En un rincón del cuadrilátero, al ataque, Giorgia Meloni sostenida por sus asistentes-aliados directos. Enfrente, las organizaciones sociales, agazapadas, pero sin bajar la guardia. Crónica de un combate –por momentos– desigual en la Italia reino de la extrema derecha.
Desde el 23 de octubre de 2022 cuando asumió el gobierno la alianza liderada por Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia) se dieron escasas buenas noticias para los sectores sociales italianos más marginalizados que vieron esfumarse derechos esenciales, y ahora, además, se convierten en principal blanco de la represión.
El proyecto Meloni, con la apuesta de convertirse en el referente europeo de la extrema derecha, viene promoviendo políticas de neto favor al gran capital; aplica recortes significativos en la educación y la salud pública; combate de frente a los inmigrantes y elimina la Renta de Ciudadanía, subsidio que beneficiaba a una gran parte de las familias pobres y personas desempleadas. En paralelo, promovió una nueva ley represiva antisocial, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y ahora a la espera de una próxima ratificación en el Senado.
Criminalizar
la protesta
La Ley 1660 o “Ley Mordaza”, que introduce más de veinte nuevos tipos de
delitos y circunstancias agravantes permite, entre otras, condenas de hasta 2
años de cárcel a huelguistas y participantes en protestas con cortes de calles,
carreteras o vías férreas. Incorpora el concepto de “terrorismo de palabra” con
sanciones posibles de hasta 6 años para quienes propagandicen las luchas
sociales. Ocupar una casa o predio vacío o solidarizarse con una ocupación
puede significar 7 años de prisión. Cualquier tipo de resistencia activa podría
ser sancionado con una pena de hasta 15 años y la denominada resistencia
pasiva, hasta con 4 años. Incorpora nuevas sanciones contra los inmigrantes sin
permiso de residencia en el país que no podrán, por ejemplo, obtener tarjetas
SIM para sus teléfonos celulares. Además, penaliza severamente la mendicidad en
lugares públicos.
“Buscan criminalizar
cualquier tipo de protesta, cerrar la boca a las voces críticas,
desnaturalizando y negando derechos democráticos esenciales”, afirma en
entrevista exclusiva Paolo Banci, ex sindicalista, militante social de larga
trayectoria de la región toscana y presidente de la sección local de Rignano
sull’ Arno de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI). La ANPI es
hoy una de las mayores organizaciones con presencia en todo el territorio
nacional. Fue creada en junio de 1944, en Roma, mientras el Norte sufría
todavía la ocupación nazi-fascista. El 5 de abril de 1945 se le concedió el
estatus de “Ente moral”, lo que le otorgó personalidad jurídica, promoviéndola,
de hecho, como la asociación oficial de los partisanos. Independiente de los
partidos políticos, la ANPI, según su propia definición, “sigue estando a la
vanguardia en la custodia y aplicación de los valores de la Constitución, por
lo tanto, de la democracia, y en la promoción de la Memoria de esa gran época
de conquista de la libertad que fue la Resistencia”. Para la Asociación de
Partisanos la lucha antifascista de ayer va de la mano del combate universal
por la memoria, contra la guerra, por los derechos constitucionales y, en
particular, las conquistas sociales (https://www.anpi.it/).
Desorientación política y desilusión
Mirar hacia atrás, observar las elecciones parlamentarias de septiembre de 2022 en la cual Giorgia Meloni (Hermanos de Italia) y sus aliados (La Liga, Fuerza Italia y los democratacristianos de Somos Moderados) obtuvieron el 44% de los votos, implica activar la crítica hacia los partidos de centro e izquierda. Estos, con sus tibias políticas cuando fueron gobierno, “abandonaron a los sectores más pobres, facilitaron el aumento del descontento popular y abrieron de par en par las puertas a la llegada de la extrema derecha al Gobierno”, sostiene Paolo Banci. Quien subraya que, desde entonces, la alianza de Meloni con el apoyo del gran poder económico y mediático, “ha ido ganando la batalla cultural, la disputa ideológica y pone al pueblo a la defensiva”. Prometieron mejoras que no cumplieron; aplican políticas que no habían anunciado en la campaña electoral y han impuesto, de esta forma, argumentos y discursos paternalistas, simplistas y autoritarios que han afectado y siguen golpeando al conjunto de las fuerzas progresistas, completa Banci.
Desde las
organizaciones de la sociedad civil y de base “somos muy críticos con los
grandes partidos de izquierda y de centro, que no respondieron a las
expectativas de la gente y promovieron el actual escenario. Pensaron que
declamando una buena gestión administrativa sería suficiente y la realidad
demostró lo contrario, con la consecuencia directa que el pueblo italiano
perdió la esperanza por el cambio y optó por una alternativa conservadora.
Falta hoy una real alternativa progresista de poder”, subraya el militante de
Rignano sull’Arno.
