«Los muertos los sigue poniendo el pueblo»

Alexander Salgado se vio obligado a huir de Honduras después de varios intentos de asesinato por su participación como activista en la defensa de los derechos de los campesinos del Bajo Aguán. Después de un año y medio fuera de su país, asegura que la situación actual es más grave que en el momento del golpe de Estado [28 de junio del 2009] por la impunidad con la que los militares ejercen la violencia sobre la población civil. En lo que va de año, según el Observa­torio de la Violencia de Honduras se han cometido más de 400 asesinatos en todo el país. Las últimas muertes se produjeron el 24 de febrero. Dos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) fueron tiroteados por paramilitares; días antes, otros dos militantes del Movi­miento Cam­pe­­sino de Recupe­ra­ción del Aguán (MOCRA) fueron también asesinados.

-¿En qué momento te viste obligado a salir de Honduras?

-Salí el 9 de diciembre de 2011, a raíz de varios atentados que sufrí en el Bajo Aguán. Mi pueblo fue uno de los primeros que se lanzó a la insurrección en defensa del orden constitucional en Honduras y yo participé en las manifestaciones pacíficas. El presidente del Gobierno de facto [Porfirio Lobo] implementó una ley antiterrorista por la que toda persona que no tuviera justificación para estar en las calles era considerada terrorista.

A partir del trabajo con los campesinos de mi región, la policía me identificó como un violador de Derechos Humanos. Desde entonces, he sufrido allanamientos en mi casa, persecución, detenciones y torturas. En 2010 pude sobrevivir a un segundo atentado y se pronunciaron distintas organizaciones de Derechos Huma­nos tanto en Centroamérica como en el resto del mundo.

Debido a las torturas que sufrí en una de las detenciones, acusado de conspiración contra el Gobierno, pasé tres días en coma en un hospital y he perdido la visión en uno de los ojos. En febrero de 2011 nos detuvieron a mi madre y a mí. Estuvimos presos cuatro meses en distintas cárceles acusados de tráfico ilegal de armas y de terrorismo, que es el delito sobre el que más castigo pesa. Durante dos meses no supimos dónde estábamos retenidos, aunque los abogados creen que estuvimos detenidos en una base militar estadounidense.

Tras las amenazas que sufrí después del regreso del expresidente Manuel Zelaya, en mayo de 2011, conseguí que la fiscal de Derechos Humanos de Honduras me considerase testigo protegido y viví bajo protección en un hotel. Aunque tenía medidas de seguridad, los militares dieron conmigo y sufrí graves torturas. Me asfixiaban y me golpeaban para que dijera dónde tenía armas. Después participé en diciembre de 2011 en el primer congreso de Derechos Huma­nos de Honduras y entonces mataron a una compañera periodista que estaba conmigo en ese encuentro. Después de haber sobrevivido a varios intentos de asesinato, decidí salir del país.

-¿Cuál es la relación entre los terratenientes y las transnacionales en esta zona de Honduras?

-Miguel Facussé es un terrateniente inmensamente rico que decide quién va a ser presidente en Honduras y quién no. Él pensaba que Zelaya estaba estropeando sus negocios y financió el golpe de Estado contra el presidente. Él es dueño de muchas franquicias internacionales en Honduras y tiene el respaldo de la embajada estadounidense que ha instalado una base militar en el Bajo Aguán (enero de 2010). Es algo muy grave que ocurre porque el Gobierno de Honduras es un títere de EE UU.

-El informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras es especialmente crítico con la impunidad que existe en el país.

-El actual director de la policía en Honduras es Juan Carlos Bonilla, alias «El Tigre Bonilla», famoso violador de Derechos Humanos en los años ’80 por las ejecuciones extrajudiciales que él mismo confesó. Si tienen a este genocida como director de policía, no va a avanzar ninguna denuncia que hagan contra ellos. En Honduras nadie ha pagado ni por el golpe ni por las violaciones. Y esto se permite porque para el mundo ya no pasa nada en nuestro país porque Zelaya ya ha regresado. La impunidad gobierna en Honduras y no hay garantías para vivir en este país.

-¿Qué expectativas tienen los movimientos sociales en las elecciones presidenciales de noviembre?

-Los acuerdos de Cartagena de Indias se han cumplido con respecto a las garantías previstas para Zelaya, pero para las organizaciones civiles no hay garantías para ir a unas elecciones en la que están matando a candidatos de la resistencia. En el caso de que Xiomara Castro [candidata por Partido Libertad y Refunda­ción] llegue a la presidencia por voluntad popular, se va a desatar la tragedia que se vivió en 2009 porque la oligarquía no va a ceder. Zelaya ha podido regresar, pero los muertos los sigue poniendo el pueblo.

-¿Qué debería ocurrir para que se dieran garantías en el proceso?

-Que hubiera un reconocimiento de las víctimas y que puedan garantizar la vida de los ciudadanos. En Honduras hay un Gobierno, pero quien manda son los militares. Nadie garantiza que no se vaya a matar a la gente que vote por Zelaya cuando salga del colegio electoral, o que si Xiomara gana, no vayan a ir a por ella los militares y la policía. No pueden darse unas elecciones transparentes y libres si la custodia de las actas y los votos están bajo el mando de los militares y el excomandante de las fuerzas armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velás­quez, que participó en el golpe de Estado, además, él mismo va de candidato a la presidencia. Yo soy de las personas que no están de acuerdo en ir a las elecciones porque no hay condiciones para que el pueblo de Honduras vaya a votar sin ser asesinado a la salida. Somos el segundo país más violento del mundo, superando a países en guerra. Es algo escalofriante y escandaloso y ni la comunidad internacional ni la ONU dicen nada.

«Las campesinas se han enfrentado a los terratenientes»

-¿Cuál es la situación en el Bajo Aguán?

-Esta región campesina de Honduras está bajo un terrorismo de Estado. No se puede caminar libremente por allí. Si vas con botas de hule, sucio y con ropa de trabajar, te asesinan porque ya saben que eres campesino. El delito más grave actualmente en Honduras es ser campesino del Bajo Aguán o formar parte del partido que nació a raíz del golpe de Estado.

-¿Las mujeres están siendo víctimas de la represión?

-Sí, las mujeres y la juventud tuvieron un papel fundamental en la defensa del orden constitucional en Honduras y han sido capaces de enfrentarse a las balas. Las campesinas viudas del Bajo Aguán le han plantado cara a los policías para defender su tierra y han tenido el valor de enfrentarse a los oligarcas Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales. Ellos son los terratenientes con los que los campesinos están librando esta batalla y son los responsables junto con el Gobierno de Porfirio Lobo de todos los asesinatos cometidos.

Fuente original: http://www.diagonalperiodico.net/global/muertos-sigue-poniendo-pueblo.html