Martha Quiñones Domínguez es una destacada economista y planificadora puertorriqueña, reconocida por su extensa trayectoria en el ámbito académico y de investigación. Cursó un doctorado en Instrumentos Sociojurídicos del Desarrollo Sostenible, con especialización en Economía, en la Universidad Complutense de Madrid, y complementó su formación con estudios de posgrado en Geografía Humana en la misma universidad, así como en Economía Pública y Política Fiscal en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, cuenta con maestrías en Planificación Ambiental y Economía, obtenidas en la Universidad de Puerto Rico. En la actualidad, es profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico.
Martha ha ocupado la presidencia de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) y de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), además de haber sido vicepresidenta de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (AEALC), organización con la que sigue colaborando. También ha sido la coordinadora de la Mesa Multisectorial del Bosque Nacional Modelo de Puerto Rico y lidera el Comité de Mujeres Economistas de la AEPR. En su trayectoria, ha sido consultora para las Naciones Unidas en dos ocasiones: una relacionada con la deuda pública y su impacto en las mujeres, y otra sobre la crisis climática y sus efectos en los pequeños países. Asimismo, ha presentado en las audiencias de la resolución 1514 XV de la ONU sobre el estatus colonial de Puerto Rico.
Su compromiso con el análisis de temas económicos en Puerto Rico es evidente, enfocándose en el desarrollo económico, la planificación, la igualdad de género (incluyendo los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en la economía), el medio ambiente, las industrias culturales, las comunidades y la sostenibilidad de los pequeños Estados insulares. Ha escrito numerosos artículos y trabajos de investigación que abordan diversos aspectos de la economía y la sociedad puertorriqueña, tales como el impacto de las políticas económicas, la situación fiscal del país y el desarrollo sostenible. Además, ha participado en conferencias y seminarios, donde comparte su experiencia y visión sobre la economía local y regional. Su trabajo incluye documentos de investigación y presentaciones en conferencias académicas a nivel internacional. Actualmente, forma parte de diversas juntas comunitarias, culturales y ambientales, y ofrece su asesoría en temas ambientales, sociales y académicos. Martha ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.
– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Por qué?
– Martha Quiñones Domínguez (MQD, en adelante) – Es hora de exigir el fin del colonialismo en Puerto Rico y de iniciar una conversación sincera sobre reparaciones económicas por los daños causados a lo largo de más de un siglo de dominio de Estados Unidos.
Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que significa que no tiene plena soberanía. Esta falta de soberanía ha llevado a Puerto Rico a un estado de dependencia económica y política, donde decisiones clave para el bienestar de Puerto Rico se toman en Washington, a menudo sin considerar las necesidades y deseos de los puertorriqueños. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos implementó varias políticas de incentivos fiscales que beneficiaron a las empresas estadounidenses a costa de la economía local.
Por qué la reparación:
Desde 1898 han impuesto sus criterios económicos en beneficio del capitalismo imperial. Estados Unidos impuso una serie de cambios económicos que afectaron gravemente la estructura económica de la isla. Estas políticas fueron diseñadas para integrar a Puerto Rico en el sistema económico de Estados Unidos, beneficiando los intereses comerciales y estratégicos de la nueva metrópoli.
Pedir el fin del colonialismo, en especial en época de crisis de la metrópoli que va a pasar su problema de deuda externa, déficit comercial y déficit fiscal a la colonia (teoría centro-periferia), es la forma de rescatar a Puerto Rico de un destino donde se convierta en otro enclave militar y de producción y proceso de gas, como fue la CORCO (Commonwealth Oil Refining Company, Inc.). La CORCO, que operaba un terminal marítimo/terrestre para el manejo por arrendamiento de productos de petróleo, ahora sería de gas con resultados similares, otro fracaso de hacer una economía rentable para el capital de Estados Unidos, con sus efectos en agravar la contaminación ambiental, daños en la salud y el calentamiento global que tiene efectos en situaciones de riesgo ambientales y sociales. Las políticas coloniales han limitado gravemente las posibilidades de desarrollo económico autónomo en Puerto Rico. Por eso, las reparaciones podrían ser una forma de compensar el daño económico causado por la explotación de la isla.
En el proceso de negociar la independencia y plena soberanía, exigimos las reparaciones económicas como una reconstrucción de la justicia para remediar los daños históricos, psicológicos y estructurales causados por el colonialismo. Al igual que otras naciones han exigido reparaciones por crímenes coloniales, Puerto Rico también merece que se reconozcan y compensen los daños causados por más de un siglo de explotación colonial. Esta es una cuestión de justicia histórica, que debe reconocer tanto los daños estructurales como económicos, sociales y ambientales causados en el archipiélago, permitiendo a Puerto Rico avanzar hacia una economía independiente, próspera y autónoma. El fin del colonialismo y las reparaciones económicas no son solo una necesidad política y social, sino también un paso hacia la equidad y la reparación de los derechos humanos fundamentales del pueblo puertorriqueño (Malavet, 2002; Reverón, 2014, 2016; Torres Febre, 2023).
Los daños sufridos superan los beneficios obtenidos.
Con una devaluación de la moneda del 40% y en los ahorros y bienes de los puertorriqueños, afectando los préstamos y obligaciones financieras, especialmente a los agricultores y pequeños comerciantes. Se dolariza la economía, no existe política monetaria; inicialmente se permitió usar la moneda puertorriqueña como moneda de Estados Unidos hasta que este estabilizó su moneda.
Las políticas fiscales que transformaron la estructura económica de Puerto Rico favorecieron los intereses estadounidenses, limitaron el desarrollo autónomo de Puerto Rico y contribuyeron a su dependencia económica. Antes de 1898, Puerto Rico tenía un sistema de aranceles y tarifas proteccionistas que beneficiaban la producción local y el comercio con Europa y España. La Ley Foraker impuso un arancel del 15% sobre las importaciones desde Estados Unidos hacia Puerto Rico, lo que encareció los productos esenciales para la población. Dos años después, en 1902, se eliminaron por completo los aranceles entre Estados Unidos y Puerto Rico, integrando la isla en el sistema comercial estadounidense y cerrando la puerta al comercio con otros mercados.
La Ley Foraker estableció el control económico y político total de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Se impuso un sistema arancelario en el que Puerto Rico solo podía comerciar con Estados Unidos, eliminando el acceso a mercados europeos que antes compraban el café puertorriqueño, llevando a la quiebra a los productores de café.
Las empresas azucareras estadounidenses comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierra, desplazando a los productores locales. La producción agrícola pasó a estar dominada por intereses estadounidenses, y los puertorriqueños pasaron de ser dueños de sus tierras a trabajadores mal pagados en plantaciones controladas por extranjeros. Puerto Rico tenía una economía agrícola relativamente diversificada con acceso a mercados europeos y españoles; la llegada de Estados Unidos monopolizó el comercio y convirtió a la isla en una economía dependiente del azúcar controlada por corporaciones estadounidenses.
Se impusieron las Leyes de Cabotaje, que obligaban a que todo el comercio marítimo entre Puerto Rico y otros países se realizara exclusivamente en barcos estadounidenses. Esto encareció el costo de los bienes importados y limitó las oportunidades de crecimiento para los empresarios locales.
Muchos agricultores que habían perdido sus tierras se vieron obligados a trabajar como jornaleros en las plantaciones o a migrar a las ciudades.
La falta de oportunidades llevó a una migración masiva hacia Estados Unidos en busca de trabajo.
En lugar de desarrollar una economía diversificada y autosuficiente, las políticas impuestas por Estados Unidos crearon una estructura colonial y dependiente.
La Ley Jones permitió al gobierno de Puerto Rico emitir bonos y adquirir deuda sin la supervisión del Congreso de Estados Unidos. Esta política incentivó el endeudamiento del gobierno puertorriqueño, ya que los bonos de Puerto Rico fueron declarados exentos de impuestos federales, estatales y locales en Estados Unidos, lo que los convirtió en una inversión atractiva para inversionistas estadounidenses. Con el tiempo, este sistema condujo a un crecimiento descontrolado de la deuda pública, facilitando la crisis fiscal de Puerto Rico en el siglo XXI.
