El ex primer ministro y actual jefe de la oposición italiana, Silvio Berlusconi, irá a juicio acusado de corrupción en acto judicial por haber pagado a un testigo para que falsificara su testimonio, decidió hoy el juez encargado del caso, Fabio Paparella. La Fiscalía de Milán había pedido la apertura de juicio oral contra Berlusconi […]
La Fiscalía de Milán había pedido la apertura de juicio oral contra Berlusconi por el supuesto pago de 580.000 euros al abogado David Mills a cambio de que éste diera un falso testimonio en dos juicios contra el antiguo jefe del Ejecutivo, celebrados en 1997 y 1998, y en los que fue absuelto.
El juez ha aceptado hoy la petición de la Fiscalía de Milán y ha decidido enviar a Berlusconi y a Mills a juicio, cuya apertura comenzará el 13 de marzo.
Tras conocerse la decisión, Paolo Bonaiuti, portavoz de Forza Italia, el partido de Berlusconi, ha asegurado que se trata de «un nuevo golpe bajo» contra el jefe de la oposición «que nada tiene que ver con la Justicia y mucho con la política».
La decisión del juez también ha sido criticada por los abogados de Berlusconi, que habían solicitado la recusación del magistrado, ya que fue el mismo que decidió ya abrir juicio oral contra Berlusconi por el caso Mediaset.
En efecto, el caso por el que hoy se ha abierto juicio contra Berlusconi es una parte del sumario principal sobre la investigación contra Mediaset, el imperio audiovisual del jefe de la oposición. El 7 de julio el juez Paparella decidió ya juzgar a Berlusconi por falsedad en balance, fraude fiscal y apropiación indebida.
La vista oral contra Berlusconi y otros once acusados está prevista en principio para el próximo 21 de noviembre.
El origen del caso es la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset, por un valor de 470 millones de euros, en torno a la cual fue creado un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.
La fiscalía cree que en la operación se engordó artificialmente el precio real de los derechos, se desviaron a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros y se eludió al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre 1994 y 1996.