Con el triunfo del golpe de estado en Ucrania, en febrero de 2014, los signos de la derechización extrema en el país se constataron desde el primer momento: la incorporación al gobierno de miembros del partido fascista Svoboda, la activa presencia de los nazis del Pravy Sektor en la policía, en la Guardia Nacional creada […]
Con el triunfo del golpe de estado en Ucrania, en febrero de 2014, los signos de la derechización extrema en el país se constataron desde el primer momento: la incorporación al gobierno de miembros del partido fascista Svoboda, la activa presencia de los nazis del Pravy Sektor en la policía, en la Guardia Nacional creada por el gobierno golpista, y en las unidades del ejército que se enviaron a aplastar las protestas contra el golpe de Estado, y el control de las calles de las principales ciudades ucranianas por los batallones paramilitares de esos grupos fascistas, fueron la señal de por dónde irían las cosas en esa «nueva Ucrania democrática» nacida con el golpe de Estado, gracias al apoyo occidental con su diplomacia, dinero, armas y grupos paramilitares de choque. En Polonia fueron entrenados los grupos de provocadores que actuaron en los días del Maidán, y los servicios secretos norteamericanos y polacos, con la benevolencia de la Unión Europea, activaron los mecanismos que llevaron al agujero negro en que Ucrania se encuentra hoy.
Las protestas fueron aplastadas sin piedad: ahí están para el recuerdo del horror las escenas dantescas del incendio del edificio de los sindicatos de Odessa, donde los nazis quemaron vivas a muchas personas que protestaban contra el golpe, y donde la masacre jamás fue investigada por las autoridades, como tampoco mostraron el menor interés por investigar la procedencia de aquellos misteriosos francotiradores que causaron en el Maidán la matanza anterior al golpe. Solamente en Crimea y en el este del país, consiguieron resistir los contrarios al golpe de estado, aunque en el Donbass se vieron atrapados en la guerra civil.
Desde entonces, el gobierno de Poroshenko y Yatseniuk se lanzó a acabar con la resistencia en Donestk y Lugansk, en una «operación antiterrorista», como la denominaron, que ya ha causado casi diez mil muertos, decenas de miles de heridos y la destrucción de buena parte de las infraestructuras y barrios de pueblos y ciudades. Las camisas pardas y botas negras de los paramilitares fascistas asolaron el país, y no han descansado desde entonces. Son habituales en Ucrania los desfiles fascistas en las ciudades, y en los estadios de fútbol se muestran los símbolos nazis sin recato. La tortura es una práctica común en los cuarteles y las comisarías, e incluso en los centros de detención que controla la extrema derecha. Se cuentan por decenas los comunistas asesinados sin que las autoridades judiciales ni la policía investigue los delitos.
Uno de los objetivos del gobierno golpista, con el aval norteamericano, fue la destrucción de la izquierda ucraniana: los asaltos a sedes del Partido Comunista, los incendios provocados en locales comunistas y en domicilios particulares, las palizas y asesinatos cometidos en la mayor impunidad, y la caza de militantes de izquierda, fueron moneda común desde el primer día. Los diputados comunistas fueron agredidos en la propia Rada, el parlamento, como le sucedió al secretario general Simonenko, y el gobierno intentó desde el primer día ilegalizar al Partido Comunista. El proceso impulsado por Poroshenko y Yakseniuk para conseguirlo llegó a extremos delirantes: el juez encargado del caso vio cómo sus oficinas eran asaltadas por sospechosos hombres armados; los expedientes y la documentación, robados, en un ambiente de amenazas a magistrados independientes que no podían desdeñarse porque hoy todos saben que los fascistas matan en Ucrania. El juez se vio obligado a abandonar el caso, y tras muchas presiones y amenazas a los periodistas honestos y críticos que podían informar a la población, el gobierno golpista consiguió, a finales de diciembre de 2015, que los tribunales declararan ilegal al Partido Comunista de Ucrania, de forma que no podrá actuar, y no podrá presentarse a las elecciones ni organizarse libremente: se ha visto obligado a pasar a la clandestinidad. La sensibilidad democrática de la Unión Europea y de Estados Unidos no ha mostrado la menor preocupación por la prohibición del Partido Comunista, ni por el sanguinario regreso del fascismo, otra vez, a Ucrania. Pero que los centros de poder del capitalismo, Bruselas y Washington, no hayan hecho la menor objeción entra dentro de la hipócrita «normalidad» a que nos tienen acostumbrados; sin embargo, es muy preocupante y revelador que buena parte de la izquierda europea, empezando por la socialdemocracia, tampoco haya hecho la menor protesta por un atropello semejante.
Malos tiempos para la libertad. El propio presidente Poroshenko se ha enriquecido gracias a la corrupción y a los negocios sucios, al tiempo que su gobierno imponía nuevos sacrificios a la población, aceptando las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y abría las fronteras para que lleguen las unidades de la OTAN. Mientras continúa la guerra civil en el Este del país, y los ciudadanos ucranianos soportan una vida cada día más difícil; al tiempo que el país se ahoga en una corrupción delirante, y los principales responsables del gobierno roban a manos llenas y se apoderan de los recursos de Ucrania; cuando las bandas paramilitares fascistas de camisas pardas y botas negras asolan las ciudades ucranianas, y el Partido Comunista es prohibido y se ve obligado a pasar a la clandestinidad, empiezan a echarse en falta en Europa voces que clamen por la libertad.
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