El golpe de Estado en Guatemala en 1954, como el golpe en Brasil en 1964 y la invasión a República Dominicana en 1965, son hechos que caracterizan el entorno político del golpe de Estado de 1973 en Uruguay.
En los archivos del entonces quincuagenario Henry Kissinger (hoy centenario con crímenes en su historial que es preciso contar por miles) figura el encuentro en Londres, en diciembre de 1971, entre Richard Nixon y Edward Heath, en el que Nixon recomienda seguir alentando a la dictadura militar de Brasil, que ayudó a “arreglar las elecciones uruguayas”.
Pasajes como este constituyen un desmentido a la afirmación de los medios controlados por corporaciones de que la imposición política de las grandes potencias va dirigida a preservar la democracia. Las urnas tiradas en cualquier lugar y la cantidad de votos superior al número de electores son trucos concebidos por estrategas imperialistas. Se aplicaron en Uruguay y se han aplicado en otros países (en República Dominicana, por ejemplo, en 1966 y en 1994).
Al fraude se suma un libreto de acción, la llamada Operación 30 Horas, elaboración yanqui para ser ejecutada por Brasil. La dictadura militar brasileña intervendría militarmente a Uruguay para reponer al presidente Jorge Pacheco Areco en caso de que el Frente Amplio, agrupación de la cual formaba parte el Partido Comunista, ganara las elecciones de 1971. Huelga mencionar, junto al nombre de Pacheco Areco, los de Nixon y Kissinger. La dictadura argentina no participaría en la manipulación electoral, pero apoyaría un golpe de Estado para reinstaurar a Pacheco.
Se trataba de apuntalar el atraso político y a ese proyecto dedicaron sus esfuerzos los representantes del anticomunismo en América y el resto del mundo.
Asumieron como de alto interés nacional y regional el combate a los grupos contestatarios y a las organizaciones armadas que surgieron en el ambiente de represión instaurado con la crisis generada por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y el descrédito de un liderazgo desfasado, servil y criminal.
LOS SEÑORES DEL GARROTE
El presidente que el 27 de junio de 1973 disolvió el Congreso, Juan María Bordaberry, fue electo mediante la manipulación que Nixon y Kissinger reconocen en 1971, y representaba la línea directa de continuidad de Pacheco Areco. Los sufragios fueron “contados” para favorecer a la derecha representada por el Partido Nacional o Partido Blanco, que perdió por poco margen, y el Partido Colorado, que postuló a Bordaberry. Al Frente Amplio, que postuló a Líber Seregni, apenas le asignaron en el conteo el 18.3 por ciento.
El imperialismo y las dictaduras continentales actuaban en Uruguay con descaro tanto en la represión a la resistencia interna (el principal brazo armado de esa resistencia era el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) como en el trabajo contra los movimientos revolucionarios latinoamericanos y en la conspiración contra los gobiernos de Cuba y de Chile.
Con apoyo internacional y colaboración de la oligarquía uruguaya, Pacheco Areco había comenzado a aplicar, en junio de 1968 (hace 55 años, si de aniversarios se habla), las Medidas Prontas de Seguridad, MPS. Fueron congelados los precios (en términos oficiales, aunque no en los hechos), fueron congelados los salarios y la libertad sindical fue eliminada de facto. La tortura, las detenciones masivas y el asesinato de opositores pasaron a formar parte de lo cotidiano en Uruguay. ¿Es esto democracia?
En 1969 llegó Daniel Anthony Mitrione (Dan Mitrione), definido como experto en contrainsurgencia por sus jefes de la International Cooperation Administration. Mitrione estuvo en Santo Domingo después de la intervención de 1965 y durante años colaboró también con los cuerpos represivos de Brasil. En Uruguay, convirtió su casa en centro de entrenamiento de torturadores, a quienes orientaba sobre los niveles de dolor y las medidas de daño permanente indicadas para arrancar confesiones y dominar la voluntad del opositor prisionero antes de liberarlo, matarlo o dejarlo en algún pasillo donde le llegara la muerte tras una larga agonía.
Mitrione fue atrapado, interrogado y fusilado por los tupamaros en 1970. Algunos medios de Europa y de Estados Unidos se unieron al “llanto” de Pacheco Areco (que declaró Duelo Nacional) y otros editorializaron calificando de extremista y no caballerosa la acción de los tupamaros.
La Casa Blanca lo describió como luchador por el progreso pacífico. Nixon asistió a su funeral. ¡Habrán borrado esta nota los defensores del orden que resguarda a banqueros, terratenientes, petroleros, fabricantes de armas y actores similares!
No fue Mitrione el único agente yanqui tomado prisionero, pero su caso tuvo alta presencia mediática.
La disolución del Parlamento fue una acción tomada por Bordaberry, pero diseñada por la derecha nacional y regional y los estrategas imperialistas.
Trascienden estos hechos las fronteras de la tierra en que nació José Artigas. La injerencia imperialista auspició la alianza de las dictaduras suramericanas, que orquestaron, bajo la dirección de estrategas yanquis, europeos e israelíes, proyectos criminales como el Plan Cóndor, que cobró decenas de miles de vidas en América Latina.
La dictadura militar uruguaya (en su versión sin disfraces) se prolongó hasta 1985. Juan María Bordaberry, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez, ejercieron como gobernantes con el sello del Partido Nacional o el del Partido Colorado, pero es obligatorio incluirlos en la lista de lacayos encargados de coordinar, a nivel continental, las más repugnantes tropelías.
En el Archivo de Seguridad Nacional figura un documento en el cual se hace constar que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos revocó el 16 de septiembre de 1976 la orden que había dado un mes antes a los embajadores yanquis en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay de que advirtieran a los regímenes militares que se abstuvieran de cometer una «serie de asesinatos internacionales». A esta negativa atribuyen muchos analistas la consumación del asesinato del dirigente chileno Orlando Letelier.
No causa asombro que Kissinger decidiera dejar las manos sueltas a sus agentes del crimen, pero es indignante el poder de Estados Unidos para sembrar muerte en América Latina formando, entrenado y otorgando poder a esos agentes. La conquista de la soberanía es una meta irrenunciable.
Hoy, agentes de la misma estructura de poder, (Joe Biden, Donald Trump, Antony Blinken, Laura Richardson, Mike Pompeo…) se presentan en América Latina como agentes de la democracia y posan junto a presidentes (casi todos poseedores de hediondas fortunas) y a legisladores comprometidos con el robo y el saqueo, ordenando mantener a disposición de los intereses imperiales los recursos que deben ser destinados a eliminar la miseria y a superar el subdesarrollo.
Es una expresión de estafa política el coro de los progresistas que temen ser calificados como revolucionarios (en realidad no lo son). La autodeterminación de los pueblos tiene como requisito la soberanía, para cuya conquista es indispensable romper los lazos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y combatir el proyecto imperialista. Sumarse a ese proyecto es una acción retrógrada, no importa el pretexto que se utilice.
A cincuenta años del inicio formal de la dictadura en Uruguay, que se prolongó hasta 1985, la derecha continental sigue a la orden de los sustentadores de un proyecto de saqueo que se actualiza con las nuevas necesidades, pero acentúa su definición de criminal… No es Kissinger el único mal que puede durar 100 años… El proyecto imperialista será derrumbado por la fuerza de los pueblos… Es necesario, pues, impulsar la toma de conciencia para imprimir contundencia a la lucha… Por la preservación de la vida, por la dignidad.
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