El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) acusa a la Generalitat catalana de aceptar la prolongación de las centrales nucleares de Cataluña más allá de los 40 años, al introducir un impuesto nuclear sin reclamar el cierre de estas plantas. El debate sobre los impuestos nucleares es una cortina de humo para no hablar del calendario de cierre de las centrales.