Crisis agraria ocupa respuestas de la Academia

Desde 1992, con la aprobación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA),vigente todavía, los conflictos agrarios se han generalizado.  A la prohibición para recuperar por el Estado tierras agrícolas y destinarlas a grupos campesinos de la reforma agraria y comunidades étnicas, se sumó la liberalización del mercado de tierras con la masificación de entrega de títulos de propiedad a todos los ocupantes, independientemente si la tierra estuviera cultivada u ociosa.  Pero, también, fue evidente el debilitamiento institucional al cercenar competencias al Instituto Nacional Agrario (INA) y presupuesto, y privatizarse gran parte de los servicios de apoyo a la producción alimentaria. 

I. Reforma agraria posible

A excepción de Aníbal Delgado Fiallos en la Dirección Ejecutiva del INA, en el periodo 1998-2001, el resto ha seguido lo que dicta la  LMDSA y el instrumento soporte, o sea el Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA,  que está pasando factura a las economías de los países centroamericanos, afectando mayormente a los productores (campesinos y campesinas) de granos básicos y hortalizas, convirtiendo su desplazamiento por la importaciones masivas, en una de las causas visibles de la reconcentración de la propiedad y migración rural.

La lectura de la crisis agraria por Aníbal Delgado Fiallos fue diferente: En primer lugar asumió de entrada que era lucha perdida la insistencia desde el Ejecutivo y Legislativo por modificar o derogar la LMDSA; las condiciones políticas no estaban dadas. No obstante y frente a la reconcentración de la propiedad rural, desde el movimiento organizado habría espacios para promover nuevas formas de organización, participación  y reivindicación del derecho a la tierra por los campesinos. La creación del Movimiento Campesino del Aguán  (MCA), y del Movimiento Campesino  Unificado del Aguán (MUCA), surgen de esta nueva lectura y enfoque de desarrollo para el agro hondureño.

El movimiento campesino hondureño, sobre todos dirigentes de las llamadas organizaciones tradicionales, se habían corrompido y no querían soltar el poder; muchos de estos dirigentes acompañaron al Gobierno del presidente Rafael Callejas Romero (1990-1993), promotor del ajuste neoliberal, y al Ministro de Agricultura, Mario Nufio Gamero, en la aprobación y respaldo de  la LMDSA.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, construyó con apoyo de la academia, participando Mario Membreno, Mario Posas, Efraín Díaz  y Matías Fúnez, un concepto de reforma agraria posible, orientado a garantizar acceso a la tierra para los campesinos, servicios de apoyo a la producción y espacios de dialogo y participación institucional y político permanentes; igualmente, apoyar a las comunidades étnicas y pueblos originarios en la dotación de títulos de propiedad en comunidad y protección de los recursos naturales.

El INA no renunciaba a su función principal de dotar a los campesinos, campesinas e indígenas de activos como la tierra y el crédito, introduciendo mecanismos de mercado para la compra de tierras y acceso a servicios productivos. La aprobación del Programa de Acceso a la Tierra  (PACTA), con fondos de donación del Banco Mundial por un monto inicial de 8 millones de dólares, lo demuestran. Este programa se sostuvo por más de 10 años y recibió apoyo de otros organismos internacionales y gobiernos, destacándose en los informes de evaluación externa los logros en aumento de la producción, productividad, ingresos, empleos e incluso exportaciones de las familias campesinas en situación de pobreza.

Bajo la gestión de Aníbal Delgado Fiallos (1998-2001),el INA tituló 594,632 hectáreas de tierras, beneficiando no solo a  grupos campesinos de la reforma agraria y productores independientes, sino también a los pueblos étnicos, impulsado por las acciones de las propias organizaciones que recuperaron gran parte de estas tierras.[2]. EL INA creo un programa de fortalecimiento y desarrollo de los pueblos étnicos, donde el acceso a la tierra y reivindicación de derechos de propiedad colectiva era uno de sus principales componentes.

El Gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio 2009) le apostó a una ley de mora agraria (decreto 18-2008)  para permitir que los campesinos pudieran explotar las  tierras ocupadas no tituladas y que, en teoría, pertenecían a terratenientes y empresarios del agro, asumiendo los costos el Gobierno. Esta Ley, aunque aprobada, quedó en papel con el golpe de Estado (junio de 2009), por lo que la crisis en el agro se profundizó.

