Llegó dos días tarde a la cita. Caminaba nervioso, viendo por el rabillo del ojo, derecha e izquierda, derecha e izquierda, casi compulsivamente. Era 29 de noviembre de 2009 y quedaban pocas horas para saberse el resultado de las polémicas elecciones que en Honduras terminarían dándole la victoria a Porfirio Lobo, poniendo así un «fin» […]
Llegó dos días tarde a la cita. Caminaba nervioso, viendo por el rabillo del ojo, derecha e izquierda, derecha e izquierda, casi compulsivamente. Era 29 de noviembre de 2009 y quedaban pocas horas para saberse el resultado de las polémicas elecciones que en Honduras terminarían dándole la victoria a Porfirio Lobo, poniendo así un «fin» aparente a la crisis desatada 5 meses atrás con el golpe de estado liderado por Roberto Micheletti. Durante ese tiempo tal comunicador había sido detenido y torturado varias veces, por su postura crítica a la deposición de Manuel Zelaya. Es cierto que le facilitaron una salida hacia el exilio pero, por diversas razones, no había podido salir de Tegucigalpa, lo que significaba que vivía amedrentado por el miedo y teniendo que esconderse a cada rato.
Ahora, que ya han pasado otros 5 meses, su carrera profesional sigue truncada pues no ha vuelto a trabajar en medios. Ha tenido que desaparecer literalmente de lo público y a día de hoy ni siquiera podemos citar su nombre. Su celular remite a un buzón de voz, y su correo electrónico no emite respuesta alguna. Apenas da señales esporádicas en su Facebook, donde su último mensaje deja claro que la situación para él no ha mejorado. «Confabulado con el terror para sobrevivir», dice su estado fechado el 27 de marzo último. No parece exagerado, teniendo en cuenta que el pasado mes 5 colegas suyos fueron asesinados, una cifra récord que convierte a Honduras en uno de los países de la región más peligrosos para ejercer el periodismo, después de México. De estar vivos Joseph Hernández, David Enrique Meza, Nahum Palacios, Bayardo Mairena y Manuel Juárez podrían corroborarlo.
Según el Informe de la Misión Internacional de libertad de prensa y libertad de expresión que llegó a este país entre el 1 y el 7 de noviembre de 2009, esta situación de inseguridad y de adversidad para la libertad de prensa no es nueva, si bien la crisis política vino a agudizar las amenazas y riesgos de los periodistas que pretenden seguir manteniendo su independencia al ejercer su derecho a la libertad de expresión. «Las múltiples presiones provenientes de las dos partes del conflicto para influenciar las líneas editoriales, incluyendo agresiones físicas a trabajadores, son la característica distintiva del escenario prevaleciente para la prensa en Honduras», se explica en las conclusiones.
Otro de los elementos que inquietaron a la Misión, se añade, son «la manipulación por parte de las autoridades del presupuesto destinado a la publicidad oficial como una vieja práctica de cooptación que por décadas se ha establecido en Honduras como parte de las relaciones prensa – poder, con lo que se pretende orientar la información; así como la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y a sectores con enorme poder.»
Se trata ésta de una tendencia que se ha mantenido antes, durante y después del golpe de Estado y que explicaría, entre otras cosas, el porqué un ex general, figura clave de la censura a los medios, ha sido nombrado recientemente directivo de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel y porqué el Estado no ha emitido hasta la fecha ningún comunicado de condena frente a estos asesinatos, ni se hayan impulsado las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Pero sobretodo resulta revelador el alto grado de desinformación existente entre la sociedad y el paradójico silencio que guardan la mayor parte de los medios de comunicación nacionales, siendo éste el principal objetivo que persiguen tales violaciones a los derechos humanos: ocultar la verdad.
Denuncias y recomendaciones
«Además de la presencia del crimen organizado, la prensa hondureña sigue siendo un blanco privilegiado en el contexto de represión post-golpe de Estado. Rogamos a las autoridades que reaccionen con fuerza para detener esas violencias y que identifiquen a los culpables», reclama mediante un comunicado Reporteros Sin Fronteras (RSF), quien junto con otras organizaciones ha enviado una carta dirigida a Jose Luís Rodríguez Zapatero para que, aprovechando la presidencia rotatoria de España en la Unión Europea, se presione al gobierno de «Pepe» Lobo para poner fin a estos abusos.
Esta situación, que también ha sido denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se muestra especialmente crítica en el interior del país, donde la precariedad laboral es mayor y los periodistas son más vulnerables y expuestos «a las discrecionalidades de las autoridades y en algunos casos a las presiones del narcotráfico». En una relatoría especial para la Libertad de Expresión, esta misma entidad muestra su preocupación ante la creciente oleada de violencia contra la prensa e insta al Estado de Honduras a «crear mecanismos efectivos de protección de los comunicadores en riesgo y a que se investigue de manera eficiente, diligente y oficiosa, a través de cuerpos técnicos especializados; y se capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes».
Pero no todas las recomendaciones van dirigidas al Gobierno, también a los periodistas se les pide una mayor responsabilidad y solidaridad con sus compañeros pues la práctica inexistencia de vínculos efectivos entre los comunicadores, señalan los expertos, debilita aún más sus condiciones de trabajo, quedando de este modo más desprotegidos frente a las amenazas y las agresiones. Promover campañas de sensibilización social, así como disponer de un asesoramiento jurídico-legal adecuado son todavía algunas de las tareas pendientes de quienes comparten esta profesión.
Una posible vía, en este sentido, podría ser la unión de fuerzas del mismo modo que se está intentando en México, donde el alto grado de impunidad y la indiferencia de la Procuraduría General de Justicia ante los ataques a la prensa, han motivado la creación de un Frente Nacional de Periodistas, donde a través del lema «Nuestra defensa depende de nosotros» varios sindicatos del gremio, trabajadores de distintos medios de comunicación y periodistas independientes tratan de detener con mayor eficiencia los ataques perpetrados contra la libertad de expresión.