La Gran Depresión de 1929 impactó fuertemente a Puerto Rico, ya que su economía estaba altamente vinculada a la de Estados Unidos. La caída de los precios del azúcar y la disminución de la demanda de productos agrícolas provocaron una crisis económica severa, que tuvo consecuencias devastadoras en el empleo, el nivel de vida y la estabilidad social de la isla. El New Deal (Nuevo Trato) del presidente Franklin D. Roosevelt en los años 30 trajo cambios económicos y sociales para mitigar la crisis en Estados Unidos y sus territorios, incluyendo a Puerto Rico. El gobierno de Estados Unidos estableció la Administración para la Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA), que trajo alivio, pero los fondos y empleos no fueron suficientes para resolver la crisis estructural de Puerto Rico.
El modelo de los años 50 transformó a Puerto Rico en una economía industrializada, pero su dependencia en empresas extranjeras y la falta de capital local lo hicieron insostenible. Aunque inicialmente tuvo éxito, a largo plazo dejó a Puerto Rico vulnerable a crisis económicas y a una creciente dependencia de Estados Unidos. El gobierno promovió la instalación de fábricas extranjeras en la isla mediante incentivos fiscales y laborales atractivos (industrialización por invitación), con la meta de sustituir la economía agrícola por una economía industrial. El gobierno invirtió en zonas industriales, energía y transporte para atraer fábricas. Se desmanteló el sistema agrícola tradicional, principalmente la producción de azúcar, para dar paso a la industrialización. Se modernizaron carreteras, electricidad, educación y salud, pero la falta de desarrollo de capital local afecta la diversidad, debido a que las empresas extranjeras dominaban el sector industrial y repatriaban sus ganancias.
Cuando la economía se estanca en la década de 1970, se recurre a la salvación de los fondos federales en vez de evaluar el modelo económico estancado para transformarlo en uno que sirviera a las necesidades del país; más empleos, más producción local. Por eso podemos decir que el colonialismo en Puerto Rico ha dejado una herencia de desigualdad económica y social.
La relación de subordinación y de ser un enclave de producción de beneficios para Estados Unidos, además de enclave militar, ha dado lugar a una economía desequilibrada (se produce lo que no se necesita), una infraestructura deteriorada (falta de inversión en mantenimiento) y una cultura política de dependencia (como política pública de no perder fondos federales, aunque no sean necesarios).
Estados Unidos aprobó la Sección 936 del Código de Rentas Internas, que eximía a las corporaciones de pagar impuestos federales si operaban en Puerto Rico. Sin embargo, en 1996, la Sección 936 fue eliminada gradualmente, lo que resultó en un colapso del sector manufacturero y la crisis económica actual. En 1976, Estados Unidos creó la Sección 936, que permitía a las corporaciones estadounidenses establecer fábricas en Puerto Rico sin pagar impuestos federales sobre sus ganancias. Este incentivo atrajo a muchas farmacéuticas y manufactureras, pero no incentivó la creación de capital puertorriqueño, ya que las empresas eran extranjeras. En 1996, el Congreso de Estados Unidos eliminó gradualmente la Sección 936, lo que provocó un colapso en el sector manufacturero y agravó la crisis económica de Puerto Rico.
Puerto Rico ha dependido significativamente de los fondos federales de Estados Unidos para estabilizar su economía, reducir la pobreza y mejorar los servicios públicos. Sin embargo, esta dependencia ha tenido consecuencias económicas, políticas y sociales profundas, incluyendo el debilitamiento de la economía local y la falta de autonomía fiscal. En lugar de fortalecer la economía local, se ha perpetuado un modelo basado en asistencia externa. Se ha creado una economía artificialmente sostenida. Sin un plan de desarrollo económico autosuficiente, Puerto Rico seguirá atrapado en un ciclo de dependencia y falta de autonomía económica.
Además, los efectos del colonialismo también se han manifestado en la pobreza estructural y las altas tasas de desempleo que sufren los puertorriqueños.
La pobreza estructural la encontramos en la situación de desigualdad crónica que afecta a un grupo de personas en una sociedad. Se caracteriza por la existencia de barreras para la movilidad social y por la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas que impiden el acceso a los derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, a los servicios básicos, y a la participación; además, provoca que las personas no puedan hacer frente a gastos imprevistos (como sequías, huracanes o enfermedades como el COVID-19). Los bajos salarios son parte de esa pobreza que condena a las personas a trabajar sin poder llegar a fin de mes. En adición, las políticas de Estados Unidos, como la Ley de Cabotaje o el modelo de endeudamiento, la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, una ley que creó una junta de control fiscal con el fin de manejar la crisis de la deuda de Puerto Rico) han contribuido a un ciclo de deuda pública que no solo empobrece a Puerto Rico, sino que también limita las posibilidades de crecimiento económico autónomo y afecta el desarrollo.
En el ELA, Puerto Rico no tiene el poder de establecer su propia política comercial o fiscal, ya que debe seguir las reglas impuestas por Estados Unidos. El gobierno local tiene poca capacidad para generar ingresos, lo que lo obliga a endeudarse constantemente.
Las exenciones fiscales para corporaciones extranjeras han impedido el desarrollo de una clase empresarial puertorriqueña fuerte. Puerto Rico ha sido utilizado como un paraíso fiscal para empresas extranjeras, pero sin beneficios a largo plazo para la población.
Durante décadas, Puerto Rico emitió deuda para financiar su déficit fiscal, en parte porque no tenía un sistema de impuestos robusto que le permitiera generar ingresos suficientes. Los inversionistas de Estados Unidos compraban bonos del gobierno de Puerto Rico porque estos eran triples exentos de impuestos, lo que generó una burbuja de deuda. En 2015, el gobierno de Puerto Rico declaró que su deuda de más de $70,000 millones era impagable, lo que llevó a la imposición de la Junta de Control Fiscal (Ley PROMESA, 2016) para manejar la crisis fiscal actual, lo que ha provocado recortes en servicios públicos esenciales como salud, educación y pensiones, entre otros. La Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos ahora controla el presupuesto de Puerto Rico, limitando aún más la soberanía económica de la isla.
Además de los costos por experimentación y destrucción ambiental. Todo esto hace necesario que hablemos de indemnización o Derecho a la Reparación, que compensa los años de colonialismo que han privado a Puerto Rico de ejercer libremente su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia (Reverón, 2014, 2016).
– WRS – ¿Qué relación, si alguna, ves entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?
– MQD – La migración puertorriqueña a Estados Unidos no es solo una cuestión de desplazamiento físico, sino también una manifestación de la desigualdad económica estructural que ha sido impuesta por las políticas del Congreso de Estados Unidos. La migración ha servido, en parte, como mecanismo de ajuste económico, en el que la falta de empleo y la explotación económica en la isla obligan a los puertorriqueños a emigrar para sobrevivir. La migración ha contribuido a la fuga de cerebros y la pérdida de talento en Puerto Rico, mientras que las corporaciones estadounidenses han continuado explotando la isla sin devolver suficiente valor a su economía. Y es parte de lo que se debe medir en costos económicos del daño colonial.
La migración masiva y la explotación económica de Puerto Rico son dos aspectos interrelacionados de un sistema de dependencia económica que no ha favorecido el desarrollo autónomo de la isla. Así que la migración de los puertorriqueños a Estados Unidos y la explotación económica de la isla por las corporaciones estadounidenses y el militarismo son fenómenos profundamente conectados. Ambos son consecuencia de un sistema económico desigual, impulsado por las políticas del Congreso de Estados Unidos, que no solo ha mantenido a Puerto Rico en un estado de subordinación económica, sino que también ha obligado a su población a migrar en busca de mejores oportunidades.
