El pasado 15 de noviembre 2010, la violencia irracional y despiadada de quienes pretenden erigirse como dueños absolutos del país enlutó nuevamente la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras. Cinco campesinos – Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Ciriaco Muñoz y José Luis Saucedo Pastrana- fueron masacrados por las guardias privadas del […]
El pasado 15 de noviembre 2010, la violencia irracional y despiadada de quienes pretenden erigirse como dueños absolutos del país enlutó nuevamente la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras. Cinco campesinos – Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Ciriaco Muñoz y José Luis Saucedo Pastrana- fueron masacrados por las guardias privadas del productor palmero y presidente de Corporación Dinant, Miguel Facussé Barjum. Cuerpos paramilitares que dispararon sin mediar palabras con armas de grueso calibre contra campesinos del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), quienes luchan para recuperar las tierras que les fueron usurpadas por terratenientes sin escrúpulos. Unos pocos grupos de poder y familias que controlan la vida económica y política del país, y que en algunos casos expanden su poder a través del monocultivo de palma africana. Esa nueva masacre se enmarca en un contexto de falta casi total de acceso a la tierra para decenas de miles de familias campesinas. Donde a la justa aspiración de poder alcanzar una reforma agraria integral, una vida y un salario digno, se le responde con balas, persecución, violencia y muerte.
Tierra rica, gente pobre
El sector agropecuario en Honduras contribuye entre el 26 y 28 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y según datos del Banco Mundial y de la FAO, más de un tercio de su territorio es constituido por tierras cultivables y pastizales, y es el segundo país de la región en cuanto a la relación entre tierras cultivables y población (alrededor de 0,28 hectáreas por habitante).
Pese a esa gran disponibilidad de tierra y la elevada intensidad de mano de obra por actividad agrícola, sobre todo en la producción de cultivos de exportación (banano, café, carne, productos lácteos, azúcar y aceite de palma), 300 mil familias – aproximadamente 1,5 millones de personas que representan más de la mitad de la población rural – continúan sin tener acceso a la tierra, mientras que otras 200 mil poseen apenas entre 1 y 3,5 hectáreas (SARA – Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria 2009). Esta dramática situación ha aumentado los niveles de pobreza y pobreza extrema de un país enormemente rico en recursos naturales.
Según el Informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de la Pobreza Rural (1), la población rural hondureña vive en promedio con un dólar por persona al día, y menos del 30 por ciento vive en hogares cuyos ingresos superan esa cantidad. Casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 0,5 dólares diarios y cerca del 25 por ciento tiene ingresos inferiores a 0,25 dólares diarios. El ingreso promedio del 20 por ciento más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20 por ciento más pobre. El Informe refleja también que 2,8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural y más del 70 por ciento de los pobres de todo el país.
Otro factor que está afectando considerablemente la calidad de vida de la población rural es el progresivo desplazamiento de la producción de granos básicos a la producción de cultivos de exportación, acompañada por una desmedida concentración de las tierras en pocas manos, que ha fuertemente afectado la seguridad alimentaria de miles de familias.
Actualmente Honduras ha pasado de ser uno de los principales productores de granos básicos de Centroamérica, a producir la mitad de sus necesidades. Cada año hay un déficit de más de 10 millones de quintales de maíz, y tiene que importar 200 mil quintales de frijoles y 500 mil quintales de arroz.
Palma africana: un lucroso negocio para pudientes
Honduras produce actualmente más de 300 mil toneladas métricas de aceite de palma africana, casi el 70 por ciento destinadas a la exportación. Una planta que se cultiva en 120 mil hectáreas (eran 40 mil en los años 90 y 80 mil en 2005), en su mayoría ubicadas en los departamentos norteños de Colón y Atlántida, y que sigue expandiéndose gracias a los nuevos proyectos de producción de biodiesel (casi 100 mil galones diarios).
Según un reciente Informe de la embajada norteamericana en Honduras, el país centroamericano cuenta con 540 mil hectáreas aptas para el cultivo de palma. «Si la tierra se utilizara para la producción de biodiesel en lugar de aceite de palma, 300 mil hectáreas serían suficientes para satisfacer el total de la demanda actual de diesel (B100) de Honduras. Solamente se requerirían 60 mil hectáreas para producir una mezcla de 20 por ciento de biodiesel y 80 por ciento de petrodiesel (B20)», señala el Informe (2).
