El alcalde de Ciudad de México ha sido destituido de su cargo por el congreso de la república y reafirmado en el mismo por el congreso local. El asunto, que debe ahora dilucidarse en las altas instancias constitucionales pues el texto legal no es claro en ninguno de los dos sentidos, no pasaría de ser […]
El alcalde de Ciudad de México ha sido destituido de su cargo por el congreso de la república y reafirmado en el mismo por el congreso local. El asunto, que debe ahora dilucidarse en las altas instancias constitucionales pues el texto legal no es claro en ninguno de los dos sentidos, no pasaría de ser un tema de debate entre juristas si no fuera por el trasfondo político y social que acompaña esta defenestración de Andrés Manuel López Obrador, principal figura del izquierdista PRD, llevada a cabo por la bancada mayoritaria del PRI y el PAN.
En solemne declaración el presidente Fox (PAN) registra el acontecimiento como «un triunfo del estado de derecho», repitiendo el argumento casi único que se esgrime contra López Obrador, acusado de desacato por la supuesta continuación de una obra pública en terrenos privados cuando el afectado había exigido su paralización.
Los hechos son muy distintos. La obra buscaba abrir un camino de acceso a un hospital, que finalmente se realizó en terrenos diferentes para atender a la denuncia de un vecino que al final no era siquiera el propietario efectivo del terreno en cuestión. Ni López ni funcionario alguno del DF incurrieron en abuso de poder o nada semejante. ¿Porqué entonces un juez menor decide «empapelar» a López?. Todo mundo coincide en que la razón solo es una: López Obrador es hoy por hoy el político más popular de México y encabeza todas las encuestas como candidato para las próximas elecciones presidenciales de 2006. Por el contrario, el PRI sigue en crisis y sus candidatos ni se acercan siquiera a López en preferencia de voto y el PAN está muy desgastado luego de seis años de gobierno en los cuales no disminuyó la pobreza (50% de la población), no solucionó el conflicto de Chiapas con los zapatistas, tampoco consiguió limpiar la administración de corruptos ni menos aún puso coto real al problema del narcotráfico. A tanta promesa incumplida habría que agregar el fracaso de Fox ante las autoridades estadounidenses: millones de mexicanos siguen siendo ilegales en Estados Unidos y la inmigración clandestina continúa, con toda su carga de miseria y dolor para las familias que se ven obligadas a ella. Lo último que se ha conocido es que para algunas familias tejanas se ha convertido en un deporte ir con sus jeeps, sus rifles y sus equipos de alta tecnología a la cacería de los inmigrantes que se aventuran por el desierto en búsqueda del «sueño americano» (El País, Madrid). Por supuesto, con la connivencia de la Guardia Nacional. Unos paramilitares de «fin de semana» o de vacaciones, que recuerdan aquellas partidas de caza que los colonos franceses realizaban por el río Mekong en Viet-Nam tiroteando al pobre desgraciado que tenía la mala suerte de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado. Cazadores furtivos que tampoco eran perseguidos por las autoridades coloniales de entonces.
El método de «ilegalizar» a un candidato de la oposición no es nuevo en México, como lo denunció el mismo López en su discurso ante el congreso que le juzgaba. Importantes figuras de la historia mexicana fueron víctimas de complots similares. Tampoco es exclusivo de Colombia que pistoleros de ultraderecha eliminen a los candidatos incómodos al sistema. En México también aparecen oportunos sicarios que eliminan inclusive a los candidatos no deseados del mismo partido de gobierno, como ocurrió con Colossio, del PRI. No sería entonces nada extraño que a pesar de la «democratización» de Fox vuelan los pistoleros a jugar su papel. De hecho no han desaparecido por completo. Siguen activos en Chiapas. Siguen muy activos en las mil bandas del narcotráfico que asolan el país de sur a norte. Además, sobran pistoleros de la delincuencia común en un país con altísimas tasas de criminalidad.
Resulta pues un sarcasmo que se alegue la «vigencia de la ley sin distinciones» para defenestrar a López Obrador. Un sarcasmo porque la impunidad que cubre a políticos corruptos al más alto nivel es conocida de todos. Constituye un ejercicio de la mayor hipocresía cuando las autoridades federales han sido incapaces de llevar a los tribunales a los asesinos de más de cuatrocientas mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos. Sencillas obreras de las maquilas, víctimas de una macabra empresa de asesinatos, violaciones y desapariciones en la cual parecen implicados muchos personajes de los bajos fondos, sin excluir al narcotráfico ni a la misma policía.
Por supuesto, que la delincuencia de los demás no justifica la propia. Pero ocurre que en este caso de López Obrador si siquiera se trata de un delito sino de una contravención menor que aún tiene que ser probada; es obvio además que la norma puede interpretarse de maneras diversas de suerte que la voluntad de grandes mayoría no sea burlada por la aplicación torcida, sesgada, manipuladora y leguleya de una norma menor.
Los que tienen en mente venderle a los gringos a precio de ganga el petróleo y las fuentes de energía de México acusan a López de abrir un camino a un hospital; los que han sido incapaces de mejorar en algo la pobreza de más de la mitad de los mexicanos se confabulan para eliminar de la carrera presidencial a quien tiene como programa precisamente recuperar la economía nacional y distribuir la riqueza; quienes han vendido el país y han uncido el destino de México a los designios extranjeros se rasgan las vestiduras en nombre de la ley y del derecho ante una conducta que -en caso de resultar confirmada por los jueces como una falta administrativa- no puede nunca compararse con los mil casos de corrupción que salpican tanto escaño, tanto funcionario, tantos presidente. A propósito, ¿en qué quedó la «estricta aplicación de la norma» en las investigaciones relativas a la masacre de la Plaza de Las Tres Culturas? (más de 400 estudiantes masacrados por la policía de la capital).
No hay que ser un genio para darse cuenta de los verdaderos motivos que tiene esta ofensiva legal contra López Obrador. Está en juego el futuro del modelo neoliberal que empezó el PRI y ha continuado el PAN y que convierte a México -tan nacionalista antaño_ en una especie de socio menor de la economía gringa: ofrece petróleo, energía eléctrica y mano de obra barata mediante la inmigración ilegal y las maquilas; de otra parte, importa excedentes agrícolas y mercancía de consumo cotidiano estadounidenses deteriorando gravemente el tejido económico local. De hecho, el país se ha convertido en una especie de «economía de complemento» que ofrece a los Estados Unidos todas las ventajas y recibe a cambio los efectos perniciosos de sus crisis. Crece la prosperidad para unos pocos; es la ruina para las mayorías.
López Obrador es, sin duda, un riesgo para Washington tanto como para la minoría que rentabiliza el actual modelo de economía que el Tratado de Libre Comercio ha instalado en el país.
El PRD ha llamado a la opinión pública a manifestarse pacíficamente contra esta maniobra inicua digna de una república bananera o de opereta. Por supuesto que siempre se puede alegar en favor de México que su rico y democrático vecino del norte tampoco puede hacer muchos aspavientos en este sentido: también allí tirotean presidentes, candidatos incómodos y líderes políticos molestos, y un par de jueces dan la presidencia a quien la ha perdido en las urnas.
El futuro inmediato de México es todo menos claro. El carácter pacífico de la protesta puede frustrarse (hay mucha gente especializada en provocaciones) y nadie sabría decir qué va a ocurrir de ahora en adelante en el país.
Pero el complot contra López si deja en claro que El PRI y el PAN no resultan tan diferentes como parecían. Son harina del mismo costal. Unos y otros representan la derecha y la ultraderecha política del país, encarnan los intereses más oscuros y los privilegios menos confesables. Al mismo tiempo – y aunque al PRD le quepan todas las críticas del mundo- lo cierto es que encarna la oposición del pueblo mexicano al actual modelo de gobierno inspirado por Washington. Tampoco en este país el modelo consigue convencer a las mayorías; también en México la oposición está en condiciones de propiciar un cambio a la izquierda en armonía con lo que acontece en todo el continente.
La maniobra contra López Obrador y el movimiento de renovación que él representa presagia entonces días muy difíciles para la ciudadanía de este país.
En México se confirma pues el adagio popular según el cual «en democracia todos somos iguales; pero hay unos más iguales que otros».