Tras el 20 de enero, el movimiento que exige la retirada del proyecto de contrarreforma de las pensiones de Macron-Philippe ha entrado en su segundo acto. A pesar de que en estos últimos días se haya puesto fin a la huelga reprogramable en la SNCF y la RATP, la movilización está lejos de extinguirse y […]
Tras el 20 de enero, el movimiento que exige la retirada del proyecto de contrarreforma de las pensiones de Macron-Philippe ha entrado en su segundo acto. A pesar de que en estos últimos días se haya puesto fin a la huelga reprogramable en la SNCF y la RATP, la movilización está lejos de extinguirse y los cientos de miles de manifestantes del 24 de enero ha dejado clara su determinación para seguir peleando durante unas cuantas semanas más.
Efectivamente, la jornada de movilización convocada por la intersindical para el 24 de enero ha sido la expresión de una enorme movilización con un incremento neto de la participación en todas las ciudades: vez y media superior a la del 16 de enero. Incluso aunque haya sido inferior a las grandes movilizaciones de diciembre pasado y se haya puesto fin a la huelga reconducible en el transporte, el ambiente era de alegría, combativo y con una fuerte determinación en todas partes. En las manifestaciones hubo una fuerte presencia del sector del ferrocarril y de la enseñanza; también del resto de la Función Pública, del sector energético, portuario y de los docker, de la cultura… Y muchas abogadas y abogados.
Al gobierno y a los media que le siguen la cuerda les gustaría que el capítulo de las protestas contra la contrarreforma se hubiera cerrado. Estos últimos días, el gobierno y la patronal han estado cultivando la represión patronal y policial contra las y los líderes del movimiento y levantan la voz contra las derivas radicales del movimiento. Pero ni el clima político, ni la información que se va haciéndo pública sobre el contenido real de su proyecto le brindan la más mínima serenidad.
Ningún ministro o ministra, y mucho menos el propio Macron, pueden asistir a ningún acto público sin tener que enfrentarse a la ira popular. El 18 de enero, el propio Emmanuel Macron y su mujer tuvieron que salir en estampida de un teatro parisino: varias decenas de manifestantes se plantaron delante del mismo. Asimismo, varias oficinas de diputados y diputadas de LREM [partido gubernamental] fueron pintadas a semejanza de lo que ocurrió hace un año durante la movilización de los chalecos amarillos.
La hostilidad a la contrarreforma no decae en la opinión pública; al contrario, progresa. Varias encuestas de opinión indican que casi 2/3 de la población exige la retirada pura y simple del proyecto de Macron y aumenta la inquietud en torno a los efectos negativos que puede acarrear la reforma.
A medida que se conocen más elementos del nuevo sistema que se intenta implantar, aumenta el rechazo. Sin ningún género de dud, Macron y su gobierno han perdido totalmente esta batalla política. Ahora todo el mundo conoce su proyecto y es totalmente impopular.
Evidentemente, esta impopularidad proviene de toda aquella gente que padeciendo alguna penosidad en el trabajo se verá obligada a trabajar dos o tres años más para tener derecho a una pensión de la que no se conoce el importe. La Ministra de Trabajo ha dejado claro que se opone a restablecer los criterios de penosidad suprimidos por Macron en el año 2017 a petición de la patronal. Estos criterios concedían (si bien de forma muy selectiva) jubilaciones anticipadas a quienes soportan cargas, posturas penosas o están expuestos a vibraciones mecánicas, a agentes químicos peligros, etc. Características que afectan, entre otras, a las plantillas de la industria, al personal sanitario y al de la construcción.
Estos últimos días, el Ministerio de la Función Pública ha anunciado que si bien reconocía excepciones para el personal de las fuerzas represivas, de las aduanas y el cuerpo de bomberos, suprimía totalmente las categorías activas reconocidas en la Función Pública (que hasta el presente permitía una jubilación más temprana), al igual que la de los trabajadores del alcantarillado que sufren una tasa de mortalidad muy elevada y 7 años de esperanza de vida menos que la media de los trabajadores y trabajadoras, y 17 años inferior a la de los cuadros.
Todo el mundo pierde con esta reforma. Su rechazo es masivo entre la abogacía y se traduce en decenas de togas arrojadas, como lo hicieron frente a la Ministra de Justicia en Caen a principios de enero. Este arrojar la ropa de trabajo, de útiles e instrumentos de trabajo, se ha multiplicado entre el personal hospitalario, los controladores y controladoras de la inspección laboral, en la enseñanza, etc. En muchas manifestaciones grupos de mujeres disfrazados de Rosie the riveter (imagen de la obrera americana de la industria armamentística durante la Segunda Guerra Mundial) organizan de flash mobs y entonan una canción adaptada por ATTAC denunciado los recortes programados de las pensiones para las mujeres.
En un registro totalmente diferente, la crítica frontal a la reforma emerge ahora en donde menos se podía esperar: en el ejército.
