Después de una tregua con motivo de las fiestas de fin de año, miles de peruanos han vuelto a las calles para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, obteniendo como respuesta una mayor represión y decenas de muertos y heridos.
Parece claro que la apuesta del régimen de Dina Boluarte –legal pero ilegítimo– consiste en aplicar la violencia y dejar correr el tiempo a fin de que las protestas se desgasten y queden confinadas a unas pocas regiones del país.
La profunda debilidad y extrema desubicación política de la nueva presidenta y del nuevo régimen estalló en sus narices sin que sepan qué hacer. En apenas dos semanas de protestas se contabilizaron 28 personas fallecidas por disparos de armas de fuego efectuados por la Policía Nacional y el Ejército Peruano. El país ya suma 45 muertos en un mes de crisis y se prepara para nuevas protestas.
Se trata de homicidios perpetrados por las fuerzas del orden en el marco de protestas sociales y de acuerdo al derecho internacional estos hechos califican como graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que realizará una visita a Perú “para observar la situación de derechos humanos” en el contexto de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde diciembre pasado.
A aplicar la represión y ganar tiempo también apunta la decisión del Congreso dominado por la derecha y presidido por el general José Williams, de posponer las próximas elecciones hasta abril de 2024, en espera de que para entonces se haya diluido el malestar social y se haya construido un proyecto político-partidista capaz de perpetuar el control oligárquico sobre la institucionalidad formalmente democrática.
Como ha ocurrido desde el primer día de las protestas populares tras la destitución del presidente elegido democráticamente Pedro Castillo, la única respuesta del gobierno respaldado por la oligarquía y la embajada estadounidense ha sido escalar la represión e ignorar el descontento de quienes no se resignan a ver el mandato de las urnas suplantado por arreglos cupulares.
La represión ha dejado al menos 32 muertos desde el 7 de diciembre, 36 hospitalizados entre el 4 y el 7 de enero, y 17 heridos de bala o piedras sólo el viernes 6 de enero.
Más allá de la coyuntura se aprecia la crisis política crónica que vive Perú desde hace al menos seis años (y muchos más, si se considera que el siniestro periodo dictatorial fujimorista de la década de 1990) es resultado de un entramado legal que sabotea de manera sistemática la gobernabilidad y que representa el principal obstáculo para el funcionamiento de la democracia.
En el sexto día de protestas en la región Puno, los enfrentamientos entre manifestantes, efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional habrían causado la muerte de 17 civiles y 52 heridos por arma de fuego. El Gobierno optó por acusar a los manifestantes de “hordas de delincuentes” y desconocer las demandas.
“Protestas de qué, no se está entendiendo claro qué están pidiendo (…) lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos”, afirmó Dina Boluarte. el primer ministro, Alberto Otárola, afirmó en televisión que lo ocurrido en Juliaca fue “un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y hacia las instituciones”. que estarían siendo financiadas por “dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico”.
La mención a los “dineros extranjeros” se enmarcó en la campaña que comenzó el Ejecutivo, congresistas y medios de comunicación como El Comercio, contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El Gobierno anunció el lunes la prohibición de ingreso al país del dirigente boliviano junto a otros ocho ciudadanos del país vecino.
Morales fue acusado de “amenazar el orden interno” y haber sido “muy activo propiciando una situación de crisis”. No es la primera vez que la derecha peruana acusa a Morales: ya en 2021 la Comisión del Congreso de Relaciones Exteriores del Congreso lo había declarado “persona non grata”.
Los hechos ocurrieron en Juliaca, en el departamento de Puno, frontera con Bolivia, donde Evo tiene mucha influencia de los aymaras. Allí se desarrolló la quinta jornada consecutiva del paro por tiempo indefinido que comenzó el pasado 4 de enero con epicentro en el sur del país, en particular en esa región de mayoría aimara, fuertemente movilizada, donde ya se habían registrado graves incidentes con otro intento de toma del aeropuerto.
Los hechos ocurridos en Juliaca generaron varias acciones de protesta en el país, como en Cuzco, o Lima, donde en los últimos días fueron registradas numerosas detenciones durante las protestas, como el viernes en la noche con 200 detenidos. “Detenciones masivas y arbitrarias buscan infundir temor y desalentar el ejercicio del derecho a la protestas”, afirmó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)