS comenzara a fallecer en otoño de 2006 víctimas de un SIPRA con complicaciones toxicológicas sospechosas. Una investigación oficial llevada a cabo para justificar la presencia de una sintomatología tan atípica como la descrita llevó a las autoridades hasta los propios laboratorios de la CSS. Ésta se apresuró a denunciar a su proveedora Medicom, cuyo presidente fue acusado de manipular las fechas de caducidad de la partida, así como a varios funcionarios de la CSS, acusados de «irregularidades, negligencia y corrupción».
La pelota judicial acabó en el tejado de Rasfer S.A. por haber suministrado una sustancia tóxica fuera de cualquier control, aunque la denuncia fue cursada por Medicom y no por la CSS, que centró sus esfuerzos en obtener un castigo ejemplar de cara a su población, antes de exigir responsabilidades en profundidad. Rasfer mantiene que su partida de glicerina zarpó en buen estado, lo cual resulta difícil de probar o desmentir ya que no se realizó control alguno sobre la mercancía.
Problemas derivados
El DEG es un derivado incoloro e inodoro del alcohol, de difícil detección salvo utilizando una cromatografía de gases, procedimiento caro y de raro acceso en países en desarrollo. Estas características lo identifican como una sustancia protagonista en sucesos de este tipo a lo largo de la historia. Sin embargo, su uso legítimo está limitado al ámbito industrial, generalmente como anticongelante, líquido de frenos, disolvente o humidificador de cigarrillos.
De los hechos acaecidos en Panamá se desprenden dos problemas que afectan a los sistemas sanitarios de países económicamente similares y, en última instancia y definitivamente, a su población. En primer lugar, el actual sistema mercantil fomenta el uso de infinidad de intermediarios cuando se trata de exportar materias primas de ultramar a un coste razonable. En este contexto, cuanto mayor es el número de agentes implicados en una transacción, más difícil resulta rastrear el protagonismo de cada uno a la hora de determinar responsabilidades.
El otro problema que emerge apunta también a la pretensión de ahorrar costes en asuntos de salud pública; ya un gran número de proveedores de sustancias farmacéuticas (normalmente los más económicos) han sido señalados por la OMS por introducir grandes partidas de productos falsos o dañinos en el mercado internacional. Los países en vías de desarrollo suelen ser los más perjudicados por estas prácticas, con un 25% de falsificaciones farmacéuticas estimadas por esta institución, llegando hasta un 50% en ocasiones.
Esta circunstancia, añadida a la falta de medios técnicos de diversos países o su falta de voluntad de realizar los costosos controles de calidad, pone en una situación de desprotección permanente a los usuarios de los sistemas clínicos de países empobrecidos. Este último punto cobra gran importancia en el memorando girado a todas las autoridades implicadas por Pablo Solís, director nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud panameño.
Al cierre de esta edición el Gobierno panameño reconoce 50 muertos por intoxicación con DEG y los familiares de los afectados reclaman 30 más; el fiscal del caso investiga 250 casos con una relación probable con el suceso y el número de afectados alcanza ya el medio millar. Asimismo, Rasfer S.A. y Medicom S.A. se enfrentan a sendos procesos civiles para depurar sus responsabilidades. La CSS y el Gobierno de Torrijos también se han visto afectados por la ola de desconfianza e indignación provocada, aunque no se han emprendido acciones legales o ciudadanas contra ellos.