El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a Gran Bretaña por la detención de once personas amparándose en las leyes especiales dictadas tras los atentados del 11-S en Estados Unidos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Gran Bretaña por los cargos de «violación de la libertad y la seguridad» por detener a once personas amparándose en las leyes especiales dictadas tras los atentados del 11-S de 2001.
El tribunal ha establecido para todos ellos indemnizaciones de entre 1.700 y 3.000 euros, además de una compensación conjunta de 60.000 euros por gastos del juicio.
Entre los denunciantes se encuentra el clérigo jordano Abu Qatada, que será indemnizado con 2.800 euros.
Todos los denunciantes están considerados «terroristas internacionales» y fueron detenidos entre el 19 de diciembre de 2001 y octubre de 2003., en virtud de una «ley antiterrorista» promulgada el 4 de diciembre de 2001.
Qatada, al que se le vincula con Al Qaeda, fue confinado sin orden judicial en una especie de arresto domiciliario y más tarde encarcelado en la prisión de Belmarsh.
Londres decidió no expulsarles a sus países de origen que los reclamaban, alegando el riesgo de que fueran torturados, por lo que los mantuvo detenidos.
Los jueces de Estrasburgo han dictaminado que las autoridades británicas no mostraron una voluntad real de negociar unas condiciones de expulsión de los arrestados, lo que a su juicio pone en duda el carácter «momentáneo» de las detenciones.
«El internamiento y la detención preventiva sin inculpación son incompatibles con el derecho fundamental a la libertad», a menos que haya una derogación válida, indica el tribunal.
Gran Bretaña argumento que la amenaza «terrorista» era un motivo suficiente para derogar ese principio, pero Estrasburgo lo considera «desproporcionado».
La Cámara de los Lores emitió en 2004 un dictamen que obligó al Parlamento británico a abolir la «ley antiterrorista».