En 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, que consolida la UE como potencia neoliberal, militar y antidemocrática. Mientras, ésta contenta a EE UU con acuerdos contrarios al derecho.
2007 los 27 Estados de la UE negociaron a espaldas de la ciudadanía europea dos asuntos de gran trascendencia: el Tratado de Lisboa, que sustituye a la fallida Constitución Europea y reforma los Tratados de Roma (1957) y Maastricht (1992), y los acuerdos con EE UU sobre transmisión de datos sobre pasajeros aéreos y transferencias bancarias, que consolidan el proceso de adaptación del marco jurídico comunitario a las exigencias estadounidenses. Especialistas en derecho criticaron estas medidas en un acto celebrado en Madrid el 28 de marzo.
Ricardo Gómez, del Observatorio de ATTAC sobre la UE tildó de «desprecio a la voluntad popular y proceso elitista y secretista» el relanzamiento del Tratado, «de difícil comprensión e ilegible». Uno de sus redactores, el ministro de Interior italiano Giuliano D’Amato, dijo en 2007 que si fuera comprensible «nos arriesgaríamos a un referéndum, porque significaría que hay algo nuevo». Irlanda será el único país en someterlo a referéndum. Los demás lo ratificarán por vía parlamentaria: el Estado francés y Polonia lo hicieron en febrero y marzo respectivamente y el Parlamento español lo hará este año mediante ley orgánica.
Para Gómez, supone un «retroceso en las libertades democráticas y una apuesta cero por la construcción de alternativas socioeconómicas». El texto defiende explícitamente la «competencia libre y no falseada» y la «mejora progresiva de las capacidades militares». Gómez tildó a la UE de «estructura antidemocrática» con un «parlamento débil no elegido por la ciudadanía, excluido de iniciativas legales y sin voto sobre ingresos y presupuestos» frente a instancias de nula representatividad e inmenso poder: Consejo y Comisión europeas, Tribunal de Justicia o Banco Central Europeo (BCE).
Según Gerardo Pissarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, el texto «concentra mecanismos policiales y represivos sin suficiente control parlamentario». Aunque «se subordina a intereses de EE UU» la agenda de la UE » ha impuesto sus propios recortes de derechos y libertades». A su juicio, el dispositivo de control migratorio europeo Frontex o el proyecto de directiva para aumentar a 18 meses el encierro de sin papeles en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) que Bruselas discutirá en mayo no son flor de un día. La creación del grupo Trevi (unidad de lucha contra Terrorismo, Radicalismo y Violencia Internacional) en 1975; el Acuerdo de Schengen en 1985 y la coordinación policial europea (Europol) en 1999 «son antecedentes cruciales de la llamada fortaleza europea». El 11-S actuó de» disparador de un proceso ya en curso».
Para Jean-Claude Paye, autor del libro Global War on Liberty, «lo novedoso es la integración del sistema judicial europeo en el estadounidense. Antes, EE UU hacía acuerdos bilaterales porque hallaba objeciones. Hoy se siente más fuerte para forzar acuerdos en la UE». En 2003 ambas potencias firmaron unos acuerdos de extradición fruto de reuniones secretas. Éstos «permiten que EE UU añada exigencias sin reemprender negociaciones» y «la UE no cuestiona los tribunales especiales creados por decreto tras el 11-S para juzgar ‘enemigos combatientes ilegales’. Cualquier ciudadano puede ser trasladado a EE UU para que le juzguen».
En 2007 firmaron los acuerdos sobre transferencia de datos de pasajeros aéreos y de cuentas bancarias, «que vulneran la protección europea de datos personales». Tras el 11-S, la empresa estadounidense Swift, ubicada en Bélgica, informó a EE UU sobre transferencias en la UE. Según Paye, «el BCE y otros bancos lo sabían y no lo comunicaron a sus autoridades» hasta que la prensa de EE UU lo reveló en 2006. Así pues, EE UU «crea una situación de excepción y fuerza a la UE a adaptarse. Es el fin del Estado de Derecho».
El Tratado de Lisboa y la encrucijada europea
Hay que reconocerlo: el malogrado Tratado constitucional europeo tuvo al menos la virtud de estimular un cierto debate en torno al proceso de integración. No es que las clases dirigentes europeas estuvieran demasiado interesadas en ello. Pero la sola apelación a un texto «constitucional» obligó, al menos, a simular un proceso y un contenido «constituyentes». Nada de eso ha ocurrido ahora.
Tras el ‘no’ francés y holandés, las élites europeas parecen haber escarmentado. Ya nadie habla de Constitución ni de proceso constituyente. El Tratado de Lisboa se ha negociado de espaldas a la ciudadanía y sus impulsores se ufanan de ello. Las mismas Cumbres intergubernamentales que se criticaban hace unos años por su opacidad, se presentan ahora como la única alternativa «responsable» y «realista». Con la boca grande o pequeña, los gobiernos huyen de las consultas populares como de la peste. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Es acaso la UE pergeñada en el Tratado de Lisboa muy diferente de la que existía hasta ahora? No parece. Salvo algunos ajustes institucionales al servicio de la «gobernabilidad», las obsesiones de fondo son las de siempre. Un 90% del contenido del Tratado de Lisboa, de hecho, puede rastrearse en el Tratado constitucional. Ya no se habla de Constitución ni se apela con entusiasmo a la bandera o al himno. Pero el contenido sustancial es el mismo. La orientación neoliberal, productivista, tecnocrática y militarista de la integración permanece incólume. Y nada en el nuevo texto amenaza su continuidad.
Agenda securitaria
Nada conduce a pensar en un abandono de las privatizaciones o en un mayor control de los grandes lobbies. Nada, en una mayor lucha contra los paraísos fiscales o a favor de una fiscalidad progresiva. Nada, en una menor subordinación a la OTAN y a la agenda securitaria de los EE UU. Menos aún, en un tratamiento de la cuestión migratoria que no sea el del cerco policial o el de la proliferación de los centros de internamiento.
Es verdad que esta tendencia no es nueva. Que es el sello de la UE al menos desde Maastricht. Lo grave es que el Tratado de Lisboa pretenda profundizarla en nombre de la eficacia y del realismo. ¿Cómo puede ser realista un texto que se limita a prolongar el crónico déficit social y democrático que la UE acarrea a sus espaldas?
El panorama es aún más oscuro si se piensa que, hoy por hoy, son la derecha más beligerante y los sectores más conservadores de la socialdemocracia quienes controlan los principales resortes institucionales de la UE. De ahí el carácter especialmente regresivo de buena parte de las propuestas normativas impulsadas desde las instancias comunitarias a lo largo del último año. Y de ahí también los retos que este escenario plantea a los movimientos sociales, sobre todo de cara a las elecciones al Parlamento europeo de 2009. El primero, impulsar una crítica desacomplejada, no sólo del Tratado de Lisboa, sino de la UE realmente existente, que desvele sus profundos límites democráticos, sociales, y ambientales. Y otro, no menor, acompañar esa crítica de un programa capaz de desactivar los cantos de sirena del repliegue estatalista y de expresar, en definitiva, un renovado internacionalismo a la altura de los tiempos.