Antiguos comisarios que han pasado al sector privado siguen cobrando 11.000 euros al mes de la Comisión
El presente y futuro profesional de los antiguos miembros de la Comisión Europea va camino de convertirse en un problema -cuando menos de imagen- para esta institución, sospechosa de haber pecado de laxa al valorar posibles conflictos de intereses.
También su generosidad con sus antiguos miembros, aunque amparada por la ley, está en cuestión. Son 17 los ex comisarios que perciben al menos 96.000 euros al año durante tres años en concepto de indemnización, una ayuda transitoria pensada para «facilitar su vuelta al mercado laboral y el mantenimiento de su independencia», explicó ayer un portavoz comunitario. De todos los comisarios salientes, sólo la sueca Margot Wallström y la austriaca Benita Ferrero-Waldner han renunciado a ella.
El sistema data de 1967 y, a diferencia de los subsidios por desempleo habituales, el comisario sigue percibiendo la ayuda aunque haya encontrado trabajo. En ese caso, la ayuda se recorta para que sumada al nuevo salario profesional no supere el sueldo que tenían en la Comisión Europea, unos 20.000 euros mensuales.
Al margen de si el nivel de la indemnización es o no el adecuado, su sentido original de prevenir conflictos de intereses parece traicionado por las ocupaciones que han encontrado los miembros del primer equipo de José Manuel Durão Barroso y su facilidad para reciclarse. En el sector privado se los rifan. Y todos ellos, salvo un caso en revisión, han pasado sin problemas el filtro de la Comisión Europea, que debe autorizar sus nuevas ocupaciones.
Charlie McCreevy, ex comisario de Mercado Interior, ha fichado por la aerolínea Ryanair como consejero y el ex responsable de Pesca, Joe Borg, por una consultora que trabaja en el sector marítimo. Ambos reciben 11.000 euros al mes de la Comisión Europea, ha revelado el Financial Times Deutschland. La ex representante búlgara y titular de Consumo, Meglena Kuneva, fichó por el banco francés BNP Paribas.
El caso que ha hecho saltar todas las alarmas y por el que circula una petición por internet para frenarlo es el del ex comisario alemán Günter Verheugen. Notificó a la Comisión Europea que iba a trabajar para el Royal Bank of Scotland, una consultora, una federación bancaria y las cámaras de comercio turcas… Eludió mencionar que es cofundador y accionista de una consultora especializada en tratar con la UE que lleva el poco sutil nombre de The European Experience Company.
Verheugen, que cobra una pensión de la Comisión Europea, argumenta que no realizará labores de lobby y que además no cobra de la empresa, aunque su foto es el primer reclamo de su página web. El político alemán nunca ha sido muy pudoroso a la hora de mezclar lo privado y lo público; ya sembró la polémica en el 2007 cuando nombró jefa de gabinete a su entonces amante. Ahora, ella dirige la nueva consultora.
Barroso se ha comprometido a revisar el código de conducta que juzga estas situaciones. «En otras instituciones, ni existe», protestan en su entorno. El paso del sector público al privado ya ha sido objeto de polémica en el pasado en la UE, pero en esta ocasión coincide con una crisis económica que se ha cobrado millones de despidos y ha obligado a muchos trabajadores a rebajarse el sueldo. También lo han hecho gobiernos y parlamentos nacionales, pero no las instituciones de la UE que les piden austeridad, como critican algunos embajadores.