No son conocidos sus nombres ni sus rostros. Solo se sabe que la honestidad de algunos médicos contribuyó a convertir en escándalo la muerte de una cantidad indeterminada de recién nacidos en el área neonatal del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo. La intención de las autoridades era no dar a conocer la desgracia.
¿Por qué se registra en los archivos de un hospital que el nacimiento de un niño se produjo tras un tiempo de embarazo menor al que pudo constatar el experto en perinatología que lo recibió? A ese médico se le respondió que “por órdenes superiores”. La idea era dar a entender que el niño murió debido a que su prematuridad no le permitió vivir. ¡Asquerosa manipulación!
Se dice que hubo en ese hospital treinta y cuatro muertes de recién nacidos en febrero y que en los últimos tres meses se cuentan setenta y dos. Y se informa también que en otros centros han ocurrido desgracias similares, pero la información es manipulada o simplemente silenciada.
Los analistas comprometidos con el sistema dicen que el tema no debe politizarse, pero la realidad es otra: es político. Un detalle fundamental es que en los hospitales del país se está falsificando registros. Otro detalle, el más importante, es que se silencia la muerte de muchos niños cuando ocurre por causas evitables o por una situación de precariedad injustificable. Se trata de evitar el costo político de una desgracia causada por el saqueo, la injusticia y el despojo.
Acogiendo los métodos heredados de la dictadura de Trujillo y de los gobiernos de Joaquín Balaguer, autoridades que no merecen ese nombre imparten órdenes cuartelarias para imponer la mentira. Quieren evadir el costo político del despojo y de la negación de derechos fundamentales.
Adulteran las estadísticas de salud de una forma muy efectiva, pues comienzan asentando informaciones falsas en los registros hospitalarios, de modo que no se puede confiar en las cifras finales ni siquiera cuando son consultados los registros primarios.
La pretensión es ocultar el retroceso en indicadores importantes de salud. Heredaron la crisis, pero también la mala costumbre de adulterar registros. La han adoptado porque son herederos del latrocinio, de la práctica del despojo y del mal uso de los fondos públicos y pretenden seguir protegidos por la impunidad.
El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña (esta última con responsabilidad directa sobre el sector Salud) deben rendir cuentas al pueblo. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, también debe hacerlo.
El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, no puede limitar su explicación al eufemismo de que en gestión se está resolviendo una crisis heredada. Heredada es la crisis, pero ellos dan continuidad al abuso y al despojo.
¿De dónde proceden las órdenes superiores? ¿Desde dónde llegan esas órdenes a los hospitales? Con la cancelación del director del hospital de Los Mina y de la encargada de Perinatología no se termina de responder a la sociedad.
Los doctores Leonardo Aquino y Dagne Sánchez eran eslabones intermedios en una cadena de podredumbre y abuso que no se ha roto. Enmarcaron su actuación en el servicio de los grupos que los colocaron en los puestos de los cuales ahora son expulsados.
La dirección política del sistema al cual ellos han servido no se identifica con las mayorías y responde solo al escándalo.
Eso explica que no se haya resuelto el tan denunciado problema de robo de criaturas en los centros de maternidad, y que la mortalidad materna siga siendo alta en el país. (Ciento veintisiete por cada cien mil nacidos vivos, dicen las adulteradas estadísticas, y se sabe que el número es mayor).
NO MÁS ALEGATOS PATRIOTEROS
No caben los alegatos patrioteros. Periodistas racistas se han pronunciado diciendo que las parturientas y los recién nacidos haitianos infectan los hospitales. ¿Se habrá visto argumento más retorcido?
El sistema de salud en República Dominicana tiene carencias y deficiencias. Solo porque de algún modo hay que llamarle se le llama sistema de salud.
Si en los hospitales dominicanos no hay condiciones de higiene ni recursos materiales suficientes para combatir elementos infecciosos que en este siglo no deberían cobrar vidas, no se puede atribuir esta situación a que se da servicio a parturientas haitianas.
Solamente por la pobreza y la marginalidad imperantes en Haití y en República Dominicana, haitianas y dominicanas buscan servicio en hospitales de maternidad donde madres y niños pobres son solo manipulables números, mientras los funcionarios suman a sus altos sueldos los beneficios de un rentable ejercicio privado de prestación de servicios y de venta de medicamentos y equipos de salud.
La vicepresidenta Raquel Peña y el doctor Mario Lama, por ejemplo, tienen la doble condición de funcionarios y comerciantes.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
¿Cuál es la real tasa de mortalidad infantil en República Dominicana y qué proporción de muertes corresponde a niños menores de un año? Es una pregunta difícil. En el año 2021, 33 por mil, dicen las estadísticas internacionales. La probada alteración de registros en hospitales y el desorden en los registros de muchos centros privados, hace dudar de cualquier dato y dificulta la labor de actualización.
En los foros internacionales se habla de la necesidad de mejorar los indicadores de salud en los países subdesarrollados, pero no se vincula en forma contundente la negación del derecho a una atención de calidad con el esquema de dominación existente.
En 2019 (vale decir que es el año anterior a la propagación mundial de la COVID-19) murieron en el mundo 2. 4 millones de niños en su primer mes de vida. “Cada día mueren unos 6700 recién nacidos, cifra que representa el 47% de todas las muertes de menores de 5 años, un aumento respecto del 40% registrado en 1990”, dice un reporte de la UNICEF.
¿No constituyen estas cifras una acusación directa a la sociedad de clases?
En el caso específico de República Dominicana, ¿no constituye lo ocurrido en el hospital de Los Mina una muestra del daño directo de la corrupción sobre la calidad de vida de las mayorías?
Las autoridades del gobierno que “hereda” la crisis hospitalaria han manejado como espectáculo los expedientes de corrupción contra funcionarios del gobierno anterior porque tienen encima el mismo lodo que los perseguidos. Y por conveniencia politiquera no procesan la corrupción de gobiernos como el de Hipólito Mejía y los de Leonel Fernández. ¿Por qué no puede haber alianzas de corruptos y abusadores con corruptos y abusadores?
¿Cómo se explica que, tras más de dos décadas de sostenido crecimiento económico en República Dominicana los hospitales no tienen respuesta a un brote infeccioso?
Se estrella contra el suelo el argumento patriotero.
Luis Abinader sigue actuando con descarado entreguismo y reitera donde pueden escucharlo que las grandes potencias deben invadir Haití. Esto hay que destacarlo justo ahora, en este abril que marca el 58 aniversario de la grosera intervención yanqui en República Dominicana.
El dominio sobre los medios de comunicación y el compromiso prosistema de los mal llamados periodistas independientes, aminoran en este momento el costo político de la muerte de más de 72 niños y del ocultamiento malintencionado de esta desgracia, pero quedan estos hechos en el historial del actual gobierno.
Hay ofensas que no se perdonan, y habrán de pagar los responsables de la interrupción de setenta y dos vidas apenas iniciadas (hay que reiterar que la cifra puede ser más alta y que en otros hospitales puede haber muchas otras muertes).
El poder mediático y la demagogia pueden crear retraso en el proceso de toma de conciencia de los pueblos, pero no alcanzan para impedir su continuidad… Y los sectores mayoritarios que hoy lloran a los niños sepultarán un día la sociedad de clases.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.