Desde 1898, la falta de oportunidades económicas, sociales y la persecución política llevaron a la migración hacia Estados Unidos. Pero cuando las condiciones se agravan en Estados Unidos, se da una migración de retorno. Existen varios períodos de migración en la historia de Puerto Rico, funcionando como una válvula de escape económica y social en momentos de crisis. A lo largo de los siglos XX y XXI, distintos factores han impulsado oleadas migratorias hacia los Estados Unidos, principalmente en busca de empleo, estabilidad y mejores condiciones de vida. Además de la persecución política, predominan las faltas de oportunidades económicas en Puerto Rico, que en gran parte fueron resultado de las políticas económicas impuestas por Estados Unidos, y la creación de condiciones que empujaban a los puertorriqueños a buscar mejores oportunidades en el continente.
Una ola se dio entre 1898-1930, que fue la Transición Colonial, y su causa fue la crisis económica tras la invasión de Estados Unidos en 1898, la devaluación de la moneda, la pobreza y el colapso de la industria cafetalera. El destino fue Hawái (trabajadores en plantaciones de azúcar), Nueva York y Florida. Comienza la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, aunque de forma limitada.
Otra ola fue de 1945-1970; la causa principal fue la implementación del modelo industrial “Manos a la Obra”, que desplazó a trabajadores agrícolas y aumentó el desempleo. Los destinos fueron Nueva York, Chicago y Filadelfia. El efecto fue la salida masiva de puertorriqueños (más de 500,000 entre 1946-1964), la creación del Barrio Latino en Nueva York y la consolidación de la diáspora. Otra migración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en las décadas de 1940 y 1950. Se dio una emigración de retorno en la década de 1970 debido a las crisis que afectaron a Estados Unidos.
Otra ola fue de 1990-2006, con la crisis y eliminación de la Sección 936, y el fin de los incentivos fiscales federales que atrajeron a empresas a Puerto Rico, causando una crisis económica. El destino fue Florida y Texas. El efecto es la fuga de talento y profesionales hacia Estados Unidos y un envejecimiento de la población.
La ola del siglo XXI, de 2006 al presente, se debe a la recesión, los huracanes y la crisis fiscal. La causa es la quiebra del gobierno de Puerto Rico, las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal y los desastres naturales como el Huracán María en 2017 y los terremotos en 2021. El destino incluye Florida (Orlando, Tampa), Texas y Georgia. Es importante señalar que la Ley 7 de Fortuño favoreció la emigración y hasta se pagaba la mudanza. Los efectos de esta ola migratoria son que la fuga masiva de jóvenes y profesionales ha provocado un déficit de talento en sectores clave como la salud, la educación y la tecnología. Menos personas en la isla significan menos ingresos por impuestos, lo que agrava la crisis fiscal y dificulta la inversión en infraestructura y servicios públicos.
En todas ellas, las políticas que fomentan la explotación económica de Puerto Rico. A lo largo de las décadas, el Congreso de los Estados Unidos ha implementado políticas que han facilitado la explotación económica de Puerto Rico, tales como exenciones fiscales, la ley de comercio interestatal y leyes como la Ley Jones (de cabotaje), que restringen el comercio con otras naciones y encarecen los costos de los bienes para la isla. Durante décadas, las corporaciones estadounidenses, particularmente en los sectores farmacéutico, manufacturero y de telecomunicaciones, aprovecharon las exenciones fiscales para establecerse en Puerto Rico. A través de estas políticas, las corporaciones estadounidenses pudieron obtener mano de obra barata y beneficios fiscales (por ejemplo, bajo la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos), sin que Puerto Rico recibiera los beneficios proporcionales de su economía productiva debido a las exenciones, que nunca se evaluaron. Estas políticas no generaron los empleos, así que la migración fue parte del balance laboral en Puerto Rico.
Mientras las corporaciones extranjeras se beneficiaban de exenciones fiscales y otras ventajas, Puerto Rico fue cargando con una enorme deuda pública, que se profundizó debido a los gastos del gobierno federal y la falta de recursos para financiar proyectos de infraestructura y bienestar social. Esto ha contribuido a la pobreza estructural de la isla y, al mismo tiempo, a un entorno económico que no ha favorecido el desarrollo local ni la creación de empleo a largo plazo.
Los puertorriqueños fueron incentivados a migrar a Estados Unidos por las mejores oportunidades laborales que el continente ofrecía. Muchas de estas personas migraron a las grandes ciudades, como Nueva York, Chicago y Filadelfia, donde pudieron encontrar empleos en la industria, en el comercio y en el servicio, que eran difíciles de conseguir en la isla.
Para que Puerto Rico pueda prosperar de manera autónoma, es esencial que se modifiquen estas políticas y se permita a la isla construir un futuro más equitativo y autosuficiente.
– WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico, si alguno? ¿Qué deberían hacer?
– MQD – El rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña en la descolonización de Puerto Rico es importante y vital, tanto dentro de los Estados Unidos como en el archipiélago, pero no se ha manifestado. Ambas tienen una responsabilidad histórica y ética en impulsar el cambio hacia la independencia y plena soberanía, trabajando desde las comunidades, educando e informando y, en especial, creando conocimiento que explique y presente las alternativas en términos de beneficios y costos.
Aunque los estudios son pocos, las universidades deben convertirse en centros de estudio y producción de conocimiento decolonial que examine las estructuras políticas, económicas y sociales que han mantenido a Puerto Rico en un estado de colonialismo económico y político de un capitalismo explotador. Pero también deben trabajar desde las comunidades, construyendo espacios económicos y sociales que permitan a la sociedad reconstruir ese tejido comunitario de solidaridad y autogestión. En la década de 1970 a 1980 se trabajó en las comunidades, pero luego se abandonó y en el siglo XXI se retoma, pero con una óptica diferente, explicando los problemas sociales y económicos y sus implicaciones.
Deben aportar con una revisión profunda de la historia de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, incluyendo el estudio de los impactos negativos de las políticas coloniales y las alternativas para la independencia desde diversas disciplinas de forma transversal. Pueden impulsar investigaciones sobre los modelos económicos, políticos y sociales de países independientes similares a Puerto Rico y recomendar posibles cursos de acción. La academia tiene la capacidad de analizar experiencias de países que han alcanzado la soberanía y ofrecer recomendaciones prácticas para un modelo viable de independencia para la isla.
Los académicos deben asumir la responsabilidad de divulgar este conocimiento fuera de las universidades, involucrando tanto a la sociedad puertorriqueña en la isla como a la diáspora. Esta divulgación debe centrarse en la descolonización cultural, social y económica. También se deben establecer diálogos académicos internacionales que vinculen a la academia puertorriqueña con otras naciones que lucharon por su soberanía. Este intercambio puede fortalecer la lucha puertorriqueña y proporcionar ejemplos prácticos de cómo proceder hacia la independencia. Deben ser el motor de movilización, exigiendo cambios a nivel local y federal, y presionando al gobierno de Estados Unidos para que se reconozca el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia.
Encontramos los estudios de la Oficina de Auditoría Gubernamental (GAO) en diferentes años, pero en especial el de 2014 (Puerto Rico: Información sobre cómo la estadidad podría afectar potencialmente a programas federales y fuentes de ingresos seleccionados), que señala que la estadidad no es viable, al que se une el estudio de Colón, Ruiz, Segarra, Rodríguez, Lara y Luciano en 2016 (Efectos sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la Ley 600) y el de Caraballo en 2023 (Impacto económico de cambiar el estatus de Puerto Rico).
La academia en Puerto Rico y en Estados Unidos tiene el potencial de ser uno de los motores más poderosos en la lucha por la descolonización, tanto a nivel intelectual como político. La función de las universidades, investigadores y académicos debe ser múltiple, ya que incluyen desde la generación de conocimiento hasta la investigación sobre valorar los costos del coloniaje y proponer modelos de independencia y soberanía, pero requiere valor para enfrentar y defender esos conocimientos ante la oposición.
Junto con la diáspora, se deben organizar eventos, campañas de sensibilización y generar presión política internacional que impulse a Estados Unidos a reconocer el derecho a la independencia de Puerto Rico. Además, desarrollar y promover propuestas concretas de lo que sería un Puerto Rico independiente, asegurándose de que estas incluyan una economía sostenible, sistemas de salud y educación accesibles, y una estructura política democrática y participativa. Esto incluye la redacción de propuestas sobre diversos temas.