Para Banci, que en 2009 con un grupo de compañeros reconstruyeron y relanzaron
la ANPI en diversos municipios del sur de la región Toscana, si bien la
coyuntura política actual puede leerse con pesimismo desde los ojos de los
sectores populares, “nada es definitivo, el movimiento de base y de la sociedad
civil no está muerto y siguen apareciendo ciertas señales de esperanza de cara
al futuro”. En su análisis, entran no solo una gran diversidad de iniciativas
sociales en la base, en todo el territorio — muchas de ellas promovidas por
jóvenes– sino también algunas propuestas políticas mayores de trascendencia
nacional.
El
amanecer también existe
Paolo Banci menciona, a manera de ejemplo, el gran frente asociativo que en
Italia se manifiesta a favor del fin de la agresión en Gaza, que apuesta a una
salida pacífica de ese conflicto y que promueve el reconocimiento oficial del
Estado Palestino. “Actualmente, los partidos de centro e izquierda están
adentro de ese frente, pero no tienen la voz cantante ni juegan el rol
central”, puntualiza.
En lógica similar, el
dirigente de la ANPI y actor comprometido en la solidaridad internacional,
reivindica la importante movilización de los últimos meses a favor de un
referéndum contra la nueva Ley de la Autonomía Diferenciada promovida por La
Liga (anteriormente Liga del Norte). Banci explica que “Hasta ahora — inicios de
octubre– se recolectaron alrededor de 1.300.000 firmas, incluyendo muchas
digitales, especialmente de jóvenes. Ese número representa más del doble de lo
que la ley exige para que un Referéndum sea votado. Y si bien los partidos de
centro y de izquierda apoyan esta iniciativa, tampoco juegan el rol protagónico
que sí tiene el movimiento socio-cultural y sindical”. Se espera que
en los próximos meses la Corte Constitucional reconozca la inconstitucionalidad
de la Ley y permita, así, una votación popular, la que será, según el militante
social, “un nuevo y gran desafío para conseguir una mayoría contra esa ley en
las urnas”.
Según las múltiples asociaciones y organizaciones sociales y culturales que han
promovido el Referéndum, la Ley de Autonomía Diferenciada debe ser derogada
porque “dividirá Italia en muchas pequeñas patrias, aumentará las disparidades
territoriales y agravará las ya insoportables desigualdades sociales, en
detrimento de toda la comunidad y, en particular, de los trabajadores y los obreros,
los jubilados y los pensionistas, los jóvenes y las mujeres” . Al priorizar al
norte rico de Italia, en detrimento, esencialmente, del sur menos desarrollado,
esta ley “divide al país y perjudica tanto al sur como al Norte; empobrece la
mano de obra; socava las políticas medioambientales; afecta la educación y la
salud públicas; penaliza los municipios y las zonas del interior; complica la
vida de las empresas y obstaculiza el desarrollo nacional” (https://referendumautonomiadifferenziata.com/).
La resistencia a esta ley, según Paolo Banci, tiene una importancia
significativa, ya que la misma constituye el primer instrumento jurídico de la
gran reforma conservadora que promueve la actual alianza de gobierno. Si la
Autonomía Diferenciada se acepta sin una oposición popular contundente, le
seguirán la ley que impulsa Meloni para concentrar el poder a través la
elección directa del primer ministro –debilitando todos los otros poderes del
Estado– y, también, la que promueve reestructurar la justicia, iniciativa
reaccionaria en la cual está principalmente interesada Fuerza Italia.
Aunque el futuro
político italiano está repleto de incertidumbre y desafíos, “no dejamos de
apostar a la permanente movilización desde abajo en defensa de derechos
sindicales, de apoyo a fábricas ocupadas, de promoción de reivindicaciones
sociales, a favor de la paz y contra los aires belicistas, de solidaridad con
los inmigrantes, de reactualización de la memoria colectiva antifascista”,
reflexiona Paolo Banci. Certezas concretas: “es muy importante que
organizaciones como la nuestra, la de partisanos, logre reunir más de 150 mil
miembros en todo el país –más que los afiliados de algunos de los grandes partidos–
y que constantemente muchos jóvenes que no quieren enrolarse en un partido
político pidan integrarse a nuestra asociación”.
No menos significativo, también, es el resurgimiento de la protesta contra la
guerra y contra la militarización del territorio y de las escuelas. Que
incluye, por ejemplo, movilizaciones en la región de Florencia contra la
iniciativa gubernamental de instalar en esa zona el Comando de la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte) para el sudeste de Europa, el
que se sumaría a las muchas bases norteamericanas y de la Alianza Atlántica
desde años presentes en suelo italiano.
Sin duda, concluye Banci, esas plataformas, redes, convocatorias y esfuerzos de movilización, “podrían convertirse, en el futuro, en el punto de partida de la construcción de una alternativa al actual gobierno. Una alternativa que le devuelva la ilusión a la gente y promueva la confianza en un verdadero proyecto de cambio. Un laboratorio político, una apuesta de esperanza que como levadura deberá seguir creciendo y multiplicándose a pesar del gran poder actual de la extrema derecha dominante”.
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