El Poder Ejecutivo y la empresa Aratirí firmarán el contrato para la extracción de hierro en la zona de Valentines y Cerro Chato antes de fin de mes. Así lo aseguraron fuentes de la empresa a la diaria. La firma del contrato fue postergada dos veces, el 20 de enero y el 7 de febrero, […]
El Poder Ejecutivo y la empresa Aratirí firmarán el contrato para la extracción de hierro en la zona de Valentines y Cerro Chato antes de fin de mes. Así lo aseguraron fuentes de la empresa a la diaria. La firma del contrato fue postergada dos veces, el 20 de enero y el 7 de febrero, debido a que el gobierno solicitó más información sobre los detalles del emprendimiento. Además, en los últimos días se multiplicaron las presiones del Partido Nacional (PN), organizaciones ambientalistas y de productores de la zona afectada.
La semana pasada, el precandidato blanco Jorge Larrañaga escribió en el sitio de Alianza Nacional una columna en la que criticaba los alcances del contrato en materia tributaria y la forma de resolución de controversias. Ayer, el Directorio del PN emitió una declaración, después de recibir al movimiento Uruguay Libre, en la que expresa «su frontal rechazo» a la firma de «un contrato de inversión con Aratirí» y exige al gobierno «el estricto respeto de la ley y los procedimientos establecidos para evaluar y aprobar proyectos» de esa naturaleza y «la transparencia de los acuerdos negociados con las empresas», dando difusión pública «a los compromisos a asumir». El comunicado añade que es «indispensable» que el gobierno «garantice el acceso de la población a la más amplia información frente a un tema de interés que involucra a toda la ciudadanía en general».
Uruguay Libre ha lanzado una campaña de recolección de firmas para convocar a un plebiscito contra la minería metalífera a cielo abierto. La propuesta consiste en agregar al artículo 47 de la Constitución una frase que establece: «La integridad de los suelos y los recursos hídricos forma parte del patrimonio de la nación y debe ser preservada de toda actividad que conduzca a su degradación definitiva o destrucción. Prohíbase la minería» de este tipo en todo el territorio.
No firma
Ayer, en tanto, se desarrolló una movilización en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, convocada por la Asamblea Nacional Permanente (ANP) en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, para protestar contra la firma del contrato con Aratirí. Participaron poco más de un centenar de personas, vinculadas a la ANP, a la Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra y por el Agua (CELTA) de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), a diversos sindicatos y a grupos políticos, como Asamblea Popular y el Partido de los Trabajadores.
Ana Alonso, de la ANP, explicó que está convocada la quinta asamblea nacional el 16 de marzo, donde estarán presentes «los más de 45 colectivos» que forman parte de la organización. Agregó que «el gobierno está aprovechando» el verano y la desmovilización propia de la fecha para «apresurarse con la firma del contrato». La ANP «expresa su categórico rechazo a la firma del contrato de inversión con Aratirí», leyó. Con respecto a la recolección de firmas, dijo que el 16 de marzo se tomará postura sobre el tema, pero adelantó que «hasta el momento» no creen que «un camino que sigue las normas de la democracia burguesa» vaya a «parar la minería». Otro integrante, Germán Parula, dijo que «todo el sistema político partidario está alineado con esta política entreguista. Todos formaron parte de la comisión multipartidaria que estuvo durante dos años cocinando la Ley de Megaminería y resulta que a la hora de votarla, sabedores de que alcanzaba con los votos del oficialismo, muchos aprovecharon para votar en contra», añadió.
Anoche, el Consejo Federal de la FEUU tenía previsto tomar posición sobre la recolección de firmas. La postura de la CELTA es contraria: «No es el momento adecuado. Está el plebiscito de No a la Baja, que es prioritario y además no se puede perder, como pasó con el de anulación de la Ley de Caducidad. Hay que ver más adelante y, por ahora, seguir con estas movilizaciones», explicó Fabián Dávila, integrante de la CELTA.
Mandados
El fin de semana se divulgó una carta de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Chato que declaraba «persona no grata» al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, luego de que declarara que a los productores de la zona les convendría económicamente la instalación de Aratirí. El texto de la gremial establece que el jerarca «no se ajusta a la verdad» al decir que los campos de la zona «están por debajo de la media de la productividad nacional», y asegura que en el lugar existen campos «de Índice Coneat 120, con importantes fuentes de agua, producción agropecuaria intensiva, exitosos procesos asociativos entre productores», que abarcan «un centenar de unidad es productivas».
Agregan con respecto al tema del agua que Aguerre «se limita a repetir textualmente el catecismo expuesto en los folletos de Aratírí» y se «olvida» de que el proyecto prevé el desvío de varios cursos de agua. Los productores recuerdan que en la «única concurrencia a Cerro Chato», Aguerre «públicamente reconoció que había leído el proyecto minero en el viaje, y aconsejó a los productores afectados no entrar en la zona».
Por su parte, la Asociación Rural de San José (ARSJ) también criticó a Aguerre, a quien acusó de estar haciéndole «un mandado» al presidente José Mujica, «en vez de defender al sector del cual vino». «Consideramos lamentables los términos que utiliza y los ejemplos que cita», dijo Reinaldo Díaz, directivo de la ARSJ a Primera Hora.
Por su parte, la Asociación Rural de San José (ARSJ) también criticó a Aguerre, a quien acusó de estar haciéndole «un mandado» al presidente José Mujica, «en vez de defender al sector del cual vino». «Consideramos lamentables los términos que utiliza y los ejemplos que cita», dijo Reinaldo Díaz, directivo de la ARSJ a Primera Hora.