En 2008, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) reveló que la industria de la palma tiene una capacidad de extracción de 494 toneladas métricas por hora de fruta fresca y el rendimiento es de 17.11 toneladas métricas por hectárea. En ese mismo año, se proyectaban nuevas inversiones por un valor de 245 millones de lempiras (13 millones de dólares), provenientes en su mayoría del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (3).
Además, entre 2005 y 2006, el gobierno de Honduras firmó un acuerdo con Malasia para importar un millón de semillas de palma de Malasia e implementar en los años sucesivos 28 mil hectáreas de nuevos cultivos.
Monocultivos versus seguridad alimentaria
La disminución sustancial de la soberanía y seguridad alimentaria es acompañada por un proceso de reconcentración de las mejores tierras del país en pocas manos, lo cual hizo retroceder los importantes avances logrados en materia de redistribución de tierras a partir de los años setenta.
El proceso de reforma agraria tuvo su auge entre 1973 y 1977, cuando con la aprobación de una ley específica y varios decretos, se distribuyeron 120 mil hectáreas en sólo cinco años. En total se adjudicaron en el transcurso de tres décadas 409 mil hectáreas que corresponden al 12,3 por ciento de la tierra con vocación rústica del país, beneficiando a un total de 60 mil familias campesinas que en aquel momento representaban el 13 por ciento de las familias rurales.
Según Gilberto Ríos director ejecutivo de FIAN Honduras, fue en esa época que el Estado, a través del Instituto Nacional Agrario (INA), comenzó a promover un programa de migración inducida para trasladar campesinos, especialmente de la zona sur del país, a zonas despobladas del Atlántico hondureño, sobre todo en la región del Bajo Aguán. «El gobierno reformista surgido en 1972 intensificó el proceso de colonización, siempre con fuerte financiamiento externo y recursos propios como contraparte. El Estado construyó carreteras y caminos secundarios, sistemas de drenaje, bordos de contención de inundaciones, escuelas, centros de salud y otras obras con finalidades económicas y sociales.
Con el tiempo -continuó explicando el director ejecutivo de FIAN Honduras- los nuevos colonos se apoderaron de la tierra y se consolidaron los grupos campesinos. Aquí fue cuando hubo el pico más alto de organizaciones campesinas y de beneficio para ellos. Como en el resto del país, los asentamientos campesinos del Aguán debían constituirse en cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organización societaria en el interés de que los campesinos, convertidos en empresarios, lograran ser competitivos y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente en manos de latifundistas y empresarios rurales, como resultado de la circulación mercantil».
Ofensiva neoliberal recompone el latifundio
A partir de 1990, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y en el marco de los Acuerdos de Ajustes Estructurales impulsados por los organismos financieros internacionales, se promovió la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, con la que los empresarios volvieron a formar el latifundio.
Según Wilfredo Paz, activista social y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), «a través de varias artimañas y diferentes interpretaciones de esa ley, se le dio a los terratenientes la oportunidad de extender sus territorios, con o sin el consenso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Empezó una verdadera cacería – continuó Paz – para que los dirigentes de las organizaciones campesinas vendieran la tierra. Inició la corrupción, ya que estas tierras de reforma agraria no podían venderse a privados, en cuanto no eran consideradas como una mercancía. La única forma para separarse de las tierras era vendérselas y regresárselas al INA, para que esta institución las entregara nuevamente a otros campesinos», siguió explicando Paz.
Modificaciones burocráticas aviesas, corrupción de dirigentes campesinos y funcionarios del INA, así como presiones de la misma Dirección Ejecutiva de esa institución para que las empresas campesinas vendieran sus tierras a grandes empresas o entraran en convenios de co-inversión, completaron las condiciones propicias para la venta de tierras.
«Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. La privatización de los pocos servicios de crédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría para la comercialización que ofrecía gratuitamente el Estado fue el golpe final. Y si faltaban recursos financieros – aclaró Ríos – ahí estaban los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, dispuestos a conceder préstamos a los grandes empresarios para que compraran tierras a productores sumidos en dificultades financieras».
