65 años antes, en Ginebra, se firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Se trataba de un acuerdo que obedecía al mandato de su tiempo: la lucha por la liberación de los pueblos colonizados, la intención de los países del bloque capitalista de socavar el comunismo y su necesidad de adoptar para ello […]
65 años antes, en Ginebra, se firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Se trataba de un acuerdo que obedecía al mandato de su tiempo: la lucha por la liberación de los pueblos colonizados, la intención de los países del bloque capitalista de socavar el comunismo y su necesidad de adoptar para ello principios antifascistas. A la propaganda la acompañaron derechos efectivos para las personas en tránsito. Pero el mundo cambió de base. En 2016 apenas se habla de valores antifascistas, de descolonización o de liberación.
25 de noviembre, Valencia. Un centenar de personas participan en Solimed, un encuentro de solidaridad con las personas refugiadas. Las cifras del desastre humanitario son desperdigadas en las más de cien ponencias e intervenciones que dan cuerpo al encuentro. Más de 65 millones de personas -el equivalente de toda la población de Reino Unido- se encuentran en tránsito. Entre cuatro y cinco millones desplazadas en 2015.
Ocho millones de refugiados en Turquía desde el inicio de la guerra de Afganistán. Un millón en Líbano. 600.000 en Jordania. Millones de desplazados internos en Iraq y Siria. Dos campos de batalla, Mosul y Alepo, un millón en peregrinaje alrededor de las dos ciudades. 4.600 personas muertas en el Mediterráneo en 2016, el año con más muertes desde que se contabilizan. Violaciones y abusos a mujeres y niñas en todo el recorrido migratorio, también en Europa. Expansión de la trata. Menores obligadas a conseguir el permiso diciendo que tienen 20 años para poder ejercer la prostitución al llegar a Europa. Cifras de una guerra de guerras que está en curso.
Controversias
Desde la exposición de Sami Nair -exeurodiputado socialista y experto en movimientos migratorios- un debate recorre el encuentro: ¿hay que establecer diferencias entre refugiados y migrantes, a menudo calificados como migrantes económicos? Las dos posiciones aportan su lógica. Se discute si la distinción echa al pie de los caballos a las personas que no pueden acreditar su procedencia de países en conflicto. No son refugiados; por tanto, la maquinaria de control de fronteras cae sobre ellas. Frontex, redadas, CIE, exclusión. Negocios, como siempre.
Pero la equiparación, apunta Nair, es un «golpe de Estado» conceptual, al tratar el desplazamiento de miles de personas como un problema de fronteras y no de derechos humanos. Lo dice el periodista de M’Sur Ilya U. Topper: «No categorizar pone a ambos grupos [refugiados y migrantes] en el mismo nivel por abajo». «Refugiada es la persona que huye, no sólo la que es perseguida. El hambre, la pobreza o el cambio climático matan tanto o más que bombas y balas», dice la declaración final.
El mundo ha cambiado y Europa ha movido sus principios hasta consumar la muerte de la convención de 1951. En 1991 se firmaba el Tratado de Maastricht, un cambio sustancial en las relaciones dentro de la Unión Europea, que un año después se trasladaba a las fronteras. El acuerdo de Schengen, tres meses después de la caída del muro de Berlín, se adaptaba al bautizado como Nuevo Orden Mundial.
Con el Tratado de Lisboa de 2005 -que dice que la UE no tiene como objetivo la protección de refugiados-, con el Tratado de Gobernanza europea de 2012, se organizaba la expulsión de todos los contingentes de personas que el mercado no precise. Después, la crisis. Después, las guerras en Libia, Siria, Yemen, los millones de desplazados y la austeridad. Conflictos sin el marchamo de guerra como el de Nigeria, que han duplicado el número de nigerianos llegados a Italia en un año.
El magistrado territorial de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, lo corrobora: «Tengo la impresión de que la UE de hoy no hubiera firmado las declaraciones de 1948 y 1951». El sistema de asilo, explica Inés Díez, responsable del área jurídica de Red Acoge, no funciona «porque la UE no quiere». Del horror de la guerra y la descolonización a la situación de guerra en las fronteras. La profesora de Relaciones Internacionales Itziar Ruiz-Giménez resume este «nuevo contrato social: no hay derechos, hay soldados». En Europa se preparan nuevos acuerdos con Afganistán (inminente), Libia, Nigeria y Egipto. «Un sistema de coerción toma la fachada de un sistema de protección», dice la especialista en Derecho Internacional Violeta Moreno-Lax.
