El 5 de abril, en República Dominicana se conmemora el Día Nacional del Periodista. La carencia de un ejercicio ético y de un quehacer periodístico esencialmente contestatario, es una derivada de la crisis en las libertades públicas, situación que al mismo tiempo apaña y alimenta.
Dos siglos después de la fundación del primer periódico nacional (El Telégrafo Constitucional), ninguno de los medios de alcance nacional se ha referido al informe del Departamento de Estado como un documento que relata hechos ciertos negando el vínculo esencial entre el poder estadounidense y los verdugos de las grandes mayorías.
Hay que señalar también que ninguno de esos medios ha editorializado señalando al presidente Luis Abinader que para presentar al gobierno que encabeza como respetuoso de los derechos humanos, tiene que abandonar la política de exterminio de los jóvenes pobres en conflicto con las leyes.
En cuanto a los llamados periodistas independientes, se nota su compromiso con la defensa de la figura de Luis Abinader, porque se han limitado a decir que, ante un reciente asesinato cometido por la Policía, este se pronunció condenándolo, lo cual no hizo durante su gestión el merecidamente desacreditado expresidente Danilo Medina, a pesar de que ocurrieron hechos similares.
El informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, esos comunicadores lo ven cargado de verdades.
No pueden calificarlo como un acto de intromisión, porque el Departamento de Estado, a través de su anterior incumbente, Mike Pompeo, ordenó a Danilo Medina abandonar el proyecto de modificar la Constitución para reelegirse, y esto allanó el camino para la llegada a la presidencia de Luis Abinader.
¿Acaso no constituye una imperdonable omisión desconocer que los informes anuales del Departamento de Estado van dirigidos a condenar a los gobiernos hostiles a Estados Unidos (mencionemos específicamente a los de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua) para justificar la agresión y la injerencia? En los capítulos dedicados a otros países, relatan hechos brutales sin dejar por ello de reconocer como regímenes democráticos a sus respectivos gobiernos, porque son sus aliados.
En el caso de República Dominicana, Luis Abinader y su gobierno permanecerán en esa condición mientras sigan dispuestos a decir “Yes, Sir”.
En 1965, la Operación Limpieza, consistente en atacar posiciones constitucionalistas en el norte de Santo Domingo y en fusilar a civiles que apoyaban la causa constitucionalista, fue llevada a cabo con la colaboración directa (y la dirección de facto, por supuesto) de las tropas yanquis que ocupaban el país.
Durante el gobierno de Joaquín Balaguer, el operativo continuó, despojado del nombre, pero sin bajar de nivel, también con la dirección de los organismos militares y de inteligencia yanquis (el MAAG, que era el cuerpo de asesores militares y la muy conocida Agencia Central de Inteligencia, CIA).
Hoy, los organismos yanquis financian el entrenamiento o bien entrenan y adoctrinan en forma directa a los represores de América Latina y de República Dominicana en particular.
Esos organismos apadrinaron la adopción y dirigen la aplicación de la política de exterminio de jóvenes pobres en República Dominicana.
En el informe anual del Departamento de Estado se habla como si este vínculo no existiera. ¡Qué fácil es utilizar sus propios medios para presentarse como paladín de la democracia mientras con la otra mano se dirige a los títeres represores!
Los medios de comunicación no expresan esto, porque la clase dominante está comprometida con la aplicación de la política imperialista. Esa clase es beneficiaria de la política de exterminio de jóvenes en los sectores populares, en cuyo marco se reprime de manera brutal la protesta. La Policía, los cuerpos militares y las fuerzas de choque de los grupos gobernantes golpean, mutilan y matan a mansalva.
El gobierno encabezado por Luis Abinader no ha renunciado a esta política. Es una realidad palpable en la continuidad de los intercambios de disparos, nombre con el cual se disfraza la ejecución extrajudicial, y que se evidenció el martes 30 de marzo en el asesinato “por error” de los pastores evangélicos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz.
PROMUEVEN EL ATRASO EN MEDIO DE LA CONMOCIÓN
La Policía adoctrinada de ese modo y servidora de ese régimen cobija a los oficiales y agentes que asesinaron el 30 de marzo a los esposos Joel y Elizabeth en Villa Altagracia.
Los familiares de los ejecutores se han pronunciado en su defensa diciendo que habían recibido órdenes superiores y que se equivocaron, porque tenían por misión recibir a tiros (no detener como manda la ley) a unos delincuentes (todavía no juzgados) que andaban en un vehículo similar al que ocupaban los pastores y sus acompañantes.
Lo mismo hizo la propia institución policial en agosto de 1998 cuando agentes a su servicio asesinaron al sacerdote José Tineo mientras dormía frente a la casa parroquial de su congregación.
Si el cambio no es auténtico, no se puede llamar cambio.
¿Tiene permiso la Policía para aplicar de facto la pena de muerte? ¿Era tolerable el asesinato si se hubiera tratado, en realidad, de los sospechosos esperados? Eso solo lo tolera un Estado violador de los derechos humanos y una clase dominante que se beneficia con las ejecuciones. Lo tolera porque en verdad lo dirige.
Y en los medios de comunicación se fomenta y justifica esa tolerancia, porque se trata de crear ideología. ¡Asqueroso ejercicio!
DE LA MEDIA VERDAD A LA COMPLICIDAD
Un ejercicio que silencia todo esto no puede calificarse como independiente.
La autocensura, obligada por la naturaleza empresarial de los medios de comunicación, ha dejado de ser un recurso para preservar el empleo o el espacio de expresión para convertirse en un acto de complicidad.
Comunicadores que han acumulado grandes fortunas se posicionan en los medios desde los cuales actúan al servicio de los corruptores. Los que buscan preservar quizás no grandes fortunas, pero de seguro altos niveles de vida, asumen el discurso complaciente a sabiendas de que contribuyen con el atraso político.
Son cómplices los medios que forman parte de grupos empresariales y lo son también, por omisión, los comunicadores comprometidos con el presidente de la República como figura y los que están ligados a los organismos nacionales e internacionales de seguridad.
Esos no se atreven a señalar que figuras represivas del pasado y del presente como Pedro De Jesús Candelier, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Ney Aldrin Bautista fueran protegidos por la clase dominante y lograron su inserción en la misma a través de las fortunas acumuladas y los capitales multiplicados.
Esto ha sucedido durante décadas con figuras militares y policiales.
En la lista de los grandes propietarios figuran criminales de los que sirvieron a Joaquín Balaguer y de los que fueron elegidos por el dictador Rafael Leonidas Trujillo para formar ese cuerpo policial que no solo hay que desmontar, sino que nunca debió existir.
Se apaña la censura cuando se elogia a los grandes propietarios, quienes se han servido de estas figuras o caminan junto a ellas.
Cada 5 de abril, periodistas empleados y comunicadores autoproclamados independientes, emiten cualquier cantidad de elogios a José Luis Corripio, a Frank Jorge Elías y a otros empresarios, y presentan como ejemplares a directivos de ciertos medios sin mencionar la censura directa y la imposición de la autocensura.
La autocensura se manifiesta entonces en la aceptación del control. El siguiente paso es asumir la defensa de lo indefendible y pronunciarse contra la lucha popular y contra el avance político.
El ejercicio ético e independiente del apasionante oficio, decididamente no es rentable en nuestra sociedad… Pero es imprescindible… Y cuando la autocensura se convierte en silencio cómplice, hay que asumirlo como un deber de conciencia.