– WRS – ¿Cómo el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas económico-sociales creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?
– MQD – Las decisiones clave para el bienestar de la isla se toman en Washington, a menudo sin considerar las necesidades y deseos de los puertorriqueños. Y aunque hay un/una Comisionado Residente, su poder de presión depende de su capacidad política para negociar tratos que beneficien a Puerto Rico en consulta con el pueblo. Casi siempre ceden a las decisiones que establecen intereses desde Estados Unidos y no toman en consideración las necesidades de los puertorriqueños al no evaluar las implicaciones de lo negociado. No realizan investigaciones o estudios y se dejan llevar por la presión del poder político. Además, el tener senadores o representantes en el Congreso no resuelve el problema, ya que hay una falta de gobernanza con el pueblo o de real democracia. Deciden por intereses económicos y no por lo que realmente necesita el pueblo. Serían igual que en Puerto Rico, donde gobiernan sin consultar al pueblo y sin evaluar las implicaciones sociales, ambientales y económicas. Es lo que ha llevado a la dependencia económica.
El actual Comisionado Residente no puede abogar por la independencia, pues es una figura administrativa colonial (del ELA) que aboga por mantener el estatus actual y, aunque puede pedir estudios para ver cómo se resuelven los problemas, no lo ha realizado. Primero tiene que reconocer la condición colonial para entender que de ahí parten los problemas y atreverse a exigir cambios. Así que esa posición no aboga por cambios reales y posibles.
Pero los congresistas puertorriqueños de Estados Unidos que crean en la independencia o soberanía pueden desempeñar una función importante en la lucha contra los problemas económico-sociales creados por la explotación histórica de la isla por parte de Estados Unidos. Además, pueden hablar con otros congresistas para que apoyen la independencia y la libre soberanía de Puerto Rico. Pueden pedir estudios del costo del coloniaje, como los que se piden a la Oficina de Auditoría Gubernamental (GAO), que analicen los problemas y pidan recomendaciones para resolver los problemas socioeconómicos derivados de la explotación colonial, con el fin de modificar las políticas económicas impuestas por Estados Unidos que han favorecido la explotación de Puerto Rico en sectores estratégicos como la manufactura, la agricultura y los servicios. Como, por ejemplo, estudiar las Leyes de Cabotaje, como lo hizo la senadora Rossana López León en 2015, que imponen restricciones significativas en el comercio entre Puerto Rico y obligan a utilizar barcos y aviones de bandera estadounidense, lo que eleva los costos del transporte y aumenta el costo de vida en la isla. O promover la eliminación de barreras comerciales que limitan las oportunidades para Puerto Rico de comerciar directamente con otros países. También pueden promover leyes que favorezcan el desarrollo de empresas locales en sectores clave como la tecnología, la biotecnología y la agricultura sostenible.
Pueden pedir la eliminación de la Ley PROMESA, con estudios de los efectos de las políticas aplicadas, con estudios para que Puerto Rico pueda tener más control sobre su economía, reconociendo que el problema de la deuda se debe a la condición colonial y que el Banco de la Reserva Federal asuma la deuda. Exigir la condonación parcial de la deuda, considerando que gran parte de ella fue originada por las políticas coloniales y las malas prácticas fiscales de Estados Unidos. Trabajar para que el gobierno federal asuma una parte de la deuda histórica, dado el rol del gobierno de Estados Unidos en la creación de la crisis fiscal de Puerto Rico. Y trabajar por controlar la corrupción colonial que se da por administraciones coloniales y que favorecen las recomendaciones de políticas económicas.
Los congresistas puertorriqueños también pueden abogar por un fondo de recuperación económica administrado por un grupo de expertos académicos, líderes comunitarios y empresas (que no sean candidatos políticos), que permita invertir en infraestructura y en la creación de empleos locales, especialmente en sectores que han sido desatendidos como la agricultura y la tecnología.
Aunque la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos es un tema en el que los congresistas puertorriqueños pueden desempeñar un papel clave, deben abogar por el derecho de los puertorriqueños a la autodeterminación y pueden presionar para que el Congreso de Estados Unidos permita un proceso de referéndum vinculante en el que los puertorriqueños puedan decidir libremente sobre su estatus político, ya sea la independencia, la estadidad o una forma mejorada de autonomía. Pero no como los que se han realizado, que no cumplen con lo que el proceso internacional requiere, que es la descolonización primero para decidir de forma informada y libre. En derecho internacional, los plebiscitos o referéndums bajo condiciones coloniales no son determinantes porque la condición colonial hace que se vote por la misma y manipula toda la información y el control de la propaganda. Por eso se debe descolonizar primero y luego consultar con total libertad de información. Un plebiscito o referéndum realizado bajo condiciones coloniales plantea una serie de interrogantes sobre su legitimidad y validez en términos del derecho internacional. La respuesta depende en gran medida de las condiciones políticas, sociales y legales bajo las cuales se lleva a cabo, y también de los principios fundamentales del derecho internacional que protegen los derechos de los pueblos a la autodeterminación y a romper con relaciones coloniales. El derecho internacional establece que todos los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, lo que significa que tienen el derecho de decidir libremente su estatus político y desarrollo económico, social y cultural sin interferencia externa. En un contexto colonial, los referendos a menudo se llevan a cabo bajo circunstancias de coacción política, presión externa, falta de recursos y desigualdad en la información. Esto crea un escenario donde las opciones no están completamente abiertas y puede haber una falta de garantías de libre elección.
– WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Qué deberían hacer?
– MQD – Los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense de manera efectiva debido a su falta de conocimiento de la historia colonial, ya que no la reconocen. Esto lleva a un enfoque limitado en la integración a Estados Unidos, a la falta de un análisis crítico de las estructuras coloniales y a la ignorancia de las realidades políticas de los Estados Unidos. Esta visión sesgada no permite entender los procesos políticos de los Estados Unidos. La falta de estudio sobre lo que implica económica, social, política y culturalmente la estadidad es parte de su limitación y se han dedicado a ilusionar y ofrecer ayudas sin pensar en las implicaciones. Han tenido dificultad en comprender y anticipar las complejidades políticas que implican la integración de Puerto Rico a Estados Unidos como estado, de cómo el racismo influye y la xenofobia, o la percepción de qué son los puertorriqueños. Estos movimientos tienden a idealizar los beneficios de la estadidad sin tener en cuenta los retos prácticos y las resistencias políticas que existen en Estados Unidos; por eso hablan de estadidad para los pobres, estadidad jíbara, estadidad para recibir ayudas federales como igualdad, estadidad con Comité Olímpico, etc. No hay una investigación que justifique los beneficios de estas promesas. No pueden entender las implicaciones coloniales que representa la Ley PROMESA que nos devuelve a la situación colonial de 1900.
Uno de los principales problemas que enfrentan los movimientos de estadidad es que, en muchos casos, no han cuestionado de manera profunda las dinámicas de poder imperialistas que han existido entre Estados Unidos y Puerto Rico desde el siglo XIX. No consideran que la colonia es parte del problema. En lugar de desafiar el modelo colonial de dominación política, económica y cultural, estos movimientos tienden a asumir que la estadidad es la solución al estatus de la isla, sin evidencia empírica.
No cuestionan el imperialismo estadounidense y las estructuras de poder que lo sustentan, especialmente ante los cambios de Trump. Muchos de los seguidores de la estadidad ven la relación con Estados Unidos como una forma de obtener más derechos civiles y una mayor representación política, sin entender cómo ese sistema sigue siendo colonial en su núcleo y que cada política pública afecta a Puerto Rico. No abordan de manera crítica las implicaciones de dicha integración en términos de soberanía Económica y autodeterminación para los puertorriqueños.
Además de trabajar sobre la percepción de muchos estadounidenses que pueden ver la incorporación de Puerto Rico como un estado como una carga fiscal o un desafío a la unidad cultural de la nación. Y explicar cómo la estadidad no resuelve automáticamente los problemas económicos estructurales que enfrenta Puerto Rico, deben entender la misma.
– WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos, y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico?
– MQD – La presidencia de los Estados Unidos y los partidos políticos dominantes han tenido una participación importante en la creación y perpetuación de los problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta Puerto Rico, pero sus acciones para mitigar el desastre que ellos mismos ayudaron a crear han sido limitadas, inconsistentes y, en muchos casos, insuficientes.
Desde que Puerto Rico fue invadido por Estados Unidos en 1898, pasando a ser un territorio no incorporado bajo su control, las políticas económicas, sociales y políticas implementadas desde Washington han contribuido significativamente a la desestabilización económica y la dependencia de la isla. La visión de Puerto Rico como enclave militar ha Matizado todas las relaciones; es el Ejército el que más se ha opuesto a la independencia, aunque no se reconoce.
Cada Ley Orgánica y las leyes federales impuestas, como las Leyes de Cabotaje (Ley Jones), las políticas que favorecen la creación de la deuda y las políticas de exención fiscal a corporaciones promovieron una economía dependiente de capital extranjero y transnacional, sin incentivar el desarrollo de industrias locales y, además, han contribuido a la dependencia de ayudas federales. Es más, favorecieron la desaparición de la Sección 936 del Código de Rentas Internas ante la competencia desigual y la falta de incentivos, que el gobierno estadista defendió. Además, la imposición de políticas fiscales, la crisis de la deuda y la falta de una verdadera autonomía política han perpetuado las desigualdades sociales y económicas.
En 2016, bajo la presidencia de Barack Obama, se promulgó la Ley PROMESA, que fue presentada como una solución a la crisis fiscal y económica. Fue una imposición externa que le otorga a los funcionarios federales una gran autoridad sobre la economía y las finanzas de Puerto Rico, y aunque dicen que el gobierno tiene representación en la toma de decisiones, la realidad es que se impone el poder colonial que obedece y legisla lo que se ordena. La Ley PROMESA nos lleva a la condición colonial de 1900, con un gobierno de entes designados por Estados Unidos por encima de los electos en Puerto Rico. Ley que le interesa a los bonistas y no al pueblo, y se convierte en la solución que favorece a los intereses de los bonistas y las corporaciones extranjeras, en lugar de priorizar el bienestar de los ciudadanos puertorriqueños. En lugar de mitigar la crisis, es una forma de acentuar la dominación colonial y frenar la autonomía económica de Puerto Rico.
Luego de los huracanes de 2017, se han puesto en evidencia las falencias del gobierno federal en la ayuda a Puerto Rico. La respuesta de la administración Trump a los desastres en Puerto Rico fue criticada por su lentitud y falta de coordinación, en comparación con la ayuda brindada a otros estados de Estados Unidos. Después del huracán María, el gobierno federal no proporcionó ayuda inmediata ni facilitó la recuperación económica, lo que exacerbó aún más la crisis social y económica.
La administración Biden había tomado algunas medidas de apoyo a la isla, como la energía solar, pero estas han sido limitadas en su alcance, con recursos adicionales para la reconstrucción y la recuperación económica. Sin embargo, la respuesta a las problemáticas estructurales que afectan a Puerto Rico sigue siendo insuficiente, debido a la falta de reformas estructurales en áreas como soberanía económica, deuda pública y fiscalidad.
– WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico? ¿Debería Puerto Rico y los puertorriqueños ser reparados económicamente por Estados Unidos?
– MQD – Romper el ciclo de abuso del colonialismo estadounidense y avanzar hacia una relación más justa, soberana y autónoma para Puerto Rico es una tarea que requiere una acción colectiva, para entender el problema colonial y sus implicaciones en el desarrollo y crecimiento económico y social. Educar para que entiendan el cambio estructural en la relación política y económica con los Estados Unidos, y una fuerte voluntad de autodeterminación y descolonización por parte de los puertorriqueños. Las rutas y propuestas de acción deben ser determinadas libremente y sin interferencia externa para que sean descolonizadoras. A su vez, la cuestión de las reparaciones económicas es una discusión importante en este proceso. Pero en Puerto Rico se imponen el miedo, las campañas de desinformación y los discursos torcidos que llevan a que el pueblo no entienda que con la independencia estaremos mejor. El miedo paraliza, el miedo no deja pensar y el miedo domina; por eso es perverso, no permite espacios de libertad y de liberación y, mucho menos, de descolonización.
El primer paso fundamental es que Puerto Rico recupere el derecho a la autodeterminación. Esto implica poder tomar decisiones libres y soberanas sobre su futuro político, económico y social sin la intervención o dominación de los Estados Unidos. Puerto Rico debe avanzar hacia una soberanía plena, que incluya control sobre su economía, recursos naturales, leyes laborales, sistemas fiscales y relaciones exteriores.
Romper ese miedo que paraliza y permitir un diálogo constructivo que permita entender qué es el colonialismo, los daños que hace y cómo podemos descolonizarnos. Las personas deben ser educadas sobre la historia del colonialismo y los efectos de las políticas coloniales. Un pueblo informado y unido puede luchar mejor por su autodeterminación.
Es crucial que los líderes políticos y activistas sociales de Puerto Rico se organicen para presionar por una mayor representación política en los foros internacionales y en el Congreso de Estados Unidos. Así se podrá visibilizar la lucha de Puerto Rico y obtener apoyo internacional. Continuar con los trabajos de los puertorriqueños buscando apoyo en organismos internacionales como las Naciones Unidas y otros, que promuevan el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Es un imperativo moral y económico que Estados Unidos pague reparaciones económicas a Puerto Rico, dado el daño sistemático que ha causado al explotar sus recursos naturales, su mano de obra y su economía, al mismo tiempo que lo ha mantenido en un estado de subordinación política y económica.
Las causas de las reparaciones económicas han sido explicadas en la primera pregunta. La historia de Puerto Rico bajo el dominio estadounidense está marcada por prácticas abusivas y desproporcionadas que han afectado gravemente la isla:
Explotación económica: Desde la industria azucarera hasta el control de sectores estratégicos (como la energía y las telecomunicaciones), las políticas estadounidenses han servido en gran medida a los intereses económicos de Estados Unidos, sin beneficiar significativamente a la población puertorriqueña.
Deuda pública: La crisis de la deuda de Puerto Rico es, en parte, el resultado de las políticas fiscales impuestas por Estados Unidos, que limitaron la capacidad del gobierno de Puerto Rico para generar ingresos de manera autónoma e impusieron determinaciones económicas desde el Congreso. Las leyes fiscales y la imposición de la Ley PROMESA han profundizado la crisis económica. Además, los efectos de las decisiones de la Junta de Control Fiscal, que es un organismo de Estados Unidos, en el manejo de la deuda, las privatizaciones y la reducción de gastos públicos (educación y la universidad) e inversiones sociales necesarias para el desarrollo y crecimiento. A eso se une la destrucción por falta de asignar fondos de mantenimiento a las infraestructuras.
Desastres naturales: Las respuestas federales ante desastres naturales como el huracán María en 2017 y los terremotos de 2021 demostraron la falta de compromiso genuino por parte de Estados Unidos para reconstruir y apoyar a la isla. Las injusticias cometidas durante la respuesta a este desastre son una manifestación clara del abandono y la desigualdad estructural que enfrentan los puertorriqueños.
Desastres militares: Experimentos y prácticas militares, además del uso de tierras para bases militares y la contaminación generada, que incluyen los experimentos racistas e inhumanos con los puertorriqueños.
Las reparaciones podrían tomar diversas formas, que incluyen tanto compensaciones directas como una transformación en la relación económica con Estados Unidos. Algunas de las formas de reparaciones incluyen:
Cancelación de la deuda pública: Las deudas coloniales son del imperio (acumuladas por políticas fiscales impuestas desde Washington) y quienes negocian la reestructuración de la deuda, la Junta de Control Fiscal, responden a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Estados Unidos debería asumir parte de esta deuda como una forma de compensar el daño histórico causado.
