El Tratado de Lisboa, que se marcó el objetivo de hacer más eficaz a Europa, parece más amenazado que nunca tras el Consejo Europeo de los dos últimos días. Una semana después del «no» irlandés en referéndum, la Unión Europea sigue sumando problemas. Al recelo checo se suma ahora una nueva crisis en el proceso de ratificación británica. Ante la imposibilidad esta vez de disimular el fracaso, la cumbre de la UE se convirtió en una auténtica jaula de grillos.
Los dirigentes de los países miembros de la Unión Europea, que esperaban siquiera consensuar un compromiso en torno al más que discutible futuro del Tratado de Lisboa, volvieron a casa de vacío.
Tras 24 horas de cumbre en Bruselas, no pudieron más que limitarse a aceptar la petición de Irlanda de una prórroga hasta el próximo Consejo Europeo del mes de octubre.
La propuesta de forzar un segundo referéndum en Irlanda -coincidiendo con las elecciones al Parlamento de Estrasburgo en junio de 2009- a cambio de varias cláusulas de salvaguarda a Dublín (mantenimiento de su comisario en Bruselas y otras garantías) no halló eco en el taoiseach irlandés, Brian Cowen, quien se limitó a señalar que «para ser honesto, no tengo respuesta en este momento, aunque soy consciente de que el voto irlandés (en el referéndum) tiene serias implicaciones para el resto de Europa».
Más allá de este fracaso anunciado, el fiasco no quedó ahí y los dirigentes de la Unión no pudieron siquiera consensuar un llamamiento claro a acelerar, en este intervalo de cuatro meses, la ratificación del tratado en los siete países que no lo han hecho aún. Habida cuenta del riesgo de que el texto sea rechazado por el Parlamento checo -el primer ministro, Mirek Topolanek, reconoció ayer que «no me jugaría cien coronas apostando por su ratificación»-, Praga rechazó toda formulación excesivamente «apremiante».
El comunicado final de la cumbre certifica que «19 parlamentos han ratificado el Tratado» y que el proceso «sigue su curso», aunque se ve obligado a reconocer que la ratificación checa «no podrá culminar sin el aval de la Corte Constitucional».
No es el jurídico el único problema del Tratado de Lisboa en la República Checa. Éste es rechazado por el presidente del país, Vaclav Klaus, y por buena parte de los dirigentes de su formación, el ODS, que tiene mayoría en el Senado. El Gobierno checo de coalición se muestra profundamente dividido y temeroso de una opinión pública que, por distintos motivos, recela de la Unión Europea.
Junto al «no» irlandés y el recelo checo, la cumbre sumó ayer otro contratiempo. Un alto tribunal londinense exigió ayer al Gobierno británico que retrase la ratificación hasta que decida sobre el recurso de un ciudadano que reivindica el derecho a votarlo en referéndum. Su ratificación a toda prisa por la Cámara de los Lores en vísperas del Consejo Europeo se ha quedado, finalmente, en un gesto vacío.
Aunque el parón británico podría ser de corta duración -el tribunal debe pronunciarse la semana próxima-, viene a reforzar la impresión de que no hay quien salve la situación.
Así las cosas, y pese a que habían prometido no embarrarse en las cuestiones institucionales, los dirigentes de la UE no pudieron aportar respuestas concretas a los «problemas concretos de los ciudadanos».
Frente al incremento de los precios del petróleo, no hicieron sino escenificar sus diferencias. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se mostró en desacuerdo con Alemania sobre la cuestión de la fiscalidad de los productos petrolíferos. Lo único que logró París fue un compromiso por parte de la Comisión de Bruselas para examinar posibles medidas para luchar contra el encarecimiento del petróleo.
La Presidencia francesa de turno de la UE, que arranca el 1 de julio, lo hace con mal pie, en razón no sólo de la crisis institucional sino también por las tensiones entre París y la Comisión, que se acusaron mutuamente ayer de haber contribuido al «no» irlandés.
Chantaje con Croacia
Conocido es, sin embargo, el «voluntarismo» de Sarkozy, quien volvió a hacer gala de él y no dudó en agitar la amenaza de un freno a la adhesión de Croacia, que se espera en 2010, para presionar a la República Checa a ratificar el tratado. Un chantaje en toda regla a los checos, favorables a la apertura de la UE a los Balcanes.
«Irlanda es un problema -reconoció el inquilino del Elíseo-, pero si sumamos un segundo o incluso un tercer problema, la cosas de complica», advirtió.
«Para la ampliación hace falta unanimidad y sería muy curioso que Europa no se ponga de acuerdo sobre sus instituciones y en cambio acuerde por unanimidad admitir a uno, dos o tres nuevos socios» al club de los Veintisiete, amenazó.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó de «inaceptable sostener que el resultado del referéndum de Irlanda cierra las perspectivas europeas para Croacia, Serbia u Ucrania», advirtió. El primer ministro luxemburgués, fue tajante en su alineamiento con París. «Sin nuevo tratado, no hay ampliación», señaló Jean-Claude Juncker.
De regreso a las cumbres europeas, el italiano Silvio Berlusconi se mostró conciliador en el caso de Croacia e imploró que «no le faltan más que unos pocos capítulos (de negociación) por cumplir».
Países como Austria y Finlandia fueron más allá y recordaron que los Balcanes no pueden convertirse en paganos del rechazo irlandés a Lisboa.
En semejante clima de patio de colegio, las dos decisiones del Consejo en materia internacional, el final de las sanciones a Cuba y el endurecimiento de las que penden sobre Zimbabwe, adquirieron un valor inusitado.
Levantan las sanciones a Cuba ante el enfado de Washington
La UE decidió ayer levantar las sanciones a Cuba vigentes desde 2003 y ofrecer a las autoridades de la isla «una nueva etapa de diálogo y cooperación» a cambio de que «faciliten» el acceso de organismos humanitarios al interior de las prisiones. El texto acordado en Bruselas por los ministros de Exteriores de los 27 advierte a La Habana de que en junio de 2009, cuando tocará revisar la posición común de la UE con respecto a la isla, el Consejo evaluará «la efectividad» del proceso de diálogo que «sólo continuará si los ministros están de acuerdo por unanimidad en que ha servido para avanzar en materia de derechos humanos».
El Gobierno cubano calificó de «injustas las medidas que la UE impuso bajo el pretexto del arresto de 75 contrarrevolucionarios pagados y avalados por el Gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden político, económico y social de la isla», remarcó el diario «Granma».
El ministro de Exteriores, Felipe Pérez Roque, consideró que el levantamiento de las sanciones es «un paso en la dirección correcta», aunque se tomarán su «tiempo» para valorar el documento.
Washington y los opositores al Gobierno cubano pusieron el grito en el cielo por esta decisión.