El pasado 22 de mayo de 2009, al límite del comienzo de la campaña electoral del 7 de junio al Parlamento Europeo, el Tribunal Constitucional enmendaba la plana a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que acababa de dictar sentencia prohibiendo la participación de la candidatura de Iniciativa Internacionalista, La Solidaridad de los Pueblos, […]
El pasado 22 de mayo de 2009, al límite del comienzo de la campaña electoral del 7 de junio al Parlamento Europeo, el Tribunal Constitucional enmendaba la plana a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que acababa de dictar sentencia prohibiendo la participación de la candidatura de Iniciativa Internacionalista, La Solidaridad de los Pueblos, en las elecciones europeas, por ser supuestamente sucesora de las organizaciones de la izquierda independentista vasca ilegalizadas en los últimos años al albur de la Ley de Partidos Políticos del 2002. El TC estimaba los recursos de la candidatura electoral encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre y declaraba que podía participar en la campaña electoral.
Los pruebas aportadas por el gobierno y la fiscalía para declarar la ilicitud de la candidatura, compuesta por meros informes policiales de la actividad política de sus candidatos más relevantes, que a la especialísima sala del 61 del Tribunal Supremo le sirvió para instar la ilegalización sin dudarlo, al TC no le ha bastado y provoca la primera negativa del constitucional a ilegalizar una candidatura electoral que contaba con el apoyo explícito del poder ejecutivo y de un órgano del poder judicial tan importante como el TS para eliminarla de la contienda electoral.
En esta ocasión, se ha impedido el despojo de derechos y libertades civiles en el que colaboran a la par el PP y el PSOE, a través del mecanismo de la Ley de Partidos Políticos y, aquellos que lo deseen, podrán ejercitar un derecho tan fundamental de los ciudadanos, como el de sufragio, que tantas veces ha sido arrasado por la política del denominado «pacto antiterrorista», al igual que los derechos de asociación, expresión y manifestación.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de mayo permite la presencia de Iniciativa Internacionalista, pero no puede ocultar anteriores sentencias del mismo tribunal que han venido declarando como sucesoras de Batasuna a un amplio listado de organizaciones políticas y candidaturas electorales en el País Vasco, lo que supuso un ataque a los derechos de participación política individual y colectiva, así como una grave violación de las garantías jurídicas y procesales más elementales, en unos procesos que poco tenían de garantistas y en los que la indefensión de las partes afectadas y la injerencia de los políticos en los procesos, ha quedado más que acreditada.
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO: ¿ votar o no votar ?
Es lícito plantearse si el participar en las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio de 2009 tiene interés desde el punto de vista de la acumulación de fuerzas para luchar contra la globalización anticapitalista.
En la campaña de 2005 contra la llamada Constitución Europea (C.E.) ya señalábamos que sólo era un tratado más que integraba la mayoría de normas anteriores comunitarias elaboradas desde 1952 en las etapas de construcción del bloque capitalista europeo.
Lo cierto es que la Constitución Europea establece como sujetos políticos a los ciudadanos y a los Estados, pero excluye a los pueblos, a las nacionalidades sin estado y a cualquier proceso de autodeterminación que pudiera llegar a constituir un nuevo estado a pesar de que los movimientos populares que apoyan el derecho de autodeterminación son parte importante de los movimientos sociales con intención constituyente en Europa.
Un proceso constituyente expresa el movimiento de autodeterminación de un sujeto político. Y sin proceso constituyente ni sujeto constituyente no hay constitución que valga. Pero, ciertamente, el único sujeto constituyente de la Unión Europea es el dinero.
Señalábamos en esa campaña política de oposición al tratado constitucional europeo, que, «El verdadero sujeto de soberanía en la Unión Europea, el Capital, se legitima democráticamente, en última instancia, por el apoyo o el consentimiento de un ciudadano activado hasta el frenesí en el consumo y paralizado hasta el descompromiso en la participación política. Es decir, por la inexistencia de procesos de autodeterminación de los sujetos explotados y oprimidos por el capital».