Fue así que a partir de los años noventa, los tres principales terratenientes de la zona -Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales- comenzaron a impulsar de manera extensiva el cultivo de la palma africana para la producción de aceite de palma y sus derivados y, más recientemente, de agrocombustibles. Durante más de veinte años (1970-1990) los grandes productores del Bajo Aguán fueron casi en su totalidad las empresas campesinas. La región se convirtió en uno de los centros productivos más importantes del país. El ajuste estructural neoliberal fue demoledor para el sector campesino y la pequeña y hasta mediana producción, al quedar en la indefensión frente a los grandes empresarios nacionales y transnacionales», concluye Ríos en su documento «El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberismo«.
Un horror verde de pobreza y explotación
Después de llegar a La Ceiba, ya cerca de la costa del Atlántico hondureño, la carretera dobla repentinamente hacia el este, en dirección de Tocoa, departamento de Colón. Comienzan aquí las grandes e interminables extensiones de palma africana. Decenas de miles de hectáreas en su mayoría en manos de ricos terratenientes que pretendieron vender la idea de que ese cultivo iba a solucionar todos los problemas de pobreza de la zona.
Al perder las tierras, miles de campesinos volvieron a ser asalariados de los terratenientes y de las transnacionales. Un trabajo tercerizado, sin ningún tipo de prestaciones sociales, ni laborales, en condiciones de semi esclavitud. Además, la implementación de proyectos extensivos de palma africana, rubro que necesita de una escasa y muy poco calificada mano de obra, generó en el Bajo Aguán altos índices de desempleo o sub empleo, llevando a la desesperación a miles de familias campesinas.
«Desde que nos usurparon nuestra tierras, en todo el Bajo Aguán disminuyó drásticamente el circulante, la gente entró a trabajar como jornaleros en las plantaciones y nunca vimos el crecimiento que habían prometido. Creció el desempleo y el subempleo, el hambre y la desesperación. Ahora, a los trabajadores el dinero no les alcanza ni para comprar la comida para todo el mes. Ese tipo de producción genera riqueza solamente para los grandes empresarios», comentó Rudy Hernández, directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
«La Confianza» es una de las fincas del Bajo Aguán que fueron recuperadas por las familias de las 28 cooperativas que conforman el MUCA. Una bandera de Honduras flamea en el portón de entrada de la finca, abriendo paso a un escenario de pobreza y dignidad. Decenas de tiendas de campo hechas de plástico albergan a las familias campesinas debajo de las palmas aceiteras. Todos sus miembros fueron trabajadores del empresario Miguel Facussé Barjum, presidente de la Corporación Dinant.
«Trabajaba 8 horas diarios recogiendo la fruta de palma y tenía que cumplir con las metas que imponían los ingenieros. Si no lograba cumplir a tiempo tenía que quedarme hasta terminar. Es un trabajo muy duro. Hacía mucho calor y apenas teníamos 15 minutos para comer y tomar agua. Cuando se me acababa lo único que me quedaba era tomar el agua estancada de los charcos. No podíamos parar porque los capataces reportaban cualquier atraso a los ingenieros y llegaba el llamado de atención o el despido. Nunca me pagaron prestaciones sociales, ni pude cotizar a la Seguridad Social. Tampoco pudimos organizarnos sindicalmente, ni pedir aumentos de salarios porque te echaban de inmediato. Nos vendieron la idea de que ese monocultivo nos iba a garantizar trabajo para todos y más bienestar, sin embargo lo que trajo fue desempleo y pobreza», relató Daniel Santos, ex trabajador de Facussé.
También Isaías Zavala cuenta lo que le tocó vivir por más de 4 años. «Me desempeñaba en el mantenimiento de la finca aplicando agrotóxicos. Usábamos todo tipo de químicos, como Roundup, Gramoxone, Paraquat y cuando terminábamos de aplicarlos, el capataz nos decía que laváramos el tanque en la quebrada. Al comienzo nos dieron algo para protegernos, pero después dijeron que era muy caro y nos dejaron trabajando sin ninguna medida de protección. Nunca nos dieron botas, ni guantes de hule. Siquiera un delantal y las mascaritas eran tan apretadas que nos ahogábamos».
Un día Isaías se intoxicó. «Se rompió la válvula del tanque que cargaba y me mojé todo. Le dije al capataz y al ingeniero que me sentía mal, sin embargo no me hicieron caso y me mandaron de vuelta a trabajar. En la noche comencé a estar muy mal y me hospitalizaron. Si no hubiese sido por algunas monjas que me ayudaron a cubrir los gastos de las medicinas, ahora no estaría aquí contando esta experiencia», dijo Zavala.
