A Silvio Berlusconi no le gustan los jueces. Una vez los calificó de «enfermos mentales», asegurando que eran personas «antropológicamente diferentes del resto». Para Il Cavaliere los magistrados son, en esencia, un atajo de comunistas que tratan infructuosamente de buscarle problemas con el único objetivo de destruir su carrera política. A él, que jamás ha […]
A Silvio Berlusconi no le gustan los jueces. Una vez los calificó de «enfermos mentales», asegurando que eran personas «antropológicamente diferentes del resto». Para Il Cavaliere los magistrados son, en esencia, un atajo de comunistas que tratan infructuosamente de buscarle problemas con el único objetivo de destruir su carrera política. A él, que jamás ha cometido la más mínima ilegalidad…
Raro ha sido el día durante esta campaña electoral en el que Berlusconi no ha arremetido contra lo que él llama «las togas rojas». Ayer, tres días antes de que los italianos acudan a las urnas, descargó un nuevo y feroz ataque contra la Justicia, acusándola de estar conspirando para desacreditar su imagen internacional y la de Italia.
«Mientras yo trabajo día y noche, hay empleados del Estado, funcionarios pagados con dinero público, que maquinan contra el primer ministro. Es una infamia, una infamia», clamaba Il Cavaliere durante una rueda de prensa de 15 minutos (sin posibilidad de preguntas) consagrada íntegramente a despotricar contra la clase judicial.
«Es una infamia que usen los medios a su alcance para tratar de convencer a los ciudadanos de que cambien su voto», afirmaba, denunciando la existencia de una presunta confabulación entre la banca, la prensa y la magistratura para desalojarle del poder.
El último gran oprobio que Berlusconi le achaca a la Justicia es que, hace menos de un mes, la Fiscalía de Milán solicitó procesarle junto al abogado inglés David Mills, marido por cierto de Tessa Jowell, ministra británica de Cultura.
Según los fiscales, Mills habría recibido 600.000 dólares de Berlusconi a cambio de mentir en dos procesos en los que estaba involucrado el primer ministro italiano y conseguir su absolución. Il Cavaliere aseguró ayer que se trata de una perversa mentira y, para probarlo, distribuyó diversas fotocopias de unos documentos que en su opinión lo demuestran.
Berlusconi siempre se ha defendido de las acusaciones judiciales denunciando la existencia de un complot jurídico/comunista contra él y proclamando su inocencia. En esto último no le falta razón: hasta la fecha el expediente judicial de Il Cavaliere permanece inmaculado.
Pese a los numerosos procesos por delitos económicos siempre se las ha apañado para salir indemne. Gracias, en gran medida, a leyes aprobadas durante su mandato.
Ahí está, por ejemplo, la ley decretando que sólo se puede hablar de delito de fraude contable si hay una parte perjudicada que informa del hecho a las autoridades, lo que permitió que en septiembre de 2005 Il Cavaliere fuera declarado inocente de esa acusación. O la ley sobre rogatorias internacionales, que impidió a la Justicia italiana emplear contra él los datos de sus cuentas en Suiza. O la ley que garantizaba inmunidad judicial durante el desempeño de su cargo a los cinco mayores representantes del Estado (incluido el primer ministro), y que el Tribunal Constitucional derogó por considerarla contraria a la Carta Magna. O la llamada ley Cirami, que permite a los procesados algo tan extraordinario como recusar a los fiscales que les investigan aduciendo que tienen la «sospecha legítima» de que pudieran tener prejuicios contra ellos.
Con mucha retranca, un político de la oposición llegó a proponer que, en vez de cargarse todo el Código Penal, el Gobierno aprobara una ley que absolviera a Berlusconi de tener que dar cuentas a la Justicia.
Pero, por si las leyes a medida no fueran suficientes, Il Cavaliere ha contado con otra arma a su favor: la lentitud de la Justicia italiana. Algo que, sumado a su legión de abogados dispuestos a presentar las objeciones que hagan falta para retrasar al máximo los procesos, ha permitido al todavía primer ministro ser declarado inocente en al menos seis procesos por haber prescrito el delito en cuestión. En algunas ocasiones, aún habiéndose probado su culpabilidad.