El análisis anterior nos llevó a plantear la abstención política activa en el referendum constitucional de junio de 2005 en el estado español. En esta ocasión, con una deriva profundísima en las políticas de vulneración de derechos fundamentales y de degradación de las condiciones de vida, así como una coyuntura de crisis capitalista en la que se incrementan los abusos de derechos de los empresarios y la impunidad de la que gozan los responsables de los desmanes que cometen los defensores de la lógica totalitaria de la economía de mercado, nos preguntamos qué interés político tiene el ejercicio del derecho a votar el 7 de junio y si es que sí a quien votar.
Los desmanes de los empresarios en la presentación de EREs para despedir a trabajadores aprovechando la crisis y la colaboración de la autoridad laboral ante los deseos patronales, el paro masivo, la inseguridad alimentaria, las ilegalizaciones de partidos y organizaciones políticas por aplicación de la LPP del 2002, los reiterados informes de malos tratos y tortura en el estado español denunciados año tras año por las organizaciones de derechos humanos, las políticas de privatizaciones de la sanidad pública, de la enseñanza, de los servicios públicos en general, las amenazas cada vez menos veladas de nuevas reformas laborales pactadas por el ejecutivo con la patronal y los sindicatos de la izquierda capitalista, la negativa a modificaciones constitucionales para el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos que favorezca una salida dialogada, justa y democrática del conflicto político vasco, etc… son razones suficientes para votar, a pesar de nuestro rechazo a la Europa de los mercaderes y sus procesos electorales.
Las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 en su artículo primero expresa: «Todos los pueblos poseen el derecho a la libre determinación. En base a ese derecho, decidirán con plena libertad su status político y llevarán a cabo su desarrollo económico, social y cultural».
El clima de rechazo creado durante muchos años al ejercicio del derecho de autodeterminación desde los grandes partidos estatales que administran las mayorías silenciosas, al alimón, ha conseguido que en el resto del estado sea una materia de un debate democrático imposible, pero no ha logrado reducir en Euskadi la demanda del derecho de autodeterminación y que esté apoyada por un movimiento popular con un entramado asociativo plural y muy diverso, que más allá de la simple reivindicación de un derecho abstracto, hace de la autodeterminación un principio de participación y de organización que se ha venido plasmando en multitud de luchas y iniciativas populares.
Es pues, imprescindible, seguir exigiendo el reconocimiento de este derecho, como un derecho básico de participación democrática de l@s ciudadan@s como verdaderos sujetos políticos.
En la clave de apoyar la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos y de la resolución pacífica y dialogada del conflicto vasco, y tender un puente solidario entre los diferentes pueblos del estado, tratando de que nuestro voto sea útil para aunar voluntades de lucha contra la lógica globalizadora del capitalismo europeo sin buscar atajos políticos alternativos que buscan acomodo en lo institucional.
Las elecciones europeas del 7 de junio son también, a nuestro juicio, una magnífica ocasión para responder desde el resto de lugares del estado a la estrategia ilegalizadora del Estado con el instrumento represivo de la Ley de Partidos Políticos. Por ello daremos nuestro voto a la opción de Iniciativa Internacionalista, La Solidaridad de los Pueblos.
Los votos obtenidos por esta candidatura, serán, por un lado, un referente de la salud electoral de la izquierda independentista vasca que de nuevo puede participar legalmente en un proceso electoral aunque no en una candidatura directamente propuesta por ellos, como vienen manifestando sus propios líderes y, que desde luego, tendrán un simbolismo político especial, a la vez que los votos obtenidos en el resto del estado español serán leídos como votos anticapitalistas y de confrontación con la monarquía parlamentaria de mercado y el bipartidismo neofranquista que la sustenta. Votos que exijan, con rotundidad, el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos que así lo deseen, en definitiva la defensa de las libertades y el derecho a decidir.