El primer ministro británico, David Cameron, abrió el debate independentista escocés en el primer Consejo de Ministros del año al fijar las condiciones en las que se celebrará el referéndum sobre la independencia de Escocia o, mejor dicho, sobre la futura relación política entre Londres y Edimburgo. El premier británico quiere convocar la consulta en […]
El primer ministro británico, David Cameron, abrió el debate independentista escocés en el primer Consejo de Ministros del año al fijar las condiciones en las que se celebrará el referéndum sobre la independencia de Escocia o, mejor dicho, sobre la futura relación política entre Londres y Edimburgo.
El premier británico quiere convocar la consulta en los próximos 18 meses y plantear la pregunta en un tajante enunciado a favor o en contra, sí o no, a la independencia de Escocia de Reino Unido. También recordó que el Parlamento de Westminster tiene la última palabra sobre la legislación para dicho referéndum.
Los planes de Cameron, que lleva ya tiempo insinuándolos, chocan con los del Gobierno autónomo de Escocia, ocupado por el independentista Partido Nacional Escocés (SNP, en inglés) y que sólo tiene competencia para convocar consultas populares.
El SNP, que en mayo de 2011 pasó de 23 a 69 de los 129 escaños en las elecciones autonómicas, aspiraba a celebrar el referéndum en 2014 y todavía no había decidido los términos de la pregunta aunque sí sabe que no se plantearía como disyuntiva de sí o no a la independencia.
La mayoría de escoceses son partidarios de la conocida política de devo-max (devolución máxima de competencias, excluyendo Defensa y Exteriores). Sólo un 35% de los ciudadanos, según las encuestas de opinión, defiende una Escocia totalmente independiente de sus vecinos geográficos. Por eso, Cameron quiere plantear el sí o no mientras que el SNP opta por aprovechar la popularidad de la autonomía para conseguir lo más parecido a la independencia.
En una entrevista el pasado mayo con este periódico, el primer ministro escocés, Alex Salmond, dijo: «Nuestro trabajo será amalgamar el deseo por las políticas individuales al concepto de un objetivo mayor de carácter institucional». Entonces, Salmond llevó al ministro de Economía británico, George Osborne, una lista de competencias para transferir a la Administración autónoma entre las que destacan el impuesto de sociedad, aranceles de aduana, gestión de los recursos naturales (petróleo del mar del Norte en este caso) o el poder de adquirir deuda pública. «Si no tenemos autonomía fiscal, ¿cómo vamos a pedir independencia política?», preguntaba Salmond.
En un día de acusaciones y reproches, el primer ministro negó que intente «dictar» a los escoceses lo que tienen que hacer aunque insistió en que está en su poder poner un límite de tiempo en el plazo para la celebración del referéndum e intervenir en el enunciado de la pregunta que se hará en la consulta.
Desde Londres aducen que el referéndum prometido por el SNP produce incertidumbre en la economía escocesa y británica. «Muchos sectores y compañías multinacionales que quieren invertir en Escocia nos han mostrado su preocupación por saber si Escocia será parte de Reino Unido o no, y, ese malestar está perjudicando la economía y los puestos de trabajo de todo Reino Unido», aseguró Cameron antes de enzarzarse en una disputa con Stewart Hosie, diputado del SNP en Westminster, sobre cuáles son las compañías citadas.
Según el diputado: «Para multinacionales como Nissan o Dell, invertir en Escocia no tiene nada que ver con la independencia, lo que sí tiene que ver con la economía escocesa es la política de George Osborne porque nos perjudica».
Para el nacionalista escocés, la razón de la incertidumbre económica es una excusa de mal pagador mientras que el primer ministro no identifica, por confidencialidad empresarial, a las compañías que se le han quejado de la incertidumbre del referéndum.
Los ‘tories’ sin legitimidad
Desde Edimburgo, sede del Gobierno autónomo, disputan la legitimidad de Cameron para dictar el futuro de Escocia y argumentan que el Parlamento de Westminster sólo tiene un diputado tory que represente un distrito electoral escocés.
El SNP mantiene que si su promesa electoral en 2011 fue el referéndum para 2014, no tiene por qué obedecer los deseos de Cameron quien, al fin y al cabo, no tiene legitimidad democrática en Escocia. En el Parlamento escocés, el partido de Cameron ocupa 16 de los 129 escaños. Los tres partidos de ámbito estatal, Conservador, Laborista y Liberal Socialdemócrata acaban de renovar recientemente a sus respectivos líderes escoceses tras el fracaso en las elecciones generales de mayo de 2010 y las autonómicas de mayo de 2011. Las tres formaciones defienden la unión de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
La fecha y el enunciado del referéndum no son las únicas discrepancias entre los gobiernos de Londres y Edimburgo. La trascendencia de la consulta, que podría ser meramente consultiva o vinculante, es otro de los caballos de batalla entre ambas administraciones. Nicola Sturgeon, vice primera ministra escocesa, criticó la postura de Cameron. «El Gobierno tory está interfiriendo en la democracia y la voluntad de los escoceses; es cuestión de principio respetar la composición de nuestro parlamento en el que los conservadores tienen muy poca representación», dijo Sturgeon añadiendo que «cuanto más interfiere Cameron en Escocia, más aumenta el apoyo a la independencia».