Este artículo es el segundo de tres sobre la inmigración en el Estado español y la UE. Forman parte de un amplio estudio sobre el ‘austericidio’ que próximamente verá la luz.
El Estado español, límite sur de la Europa Fortaleza, chapotea en un mar de contradicciones migratorias.Las únicas fronteras terrestres que separan a Marruecos de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla levantan una vergonzosa valla entre los dos continentes con mayor diferencia de renta per cápita del planeta: África y Europa.
Así, mientras los españoles, junto a otros europeos periféricos emigran a los países ricos de una UE que amenaza con expulsarlos si no logran empleo, el Estado español vigila sus costas, coloca mortíferas concertinas (cuchillas) en las vallas de Ceuta y Melilla, dispara a las pateras, asesinando a los inmigrantes y los devuelve ‘en caliente’, cometiendo serias violaciones de derechos humanos, según 14 ONGs.
Según la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), al menos 3.419 migrantes, han perdido la vida al intentar cruzar el Mediterráneo en 2014. Buena parte de ellos, en nuestras costas. Un ejemplo del horror lo pudimos ve rel 6 de febrero de 2014, cuando miembros de la Guardia Civil española dispararon pelotas de goma y de fogueo y lanzaron gas lacrimógeno a migrantes y solicitantes de asilo cuando intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta.Mataron a 15 personas nadando en el mar en la playa de El Tarajaly otras«23 personas que alcanzaron la playa fueron obligadas a cruzar la frontera y volver a Marruecos sin ningún tipo de procedimiento legal.» según Amnistía Internacional.
Tal y como anunció el ministro del Interior en aquel momento, el Gobierno ha modificado la Ley de Extranjería a través de la escandalosa Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada ‘Ley Mordaza’, que, entre otros muchos recortes de derechos y libertades, legaliza las llamadas ‘devoluciones en caliente’: Devoluciones inmediatas de personas que atraviesan de forma irregular la frontera sin reconocer su derecho a solicitar asilo inscrito en la Carta Magna o en la legislación de la Unión Europea. De este modo, se legitiman las expulsiones ilegales a pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha pedido una mayor implicación de las autoridades con las peticiones de asilo pues el 60 por ciento de los inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla son refugiados políticos.
Además de extremadamente violentas, ilegales y poco eficaces,estas políticas son costosas. Desde 2005 hasta 2014, el Ministerio del Interior ha gastado cerca de 72 millones de euros en la «seguridad» de las vallas de Ceuta y Melilla (24,6 millones de euros en el perímetro fronterizo de Ceuta y 47,3 millones en el de Melilla). Aún durante la crisis, el presupuesto se ha mantenido con 2,5 millones de euros en 2011, 3,2 millones en 2012 y 3,3 millones de euros en 2013. La instalación de cuchillas que el presidente José Luís Rodríguez Zapatero había ordenado en 2005 y la elevación de la verja de tres a seis metros han costado unos 30 millones de euros.
Una vez, llegados a España, los sin papeles en muchos casos son encerrados en CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros) antes de ser deportados en vuelos. Los ocho CIEs del Estado español, donde nueve mil personas permanecieron encerradas en 2013, son auténticas cárceles precarias donde la prensa no tiene acceso y que someten a quienes carecen de permiso de residencia, una falta administrativa equivalente a una multa de tráfico, a una situación de violación sistemática de derechos humanos fundamentales. Observamos una tendencia al alza de los períodos de detención en varios países: de 40 a 60 días en España, de 32 a 45 días en Francia (incluso 6 meses para las personas acusadas de terrorismo), de 2 a 18 meses en Italia, de 3 a 18 meses en Grecia… Ya son demasiados los casos de muertes en estos centros de la vergüenza. Solamente el CIE de Barcelona se ha cobrado las muertes de Mohamed Abagui, de 22 años, en 2010; Idrissa Diallo, de 21 años, en 2012; y Alik Manukian, de 42 años, en 2013.En el CIE de Aluche de Madrid, la muerte, el 19 de diciembre 2011, de la congoleña Samba Martine, seropositiva e identificada con un número 3106, se podría haber evitado si le hubieran diagnosticado la criptococosis que padecía. Los detenidos en los CIEs, además de ser privados de libertad por el simple hecho de no tener papeles, siguen sin disponer de la atención médica adecuada.
Compañías como Air Europa o Swift Air están experimentando una expansión del negocio a costa de sustituir turistas por deportados, a través de un convenio con el Estado español por casi 12 millones de euros de dinero público, según publica el sindicato de pilotos SEPLA. Así, en 2013, se realizaron 148 vuelos en los que se deportó a 3.111 inmigrantes, en su mayoría a Marruecos vía Ceuta.De ellos, 115 se hicieron en pequeños aviones de Swift Air (con 2.017 personas hacia Marruecos) y 33 en grandes vuelos de Air Europa (18 organizados por FRONTEX y 15 por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras) que deportaron a 1.093 personas.
En total, entre 2010 y 2014, la agencia europea FRONTEX ha aportado más de 8,3 millones de euros para financiar 31 vuelos de deportación de inmigrantes pero la gran mayoría de los demás corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. En ocasiones, estos vuelos terminan dramáticamente, como en el caso de Osamuyi Aikpitanyi, un ciudadano nigeriano de 23 años, que murió el 9 de junio de 2007 durante su deportación en un vuelo comercial. También pueden darse actos de desobediencia, como en febrero de 2015, cuando el comandante de la compañía marroquí Air Maroc se negó a embarcar en su avión a un inmigrante esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que iba a ser deportado en un vuelo comercial rumbo a Guinea Bissau con escala en Casablanca. El guineano fue devuelto al CIE de Aluche y puesto en libertad al cabo de unos días.
En vez de criminalizar a los que huyen la guerra, la violencia, la miseria, deberíamos pensar más en lo que une que lo que separa a los migrantes que vienen y los españoles que se van. Como veremos en el siguiente artículo, los españoles empiezan a salir del país por la crisis, de modo que ya se van más personas que las que entran.
Fátima Fafatale y Jérôme Duval. Plataforma de la Auditoria Ciudadana de la Deuda
Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-mortifera-politica-migratoria