La madrugada del 18 de julio de 1992 un destacamento de inteligencia del ejército peruano entró en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta (Lima).
El destacamento “Colina” fue el responsable directo de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de dicha casa de estudios. Fujimori, era el Presidente de Perú desde julio de 1990 y había protagonizado un auto-golpe, disolviendo el legislativo e interviniendo el resto de las instituciones en abril de 1992. Éste junto a su asesor Montesinos y el general Hermoza Ríos fueron los que dieron las órdenes de esta masacre.
Perú llevaba más de una década inmersa en un periodo de violencia y guerra anti-insurgente contra Sendero Luminoso y el MRTA; una guerra que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, superó en el periodo 1980-2000 los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado.
Este año se conmemoran los 30 años de aquella masacre con diferentes actos organizados por familiares de las víctimas y organizaciones de DDHH. En el LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social), un vanguardista edificio de hormigón, situado frente al pacífico, que alberga exposiciones permanentes y temporales y realiza actividades para entender la historia de violencia ocurrida en el Perú en aquel periodo, se reunieron, el pasado 19 de julio, diferentes protagonistas y testigos de esta historia inconclusa.
En la actualidad, Fujimori cumple una condena de 25 años por esta masacre y otros hechos como la matanza de Barrios Altos. Una condena que es producto de la lucha de los familiares de las víctimas, abogados y la prensa que en su día hizo importantes revelaciones del caso en tiempos de la dictadura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006), la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia (2009) y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (2010), así como en el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación Nacional (2003), establecieron la responsabilidad de agentes y autoridades peruanas en esta masacre y crímenes calificados como delitos de lesa humanidad. Lo que finalmente quedó demostrado es que, desde los altos mandos del poder, se implementó una estrategia de lucha clandestina contra la subversión que afectó incluso a civiles que nada tenían que ver con organizaciones terroristas. En el caso de la Cantuta, Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermoza Rios dieron la orden de realizar un operativo militar como respuesta al atentado de la calle Tarata realizado por el grupo maoista Sendero Luminoso; el plan de operaciones preveía el ingreso universidad de la Cantuta para lo que se dio las instrucciones al jefe de la unidad militar instalada en dicha universidad para que se franqueara el paso a los militares. Las víctimas fueron secuestradas y ejecutadas extrajudicialmente, fueron enterradas provisionalmente y en 1993 desenterradas y trasladadas a otro lugar (Cieneguilla).
En estos procedimientos judiciales quedó aclarado que ninguno de los estudiantes, ni el profesor, tenían vínculos con grupo subversivos. Sin embargo, no todos los culpables han sido condenados ni se ha conseguido reparar a las víctimas. Fujimori no ha reconocido su responsabilidad en los hechos, ni pedido perdón, tampoco ha pagado la responsabilidad civil de la condena.
Avelino Guillén, quien fue Fiscal en los juicios contra Fujimori, manifestó que en este caso se demostró con absoluta crudeza el accionar del estado para eliminar civiles indefensos y recordó, como Roland Gamarra escribió recientemente, que en el encubrimiento posterior a la matanza se vio la acción concertada de todo el aparato estatal para impedir la acción de la justicia, para lograr la impunidad. “Durante el Gobierno de Fujimori se diseñó una estrategia de eliminación de personas por parte del aparato del Estado”. “Durante el proceso judicial se determinó que en el Gobierno se configuró una estructura delictiva con sede en el servicio de inteligencia nacional que tenía un órgano de decisión jefaturado por Fujimori, Vladimir Montesinos, y Hermoza Ríos y a través de la cadena de mando llegar al aparato de ejecución, el destacamento militar Colina, que sólo tenía un objetivo, eliminar personas, desde septiembre de 1991 no entregaron nunca un solo detenido, solo restos ocultos en fosas. Eso fue el Gobierno de Fujimori, sin embargo un gran sector de la población engañada pretende olvidar este hecho”. Para Avelino Guillen “gracias a los familiares tenemos hoy un mejor país, con dignidad justicia, es un ejemplo a seguir, a los pocos días interpusieron un habeas corpus contra los jefes militares, cuando Fujimori controlaba todo”.
La abogada Gloria Cano también participó en estos procesos judiciales y hace parte de la directiva de APRODEH, una organización de derechos humanos que durante mas de 40 años ha exigido justicia y reparación. Cano recuerda cómo los familiares iniciaron ese largo caminar a los pocos días de suceder los hechos y las dificultades que han tenido que enfrentar. Desde la extradición de Fujimori, cuando huyó a Japón y Chile, el fujimorismo ha intentado excarcelar a su líder mediante un indulto en 2017 y, en 2022, mediante una petición de habeas corpus que fue estimada por el Tribunal Constitucional pero rechazada, finalmente, por la Corte Interamericana. “Aun seguimos en la lucha porque hay un grupo de miembros de Colina que no fueron juzgados esa vez amparados por la sentencia que tenían en el fuero militar”. También se refiere a la recuperación de los 5 cuerpos que aun no se han encontrado, la reanudación de las diligencias de búsqueda en Cieneguilla y las gestiones ante el Ministerio Público para que vuelvan los restos recuperados que se llevaron en 1993 a una clínica de Londres para realizar unos análisis forenses y que fueron extraviados.
El fujimorismo y la extrema derecha atacan a las víctimas estigmatizándolas como terroristas. Glatzer Tuesta Altamirano, abogado del Instituto de Defensa Legal, hace referencia al “terruqueo” que es como se conoce en Perú el fenómeno de atacar al contrario acusándole de tener afinidades terroristas: “la prensa en estos tiempos de distorsión y negacionismo hace héroes a los villanos y demócratas a los violadores de DDHH y a los dictadores”. Precisamente, el domingo anterior, el 18 de julio, en otro homenaje a las víctimas en el memorial del “Ojo que llora”, un grupo de provocadores organizados se acercó al acto para insultar a los asistentes acusando a las víctimas de la Cantuta de terroristas y la sede de APRODEH ha sido objeto de diferentes concentraciones con fines intimidatorios.
En las distintas intervenciones de los invitados al acto se repite que el caso de la Cantuta es una cuestión de memoria y dignidad, una lucha inconclusa, “quedan asignaturas pendientes como se decía en la Universidad, hemos avanzado un poco pero hemos avanzado, juntarse es una señal de avanzar, mantener vivo el recuerdo es otra señal de avance”.
El caso Cantuta es emblemático porque representa la lucha de un país que no se rinde ante esos abusos e impunidad y a los miles de personas que en el Perú no se van a doblegar y que, organizados en las calles, en la justicia nacional e internacionales, seguirán buscando justicia. Johana Rodríguez afirma que: “el caso Cantuta transformó el dolor en amor y el amor nos moviliza, nada ha sido en vano, vamos ha seguir hasta el final, hasta encontrar a los 5 que nos faltan”. La Cantuta no se olvida.
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