Inversión en infraestructura: Debido a las políticas de la Junta de Control Fiscal, que han destruido la infraestructura al no asignar fondos y hacerla inviable. Así que una inversión significativa en infraestructura y servicios públicos en Puerto Rico, especialmente en áreas que han sido desatendidas como la energía, agua potable, salud pública y educación, ayudaría a restaurar el bienestar social de la isla.
Indemnización por explotación laboral, consumo y recursos naturales. Considerar compensaciones por la explotación de los recursos naturales y humanos de Puerto Rico durante más de un siglo. Esto podría ser en forma de proyectos de desarrollo económico que fomenten la creación de una economía diversificada y autosuficiente, en lugar de seguir siendo dependiente de las corporaciones extranjeras. Esto incluye el uso de nuestro suelo para bases y prácticas militares que causaron daños físicos y de salud.
Desarrollo de la economía local: Para incentivar un proceso de industrialización autónoma en sectores clave (como la agricultura, manufactura y tecnología), que permita a Puerto Rico depender menos de la inversión extranjera y lograr mayor independencia económica.
Indemnización por abuso en asuntos de salud, como fue la esterilización de mujeres, las prácticas militares, el uso de herbicidas como el agente naranja, la experimentación con seres humanos desde la siembra de cáncer hasta el uso de opioides, entre otros.
El colonialismo le cuesta al pueblo de Puerto Rico aproximadamente $9.7 billones. Por eso romper el ciclo de abuso del colonialismo estadounidense requiere tanto un cambio en el estatus político de Puerto Rico como una reparación económica por parte de Estados Unidos por los daños históricos. Los puertorriqueños deben luchar por reconstruir su soberanía y tomar el control de su futuro económico y político. A su vez, las reparaciones pueden ser una vía para sanar las heridas causadas por más de un siglo de explotación y asegurar un futuro de equidad, prosperidad y autodeterminación.
Es ético y justo que Estados Unidos asuma su responsabilidad por los daños infligidos a Puerto Rico, y su obligación de proporcionar una compensación económica a la isla es una de las formas más claras de rectificar las injusticias históricas y permitir que Puerto Rico se recupere y florezca de manera independiente.
– WRS – El economista francés Thomas Piketty considera que Francia debería reparar en más de 28 mil millones de dólares americanos a Haití. ¿En cuánto debería Estados Unidos reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños?
– MQD – Creo que Piketty ha tocado un tema que le impone responsabilidad ante los abusos de Francia por los daños causados a Haití, en especial el cobrarle por ser libres. De igual forma, la Unión Africana los define como la institucionalización consciente de la justicia reparadora y la sanación racial en África, y señalan que “la demanda de reparaciones no es una cuestión de caridad o ayuda financiera, es un llamamiento a la justicia. Busca restaurar la dignidad de millones de personas y sanar las cicatrices profundas de la pobreza, la desigualdad y la discriminación”. Por eso, señalar que Estados Unidos debe reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños es parte de nuestro derecho como pueblo colonizado.
El Dr. José Israel Alameda Lozano en 2017 estimó el costo socioeconómico de 120 años de coloniaje de Estados Unidos a Puerto Rico desde 1900 hasta 2017. El costo del coloniaje desde 1900 a 2017 es de $6.107 billones por la expropiación por fuerza del valor económico, social, político, de localización estratégica para lo militar y comercial, y por controlar las decisiones económicas de los residentes.
Si calculamos los años, las restricciones al comercio debido a las Leyes de Cabotaje, la pérdida de producción local y dependencia de importaciones, la transferencia de riqueza a empresas extranjeras, el impacto de la deuda pública y el Plan de Ajuste Fiscal, la pérdida de capital humano con la emigración masiva y el deterioro de la infraestructura y el costo de la reconstrucción, más la dependencia de fondos federales y el déficit de inversión local, puede estar cerca de $3.6 billones.
El costo del coloniaje (1900 – 2017) es de aproximadamente $6.1 billones + $3.6 billones = $9.7 billones.
Pedir un fondo de transición de $36 mil millones por 20 años como Plan de Transición, que es similar a lo que se llevan las empresas de Estados Unidos, permite demostrar que si ese dinero se queda, podemos construir un país próspero, sostenible y feliz, además de la cancelación de la deuda odiosa. Eso es un número para negociar; la realidad es que quedarían debiéndonos, pues son más de $9 billones lo que nos deben.
– WRS – Muchos puertorriqueños viven en la diáspora, bien en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Otros puertorriqueños han sido y son partícipes del saqueo estadounidense dentro de Puerto Rico. Todos, los primeros y los segundos son estadounidenses. ¿Por qué deben ser o no ser recompensados? ¿Son todos los puertorriqueños sujetos coloniales a los que se les ha robado su futuro en su propia tierra? ¿Se les debe devolver su futuro, estén donde estén, sean quienes sean?
– MQD – Es un tema fundamental sobre la autodeterminación, independencia y la justicia histórica de los pueblos colonizados. Por eso se habla de sanar heridas coloniales y justicia reparadora. Puerto Rico ha sido, desde 1898, un territorio no incorporado bajo el control de Estados Unidos, lo que implica que los puertorriqueños han vivido bajo un régimen colonial que ha limitado su capacidad para tomar decisiones soberanas sobre su propio futuro. Antes de eso, tuvimos un breve período de autonomismo bajo España, por lo que España debió consultar con el pueblo antes de cederla. Esta condición ha generado, sin duda, una serie de problemas estructurales, económicos, sociales y políticos que han afectado profundamente el bienestar de la población.
Sí, los puertorriqueños somos sujetos coloniales, lo que se da cuando los pueblos o territorios son dominados por otro pueblo o nación, en este caso, Estados Unidos. El colonialismo es la política o práctica de dominar a otros pueblos o territorios por el poder político, militar, cultural, económico e implica la explotación de los recursos de los territorios colonizados. Pero somos un pueblo que ha defendido su identidad nacional y ha superado la asimilación o la imposición de la lengua, la religión y otras prácticas culturales de la metrópoli. Definitivamente, según la definición del derecho internacional, sí, los puertorriqueños siguen siendo sujetos coloniales en muchos sentidos. A pesar del ELA, que decía que tenía un gobierno local y una cierta autonomía, las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos han definido los casos insulares, que limitaron los derechos constitucionales de Puerto Rico y otros territorios. Somos un territorio no incorporado porque el control sobre aspectos clave de la política, la economía y la relación exterior de la isla está en manos del gobierno federal de Estados Unidos. A eso se une la presencia militar estadounidense; las leyes de cabotaje, las restricciones económicas y la dependencia fiscal han contribuido a una estructura económica que favorece los intereses de Estados Unidos y limita las opciones económicas y políticas de la isla. Esto hace que muchos puertorriqueños se vean atrapados en un ciclo vicioso colonial, con una serie de eventos que se refuerzan entre sí y que tienen resultados perjudiciales de desigualdad, sin poder decidir su futuro libremente, y cae en la discusión ideológica sobre la solución jurídica a la identidad nacional de Puerto Rico.
El derecho a la autodeterminación y la recuperación del futuro de un pueblo colonizado son esenciales en el marco de la justicia social y política. A los puertorriqueños, como a cualquier otro pueblo colonizado, se les debe permitir decidir su destino sin las restricciones y coacciones externas que impone el colonialismo, y eso no se ha dado en las consultas que se han realizado.
Se reconoce que el Congreso y el Presidente pueden decidir otorgar la independencia, ya que somos un territorio, como también nos pueden vender o ceder a otro país, como amenazó Trump en su primer mandato.
Debe existir un proceso de descolonización para que el pueblo pueda decidir el tipo de gobierno y economía que desean y cómo planificar ese futuro con un fondo de transición. El derecho a la justicia económica, la equidad social e identidad cultural. Esto incluye reparaciones por los daños históricos del colonialismo, como la explotación de los recursos naturales, el control de la economía local y el impacto de las decisiones políticas externas que han limitado el desarrollo económico de la isla. A través de reparaciones económicas se puede intentar devolver a los puertorriqueños la prosperidad económica que se les ha arrebatado por más de un siglo.
