Gaseando a niños, mujeres y ancianos, prendiendo fuego a viviendas y pertenencias de los ocupantes, unos 2 mil policías cometieron un criminal desalojo en el asentamiento 12 de Junio de Luque, en Paraguay. El hecho provocó heridos de diversa gravedad y un número no determinado de ocupantes fueron detenidos por la policía. Un agente policial […]
Gaseando a niños, mujeres y ancianos, prendiendo fuego a viviendas y pertenencias de los ocupantes, unos 2 mil policías cometieron un criminal desalojo en el asentamiento 12 de Junio de Luque, en Paraguay.
El hecho provocó heridos de diversa gravedad y un número no determinado de ocupantes fueron detenidos por la policía.
Un agente policial perdió un ojo como resultado de una mala explosión de uno de los artefactos explosivos que detonó la propia fuerza durante la intervención.
También fueron golpeados el reportero gráfico Raúl Cañete del diario Ultima Hora (foto) y algunos cronistas de radio que cubrían los hechos.
A mediados del 2018 unas 700 familias, aproximadamente 2.100 personas, habían protagonizado la toma de un terreno en parte de las 68 hectáreas que tiene la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) en Luque que va desde la tercera compañía de Isla Bogado hasta la cuarta compañía de Cañada San Rafael, en la zona conocida como Ranchito.
«Nosotros ya le advertimos a ellos que tenían que salir del lugar, la Policía tiene la facultad de aprehender en caso de flagrancia», justificó la fiscal Fátima Villasboa quien supervisó el violento accionar de la fuerza de seguridad.
Según la abogada especialista en derechos humanos Milena Pereira Fukuoka «los desalojos forzosos son graves violaciones de derechos humanos. Son actos ilegales y quienes los ordenan y los ejecutan deben ser sancionados».
Agregó que «las personas víctimas de desalojos forzosos tienen derecho a la reparación y a la indemnización por los daños que han sufrido».
Recordó que «el Estado no puede ordenar la quema de viviendas, bienes o cultivos de las familias, aun en el caso de que sean ocupantes precarias y que haya una orden de desalojo firme de juez civil. Tampoco puede lanzarlas a la calle sin ofrecerles alternativas».
«Si el Estado desaloja a las familias aplicando el Plan de Acción Conjunta, que tiene un carácter inconstitucional porque atribuye a la Fiscalía funciones jurisdiccionales, el hecho es un crimen», destacó.
Casas, muebles, ropas, electrodomésticos y demás pertenencias fueron quemadas en una maniobra de choque desigual y viloenta.
«Los vecinos y vecinas resistieron armando barricadas, pero la disparidad de fuerzas resultó en que sean detenidos y/o heridos», reportó el portal multimedia de noticias RTV.
El episodio se suma al registrado en la semana en Ciudad del Este donde unas 538 familias fueron desalojadas de sus hogares ubicados en 19 hectáreas de tierra entre el km 9 y km 10, lado Monday.
Los vecinos denuncian que el título de propiedad no fue presentado ni verificado y el desalojo se habría realizado sin orden judicial firme como exige la ley.
Fuente: http://americaxxi.com/index.php/news-item/criminal-desalojo-de-un-terreno-publico-en-paraguay/