En una suerte de vuelta de campana, la flamante ola derechista en América Latina -ver los gobiernos de Mauricio Macri, en Argentina, y de Michel Temer, en Brasil- no ha demorado en aplicar el duro ajuste fiscal conocido de antaño en la zona, con las consabidas consecuencias económicas y sociales. Desde Página 12, el sociólogo […]
En una suerte de vuelta de campana, la flamante ola derechista en América Latina -ver los gobiernos de Mauricio Macri, en Argentina, y de Michel Temer, en Brasil- no ha demorado en aplicar el duro ajuste fiscal conocido de antaño en la zona, con las consabidas consecuencias económicas y sociales.
Desde Página 12, el sociólogo Emir Sader apunta que, para su propósito, los reaccionarios tuvieron que recomponer el viejo diagnóstico según el cual los problemas son el «fruto» de gastos excesivos del Estado. Algo evidentemente desmentido por la praxis, porque en esas mismas naciones, no lo olvidemos, los gabinetes progresistas respondieron a los torvos efectos de la crisis internacional iniciada en 2008 con orientaciones diametralmente opuestas a las vigentes: aplicaron medidas anticíclicas.
«Con ello pudieron sacar rápidamente a las economías de la recesión, volver a crecer, superar el desempleo y retomar la dinámica de expansión económica con distribución de renta, que permitió el momento más virtuoso de la historia de esos y de otros países del continente en este siglo».
El pensamiento sofístico intenta inculcar la idea de que la extrema situación actual resulta generada por el modelo que en verdad mejor funcionó, amplía el intelectual, para acotar: «Dicen que se habría gastado demasiado. Que los gastos en políticas sociales serían la causa del desequilibrio de las cuentas públicas. No las altísimas tasas de interés, no el pago de las deudas interna y externa, no la evasión de impuestos, no los paraísos fiscales, no los subsidios a los grandes empresarios, no la especulación financiera.
«En realidad, la derecha vuelve para destruir lo que fue construido a lo largo de este siglo en los países donde logra, por una u otra vía, volver al gobierno. Su agenda es estrictamente negativa: privatización de propiedades públicas, menos recursos para políticas sociales, menos derechos para los trabajadores, más recesión, más desempleo. Más Estados Unidos en el continente y menos integración regional».
Para eso se han echado a un lado -¿hasta cuándo y hasta dónde?- las armas desembozadas, simplemente porque desde hace tiempo, como recuerda Aurelio Alonso en su libro El laberinto tras la caída del muro (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006), «la aplicación del modelo neoliberal encontró más funcionalidad en la dinámica electoral del sistema democrático representativo que en las dictaduras militares. Este es un dato necesario para no caer en la trampa de creer que la democratización vivida es un producto generoso y natural de la lógica del capital. Para la máquina de poder del capital se hace más factible enfrentar la crisis de gobernabilidad mediante el entendido de que la vía electoral proveerá soluciones. La alternancia no solo reporta virtudes; también contribuye a reducir el papel del Estado en las economías nacionales. Esta funcionalidad explicaría por sí sola que la dependencia neoliberal, particularmente en América Latina, optara por la adopción de formas democráticas».
¿Por qué, al fin y al cabo, buen segmento de la ciudadanía se inclinó por lo de antaño en estos casos?
Puede que encontremos una pauta en el propio Alonso, para quien una (otra) paradoja consiste en que las dinámicas del Sistema hacen coincidir a menudo el incremento de la presencia de la izquierda en esferas de decisión con momentos muy regresivos en lo que se refiere a la distribución de los ingresos (lo que no sucedió mientras el precio de las materias primas, principal renglón exportador del área, se mantuvo en la comba celeste) y en el empobrecimiento (relativo) de la población.
Pero ubicándonos vigorosamente en el presente, el analista Andrés Mora Ramírez trae a colación, en ALAI, que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) acaba de publicar un valioso informe en el que ahonda en el análisis de algunas dimensiones o «ejes estructurantes de la profunda y persistente desigualdad social que caracteriza a nuestra región, a saber: la condición socioeconómica (la clase social); las desigualdades étnicas y raciales y su relación con las desigualdades de género; las desigualdades a lo largo del ciclo de vida, y las desigualdades territoriales».