Las condiciones de trabajo eran duras. Una masa de obreros agrícolas tercerizados, flexibilizados, sin prestaciones sociales, ni los derechos mínimos que garantiza la legislación laboral hondureña.
Santos Paulo Oliva, ex trabajador de la finca «Los Marañones», cuenta que casi nadie tenía contrato fijo. «Te contrataban por un período de prueba de dos meses y te despedían. Después te decían que regresara dentro de 45 días y te contrataban nuevamente. De esa manera no teníamos derecho a nada. No teníamos prestaciones sociales, ni seguro, ni cobertura sanitaria. Nunca permitieron que se conformaran sindicatos y si exigíamos aumentos salariales simplemente nos despedían».
Salarios eran miserables
Oliva trabajó varios años haciendo un poco de todo. «Para cortar y bajar las bellotas de palma africana me pagaban 75 lempiras (1 dólar = 19 lempiras) por tonelada de fruta de palma. Para chapear (cortar maleza y limpiar debajo de las palmas) el pago era de 1 lempira por cuadro (16 m²), mientras que para aplicar agrotóxicos te pagaban 100 lempiras».
Lograr cortar una tonelada de fruta de palma no era muy fácil. Dependiendo del tamaño, podía ser necesario cortar y bajar entre 60 y 200 bellotas para alcanzar la meta. Sin embargo, el salario mensual resultaba ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. «Aquí en el Aguán casi todo el mundo está endeudado con las pulperías (ventas), porque el sueldo que ganamos es misero. Los terratenientes decían que el cultivo de la palma iba a traer progreso, desarrollo y beneficio para la gente, sin embargo el único progreso que hubo fue para ellos y no para los trabajadores», aseveró Zavala.
Según datos del MUCA, ante un gasto de salario de 75 lempiras por tonelada de fruta de palma cortada, los terratenientes productores palmeros logran vender esa misma cantidad en el mercado a 2.500 lempiras, lo cual da una idea del negocio que gira alrededor de la palma.
Gilberto Ríos, de FIAN Honduras, recuerda que se crió en las bananeras. «Ahí nací y me quedé hasta los 17 años. Las condiciones de vida eran terribles, sin embargo podíamos vivir en los barracones de la compañía y teníamos agua potable, energía eléctrica, salud y educación primaria. En las fincas de estos terratenientes palmeros no hay nada, absolutamente nada. La gente vive en una situación de desamparo total, tercerizados y esclavizados. Como dicen en el norte del país, son trabajadores mosca».
La lucha del MUCA
Ante esta situación de despojo de tierras, de derechos humanos, laborales y sindicales, miles de familias integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) iniciaron un proceso de recuperación de 20 mil hectáreas de tierras sembradas con palma africana, adquiridas de forma fraudulenta por empresarios coludidos con los poderes políticos en el país.
Esta decisión desencadenó la violencia y la represión en todo el Bajo Aguán. Desalojos y ataques armados por parte del ejército, la policía, los guardias de seguridad de los terratenientes y grupos paramiliatres. Detenciones ilegales, órdenes de captura y asesinatos acompañaron la campaña mediática orquestada por los principales medios nacionales para satanizar la lucha del MUCA.
En medio de una militarización sin precedentes, el gobierno y el MUCA iniciaron una negociación que concluyó de manera satisfactoria, logrando sentar lo que parecía un precedente importante: demostrar que con la lucha y la negociación es posible recuperar las tierras que fueron reconcentradas en pocas manos a partir de 1990.
«Comenzamos este proceso de negociación porque hay necesidades reales que resolver. Ha sido un proceso que se ha desarrollado en medio del peligro, de las amenazas y la represión. Sin embargo nos fortaleció», dijo Rudy Hernández. «No podemos olvidar que a lo largo de estos años de lucha hemos perdido a varios compañeros. Siempre los llevaremos en nuestros corazones. Esa memoria nos servirá para seguir luchando contra el poder de quienes quieren que la riqueza se quede en pocas manos. Este acuerdo – concluyó Hernández – reconoce que la tierra tiene que estar en manos de los campesinos, porque la trabajamos con amor y sacrificio. Lo de hoy es el inicio de un proceso que no se va a detener, porque nuestro objetivo es recuperar la totalidad de las tierras que nos han usurpado».
