En los últimos cuatro meses, la agenda mediática internacional agudizó su interés en Venezuela. En este periodo, la oposición logró generar en la calle una campaña de protestas sostenidas, marcada por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos violentos de extrema derecha. Estos hechos marcan el punto más alto de una estrategia impulsada […]
En los últimos cuatro meses, la agenda mediática internacional agudizó su interés en Venezuela. En este periodo, la oposición logró generar en la calle una campaña de protestas sostenidas, marcada por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos violentos de extrema derecha. Estos hechos marcan el punto más alto de una estrategia impulsada desde 1999 y que se intensifica con la muerte de Hugo Chávez, en 2013.
No se puede entender este auge del conflicto venezolano por fuera del escenario regional. El triunfo de Macri en Argentina, el golpe de Estado en Brasil, los señalamientos de Estados Unidos a Venezuela como «amenaza a su seguridad nacional», son algunos de los componentes que han fortalecido al bloque conservador contra el gobierno de Maduro. Tanto en la Asamblea de la OEA como en la Declaración de Lima, un bloque de cerca de 17 países se ha manifestado contra la «ruptura» del orden democrático y la Asamblea Constituyente.
Se acusa a la Constituyente de ser un proceso impuesto y sin participación de la oposición. No se le reconoce como una instancia legítima que busca la participación amplia de los sectores sociales. La Asamblea Constituyente representa el acumulado de un proceso de fortalecimiento político de las mayorías, del empoderamiento de las bases sociales y participación democrática del poder popular, que cualquier país democrático debería de reconocer. Esta instancia ha sido abierta, pero la oposición, agrupada en el Movimiento de Unión Democrática, decidió no participar y sostener una estrategia para derrocar a Maduro, electo democráticamente, y el adelanto de las elecciones, cerrando espacios a una solución pacífica y vía diálogo.
Por fuera de este bloque, se encuentra, entre otros, el gobierno – izquierdista- de El Salvador. Fiel a una política de no intromisión y de respeto a la voluntad popular, expresada, por ejemplo, en el desconocimiento del gobierno golpista de Temer, el gobierno de Sánchez Cerén ha decidido asumir una postura en favor del rol mediador de la comunidad internacional. En parte, se observa en esta posición la herencia de la experiencia propia de los Acuerdos de Paz. Esta postura ha traído fuertes críticas de los sectores pro intervencionismo y conservadores locales.
En Latinoamérica, algunos sectores que se definen como de «izquierda crítica» o progresista, han apuntado contra el gobierno de Maduro en una supuesta «defensa de la democracia», que desborda argumentos poco sustentados e informados. En El Salvador esta línea también ha estado presente. El caso más relevante es sin duda el editorial publicado por el periódico digital El Faro, el 6 de agosto del 2017, titulado «El gobierno debe dejar de apoyar a Venezuela». Resulta llamativo que un medio que cuenta con publicaciones que han contribuido a mantener la memoria nacional, pida coherencia al FMLN partiendo de un análisis histórico desproporcionado, en el que se compara al gobierno de Maduro con los militares salvadoreños que masacraron a miles de campesinos, y con otras dictaduras latinoamericanas que suman miles de desaparecidos, una deformación de la historia que se acerca a lo reaccionario.
Alineados al discurso que sostienen la mayor parte los medios hegemónicos, el editorial plantea una narrativa anclada al simplismo «dictadura» vs «democracia». Se omite en esta postura la defensa de las conquistas sociales y el proyecto de inclusión social de un sector importante de la población. Se ignora, además, el choque de proyectos políticos regionales, la violencia provocada por la oposición, que incluye la quema de chavistas vivos, y la historia de intervencionismo y desestabilización que los proyectos alternativos han experimentado en el continente. Entre estos, por ejemplo, el golpe a Salvador Allende, el financiamiento de los contras en Nicaragua, el bloqueo económico a Cuba y el golpe del 54 a Jacobo Arbenz.
El editorial remata su argumentación señalando que el apoyo del gobierno a Venezuela es una «torpeza política que nos aleja de la comunidad latinoamericana». Se refiere, hay que decirlo, a una comunidad integrada por gobiernos con fuertes denuncias de violaciones a derechos humanos como el de Peña Nieto, en México, Santos en Colombia y Juan Orlando Hernández en Honduras.
Quien haya leído un poco de la historia del hermano país Guatemala, esa frase nos obliga a recordar -por si se nos ha olvidado- que justamente cuando fuimos parte de esta «comunidad latinoamericana», la historia nos colocó frente a la posibilidad de votar a favor o en contra de los «rojos» y del «peligro comunista» en América Latina. Nos posicionamos junto a 16 países en contra del peligro -para los de arriba- que significaba la incipiente revolución en Guatemala.
Sería un orgullo poder decir que en el 54, cuando se llamó a la X Conferencia Interamericana de Caracas, El Salvador, por torpeza política, por «necedad», hubiese elegido alejarse de la comunidad latinoamericana y posicionarse «a favor» de los rebeldes «comunistas» guatemaltecos representados en Arbenz, dándole contenido a palabras como soberanía, independencia y solidaridad. Nos mantuvimos «unidos», y aún hoy, cincuenta y siete años después, la historia nos lo reprocha.
El papel que están jugando los medios de comunicación hegemónicos en Venezuela es irresponsable y letal. El manejo sesgado y sin mayor contraste de fuentes es una búsqueda de apelar al sentido común de las clases medias y altas, agudizando el conflicto, llevando a la sociedad a la confrontación y manteniendo la inestabilidad social, por medio de la transmisión de la opinión alienante de que se trata de un gobierno que reprime protestas «pacíficas».
No podemos negar que en Venezuela existe una crisis. Es por ello que posicionarse a favor de instancias democráticas que busquen el diálogo y la participación de amplios sectores, que, sin dejar de lado sus demandas, defienden las conquistas sociales de los últimos años, es en esta coyuntura la postura más acertada.
El tiempo y la historia han comprobado las palabras de Galeano: «Las guerras dicen que ocurren por nobles razones: la seguridad internacional, la dignidad nacional, la democracia, la libertad, el orden, el mandato de la civilización o la voluntad de Dios. Ninguna tiene la honestidad de confesar: Yo mato para robar». Así, nuestros pueblos han sido testigos del saqueo a nuestra dignidad, a la esperanza, a la oportunidad de soñar, de construir y de crecer. Hoy más que nunca no podemos permitirnos ingenuidades. Posicionarse a favor de la construcción del poder popular, más que una obligación, es una reivindicación a nuestra memoria e historia.
Franchesca Mata (Maestranda de Políticas Sociales en la UBA.
César Saravia (Estudiante de la maestría en Políticas Ambientales y Territoriales en la UBA).
Raúl Palencia. (Psicodramatista y teatrero popular) .
Salvadoreñxs, miembros del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo.
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