La demora del Ministerio del Interior en la instalación de una unidad que investigue delitos cometidos por el terrorismo de Estado, para auxiliar a la justicia, plantea el primer desconocimiento del gobierno a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ese organismo autónomo creado por el Parlamento cuya integración fue tan debatida y negociada. El Observatorio […]
La demora del Ministerio del Interior en la instalación de una unidad que investigue delitos cometidos por el terrorismo de Estado, para auxiliar a la justicia, plantea el primer desconocimiento del gobierno a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ese organismo autónomo creado por el Parlamento cuya integración fue tan debatida y negociada. El Observatorio Luz Ibarburu formuló una denuncia; había recabado un consenso de aceptación generalizada que no se concreta en los hechos.
El gatopardismo, concepto popularizado a partir del libro de Guisseppe Tomasi de Lampedusa, expresa la idea de que en determinados momentos históricos se impone la voluntad de crear una apariencia de cambio con el fin último de que la base, el núcleo del sistema, permanezca inalterado. Eso es exactamente lo que pasa en Uruguay con la impunidad de que gozan los criminales del terrorismo de Estado. Ningún rebuscado argumento formal, ningún sofisma sobre tiempos políticos, ninguna excusa sobre la diferencia entre voluntad y posibilidad podrán justificar la inacción, cuando no el retroceso, respecto de la obligación de investigar los delitos y castigar a los culpables. La responsabilidad es compartida entre magistrados de la Suprema Corte de Justicia, jueces, ministros y altos funcionarios de la administración. Al finalizar 2012 en los juzgados de Montevideo estaban radicadas 138 causas por denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado: sólo dos tienen sentencia firme y el 71 por ciento permanece en presumario. Había, además, otras 89 denuncias ingresadas en seccionales policiales que no están registradas en los juzgados.
Algunas situaciones que expresan el gatopardismo del discurso oficial uruguayo -que dice eliminar la impunidad pero la tolera- tienen que ver con el mirar para el costado de una justicia penal que -salvo honrosas excepciones- no investiga y espera que las propias víctimas averigüen para en todo caso entonces actuar; o con las presiones de un ministro sobre jueces y fiscales, o con las afirmaciones lanzadas a la prensa para generar opinión y denostar a los denunciantes; o con el infalible método, tan caro a los ministros de la Suprema Corte, de plegarse a las chicanas de abogados vinculados a los centros de poder de la derecha, de dejar correr los plazos ante recursos inconsistentes y aun ilegales cuando el acusado (en este caso un general) es agarrado con las manos en la masa, como quien dice; o con la inquebrantable postura de oponer recursos legales para evitar el pago de indemnizaciones; o con el manejo discrecional de la información reservada y el secretismo sobre los archivos de la represión. Y todo eso cuando, simultáneamente, se reitera que estamos en un Estado de derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley; y se desarchivan denuncias y se elimina la caducidad y se anuncia que se aplicarán los criterios internacionales en materia de genocidio, desaparición forzada, prácticas sistemáticas de torturas, robo de niños, violaciones, y se promete finalmente que se concretará una reparación integral. Una última muestra del gatopardismo uruguayo está registrada en una denuncia que formula el Observatorio Luz Ibarburu para el seguimiento de las denuncias penales por violaciones de los derechos humanos. Dicha denuncia se refiere a la dilatoria para instalar una Unidad Especial de Investigación y Apoyo al Sistema Judicial, en la órbita del Ministerio del Interior.
En los últimos meses del año pasado el Observatorio había formalizado un reclamo sobre la instalación de esa unidad ante los organismos que integran la comisión interministerial encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia que, sobre el llamado «caso Gelman», emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En opinión del Observatorio, una dilatoria en ese sentido podría implicar que «Uruguay cayera nuevamente en responsabilidad internacional por la persistencia de la impunidad ante la falta de un proceso eficaz de justicia». El reclamo se realizó no sólo ante los ministerios y la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que integran la comisión interministerial, sino también ante otras autoridades estatales con responsabilidad específica en materia de derechos humanos, como lo son las direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y autoridades del sistema judicial (magistrados, fiscales, abogados y funcionarios judiciales). La idea era «construir consensos para enfrentar y resolver adecuadamente los hechos de nuestro pasado reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional».
Generar capacidades
Todos los consultados estuvieron de acuerdo -al menos de palabra- en implementar esa unidad de investigación. Y a ese consenso se sumó la recomendación que la Institución Nacional de Derechos Humanos (indh) formuló al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 14 de diciembre, a raíz del planteo del Observatorio Luz Ibarburu. La recomendación de la indh recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece «el deber de los estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos». El texto enviado al ministro Bonomi recuerda, asimismo, que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay, de febrero de 2011, «impone claramente al Estado uruguayo la obligación de generar las capacidades técnico-operativas necesarias para la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado». Puesto que la propuesta del Observatorio es funcional a la obligación señalada por la Corte, la dirección de la indh resolvió recomendar «que en el plazo más breve posible, preferentemente antes de la finalización de la Feria Judicial Mayor (el 1 de febrero) se constituya una unidad especial para auxiliar al Poder Judicial en la investigación de las denuncias» sobre delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, y que la misma funcione en la órbita del Ministerio del Interior, «integrada por personal profesional de esa secretaría de Estado con especialización en las diferentes disciplinas involucradas en investigación criminal», y también por «personal especializado en atención y seguimiento a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares».
La indh explica en su recomendación que la subordinación de la unidad al Ministerio del Interior se debe a que ese ministerio cumple una función específica de auxiliar de la justicia; pero igualmente señala que la unidad especial «deberá coordinar y recibir el apoyo técnico de otras instituciones y dependencias públicas no subordinadas al Ministerio del Interior». Al emitir esa recomendación, la indh se estaba ajustando a las competencias adjudicadas por el Parlamento cuando la creó por ley y debatió extensamente la designación de sus autoridades. En su oportunidad el debate sobre los nombres reveló la jerarquía de ese organismo que, aunque en última instancia es dependiente del Parlamento, tiene una excepcional autonomía para indagar, hacer seguimiento sobre cuestiones de derechos humanos y formular las recomendaciones pertinentes. Esta recomendación sobre la creación de una unidad de investigación, a partir de una propuesta del Observatorio (integrado por representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Hijos-Uruguay, Crysol, Onajpu, Serpaj Uruguay, Ielsur, Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos, Colectivo Denunciantes de Octubre de 2011 y la Fundación Mario Benedetti), de hecho pone sobre el tapete la cuestión del reconocimiento de su autoridad. Sin embargo, a más de un mes de adoptada la decisión, no hay reacción conocida del Ministerio del Interior.
El 15 de marzo el Observatorio emitió un comunicado en el que manifestaba su «preocupación ante la situación denunciada (la ausencia de una resolución), que se suma a las dilatorias que padecen muchas causas por improcedentes recursos insólitamente demorados ante la Suprema Corte de Justicia». Todos están de acuerdo con instalar la unidad de investigación, pero igual marche preso. Si se concreta el gatopardismo en esta cuestión no sólo se estará contradiciendo en los hechos lo que se prometió en la Corte Interamericana; también se revelará que la trajinada votación en el Parlamento para la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos fue un saludo a la bandera.