Sin embargo, las esperanzas que el MUCA puso en ese acuerdo quedaron en el papel. Actualmente, solamente menos del 20 por ciento de lo acordado se ha cumplido, el gobierno sigue irrespetando el acta firmada con los campesinos, la violencia no se ha detenido, como tampoco la lucha.
Según datos del MUCA de diciembre 2009, cuando comenzó la recuperación de tierra, hasta la fecha, son 16 los miembros de esta organización que han sido asesinados a manos de grupos paramilitares. Asimismo, hay más de 200 demandas en los juzgados locales contra afiliados al MUCA y no ha parado el hostigamiento, la persecución y la militarización del Bajo Aguán.
«El productor palmero Miguel Facussé ha adoptado un sinnúmero de tácticas para dividir a nuestro movimiento y paralizar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, Supuestamente, el presidente Porfirio Lobo está negociando directamente con los terratenientes, sin embargo, nuestra paciencia se está acabando. Están jugando con fuego y vamos a volver a meterles presión para que nos escuchen nuevamente», dijo a ese propósito Yony Rivas, secretario general del MUCA.
…y la del MCA
Una situación similar es la que vive el Movimiento Campesino del Aguán (MCA). Cuando Temístocles Ramírez de Arellano, puertorriqueño nacionalizado estadounidense, fue obligado a vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, esas tierras volvieron a manos del Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria.
Sobre estas tierras el gobierno de Honduras instaló el tristemente famoso Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde en los años ochenta expertos estadounidenses entrenaron a las tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y a la «Contra» nicaragüense en el arte de matar.
Afinando técnicas de corrupción y apegándose a la Ley de Modernización Agrícola, aprobada a principio de los noventa, los terratenientes lograron adueñarse ilegalmente de estas tierras, comenzando a sembrar palma africana. Cuando las familias campesinas se enteraron de la existencia de una escritura con la que la Procuraduría General de la República pasaba las tierras al INA, comenzaron a organizarse para su recuperación.
Pese a la situación legal que les atribuye las tierras al MCA, «Hace algunos años Miguel Facussé cultivó con palma africana 700 manzanas que pertenecen a los campesinos. De acuerdo a la versión de los campesinos de la comunidad Guadalupe Carney (MCA), Miguel Facussé se tomó esas tierras ilegalmente, junto con otros terratenientes del lugar: René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera», explicó Gilberto Ríos de FIAN Honduras.
La acción sangrienta de grupos paramilitares que el pasado 15 de noviembre 2010 segó la vida a cinco campesinos del MCA se enmarca en este conflicto. «Los guardias de Facussé llegaron a las 5 de la mañana a la finca El Tumbador y exigieron a los campesinos que desalojaran el lugar. Ante el rechazo de los compañeros llamaron a más gente. Llegaron más de 200 guardias de seguridad y sin mediar palabras abrieron fuego con armas de grueso calibre. Fue una masacre. Dispararon a matar. La gente escapaba entre las palmas, tratando de protegerse», relató Santos Cruz, miembro del MCA.
«El INA ya midió la tierra de la finca El Tumbador. Definió que es parte del sitio CREM y que la van a entregar a los campesinos, los cuales tendrán que pagar solamente el valor de las mejoras. Lo que ocurrió es absurdo. Ya hay negociaciones avanzadas y el mismo Facussé aceptó que esas son tierras fiscales para Reforma Agraria. Los campesinos del MCA han sido constantemente hostigados y amenazados, y lo que presenciamos ayer es una evidente demostración de que el poder en Honduras está en manos de los grupos económicos hegemónicos. Son ellos quienes mandan en el país», aseveró Esly Banegas, coordinadora regional de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), durante una entrevista con el Sistema Informativo de la Rel-UITA (SIREL).
Ante esta difícil situación y la nueva militarización que se está dando en todo el Bajo Aguán, Santos Cruz no tiene dudas. «Estamos heridos. En diez años nos han asesinado a más de 20 compañeros. Es una campaña de terror, para amedrentarnos, para que renunciemos a nuestros derechos sobre la tierra. Sin embargo ya estamos tomando las medidas necesarias y no lo van a lograr», concluyó.
Notas:
(1) Paes de Barros, Ricardo; Mirela de Carvalho; Samuel Franco (2006): Pobreza rural en Honduras: Magnitud y determinantes, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2006.
(2) Fuente: http://spanish.honduras.
(3) Fuente: http://www.sag.gob.hn/index.
Fuente: http://www.albasud.org/