II. Conflicto agrario en ascenso

A inicios del Gobierno del Porfirio Lobo Sosa, abril de 2010, la violencia en el agro había cobrado la vida de cuatro (4) dirigentes de MUCA, igual un periodista que cubría las noticias en el Bajo Aguán. Se atribuye estos crímenes a guardias de las empresas de palma africana y sicarios contratos por Narcos. Frente a ello, la Vía Campesina Internacional y FIAN[3], en un comunicado público, exigían, además de parar la violencia, lo siguiente:

a) el retiro de los militares a sus cuarteles 

b) al cese de la represión y de la violencia contra los grupos campesinos

 c) una moratoria a los desalojos forzosos

d) la protección efectiva de la integridad personal de las y los defensoras/es de derechos humanos, dirigentes campesinos, periodistas quienes viven en una situación de riesgo permanente

e) la garantía de una investigación y persecución efectiva de los asesinatos
indicados

f) el cumplimiento de la obligación del Estado frente al derecho a la alimentación de las familias campesinas, facilitándoles el acceso adecuado a la tierra y los medios necesarios para que puedan vivir de su trabajo
dignamente 

g) el desarrollo de un proceso de diálogo franco, pacífico y constructivo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán

h) la resolución efectiva y entrega definitiva y completa de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las comunidades del Movimiento Campesino del Aguán, tal como lo establecen las leyes de reforma agraria vigentes y, en particular, el Decreto 18-2008.

Una salida por el Gobierno de “Pepe” Lobo y su Ministro del INA, Cesar Ham, fue apoyar la compra inicial de unas 4,045 hectáreas de tierras en disputa a los empresarios agroindustriales, especialmente Miguel Facusse; fijando de común acuerdo un justo precio.  Se hizo a través de un préstamo bancario a 15 años plazo, un 6% de interés anual, tres años de gracia y a un costo de Lps 135,000 por hectárea que los campesinos deberían honrar con los ingresos obtenidos por la venta de  los productos, lo cual no se logró.

Entre los factores causales destacan la falta de un plan de negocios integral de mayor plazo con miras a la venta de los productos en los mercados internacionales (no el panfleto aprobado para salir del paso), y la falta de la asistencia técnica especializada y prometida por el Gobierno, además de los conflictos internos entre dirigentes. La ausencia de una estrategia de protección de los ecosistemas forestales y fuentes de agua,  focalizada en la región, no ha permitido poder enfrentar la destrucción del bosque y uso del agua por la expansión del cultivo de palma africana.

En el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), que cubrió dos (2) periodos entre 2014 y 2021, se observó una escalada de represión al movimiento campesino y militarización de la zona del Bajo Aguán, la falta de apoyo de instituciones públicas ligadas al agro y el eventual desmantelamiento del INA. A ello se sumó la crisis de pago de MUCA y del Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán (MARCA), pidiendo al Gobierno apoyo para la renegociación de la deuda adquirida por más de 600 millones de lempiras, buscando una extensión en los plazos de pago y una baja de intereses.[4]

A finales de julio de 2019, “el Estado está pagando esas tierras porque es el aval solidario, cada diciembre el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI) le manda a Finanzas los números y Finanzas tiene que cumplir, están en mora desde 2013”, dijo el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara.[5] Se estima que se habían pagado unos 500 millones de lempiras, sin que existiera una propuesta alternativa de desarrollo conjunta para generar ingresos en forma sostenida y honrar las deudas.

Frente a los efectos negativos generados por el Covid-19 en el empleo y producción nacional, el Gobierno autorizó el alquiler  de tierras nacionales, fiscales  y ejidales por el Estado a los empresarios a 100 lempiras la manzana de tierra por año (decreto PCM30-2020 y PCM41-2020). Se sumó la asignación de 4,000 millones de lempiras a  las Fuerzas Armadas (decreto PCM-052-2019 del  18 de octubre de 2019) para ejecutar el Programa de Desarrollo Agrícola y hacer producir la  tierra, desconociéndose el total del monto asignado y ejecutado, como de los logros obtenidos[6].

El Plan Refundacional del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro (2022-2026)[7], en realidad la propuesta de campaña, incluye la legalización de tierras a los campesinos siguiendo el decreto 18-2008, fortalecimiento del INA[8], eliminación de los conflictos,  saneamiento de tierras y  entrega de títulos a las organizaciones de pueblos étnicos y afro descendientes de Honduras; siendo poca la referencia a las acciones para derogar la LMDSA y reinventar desde el Gobierno la lucha por la tierra.

