El pasado día 13 nos dejó la confirmación de que esta Europa de los mercaderes no gusta a sus ciudadanos, al menos a los que les preguntan por ella. Desde entonces se ha abierto un periodo interesante en el que los líderes europeos tratan de explicar, hacer digerible y buscar soluciones al varapalo irlandés al […]
El pasado día 13 nos dejó la confirmación de que esta Europa de los mercaderes no gusta a sus ciudadanos, al menos a los que les preguntan por ella.
Desde entonces se ha abierto un periodo interesante en el que los líderes europeos tratan de explicar, hacer digerible y buscar soluciones al varapalo irlandés al proyecto elitista de construcción europea. Es ahora cuando, entre risas nerviosas y gestos contrariados, aquéllos acaban verbalizando lo que realmente piensan y el discurso soterrado hasta entonces sale a la luz sin contención ni mesura.
Revisando las declaraciones y reacciones de quienes gobiernan la Unión Europea y sus Estados miembros puede apreciarse como, en líneas generales, los términos de ese discurso se centran en torno a cuatro grandes ejes.
No hay que rascar mucho para entender que esta Europa del capital es insensible, cuando no contraria, a los intereses de sus ciudadanos; adolece de déficit democráticos que, para el caso de otros países del mundo, serían motivo más que suficientes para invadirlos en nombre de la restauración de la democracia y la preservación de los derechos de los ciudadanos; y avanza, de forma irrefrenable y a costa de derechos laborales y sociales que habían sido considerados avances para la civilización, hacia la consolidación de un espacio de acumulación para el capital del que sólo se pueden sentir orgullosos las empresas (que, por cierto, aunque no votan sí deciden y, si no, a qué viene tanto lobby suelto en Bruselas).
Ésas son, a mi modo de ver, las verdaderas razones o, al menos, las que la mayor parte de los europeos tendríamos en común en contra de la Europa que se está construyendo de espaldas a los ciudadanos. Por lo tanto, y en la medida en que parte del voto irlandés en contra del Tratado obedece también a esos motivos, aunque se trate de ocultar, me gustaría saber qué opinan al respecto y cómo piensan arreglarlo las autoridades europeas.
Sin embargo, mucho me temo que podemos estar seguros de que no oiremos a ningún líder europeo salir a la arena pública con esos argumentos para, a continuación, reconocer los errores, hacer acto de constricción y tratar de enmendarlos. Por el contrario, las invectivas se han dirigido contra los irlandeses; nada de extraer conclusiones generales peligrosas que pudieran poner en riesgo la construcción europea. Centrémonos en lo particular y difuminemos lo general, parece ser la directriz en torno a la que se han atrincherado aquéllos.
El mundo está lleno de desagradecidos
La recriminación viene a alimentar así la argumentación de quienes piensan que los fondos sociales europeos deberían desaparecer porque ni siquiera sirven para comprar voluntades. ¡Qué poco rendimiento para tanto dinero!, debe rumiar más de uno en Bruselas.
Cuando la democracia es el error
Por un lado, están quienes piensan que una cosa tan relevante como una Constitución -que es, en definitiva y como ya escribí en su momento, lo que es el Tratado de Lisboa- no puede ser sometida al libre albedrío de los ciudadanos que se gobernarán con ella. Y ello porque éstos andan siempre carentes de tiempo -¡y menos que tendrán una vez aprobadas las 65 horas semanales!- y capacidades para comprender las sofisticaciones jurídicas del texto en cuestión.
En este sentido, el editorial de El País del 14 de junio se hacía eco de dicho planteamiento sin ningún tipo de pudor: «Hay otros argumentos para explicar el rechazo. Tienen que ver con lo absurdo de someter a referéndum cuestiones tan complejas como las que albergan las casi 400 páginas de documento de Lisboa». ¿Queda claro, no?
Eso sí, si los irlandeses hubieran aprobado la ratificación del Tratado otro gallo hubiera cantado. En ese caso, nadie dudaría ahora de que sabían lo que estaban votando, lo conocían, comprendían y aprobaban. Con lo cual nos encontramos con el fantástico caso de que las facultades cognitivas de los ciudadanos se hacen depender de la valoración del texto en cuestión y sólo se les reconocen a quienes lo aprueban y están conformes con su contenido. Todo aquel que lo rechace, aunque sea de forma argumentada, serán tachado, como mínimo, de necio.
El corolario último es evidente: Irlanda está llena de necios y en el resto de Europa somos unos lumbreras que, conscientes de nuestra sabiduría, delegamos nuestra capacidad de decidir en nuestros representantes políticos para que ellos lo ratifiquen en nuestro nombre. A fin de cuentas, ellos saben bien lo que nos conviene a todos así que para qué molestarse en el engorroso acto de votar
Y, por otro lado, están quienes argumentan que el voto de los ciudadanos de un país, aun cuando las reglas del juego se han fijado previamente para que la toma de decisiones se adopte por unanimidad, no puede paralizar un proyecto que implica a más de 500 millones de personas.
Es más, se abunda en la idea de que los irlandeses suponen tan sólo el 1% de la población total de Europa o, llevada al extremo y con tintes dramáticos, se remarca que la diferencia entre el avance y el estancamiento institucional de Europa ha dependido tan sólo de la voluntad de 110 mil votantes, esto es, el número de votos de diferencia entre los partidarios de rechazar la ratificación del Tratado y quienes querían ratificarlo.