La respuesta ha sido organizada en la insolidaridad y la asimetría. Los Estados de la UE, que conservan su soberanía en cuestiones de acogida, culpan a Europa. La Unión Europea impone su perfil más duro. En 2015 se crea la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas, una «agencia de deportación», dice la eurodiputada Marina Albiol. Una guardia, como el Frontex, sin mandato humanitario. En contra de las convenciones de Ginebra de 1948 y 1951. En marzo de este año, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, lanzaba un mensaje duro: «Seas de donde seas, no vengas a Europa». La austeridad crea una «subjetividad de la escasez», una «lepenización de los espíritus», dice en Solimed el eurodiputado Miguel Urbán. Ante esto, se necesita «antifascismo democrático», exclama Urbán.
Xenofobia. Los discursos del miedo y de la seguridad contra la libertad y los derechos humanos. El derrumbe de la socialdemocracia lastra la posibilidad de una salida basada en el respeto a los derechos. Los socialdemócratas con poder -Hollande, Martin Schulz, Mateo Renzi- participan de la demolición del concepto de refugiado. En Dinamarca, el partido socialdemócrata votó a favor de confiscar objetos de valor como pago por el reconocimiento del estatus de refugiados. La austeridad catapulta los movimientos de extrema derecha en gran parte del continente. La batalla del penúltimo contra el último, dice alguien.
Solidaridad en precario
Ante esto, la organización de la sociedad civil organizada ha tomado la delantera. Solidaridad, derechos, justicia. Palabras que no se desgastan en el encuentro Solimed. Cierto escepticismo de algunas redes ciudadanas de acogida ante la acción en determinados ‘ayuntamientos del cambio’, en especial Madrid. Se presentan datos, más de 133 ciudades se han integrado en la red de municipios acogedores. Los gobiernos locales -dice el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens- tienen que ejercer de contrapoder. Barcelona, Ámsterdam y Atenas se han puesto de acuerdo para realizar su propio corredor seguro para la acogida de refugiados. Pero «el campo de batalla está en el Estado», confirma Asens.
El Estado ha optado por ponerse de perfil. Oficialmente no hay de qué preocuparse porque a España apenas le corresponden 4.900 refugiados en el reparto de la UE de los 160.000 para los próximos dos años en toda la Unión. Y, además, el compromiso no se está cumpliendo. El exministro José Manuel García Margallo afirmó que el acuerdo de la UE para la externalización era una «chapuza». La Unión Europea reconoce que, en materia de externalización de fronteras, España ha sido pionera con sus acuerdos con Marruecos o Senegal. La España de Rajoy es una pieza útil en el complejo equilibrio que intentan sostener las élites europeas.
Es el mismo gobierno que negó a la Generalitat Valenciana la autorización para una Operación Esperanza que estableciera un corredor a disposición de 1.400 personas de campamentos de Grecia e Italia, recuerda la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. La periodista Helena Maleno aporta otro recuerdo: no ha habido condena alguna en los tribunales españoles por los abusos en las fronteras. Ni por el caso del Tarajal, archivado hace un año, ni por el pinchazo del salvavidas por parte de la Guardia Civil que condenó a Lauding Sonko a morir ahogado, pronto hará diez años.
Entre los medios de comunicación cunde la perplejidad. «Nunca hubo tanta información, pero el resultado es la apatía», comenta Nico Castellanos, periodista de la Cadena Ser especializado en movimientos migratorios. La excorresponsal de RTVE Rosa María Calaf pide contexto: si los espectadores «se quedan en la emoción, no se hacen preguntas. Si no se hacen preguntas, no se buscan responsabilidades». Explicar las causas, buscar responsables entre quienes eluden la responsabilidad de la mayor catástrofe humanitaria de la Unión Europea en su historia.
«Se naturaliza la idea de que es de sentido común que hay personas sin derecho a tener derecho», protesta Ruiz-Giménez. El fantasma de la intolerancia cabalga en Europa, comenta Asens. El periodista Javier de Lucas ahonda: «El discurso del ‘efecto llamada’ es una apología del delito». La guerra en las fronteras y las recetas de austeridad están costando miles de vidas humanas cada año, se insiste en Solimed.