La administración del presidente René García Préval y del primer ministro Jacques-Édouard Alexis ha tomado recientemente algunas decisiones que parecen indicar un cambio decisivo o, al menos, importantes reorientaciones en cuanto a su política general, como por ejemplo la privatización de ciertas empresas públicas. Las prioridades del actual gobierno haitiano se han articulado en torno […]
Las prioridades del actual gobierno haitiano se han articulado en torno a las grandes cuestiones de la vida nacional: la lucha contra la inseguridad, la droga y la corrupción; la privatización de las empresas estatales pasando por la reforma del Estado, la revisión de la actual Constitución, la creación de riquezas e infraestructuras, la estabilización del marco macroeconómico y la atracción de inversiones.
El proyecto de privatización de empresas públicas por medio de su modernización, que el actual gobierno anunció el sábado 23 de junio de 2007, se perfila como la nueva prioridad.
La privatización de las empresas públicas contribuiría a «hacerlas rentables y más competitivas», según ha manifestado el jefe de Estado René Préval. Pero, ¿a qué precio y en provecho de quiénes?, se preguntan muchos analistas.
Este proceso de privatización ha originado una ola de revocaciones (de más de mil empleadas y empleados) en la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (Teleco), la primera empresa pública que ha sido objeto de esta medida gubernamental. También ha provocado intensos debates, reacciones hostiles y aun tensiones en el seno de la sociedad haitiana.
La lucha contra la inseguridad, la corrupción y la droga: la primera prioridad
A lo largo de los primeros seis meses de este año, la Policía Nacional de Haití (PNH) y los cascos azules de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) han realizado varias intervenciones fuertes en los barrios considerados como peligrosos en Puerto Príncipe, la capital haitiana, y en otras ciudades como Gonaïves (ubicada a 171 kilómetros al norte de Puerto Príncipe), para neutralizar a los bandidos.
Como resultado, «la criminalidad generalizada ha bajado en un 70 %», según el balance comunicado el 11 de junio pasado por el primer ministro haitiano, en la Cámara de diputados.
Desde entonces las operaciones conjuntas, que han llevado a cabo las dos principales fuerzas de seguridad en el país, se han dirigido mucho más en contra de los traficantes de droga, con el apoyo de la agencia americana de lucha contra el narcotráfico (Drug enforcement agency, Dea). Se han incautado importantes cantidades de estupefacientes a lo largo y ancho del territorio haitiano; presuntos narcotraficantes muy reconocidos están siendo buscados y, según recientes declaraciones del presidente Préval en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, «serán arrestados».
El combate contra los bandidos armados, los narcotraficantes y la corrupción ha contribuido a crear un clima de seguridad «relativo» en el país, ya que algunos casos de secuestros, homicidios y violencia contra ciudadanas y ciudadanos se siguen registrando.
Dado estos resultados positivos en materia de seguridad, el actual gobierno parece recobrar la confianza en sí mismo, al igual que la de la población y de la comunidad internacional, de tal modo que ahora se está planteando otras prioridades relacionadas directamente con el desarrollo socioeconómico del país que, asegura Préval, ha sido «contrariado» por la inseguridad, la droga y la corrupción.
La privatización de las empresas públicas
El sábado 23 de junio, el presidente haitiano notificó a la opinión pública su decisión de privatizar, o mejor dicho, «modernizar» las empresas públicas con el objetivo de volverlas rentables y más competitivas. La Teleco fue mencionada como la primera empresa pública que entraría en este proceso doloroso tanto para los empleados que ya fueron revocados como para los otros que esperan su turno.
Desde finales de junio de 2007 hasta la actualidad, algunos rumores que circulan a través del país han hecho creer que otras empresas públicas, tales como la Oficina Nacional de Seguro de Jubilación (en francés: Office National d’Assurrance-vieillesse, ONA), la Autoridad Portuaria Nacional (en francés: Autorité Portuaire Nationale, APN), Electricidad de Haití (en francés, Électricité d’Haïti, EDH), tendrán el mismo destino que la Teleco.
Las reacciones en contra de la privatización
Dicho anuncio ha provocado el enojo y la furia de empleadas y empleados de la Teleco, de la misma manera que ha suscitado muchas críticas de parte de especialistas, representantes de partidos políticos y de movimientos sociales.
Algunos apuntan la falta de transparencia del actual gobierno que no consultó los sectores importantes de la vida nacional antes de tomar esta decisión que amenaza con afectar considerablemente el país.
Otros condenan las revocaciones que se hicieron de una manera que juzgan «abrupta y precipitada» y que, de un día a otro, mandan al desempleo a todos esos empleados considerados como «sobrantes» en la empresa nacional de telecomunicaciones.
Otros señalan las consecuencias desastrosas que traerá dicha decisión gubernamental para el Estado, «que se debilitará más», y para la población, «cuyos ingresos y poder de compra ya son débiles y cuyo acceso a los servicios sociales básicos muy limitados».
La opinión común, que diferentes sectores del país comparten cada vez más, tiende a considerar la ola de privatización tan anunciada de las empresas públicas como parte de la aplicación, por el actual gobierno, del plan económico (el neoliberalismo) que la comunidad internacional, principalmente las instituciones financieras internacionales tales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), quisiera imponer al país sin tomar en cuenta las necesidades reales (la pobreza, la desigualdad de ingresos, el desempleo, etc.) y el bienestar de la población.
¿Hacia una nueva orientación económica e ideológica del gobierno haitiano?
Si bien el actual gobierno ha insistido en la necesidad de atraer las inversiones buscando crear un clima de seguridad en el país y ofreciendo un marco macroeconómico estable (estabilidad de la tasa de cambio; lucha contra la inflación, el fraude y la evasión fiscal, etc.), nunca ha sido cuestión de privatizar las empresas públicas vendiéndolas a inversionistas privados, o confiándoles la gestión de ellas, o creando un partemariado público-privado para administrarlas.
Al contrario, en su programa general, el gobierno se propuso como objetivo organizar y reformar el Estado, lo que suponía que iba a reforzar el Estado en sus engranajes administrativos, en la gestión de sus bienes, de sus empresas y de los servicios que ofrece.
Cabe preguntarse si la administración de René Préval y de Jacques-Édouard Alexis está cambiando su política general, la está redefiniendo, o trata de darle otro contenido.
Lo único que queda claro es que varias familias haitianas, provenientes de las capas populares y de la clase media, comienzan a ser víctimas de esta modificación al nivel de la política del actual gobierno.
Más de uno estima que la sociedad haitiana, más específicamente las familias pobres y económicamente vulnerables, no será ni consultada ni tomada en cuenta en la adopción de esas nuevas medidas económicas, por las cuales la administración Préval/Alexis está afirmando claramente su pertenencia (¿por opción propia, por necesidad o por imposición?) a la ideología neoliberal más que a la línea socialista de los gobiernos izquierdistas de América Latina.