Puerto Rico ha mantenido su identidad puertorriqueña y latina a pesar del colonialismo, pero la soberanía y la independencia permitirían una expansión y fortalecimiento de sus valores culturales, promoviendo un sentimiento de pertenencia y autonomía que no puede existir plenamente mientras la isla esté sometida a un régimen colonial.
El futuro de Puerto Rico debe ser decidido por los puertorriqueños (en Puerto Rico y la diáspora) de manera soberana y sin presiones externas. Esto no solo incluye a los residentes de la isla, sino también a los puertorriqueños en la diáspora, que, debido a su historia de migración, tienen un vínculo vital con Puerto Rico. Esto se debe a que los puertorriqueños han sufrido más de un siglo de explotación colonial por parte de Estados Unidos, sin recibir los beneficios de su propio desarrollo económico y social. Devolver su futuro es una forma de corregir esta injusticia histórica. Como cualquier otro pueblo, los puertorriqueños tienen derecho a decidir su destino sin que otro país imponga decisiones sobre su estatus, gobierno y recursos. El colonialismo ha privado a Puerto Rico de su dignidad y autonomía, y restaurar la capacidad de decidir el propio futuro es un acto fundamental de reafirmación de identidad y dignidad para cualquier pueblo.
El proceso hacia un Puerto Rico soberano e independiente, o hacia cualquier otra forma de relación libre de dominación colonial, debe ser una conversación inclusiva que involucre a todos los puertorriqueños, para devolverles su futuro y permitirles crear el futuro que desean para las próximas generaciones, con información y conocimiento y sin presiones o miedos.
– WRS – Recientemente ha estado moviéndose un proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico por parte del Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Por qué los Estados Unidos merecen algo mejor? ¿Por qué Puerto Rico merece algo mejor?
– MQD – Ese proyecto se escribió por los abogados, tomando en cuenta la historia más reciente en relación con los esfuerzos por afirmar nuestro derecho a la autodeterminación e independencia. Incluso, los detalles del Plan de Transición contenidos en la Orden Ejecutiva tienen como referente principal el Plan de Transición negociado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el proceso congresional de consulta y negociación de 1989-91.
En 1978 se presentó ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU la histórica Resolución de 1978. En esta se reitera no solo el derecho del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia, sino que se le solicita a Estados Unidos el traspaso inmediato de los poderes soberanos a nuestro pueblo, para poder materializar así nuestros legítimos derechos nacionales. La Resolución de 1978 también reconoció la libre asociación como opción, si esa fuese la voluntad soberana de nuestro pueblo una vez se hubiese traspasado el poder soberano para decidir. Se excluyó expresamente la anexión como opción descolonizadora en el caso de Puerto Rico por entenderse que equivaldría a validar la ocupación militar de nuestra nación y darle permanencia a la dominación imperial impuesta unilateralmente por Estados Unidos desde 1898.
Puerto Rico ha sido históricamente explotado para beneficiar a los intereses económicos de Estados Unidos. La invasión no fue consultada ni fue democrática; las imposiciones de leyes orgánicas hasta la Ley PROMESA no fueron democráticas o discutidas con el pueblo. La falta de autonomía política y económica es una de las principales razones por las que Puerto Rico sigue atrapada en este ciclo de dependencia. Puerto Rico no tiene control total sobre su sistema fiscal (por Ley PROMESA) ni sobre su política comercial. Para que Puerto Rico pueda tener un futuro económico próspero y sostenible, es crucial que se logre la independencia y soberanía que permita a la isla controlar sus propios recursos, decidir sobre su modelo económico y participar de manera justa en la economía global. Esto incluye reformas en las leyes de cabotaje, la creación de un sistema energético local y sostenible, la diversificación de su economía, la protección de la misma y la promoción de un entorno de negocios que beneficie a las empresas puertorriqueñas en lugar de las multinacionales extranjeras.
Utilizando la psicología inversa se crea esta Orden Ejecutiva, y a la vez se utiliza como documento de educación para romper el miedo a la independencia. Al grupo de economistas se les pide que hablen desde el otro lado, desde los gastos; a los capitalistas neoliberales les gusta hablar de lo que costamos proyectando hacia el futuro para poder recortar y hacer ajustes. Si lo podemos desde el gasto, les decimos: ustedes gastan en nosotros $1.368 billones. Ese número sale de lo que enviarían a 50 años manteniendo lo mismo, según la Junta de Control Fiscal. Se utilizó como base el monto de fondos federales asignados en el Año Fiscal 2025 para formar parte del presupuesto consolidado del ELA. Se asumió que permanecería a su nivel actual y se aplicó un ajuste del 2% anual por inflación a través de 50 años. Luego, a esa suma, se le incorporó el estimado de la Junta de Control Fiscal sobre los fondos de recuperación de desastres que aún se esperan en la próxima década, lo que resulta en un total de $1,368,819,501,528.72. Luego procedimos a restar el costo estimado del Fondo de Transición a 20 años, que es un promedio de lo que enviarían a Puerto Rico. Finalmente, se calculó el ahorro para Estados Unidos. Se comparó el gasto federal proyectado a 50 años ($1.37 billones) con el costo total del Fondo de Transición a 20 años ($720 mil millones) y el ahorro estimado para Estados Unidos, que ascendió a $617,819,501,528.72.
De la Orden Ejecutiva me gusta que reconoce que la deuda es del imperio, “la condonación de la deuda pública para facilitar la transición económica ordenada”; que «se dispone el traspaso de todos los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico”; que se crea una ”Comisión Ejecutiva de Transición como gobierno provisional, incluyendo el nombramiento de un Administrador”; la organización de una Asamblea Constituyente para la revisión de la Constitución actual o la redacción de una nueva; “incluye un Plan de Transición ordenado que sirva para romper con la dependencia colonial en fondos federales y encamine a Puerto Rico al desarrollo de una economía productiva y autosustentable”; la terminación de la actual Junta de Control Fiscal y otras disposiciones.
Me encanta que ha abierto la discusión y esperanza de que la independencia es posible, ya sea por Orden Ejecutiva o porque luchemos por ella. No es un gasto del Gobierno como los que abogan por la estadidad, que les ha salido caro entre los cabilderos y el último viaje que no produjo resultados y en eso el pueblo ve una iniciativa diferente. Se excluye la estadidad por los estudios que demuestran que no es viable.
De los puntos, estoy en contra de que “se determina el uso del dólar como moneda en la República”, pues entiendo que la soberanía es completa y la soberanía monetaria es vital para Puerto Rico. La soberanía monetaria es la capacidad de un Estado para controlar y decidir sobre el dinero. Esto incluye la cantidad de dinero en circulación, los tipos de interés y los tipos de cambio, que son importantes en las decisiones de inversión.
Pero entiendo que se coloca porque hay puertorriqueños que adoran el pasaporte y el dólar. Y que en Estados Unidos, Trump no vería con malos ojos que retendríamos el dólar y no desdolarizamos, que es uno de los miedos de Estados Unidos en la actual geopolítica mundial.
Sí, creo que Estados Unidos y Puerto Rico merecen algo mejor. El proyecto habla en el idioma neoliberal que es recortar gastos y reducir cargas al Estado, y esto tiene implicaciones sobre la justicia social, equidad económica y la responsabilidad histórica en las relaciones internacionales y coloniales.
Hoy, Estados Unidos enfrenta desigualdades internas profundas que afectan a amplias capas de su población. Muchos sectores de la sociedad estadounidense viven en condiciones de pobreza, sin acceso adecuado a servicios de salud, educación de calidad y un sistema de seguridad social que funcione de manera eficiente. Además, la creciente desigualdad económica y la concentración de riqueza en manos de unos pocos oligopolios y corporaciones multinacionales han agudizado las brechas entre ricos y pobres, así como entre clases sociales. Desde 2014, el predominio unipolar de Estados Unidos comenzó a resquebrajarse desde la crisis de 2008. Sus capacidades económicas y militares ya no coinciden con sus ambiciones globales y su declive económico, tecnológico y militar le ha pasado una larga carga económica. Pero la administración Trump le echa la responsabilidad a quienes no tienen culpa, los emigrantes y los trabajadores federales. Esto es porque no reconocen que el problema es el capitalismo depredador y militar que va tras el dinero del pueblo. Esos capitalistas que han secuestrado el poder político y lo usan para favorecer sus empresas por encima del pueblo, donde la avaricia, la injusticia y la destrucción son parte de sus políticas, además de que piden que les bajen los impuestos.
