España se encuentra “diez años por detrás” de alcanzar el objetivo de un trabajo decente. Junto a Grecia, Rumanía, Bulgaria e Italia, obtiene los peores indicadores, los más alejados del promedio de la Unión Europea, según un informe de la Confederación Europea de Sindicatos.
La década de la austeridad (2010-2019) ha relegado a España al vagón de cola de las condiciones laborales en la Unión Europea, pero las causas de esa posición se remontan a 1984, que no es solo un libro de George Orwell sobre un futuro muy presente sino un año clave en la definición de las normas que hoy rigen las relaciones laborales.
El Índice de Trabajo Decente y Crecimiento Sostenible, elaborado por el profesor Enrico Giovannini, actual ministro italiano, para la Confederación Europea de Sindicatos (CES), sitúa a España en el grupo de países que se encuentran “diez años por detrás” de ese objetivo de alcanzar la decencia en el trabajo, basándose en tres aspectos: bienestar económico, calidad del empleo y vulnerabilidad laboral. Junto a Grecia, Rumanía, Bulgaria e Italia, España muestra los peores indicadores, los más alejados del promedio de la Unión Europea
“Se observa claramente cómo las políticas de austeridad y la recaída en la recesión (primero en 2011 y luego en 2013) han afectado negativamente a la capacidad de los estados miembros para avanzar hacia un modelo económico más justo y más sostenible. La austeridad impactó en la capacidad de maniobra de estos países, condenándoles a permanecer en la parte baja de la tabla”, se lee en el estudio, que compara los resultados de cada país en distintos apartados en 2010 y 2019. Europa “apenas ha mejorado” en la última década en lo que respecta al trabajo decente.
España obtiene una nota general de 97,1 en 2019 en trabajo decente y crecimiento sostenible, lejos del 101,8 que se fija como promedio de la UE y muy lejos de los “mejores de la clase”, categoría encabezada por Países Bajos (109,6) y Alemania (109,5)
Así, España obtiene una nota general de 97,1 en 2019 en trabajo decente y crecimiento sostenible, lejos del 101,8 que se fija como promedio de la UE y muy lejos de los “mejores de la clase”, categoría encabezada por Países Bajos (109,6) y Alemania (109,5). Sobre el bienestar económico, la puntuación es del 96,5, solo por delante de Letonia, Bulgaria y Rumanía. Y en cuanto a la vulnerabilidad laboral, este informe otorga a España un 94,4, siendo la media europea de 103,1.
Para Carlos Martín Urriza, responsable del gabinete económico de Comisiones Obreras, este índice muestra la realidad laboral en España con precisión fotográfica y obtiene unos resultados cuyas causas se remontan varias décadas atrás. “Es un modelo con pies de barro, basado en la precarización de las condiciones de trabajo, que empieza en 1984, aceptando la lógica de un mercado único y la desindustrialización del país, y se agudiza con las reformas laborales de 2010 y 2012”, explica.
La década analizada en este índice comenzó en España el 12 de mayo de 2010, cuando el presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presentó en el Congreso un plan de recortes que incluía la reducción de los salarios del sector público en un 5% de media y la congelación en 2011, la suspensión de la revalorización de las pensiones, la reducción del gasto farmacéutico y la eliminación del cheque-bebé de 2.500 euros. El objetivo era aminorar el déficit público un 1,5% del PIB adicional entre 2010 y 2011, siguiendo los dictados de la Troika. Lo que se hizo, no solo en España, fue “hundir aún más economías que ya estaban en caída libre”, sostiene Martín Urriza.
Un mes después, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que en septiembre se convertiría en la reforma laboral de Zapatero y provocaría la huelga general del 29 de ese mes, en la que los sindicatos denunciaron que empeoraba las condiciones laborales, facilitaba despidos, aumentaba la temporalidad y debilitaba la negociación colectiva.
En 2012, el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy aprobó otra reforma del mercado laboral que rebajaba las indemnizaciones por despido, otorgaba mayor poder a las empresas al permitir descuelgues unilaterales de los convenios y acababa con la ultraactividad de estos. Como respuesta, las organizaciones sindicales convocaron una huelga general el 29 de marzo y secundaron otra a nivel europeo el 14 de noviembre.
“El único objetivo real de las reformas laborales fue la devaluación salarial”, observa Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CC OO, quien asegura que en 2017 “tocamos fondo, con unos salarios inferiores hasta un 11% con respecto a los de 2008”
“El único objetivo real de las reformas laborales fue la devaluación salarial”, observa Martín Urriza, quien asegura que en 2017 “tocamos fondo, con unos salarios inferiores hasta un 11% con respecto a los de 2008”. También recuerda que “los mecanismos de precariedad siguen estando en la regulación, a pesar de un gobierno de coalición progresista que se comprometió a derogarlos”. En su opinión, las reformas laborales de 2010 y 2012 “llovían sobre mojado” y supusieron otra vuelta de tuerca al modelo instaurado en 1984 —cuando se abrió la puerta a la contratación temporal—, que construye relaciones laborales en las que “el empresario transfiere su riesgo a los trabajadores” y en el que la obtención de beneficio está basada en “limar las condiciones de trabajo”.
Lo que se ha obtenido con las reformas laborales de la última década, según este miembro del staff técnico de CC OO, es una economía “menos productiva y más desigual”, un empeoramiento general de las condiciones laborales y un fomento de la subcontratación, con el que se persigue “quebrar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores”, resume Martín Urriza.
El Índice de Trabajo Decente y Crecimiento Sostenible también hace una recomendación a los estados miembros de la UE, teniendo en cuenta el contexto actual: “Los recursos facilitados por el programa Next Generation devienen cruciales para mejorar el modelo de desarrollo. Los estados miembros están llamados a hacer el mejor uso de los fondos para la recuperación invirtiendo masivamente en las transiciones verde y digital y fortaleciendo la resistencia social”.