Ángeles Maestro, número 5 de la lista Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), opinó ayer que la impugnación de la candidatura por la Abogacía del Estado demuestra «la histeria» del Gobierno ante la posibilidad de que «alguien que no tiene la boca tapada hable de lo que está pasando en este país». Para Ángeles […]
Ángeles Maestro, número 5 de la lista Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), opinó ayer que la impugnación de la candidatura por la Abogacía del Estado demuestra «la histeria» del Gobierno ante la posibilidad de que «alguien que no tiene la boca tapada hable de lo que está pasando en este país».
Para Ángeles Maestro la actuación gubernamental demuestra la «escasísima cobertura democrática que tiene el sistema institucional español».
La número 5 de II-SP admitió que no se puede descartar «de ninguna manera» la ilegalización de la candidatura, ya que «el Gobierno ha demostrado que puede hacer con la Ley de Partidos lo que le dé la gana». A su entender, el hecho de que «el primer dramaturgo en lengua castellana sea la gran baza para aplicar la ilegalización es absolutamente penoso y da muestra de la histeria que le recorre al Estado y a las clases dominantes, a la gran banca y al gran capital».
Para Maestro, esos sectores temen «la posibilidad de que alguien que no está subvencionado, que no tiene la boca tapada, pueda hablar de lo que está pasando en este país, con una crisis económica absolutamente provocada por el capital y que tienen como única respuesta del Gobierno soltar dinero a los bancos y a las grandes multinacionales».
Igualmente denunció que para el Ejecutivo español el «entorno de ETA es más grande que una galaxia», ya que la impugnación «involucra a diferentes colectivos políticos y sociales de distintos puntos del Estado». «No va a haber cárceles suficientes para todos», añadió.
Reacciones políticas al proceso de ilegalización de Iniciativa Internacionalista
Otras fuerzas políticas de izquierdas también mostraron ayer un rotundo rechazo a la decisión de la Fiscalía del Estado y del Gobierno de proceder a la ilegalización de la candidatura «Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos».
Para Izquierda Anticapitalista este hecho «constituye un nuevo paso adelante en la criminalización de un sector de la ciudadanía del Estado español que puede reconocerse representado en esa lista y en su apoyo, entre otros objetivos, a la legítima apuesta política por el independentismo y la solución negociada de conflictos como el vasco».
Esta organización política, que promueve una lista en estas elecciones europeas en la que participan también activistas sociales e independientes, consideró que de «llevarse finalmente a efecto esa ilegalización, amparándose para ello en una injusta Ley de Partidos y en un poder judicial que tienden a extender cada vez más la definición de ‘entorno terrorista’, nos encontraremos de nuevo con la vulneración de derechos básicos como los de asociación, participación y representación política y otro retroceso muy grave del Estado de derecho». [Leer comunicado completo: http://www.anticapitalistas.org/node/3823]
Igualmente el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) denunció mediante un comunicado el hecho de que «una vez más, el gobierno de la socialdemocracia liberal -con su manida coartada de la lucha contra el terrorismo- ataca los derechos al libre ejercicio de la actividad política de una parte de la sociedad española». El PCPE consideró que junto al gobierno otros partidos políticos también son responsables de la «antidemocrática Ley de Partidos», y que «la independencia del poder judicial, una vez más, se demuestra como una pantomima; en la realidad hay un solo poder: la dictadura del capital que se ejerce con todos los medios del estado burgués».
Por todo ello la organización comunista exigió la paralización del proceso iniciado por el Gobierno contra Iniciativa Internacionalista «y que desista sin demora de todas las maniobras que tienen como finalidad interferir en el proceso electoral del próximo 7 de junio para favorecer sus posiciones políticas al servicio de la oligarquía y contra los derechos de la clase obrera y de los pueblos». Al tiempo mostró su rechazo a la Ley de Partidos y a los actos derivados de la aplicación de la misma, exigiendo «la derogación de dicha Ley y su paralización inmediata hasta tanto se desarrolle el proceso pertinente para su anulación». [Leer comunicado completo: http://www.pcpe.es/?p=1419]
El candidato de Izquierda Unida (IU) a las elecciones europeas, Willy Meyer, defendió el respeto a las decisiones de los tribunales y evitó ampliar su opinión sobre la decisión del abogado general del Estado de impugnar la lista de II-SP.
«Estamos en un Estado de Derecho y lo que hay que hacer es respetar el Estado de Derecho, si está en los tribunales serán los que decidan», argumentó tras conocer la intención de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de impugnar la lista encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre. En este sentido, insistió en que la justicia es la responsable de la aplicación de la norma electoral. «Si un juez o un tribunal decide que determinada candidatura no se debe presentar, pues no se presenta», subrayó Willy Meyer tras impartir una conferencia organizada por el Real Instituto Elcano en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por su parte la dirección federal de IU volvió a exigir a los alcaldes y concejales de IULV-CA de la provincia de Sevilla, pertenecientes al Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), que retiren los avales, al menos en términos políticos, a la candidatura impugnada por la Fiscalía. Sin embargo, el líder del CUT y parlamentario andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, afirmó que los cargos públicos del CUT mantendrían los citados avales mientras no exista una sentencia firme e irrevocables de la justicia, pues por el momento lo único que hay son «sospechas». Sánchez Gordillo reiteró que avalar a un partido no es dar su apoyo y recordó que es «costumbre del partido avalar todas las candidaturas de izquierdas que se lo pidan» para que se puedan presentar a las elecciones.
Partidos vascos muestran también su rechazo
Tras conocerse la impugnación de la lista por su relación con Batasuna, la izquierda abertzale salió al paso negando «la supuesta promoción e instrumentalización» por su parte de la citada candidatura. Además, consideró su impugnación como «un salto cualitativo en la estrategia de persecución e ilegalización de ideas que el Estado español ha venido desarrollando hasta el momento».
Igualmente trasladó su solidaridad a las «gentes» que componen la candidatura encabezada por Alfonso Sastre, y especialmente a este dramaturgo, «ante lo que constituye una auténtica caza de brujas ideológica y personal». Al tiempo denunció «este nuevo episodio de persecución política e ideológica» y que el Estado español utilice la Ley de Partidos, de la que exigieron su derogación, «como un chicle en beneficio de su estrategia de guerra, no ya contra la izquierda abertzale sino, a la luz del mencionado salto cualitativo, contra toda forma de disidencia política en el conjunto del Estado».
Aralar calificó la impugnación como un «ataque a la democracia». Su coordinador, Patxi Zabaleta, dijo ayer que su partido «reprueba» la decisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y opinó que «una democracia que llega al punto de ilegalizar a personas tan honestas y con tantas virtudes culturales como Alfonso Sastre o Doris Benegas, no es una democracia madura y completa».
Tras expresar su solidaridad a las personas que forman la lista electoral de II-SP, Zabaleta agregó que la Ley de Partidos, junto a «las iniciativas y sentencias que la desarrollan, van en contra de la democracia y, por tanto, no ayudan en nada en el camino hacia la paz».
Por último el portavoz de Eusko Alkartasuna, Mikel Irujo, expresó su «disconformidad» con la decisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado porque «atenta y limita los derechos fundamentales de participación, asociación y expresión».
Para Irujo la ilegalización de esta lista supondría «una auténtica aberración política» y matizó que los partidos quien «los legaliza o ilegaliza» son los «ciudadanos en las urnas». «Por lo tanto -añadió-, lo que no se puede hacer es ir en contra de principios y derechos básicos en democracia, como es el derecho a la participación política». Para saber más: