Desde el 29 de septiembre, en Francia se ha producido una primera oleada de huelgas y manifestaciones contra la inflación y la carestía de la vida para pedir aumentos salariales. Hubo una jornada de huelga nacional el 29 de septiembre, otra el 18 de octubre y una manifestación nacional el 16 de octubre contra la carestía de la vida y la inacción climática del gobierno.
Con la explosión de las facturas de energía, de los alimentos, los alquileres y todos los productos de primera necesidad, la inflación y el alto coste de la vida se han convertido claramente en las principales preocupaciones de las clases trabajadoras y de la población en general.
A través de estas movilizaciones, una vez más, se iluminó la realidad del capitalismo francés.
Es el grupo TotalEnergies el que, en este periodo, ha cristalizado la ira popular por distintas vías.
Los superbeneficios de esta empresa se salen de lo normal: 18,8 mil millones en el primer semestre de 2022 (triplicando los del primer semestre de 2021), mientras que el 70% de los asalariados que utilizan el coche para ir al trabajo han visto aumentar el precio del combustible ha subido un 20% desde enero de 2020. También se ha sabido que el director general de Total, Patrick Pouyanné, ha incrementado su salario en un 52% en 2022. Como campeón del capitalismo francés, la empresa también pagará 2.620 millones de euros en dividendos excepcionales este otoño y su propio jefe recibirá 1 millón de euros en dividendos en 2022. ¡Aunque muchos consejeros delegados del CAC40 [equivalente al IBEX35] superen los 5,9 millones de Pouyanné, especialmente Bernard Charles (Dassault Systèmes) con más de 44 millones de euros en 2021 o Carlos Tavares (PSA/Stellantis), con 19,5 millones de euros!
En cualquier caso, la remuneración de los jefes de la CAC40 se duplicó entre 2020 y 2021 para alcanzar los 8,7 millones de media y Pouyanné se ha convertido en el símbolo de un sistema en el que cada crisis ve cómo se agravan las desigualdades y el goteo de la riqueza producida va de los explotados a los explotadores[1]. Y los salarios de los grandes jefes franceses suelen ser mucho más bajos que los de sus homólogos alemanes, 15,4 millones (+83%) de media para los jefes del Dax (el equivalente alemán del CAC 40). En Inglaterra, 13,5 millones de euros (+143%) para los 100 jefes del FTSE.
A modo de recordatorio, en una nota del 23 de septiembre de la DARES, el Ministerio de Trabajo anunció que, en un año, el salario medio mensual «había aumentado un 3,1% para el sector de los servicios, un 3,0% para la industria y un 2,6% para la construcción», y por tanto con la inflación. «En euros constantes y durante el mismo periodo, [el salario medio mensual] disminuyó un 2,9%, un 3,0% y un 3,4% respectivamente para cada uno de estos sectores (servicios, industria y construcción).
Del mismo modo, en el caso de los funcionarios, con un aumento del 3,5% del punto de índice (que se utiliza para calcular la paga) en julio de 2022, los aumentos totales desde 2010 hasta 2022 habrán sido del 4,7%, frente a una inflación acumulada del 20,4%… !15,7% de disminución respecto a la paga de 2010!
El 29 de septiembre fue un día de huelga nacional, con una fuerte movilización; en particular en los sectores de la energía, la energía nuclear, el transporte, la educación nacional, la automoción, la agroalimentación y los servicios sociales. La CGT propuso un salario mínimo de 2.000 euros brutos, aumentos salariales en función de la inflación, el restablecimiento de la escala móvil de salarios, la indexación de los salarios y las pensiones a la inflación y la igualdad salarial real entre mujeres y hombres. Por su parte, Solidaires defendía una plataforma similar, traduciendo en muchas huelgas demandas más precisa de los aumentos salariales y, no de primas, del 10% o, mejor aún, incrementos lineales de 300 a 400 euros en todos los salarios.
Las manifestaciones fueron mucho más numerosas que en las jornadas de movilización de enero y marzo de 2022. Los sindicatos anunciaron 250.000 personas en las calles.
Por su parte, el 27 de septiembre, los empleados de las 5 refinerías de Total y de las 2 refinerías de Exxon se pusieron en huelga. La huelga, convocada por la CGT, sindicato líder en las refinerías de Total y Exxon, y secundada por FO, contó con una amplísima mayoría de más del 70% de los 3.000 operadores. El objetivo: conseguir aumentos del 7,5% en Exxon y del 10% en Total. La huelga se renovaba cada día en una asamblea general de los propios huelguistas, huelga que se convertiría en el punto de referencia de la movilización en defensa del poder adquisitivo de los salarios. Este movimiento de huelga renovable había sido preparado por la CGT del sector, miembro de la Federación Nacional de Industrias Químicas (FNIC), que forma parte de la oposición en la CGT y está afiliado a la FSM.