Conforme a Mora, la divulgación del documento arriba en un momento oportuno, ya que, «en un contexto regional signado por el avance de la restauración conservadora y neoliberal», las acciones políticas y económicas de las fuerzas de derecha otra vez en el poder -«unos por la vía de las elecciones y otros por el golpismo de nuevo patrón- amenazan seriamente la sostenibilidad de los avances en materia de desarrollo social y humano alcanzados durante los últimos 15 años, especialmente por los gobiernos progresistas y nacional-populares».
La Cepal reconoce que la reducción del desnivel alcanzado en períodos recientes tuvo un fuerte componente de voluntad y decisión estratégica, en un contexto económico favorable a la América Latina, toda vez que «los gobiernos de los países de la región dieron una alta prioridad a los objetivos de desarrollo social y promovieron políticas activas de carácter redistributivo e incluyente».
En efecto, entre los años 2000 y 2014 la penuria disminuyó sustancialmente, al pasar de 43,9 por ciento a 28,2; en tanto que la indigencia se comprimió de 19,3 a 11,8, en virtud del «aumento de los ingresos de los hogares a causa de la mejora del mercado de trabajo (disminución de la tasa de desocupación, aumento de los ingresos laborales e incremento de la formalización y de la participación laboral de las mujeres) y por la expansión del gasto público social y de las políticas de lucha contra la pobreza, entre ellas, las transferencias monetarias».
Sin embargo, esto todavía no es suficiente, y se requieren cambios de más raigales repercusiones en nuestras sociedades. «Como muestra la experiencia histórica y reciente de América Latina y el Caribe -dice el estudio-, si bien el crecimiento económico es un factor fundamental para la reducción de la pobreza, la desigualdad puede limitar significativamente ese proceso. Sin un cambio en la distribución del ingreso, incluso los altos niveles de crecimiento son insuficientes para reducir la pobreza en forma sostenible».
Cual proyectil lanzado al centro mismo de la situación en algunos Estados, precisamente los de la «vuelta de campana», la Cepal formula ocho recomendaciones -a manera de desafíos- para las administraciones: 1) articular la política económica, la ambiental y la social; 2) «desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos y ciudadanía social, esto es, que todas las personas, por el solo hecho de ser parte de la sociedad, tienen pleno derecho a acceder al bienestar social»; 3) construir políticas de desarrollo bajo el principio de universalidad sensible a las diferencias, «para romper las barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas que residen en áreas rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, así como los niños, los jóvenes y los ancianos»; asimismo, 4) «el fortalecimiento de la institucionalidad social, con miras a reforzar la sostenibilidad de las políticas sociales como políticas de Estado y no solo de gobierno»; 5) la promoción de la cohesión territorial por medio de políticas sociales; 6) la mejora en las bases de datos y los indicadores estadísticos para la toma de decisiones; 7) la protección del gasto social y el resguardo de los ingresos tributarios frente a «una élite activa y con poder de veto» que se opone sistemáticamente al pago de impuesto; y por último, y 8) la necesidad de «transitar de la cultura del privilegio a una cultura de la igualdad».
Loable empeño el de la mencionada entidad. Ahora, deviene archiconocido que las buenas intenciones quedan precisamente en amagos si no cuentan con el soporte material, con el sujeto que las pondrá en práctica, en este caso las masas, verdad de perogrullo que no vadeamos, para abocarnos a una interrogante que se formula en voz alta el antes mencionado Sader:
«¿Cómo deben reaccionar las fuerzas populares frente a esa ofensiva conservadora?».
Y seguimos comulgando con él cuando se responde que, antes que todo, buscando el más amplio proceso de toma de conciencia, movilización y organización de las víctimas de las políticas de los «nuevos-viejos» gobiernos.
Sin eso no será posible revertir la coyuntura. En segundo lugar, apostilla, ir tras la más amplia unidad de las fuerzas opositoras, tomando como línea divisoria entre los dos campos precisamente al modelo neoliberal. Igualmente, realizar «un balance del pasado reciente, pero valorando todo lo conquistado como paso previo a la crítica de los errores». Y «reconquistar la hegemonía de los valores que han llevado a los gobiernos progresistas a ser elegidos por la mayoría. Reelaborar los temas de la justicia social, de la democracia política, de la soberanía nacional, entre tantos otros, en los términos actuales, después de los avances de la derecha».
Dentro del imprescindible plano de lucha ideológica, que acompaña a la política, conforme a nuestra fuente, habría que reimponer como objetivos fundamentales el desarrollo económico con distribución de renta, después de desarticular las falsedades con las que la derecha retorna a algunos países de América Latina.
Esto, si no queremos «marearnos» hasta sucumbir con tanta vuelta de campana.
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