El Consejo superior de la función militar, organismo muy oficial de concertación con el Ministerio, acaba de publicar una carta categórica. Cuando parecía que los militares y la gendarmería estaba exentas de este régimen universal, el Consejo declara, lisa y llanamente, que no puede dar una opinión favorable al proyecto, dado que «la puesta en pie de un tipo de cálculo basado en el conjunto de la carrera y no solo en los seis últimos meses engendra de forma inexorable una reducción de la pensión» de hasta el 20%, según sus cálculos.
Y por si fuera poco, el Consejo de Estado, instancia suprema del derecho administrativo, también desautoriza al gobierno. Obligado a dar una opinión consultiva sobre el proyecto de Ley, este órgano acaba de hacerla pública y es muy negativa. Critica de forma directa el proyecto que contiene «proyecciones financiera dudosas» y, en el futuro, un recurso a decenas de decretos-ley aún sin redactar. Y sobre el fondo, señala que el nuevo sistema no puede presumir de ser «universal» e igualitario, porque prevé cinco regímenes diferentes (funcionarios, magistrados y militares, marinos, asalariados agrícolas y propietarios agrícolas) y numerosas reglas derogatorias en estos cinco regímenes. Además, lanza dos bombas de efecto retardado en el jardín gubernamental. El Consejo recuerda que la ley no puede prever las disposiciones que serán adoptadas posteriormente, mediante otra ley, referentes a la revalorización de los salarios en la enseñanza y también señala que el proyecto no puede prever subvencionar la Caja de pensiones complementaria de la gente del mar. Estos dos últimos puntos socavan el inestable andamiaje del gobierno: el que trata de calmar la ira de las y los enseñantes y de la gente del mar.
Además, los gestores del actual sistema colectivo de pensiones complementarias (ARRCO-AGIRC) han calculado que con el cese de las cotizaciones de los salarios altos (superiores a 120.000 euros anuales) el futuro régimen de pensiones va a generar un desequilibrio de 3,7 mil millones anuales durante 15 años. En efecto, habrá que continuar pagando pensiones elevadas a los cuadros pensionistas mientras que los activos habrán dejado de cotizar.
Así pues, políticamente, este gobierno no logra tomar aliento en su intento por liquidar lo más rápidamente posible un tema que debería haber sido un éxito social para él.
También se acerca otra trampa que se ha hecho a sí mismo: la de la Conferencia sobre la financiación: una maniobra sacada de la manga a principios de enero para romper su aislamiento y obtener el aval de la CFDT y UNSA.
Nos encontramos ante una paradoja: el gobierno se enfrenta a un gran movimiento y anuncia su intención de negociar… ¡con los dos únicos sindicatos que no participan en la movilización! Pero la trampa se va a cerrar rápidamente porque esta conferencia no tiene otra alternativa que restituir la edad pivote a los 64 años: sea forzando a jubilarse dos años más tarde o ampliando el número de años trabajados para tener derecho a jubilarse (actualmente 43). Dos espadas de Damocle para las trabajadoras y trabajadores que se jubilen a partir de 2022.
En definitiva, nos encontramos lejos de lo que quiere mostrar la cobertura propagandística gubernamental, que se vanagloria de un proyecto de justicia social limitado a suprimir «42 regímenes especiales».
Ahora bien, este aislamiento político, este rechazo mayoritario al proyecto de Macron, esta movilización de ciento de miles de trabajadores y trabajadoras y de militantes del movimiento social no logra generar una relación de fuerzas suficiente para hacer que Macron ceda.
Estamos pagando la falta de preparación de esta confrontación desde septiembre en muchos sectores profesionales, a diferencia de cómo se hizo en la SNCF y en la RATP.
Hasta hace poco no existía una conciencia clara de las desastrosas consecuencias de esta reforma, incluso en sectores como la Función Pública, la Energía, las grandes empresas del automóvil, de la aeronáutica o de la química, que podrían ser determinantes para crear esa relación de fuerzas.
Estos últimos días, numerosos sectores portuarios y de la energía se han puesto en huelga, pero con un fuerte desajuste en relación a las y los ferroviarios.
El reto para las semanas que vienen es mantener y agravar el aislamiento político del gobierno a través de acciones espectaculares, bloqueos, manifestaciones y ocupaciones del espacio público, así como propagar de la forma más unitaria posible las soluciones indispensables para poner fin a las vidas precarias y con salarios bajos que conducen a unas pensiones de miseria. Es el trabajo que impulsan de forma sistemática decenas de miles de militantes, verdadera vanguardia política de este movimiento, que están presentes en las coordinaciones interprofesionales e intersindicales a ras de suelo.
Todo el mundo es consciente que hay que impulsar huelgas en los sectores, sobre todo en el público, que no carga en sus espaldas los numerosos días de huelga de estas últimas semanas.
En lo que respecta a reforzar la movilización y la relación de fuerzas, Olivier Besancenot lanzó estos últimos días la propuesta de que el conjunto del movimiento obrero se ponga de acuerdo para organizar una manifestación nacional en París impulsada desde abajo en todas las localidades para imponer la voluntad popular de retirar la contrarreforma. Una propuesta que puede que salga adelante.
Léon Crémieux, sindicalista y miembro del NPA (Nuevo Partido Anticapitalista)
Fuente original: https://www.vientosur.info/