Mientras la deuda pública supera el 124% del PIB, alcanzando los 36.2 billones de dólares, los intereses de esta deuda ascienden a 1.3 billones de dólares anuales. Además, aproximadamente un cuarto de la deuda (8.5 billones de dólares) está en manos de acreedores extranjeros. El déficit fiscal en 2024 es de unos 1.8 billones de dólares, el mayor porcentaje en los últimos 50 años. El déficit comercial alcanzó los 1.2 billones de dólares, con cinco países responsables de más del 70% de este déficit: China (24.5%), UE (19.5%), México (14.5%), Vietnam (10.2%) y Taiwán (6%). La inversión en las guerras ha hecho que crezca la deuda.
Estos indicadores revelan una economía bajo presión, donde la interacción entre las tasas de interés, el valor del dólar, las políticas de divisas y la gestión de la deuda pública es intrincada y delicada, poniendo énfasis en los pagos de intereses de la deuda pública.
Los recortes y despidos, así como el atropello a las personas diferentes y a otros países, son lo que se impone. Reducir el gasto social para aumentar el gasto militar no es ético, porque prioriza la confrontación sobre el bienestar de la gente. La solución más justa es un modelo basado en equidad, inclusión y prosperidad para todos, donde la paz sea el pilar de la seguridad y no la guerra. Se justifican el gasto en defensa como una necesidad para la estabilidad y la reducción del gasto social que puede generar más problemas a largo plazo, como pobreza, desigualdad y malestar ciudadano. La clave es encontrar un equilibrio entre ambos aspectos, garantizando seguridad sin sacrificar el bienestar de la población.
Por eso, entender que un país tan avanzado, fomentando la falta de equidad, donde millones de personas carecen de acceso a atención médica adecuada, educación de calidad o servicios sociales básicos, debería ser un signo claro de que Estados Unidos merece un sistema más justo y equitativo. Un sistema que garantice a todos sus ciudadanos la posibilidad de prosperar, sin importar su origen, raza, género o clase social.
En Estados Unidos deben decir que no es ético desestabilizar la economía de su país en nombre de la defensa nacional si esto genera consecuencias negativas a largo plazo, como pobreza, desigualdad y una reducción en la calidad de vida de la población. La ética en la política y la economía debería buscar el bienestar común, el desarrollo sostenible y la paz duradera, en lugar de perpetuar un ciclo de gastos bélicos que pone en riesgo la estabilidad económica y social del país. La defensa nacional, si bien es importante, no puede ser la excusa para desatender las necesidades fundamentales de la población. Mientras el complejo militar-industrial se fortalece, la población enfrenta recortes en servicios esenciales, lo que genera un dilema sobre las verdaderas prioridades del país.
Estados Unidos merece un modelo económico más justo, que no dependa de la explotación de recursos naturales de otros países, que garantice un desarrollo económico sostenido, inclusivo y respetuoso con los derechos humanos y que respete a sus ciudadanos, invirtiendo en ellos. De esta manera, Estados Unidos podría ser un ejemplo de un país que actúa de manera responsable tanto en el ámbito interno como en sus relaciones internacionales.
Si Estados Unidos quiere realmente ser un líder mundial, necesita transformar su enfoque hacia un modelo que promueva la paz, la equidad y el respeto a las diferencias culturales y nacionales. En resumen, Estados Unidos merece algo mejor en términos de paz social interna y de liderazgo global ético.
Pero las actitudes de la administración arrastran a todos hacia el “mal vivir y la precarización”, y en esos momentos recordamos las teorías centro-periferia, donde los males del país imperio se trasladan a las colonias, en este caso, Puerto Rico. Y para evitar estos males de estancamiento, desigualdades y desequilibrios de la explotación colonial en el sistema económico capitalista neoliberal es que se diseña esa Orden Ejecutiva.
Puerto Rico ha sido colonizado por Estados Unidos desde 1898, tras la Guerra Hispanoamericana. Desde entonces, la isla ha sido privada de su soberanía, controlada por políticas externas impuestas desde Washington, lo que ha limitado su autonomía política y económica. Aunque Puerto Rico tiene un gobierno local, sus decisiones sobre temas clave como su presupuesto, la defensa, el comercio y las relaciones exteriores están fuera de su control.
Puerto Rico merece algo mejor, es decir, un futuro donde puedan decidir libremente su estatus y cómo organizar su vida política, económica y social sin las limitaciones impuestas por el colonialismo. Esto incluye el derecho a la autodeterminación, independencia y a la creación de un sistema de gobierno y economía que refleje sus propias necesidades y aspiraciones.
Puerto Rico ha sufrido una huida de capitales y desempleo masivo a lo largo de las décadas, lo que ha dejado a la isla en una situación económica precaria. Además, la deuda pública de Puerto Rico, acumulada por decisiones políticas de Estados Unidos, ha llevado a la isla a una crisis económica que ha sido exacerbada por desastres naturales como el huracán María, cuyos efectos devastadores no han sido adecuadamente abordados por el gobierno federal estadounidense.
Puerto Rico merece algo mejor porque los puertorriqueños deben poder tener control sobre sus propios recursos y diseñar un modelo económico que sea justo y sostenible para ellos. Además, merecen un sistema de bienestar que les garantice educación, salud y seguridad sin depender de decisiones externas.
A lo largo de los años, Puerto Rico ha sido víctima de una explotación sistemática que ha perjudicado su desarrollo, desde la incorporación forzada a la estructura estadounidense hasta el despojo de tierras y recursos naturales. El imperialismo estadounidense ha mantenido a Puerto Rico en un estado de subdesarrollo estructural, lo que ha generado graves consecuencias sociales como pobreza, emigración masiva y desigualdad racial.
Puerto Rico merece algo mejor, y eso implica que Estados Unidos reconozca su responsabilidad histórica y compense los daños causados por más de un siglo de colonialismo económico y social. Esto incluye reparaciones económicas por los efectos devastadores del colonialismo y el impacto de políticas como la militarización de la isla y la explotación de recursos sin retribución justa.
Puerto Rico, por su parte, merece la independencia y plena soberanía para decidir su futuro, una economía próspera y sostenible, y justicia histórica por el abuso sufrido durante más de un siglo de colonialismo.
El cambio hacia un futuro más justo requiere un compromiso compartido por ambos pueblos para transformar sus relaciones y garantizar que todos los ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, puedan vivir con dignidad, igualdad y oportunidades.
Fuentes mínimas:
Pedro Malavet, “Reparations Theory and Postcolonial Puerto Rico: Some Preliminary Thoughts” (Estados Unidos, 2002, https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/210/).
Wilma Reverón, “El Derecho a reparación por el colonialismo”, en Rebelión (España, 14 de noviembre de 2014, https://rebelion.org/el-derecho-a-reparacion-por-el-colonialismo/).
____________, “La crisis fiscal como impedimento al ejercicio de la libre determinación e independencia en los territorios que aún no han alcanzado su independencia” (Nicaragua, 2016, https://wilmaestherreveron.wordpress.com/2016/06/01/ponencia-de-lcda-wilma-e-reveron-collazo-ante-el-seminario-regional-del-pacifico-del-comite-especial-de-descolonizacion-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas-managua-nicaragua-31-de-mayo-2-de/ ).
Ricardo Torres Febre (2023), “Dos siglos un mismo crimen humanitario: la ocupación estadounidense de Puerto Rico” (Puerto Rico, 2023, https://derecho.uprrp.edu/inrev/2023/04/27/dos-siglos-un-mismo-crimen-humanitario-la-ocupacion-estadounidense-de-puerto-rico/).
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
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