En el tema de los salarios y la huelga en las refinerías, el gobierno intentó jugar varias cartas. En primer lugar, dijo que las grandes empresas y Total en particular deberían negociar los aumentos. Exxon aceptó negociar y el 10 de octubre obtuvo un acuerdo de la CFDT y la CGC para un aumento general del 5% y una prima de 3000 euros. Por su parte, Total, que al principio se mantuvo en una posición inflexible (en un primer momento, ninguna negociación antes de noviembre para la negociación anual obligatoria en vistas a 2023; luego, ninguna negociación si no se ponía fin a la huelga), bajo la presión del gobierno, aceptó entrar a negociar el convenio de 2023. El 14 de octubre, obtuvo la firma de un acuerdo por parte de la CFDT y la CGC, que jamás han convocado una huelga. Finalmente, la dirección concedió un 5% el 1 de noviembre más una prima de al menos 3000 euros y un 2% en medidas individuales. Las y los huelguistas y la CGT rechazaron este acuerdo y continuaron con la movilización.
La huelga de las refinerías tiene la capacidad de bloquear el suministro de los depósitos y estaciones de servicio. Así pues, a los pocos días se empezó a notar la penuria en las estaciones de servicio y la dirección de Total y el gobierno comenzaron a hacer todo lo posible para romper la huelga. En primer lugar, fingiendo que los acuerdos eran mayoritarios (lo que es cierto a nivel del conjunto de TotalEnergies, pero no lo es en absoluto en las refinerías en huelga) para hacer creer que la CGT intentaba continuar una huelga minoritaria. Luego, afirmando que los operadores ganan de 4.000 a 5.000 euros y son privilegiados. Todas ellas, noticias falsas retransmitidas en bucle por los medios de comunicación mientras, frente a las refinerías, las y los trabajadores que trabajan por turnos 7días sobre7, a menudo con décadas de antigüedad, mostraban sus nóminas con salarios de entre 2500 y 3000 euros. Después de haber hecho una campaña mediática para poner a los automovilistas en contra de los huelguistas y tras la presión de la derecha de los Republicaciones que acusaba de inacción al gobierno, la primer ministro, Borne, comunicó la decisión del gobierno de obligar a la plantilla a volver al trabajo. Simbólicamente, en varios operadores de Exxon y Total se aplicó esta medida para desbloquear las refinerías. Finalmente, aparte en Exxon que votó volver al trabajo, la huelga continuó en todas las refinerías de Total hasta el 20 de octubre.
El problema es que, tras el 29 de septiembre, las refinerías fueron el único sector en huelga y que la intersindical no fijó ninguna nueva fecha para continuar y ampliar la movilización. Esto se debe a varios factores: la división sindical; sólo la CGT, Solidaires y la FSU llamaron a la movilización el 29 de septiembre; la orientación de la dirección confederal de la CGT que, a principios de año, quiso priorizar la búsqueda de un frente común contra la reforma de las pensiones y buscaba una alianza con la CFDT y UNSA.
Finalmente, el elemento desencadenante de la jornada del 18 de octubre por parte de la CGT, Solidaires, FSU y FO fue determinado por la huelga en las refinerías y la provocación del gobierno de obligar a las y los huelguistas volver al trabajo. Aunque anunciada con menos de una semana de antelación, esta nueva jornada de huelga fue tan movilizadora como la del día 29. En muchas ciudades, con manifestaciones más masivas y un ambiente más combativo, aunque en la enseñanza la movilización, convocada en tan poco tiempo, fue menor.
Asimismo, muchos centros de la SNCF -ferrocarril- fueron a la huelga a pesar de la falta de preparación y de la obligación de tener que anunciar la huelga con antelación. Pero los intentos de continuar con la huelga por parte de los militantes de Sud Rail y de los militantes combativos de la CGT no fueron seguidos más allá de 48 horas. Sólo el sector de la energía, con los empleados de 10 centrales nucleares, lanzó una huelga renovable al día siguiente del 29. La mayoría de huelguistas en las refinerías, que siguen aislados, reanudaron el trabajo el 20 de octubre, si bien 2 de 5 refinerías continuarán la huelga hasta el 27 de octubre.