La democracia se convierte, entonces, en una cuestión de aritmética pura y dura y no en un mecanismo de decisión colectiva que, sobre todo, tiene que velar por la preservación de los derechos de las minorías y que, en consecuencia, trasciende la simple aritmética electoral y se torna compleja en sí misma.
Sin embargo, todo ello se está ignorando en estos momentos. Es más, se obvia hasta que, para la aprobación del Tratado, la regla de unanimidad viniera impuesta de partida y fuera definitoria del proceso de toma de decisiones. Bastaría con que se reconociera esa cuestión para que cualquier discusión y todas las declaraciones al respecto quedaran definitivamente atajadas. Si un miembro no quiere, el proceso no avanza. No hay más que hablar.
¿Qué hacer ahora: ignorar o repetir?
Y, finalmente, el debate actual tampoco escapa a la cuestión de las posibles soluciones a la crisis institucional generada por el resultado del referendo irlandés.
Así, más allá de las declaraciones apesadumbradas aunque con altísimo contenido político como las del jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, cuando afirmó que «la vida debe seguir», los jefes de estado y autoridades europeas andan empeñados en afirmar que el Tratado de Lisboa sigue vivo, que la Unión Europea vive en permanente crisis y que, por lo tanto, lo que ha ocurrido no es ninguna novedad.
Y lo peor de todo es que tienen razón: el Tratado sigue vivo. De hecho, el Tratado es la misma Constitución Europea que, al ser rechazada por Francia y Holanda, mutó en el Tratado de Lisboa y que, ahora, al ser rechazado por Irlanda volverá a mutar en el Tratado de «pensamos-seguir-intentándolo-hasta-que-lo-consigamos».
(Por cierto, y permítanme el sarcasmo, ¿no creen que sería interesante saber si la Iglesia Católica considera pecado la manipulación genética de Tratados?).
En todo caso, también en el ámbito de las soluciones, y dando por hecho que el Tratado de Lisboa volverá a mutar en algo similar que tratará de aprobarse a toda costa, se presentan dos opciones que me parecen especialmente preocupantes.
Por un lado, desestimar el resultado irlandés, es decir, ignorar la decisión de los ciudadanos del único país que ha sometido a referendo el Tratado. O, lo que es lo mismo, desestimar el resultado de la voluntad de un pueblo democráticamente expresada y que era vinculante para el resto de la Unión Europea desde el momento en el que, como hemos dicho, para la aprobación de aquél rige la regla de la unanimidad.
Evidentemente, ello sólo se está planteando porque la negativa proviene de Irlanda. Si este resultado se hubiera obtenido en Alemania o Francia otras hubieran sido las vías de solución planteadas. ¿O es que cuando Francia votó no a la Constitución Europea a alguien se le ocurrió plantear que había que avanzar a toda costa en la construcción europea aunque eso implicara configurar una Europa a dos velocidades en la que Francia iría en el furgón de cola? Pues eso.
Y, por otro lado, están los que en un primer momento sugirieron la posibilidad de que Irlanda repitiera el referendo y que ahora la van consolidando. Así, los líderes de la Unión Europea se están planteando ya abiertamente que Irlanda repita su referendo en junio de 2009, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo y asegurándosele, previamente, que mantendrán algunos privilegios (entre ellos, la conservación de su comisario).
Está visto que esos líderes tienen una percepción un tanto sui géneris de la democracia y entienden que los resultados de las votaciones sólo pueden ser válidos cuando coinciden con los esperados. ¡Ay de los ciudadanos de aquél Estado miembro que se atrevan a oponerse a la voluntad de quienes no someten la aprobación de una Constitución al veredicto de la ciudadanía! Serán condenados sin remedio, y en una suerte de versión postmoderna del mito de Sísifo, a repetir la votación hasta que el resultado sea el previsto.
El resultado final: la democracia secuestrada
Estas son, grosso modo, las líneas generales de los discursos que se han podido escuchar por parte de los líderes europeos tras la victoria del «no» en el referendo irlandés. Como puede apreciarse, se encuentran muy lejos de los que cualquier ciudadano mínimamente formado e informado podría considerar como democráticos. De hecho, muchos de ellos se sustentan sobre posiciones radicalmente antidemocráticas.
El problema es que mientras esos líderes quieren avanzar en la conformación de una Unión Europea de los mercaderes, en una Europa más preocupada por ser un mercado único que una sociedad de bienestar, a los ciudadanos ya ni siquiera nos quedan los mecanismos democráticos para expresar nuestra opinión e intentar encauzar el proyecto europeo en otra dirección.
Europa anda empeñada en robarnos la democracia porque piensan que no sabemos usarla; porque entiende que no somos responsables para decidir cuáles son nuestros intereses y cómo gestionarlos; porque supone que el mundo debe ser gobernado por técnicos y políticos profesionales en perfecta connivencia: técnicos que sirven a un proyecto político, políticos que sirven a intereses económicos. Mientras tanto, la ciudadanía sólo puede participar como espectadora y, cuando se le requiera, acudir a las urnas para votar a favor de un resultado, el que ellos previamente han determinado.
Ante este panorama, y secuestrada la democracia, ¿qué nos queda? ¿Resignación o revolución? Ustedes eligen.
Alberto Montero ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes ver otros textos suyos en su blog La Otra Economía.