Ha habido cuestionamientos por la estrategia del Gobierno de Xiomara Castro para diversificar las fuentes de financiamiento externo, más allá de aquellas denominadas tradicionales, caso de los Organismos Financieros Internacionales como el Banco Mundial, BID, FMI y BCIE, los bancos locales y la banca privada internacional. Estos cuestionamientos provienen no solo de empresarios, exfuncionarios de Gobierno y diputados de la oposición política, sino también de ciertos dirigentes del mismo partido Libertad y Refundación (LIBRE) en el poder y académicos.
Se argumenta que los recursos a contratar resultarán más caros para la economía hondureña, si se comparan con los otorgados por Organismos Financieros Internacionales (OFIs), pero se ignora la condicionalidad que se impone, especialmente cuando se cuenta con un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Parte de estas condicionalidad, entre “bastidores”, refiere a la devaluación acelerada, metas de inflación, privatización de servicios públicos, vigencia de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), salario por hora, cumplimiento del pago del servicio de la deuda externa, control del gasto de inversión y derechos de propiedad sobre la tierra, aunque mucha de ella se encuentra ociosa.
También se dice que el Gobierno utilizará dichos recursos para afianzarse en el poder, pagar deudas pendientes con países como Venezuela, y facilitar el desarrollo de proyectos que involucran a China. Incluso se denuncia que los fondos servirán para mantener una clientela política y burocracia publica inoperante con bajos niveles de ejecución del gasto de inversión por la falta de verdaderos proyectos consensuados con la población, y no aquellos de arrastre formulados en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH).
Un argumento a favor del Gobierno actual, es el creciente endeudamiento de la economía hondureña heredado, con una deuda total que aumentó de 3,000 millones de dólares a 20,000 millones de dólares (Ricci Moncada, ministra de SEFIN-30-06-2023), un 566% más. De acuerdo a cifras del Gobierno, “el saldo de deuda pública de la Administración Central al 31 de diciembre de 2021 equivale al 56.7% del PIB, en la evolución de la deuda pública en relación al PIB para el período 2016–2021, se puede observar un leve incremento en el periodo 2016 al 2019 producto de la aprobación y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. En el año 2020 se observa un aumento pronunciado explicado por una mayor obtención de recursos internos y externos para hacer frente a los efectos adversos originados por la pandemia del COVID-19 y la emergencia humanitaria y sanitaria declarada en 2020”[1]
A ello se suma la piñata del uso de los fondos públicos, como la proliferación de los fideicomisos, las Alianzas Público-Privadas, aumento desmedido del gasto y endeudamiento como “Palmerola”, el déficit de la “llamada pulpería, conocida como el “Tason “de Seguridad y la corrupción generalizada, evidente después de 2020 con el Covid-19.
Un segundo argumento a favor es el aumento del endeudamiento con fuentes multilaterales y una disminución de la ayuda bilateral. El en caso del endeudamiento con fuentes bilaterales, su monto representa menos del 10% de los recursos de la Administración Publica Central. La estrategia de diversificar las fuentes de crédito es válida en tal sentido, pero también el Gobierno debe desarrollar una estrategia más efectiva para conseguir recursos de donación tan necesarios para el país.
También se justifica esta política de más fuentes de crédito, por la ausencia de recursos locales para financiar proyectos de mayor envergadura e impacto tipificados como prioritarios en el Plan de Gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro (compromisos de campaña) y el alto costo del crédito privado nacional e internacional.
La adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la posible participación o unión al Banco del grupo BRICS (Brasil, Rusia, india, China y Sudáfrica) y convenios de cooperación con países latinoamericanos en el marco de la cumbre del CELAC-UE, abre un abanico de posibilidades más amplio de crédito y cooperación externa que aquel focalizado en OFIs, la banca privada nacional e internacional.
A lo interno es donde se observa una tendencia a la baja de bonos locales. La adhesión al CAF ha sido cuestionada por diputados de la oposición política después que habían votado a favor, mostrándose renuentes a firmar el acta que ratifica dicha aprobación. La presidente Xiomara Castro ha dicho que ello es cosa juzgada, pero siguiendo los argumentos de los diputados de oposición, no puede aceptar sancionar favorablemente dicho decreto que la junta directiva del Congreso ha pedido una interpretación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Se ha acelerado el proceso para la firma de un tratado comercial con China, siguiendo la misma lógica con el RD-CAFTA, o sea buscar beneficios entre desiguales y sin hacer visibles las asimetrías comerciales y tecnológicas. Hay que valorar primero la cooperación bilateral de China a Honduras, como paso previo para la negociación del tratado comercial; incluso, conviene analizar los efectos e impacto del RD-CAFTA como referencia previa.
El aumento de la cartera de proyectos de inversión para cooperación bilateral debe acelerarse, el tiempo apremia. Los compromisos y acuerdos suscritos implican que el país está preparado con la cartera de proyectos de inversión nuevos, y no solo con aquellos apoyados por los OFIS.
Se espera que la presidenta Xiomara Castro haga cambios en la estructura institucional del Gobierno y funcionarios públicos, lo cual debe ser antes de noviembre próximo. Igual, construir una agenda de trabajo más operativa con base a metas de impacto en la población, acompañado de organizaciones de sociedad civil, ciudadanía y Academia. Algunos procesos de trabajo en marcha ligados a los planes estratégicos institucionales de corto y mediano plazo, deben dar paso a una agenda técnica-política multisectorial y regional liderada por la propia presidente de la Republica.
Un punto de dicha agenda es la integración de aquellos temas que la oposición política, empresarios y ciudadanía consideran que se ha avanzado poco, pero que para el Gobierno son compromisos de campaña con avances que para la prensa mediática no son muy visibles: ejemplo, la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras (CICIH) y los programas masivos de generación de empleos de buena calidad, protección del bosque y reducción del hambre.
Nota:
[1] Ver Informe de la Situación y Evolución de la Deuda Publica de la Administración Central de Honduras (preliminar). SEFIN, diciembre de 2021, Tegucigalpa, DC, pág. 5
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
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