Se ha encendido una mecha lenta
Pero está claro que en el tema de los salarios y el poder adquisitivo se ha encendido una mecha lenta. CGT, Solidaires, FSU y FO han convocado una nueva jornada de huelga para el 10 de noviembre (coincidiendo con las vacaciones escolares de Todos los Santos) y Solidaires y la CGT una jornada intermedia de movilización el 27 de octubre. También se ponen en pie convocatorias intersindicales, sobre todo en el transporte y la formación profesional. Aunque sea de de forma caótica, se puede construir una movilización central en defensa de los salarios y el poder adquisitivo. Pero esto requerirá una fuerte presión unitaria para la movilización de las bases y las iniciativas de movilización popular que vinculen las reivindicaciones salariales con todas las demás cuestiones de poder adquisitivo. Las plataformas reivindicativas de la CGT y de Solidaires ya contienen algunas líneas de acción en este sentido: reducir el IVA de los productos de primera necesidad al 5,5% o suprimirlo, aumentar e indexar a la inflación las pensiones y todas las rentas de sustitución, especialmente las prestaciones de desempleo, bajar los alquileres, bajar los precios de los carburantes y de la energía suprimiendo los impuestos y deduciéndolos de los ingresos de las empresas productoras, desarrollar las redes de transporte público y gratuidad en el transporte local y regional.
Además, la cuestión de una redistribución de la riqueza se plantea de forma obvia y masiva en la sociedad. Esto afecta a los salarios y a todas las rentas sociales, pero también, sobre todo, al sistema fiscal y a la redistribución. A este respecto, mientras los presupuestos de sanidad y educación están a media asta, un grupo de economistas de Lille acaba de calcular el importe total de las ayudas públicas a las empresas: en 2019 ascendieron a 157.000 millones de euros, la mayor partida presupuestaria, es decir, un tercio del presupuesto del Estado, el doble que el presupuesto nacional de educación. Además, mientras los empresarios se quejan del «peso aplastante» de las exacciones obligatorias, parece que cada año el aumento de las ayudas a las empresas va acompañado de una disminución de todas las exacciones obligatorias. Evidentemente, esto no incluye la optimización fiscal legal y el uso de los paraísos fiscales, ni el propio fraude fiscal.
Por lo tanto, la lucha en defensa de los salarios y las rentas sociales está directamente vinculada a la lucha anticapitalista contra el alto coste de la vida. En este sentido, la marcha iniciada el 16 de octubre por la NUPES iba en dirección de esta indispensable convergencia popular que vincula las batallas por los salarios y todas las demás reivindicaciones relativas al coste de la vida, la lucha contra la subida de los precios en los alquileres, el transporte, la energía, los alimentos y todos los elementos que hacen que el aumento del coste de la vida en los hogares de la clase trabajadora sea muy superior a la inflación calculada por el INSEE.
La marcha del 16 de octubre, a convocatoria de los partidos NUPES (FI, EELV, PS, PC), del NPA y de numerosas asociaciones, reunió a decenas de miles de manifestantes en París, y a pesar de la negativa de la CGT, la FSU y Solidaires a sumarse a ella, muchos militantes y banderas sindicales estuvieron presentes, y un llamamiento de varios centenares de dirigentes sindicales a participar en ella dio testimonio de la buena acogida de esta iniciativa en los círculos sindicales combativos.
Las semanas y los meses venideros deberán hacer converger todas estas iniciativas, sobre todo a nivel local, evitando evidentemente la posición hegemonista que adoptó France insoumise en la preparación del 16 de octubre. Pero sería saludable que en las ciudades se construyeran iniciativas unitarias de un frente social y político común.
Porque, paralelamente a los conflictos salariales, la reapertura parlamentaria confirmó tanto la presión de la extrema derecha como la voluntad del gobierno Macron-Borne de imponerse por la fuerza considerándose como una mayoría de hecho capaz de imponer su política a pesar de su fracaso en las elecciones legislativas del pasado junio. En muchos países europeos, los partidos institucionales se ven obligados a formar alianzas parlamentarias, llegando a compromisos para formar una mayoría de gobierno. Por razones opuestas, el partido de Macron (Renacimiento) y Los Republicanos, a pesar de su proximidad neoliberal, no han buscado ni conseguido esa alianza. A partir de ahí, cada votación parlamentaria termina con un diktat del gobierno, obligando a los demás partidos a dejar pasar el proyecto de ley o a formar una alianza de todas las oposiciones para forzar la dimisión del gobierno. La Constitución francesa, con su artículo 49.3, permite al gobierno aprobar sin votación cada año el Proyecto de Ley de Finanzas (PLF), el Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social (PLFSS) y un proyecto de ley por sesión parlamentaria. El gobierno minoritario de Elisabeth Borne ya ha utilizado sus dos comodines para el PLF y el PLFSS, permitiéndose no integrar las enmiendas votadas por la mayoría de los diputados (por ejemplo, la relativa a un impuesto sobre los superbeneficios). Tanto el NUPES como el RN han presentado mociones de censura contra el gobierno, que seguramente serán minoritarias. En cualquier caso, la derrota del gobierno y de sus políticas patronales sólo puede venir de las movilizaciones sociales que debemos seguir desarrollando en las próximas semanas.
Traducción: viento sur
[1] El discurso gubernamental es que hay que promover la buena marcha de los negocios para que los los de abajo se sientan benericiados por un efecto de goteo [nde].