La presión sobre la tierra aumentó, especialmente en la zona del Bajo Aguán, donde participan no solo campesinos de las organizaciones creadas, grupos irregulares e invasores de oficio; también gobiernos locales y personas ligadas al narcotráfico. En la solución del conflicto se involucra a instituciones de gobierno, empresarios, poder judicial y  FFAA, no así a la Academia.

En junio de 2023, la presidenta de la Republica, Xiomara Castro, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) creo la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra[9], reconociendo que “la reforma agraria es un asunto pendiente, han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, decreto legislativo 31-1992, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) dar respuesta positiva a la demanda de tierras que presentan continuamente las mujeres campesinas, grupos campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios”[10]

Las funciones de la Comisión incluyen:

a) Elaborar decreto ejecutivo para ser discutido en el Consejo de Ministros conteniendo las acciones y estrategias ordenadas en esta resolución, y elaborar proyectos de Ley para ser sometidos a discusión y aprobación al Congreso Nacional para dar respuesta a la problemática de la mora agraria y las demás resoluciones y reformas de Ley que correspondan a ese Poder del Estado para el logro de la seguridad agraria y el acceso a la tierra;

b) Incluir en el proyecto de Ley la conciliación de justiprecios pendientes de pagos del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra a los grupos ocupantes de acuerdo con los procedimientos contenidos en los expedientes de Ley;

 c) Incluir en el proyecto de decreto a presentar en el Congreso Nacional una sección que castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva y de los bosques; el artículo 51 para la modernización y desarrollo del sector agrícola debe ser reformado, ordenar al Instituto de la Propiedad para que junto al Instituto Nacional Agrario procedan a realizar una investigación exhaustiva de las propiedades que tiene carácter legal en sus antecedentes registrales pero que en su tramitación y adquisición tiene el carácter de ilegitimidad, concediéndole prioridad a la revisión de tierras denunciadas por los campesinos antes el Instituto Nacional Agrario u otras personas afectadas por esta situación irregular;

 d) Ordenar a la Procuraduría General de la República en los casos que proceda como consecuencia de esta investigación, incoar las acciones judiciales ante los tribunales competentes[11].

Después de más de una año de haber constituido la Comisión Agraria, según directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), los resultados no han sido los esperados, ya que 66.000 hectáreas de tierras habían sido “invadidas”, lo cual impacta negativamente en los flujos de inversión,  producción, exportaciones y genera un clima de creciente inseguridad y violencia.[12]La solución para el COHEP es el desalojo de los “invasores”, protección de la propiedad privada (militarización) y resolución rápida de los expedientes en poder de la Corte Suprema de Justicia. Hay poca referencia a la ilegalidad de títulos adquiridos, destrucción del bosque por la expansión del cultivo y violaciones de los derechos humanos.

Otra evaluación, desde organizaciones de sociedad civil, es que la Comisión Agraria nació “trunca” al no participar en forma permanente la Secretaria de Derechos Humanos y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), falta de avances en el Congreso Nacional para la discusión de la LMDSA y reforma o derogación del artículo 51 sobre la vigencia de las causales de afectación de tierras, como también la no aprobación del decreto 18-2008 (nuevo) para enfrentar la mora agraria con el sector campesino[13].

Para el Bloque Popular Campesino e Indígena, también se observa un fracaso en las acciones de la Comisión Agraria, ya que “ha pasado un año desde la creación de esta comisión, y el resultado ha sido un fracaso total. No se han visto avances significativos en la garantía de los derechos de los y las campesinas e indígenas. Por el contrario, la comisión ha servido únicamente para reforzar el control del sector agroindustrial y terrateniente, dejando de lado las legítimas demandas del campesinado y los pueblos indígenas. El Gobierno avanza a nivel de discurso, pero no en la práctica y prueba de ello es la ineficacia de instituciones como el INA cuyas autoridades, hablan y hablan, pero no hacen nada en el marco de sus funciones”[14]

En el Bajo Aguán, el conflicto se agravó con el asesinato de Juan López en septiembre de 2024, líder ambientalista y dirigente del  Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, departamento del Colón, donde se involucra a la empresa minera Inversiones los Pinares en una áreas protegida y la  empresa de siderurgia Inversiones ECOTEK, cuyas actividades extractivas impactan negativamente las corrientes de agua de los ríos Guapinol y San Pedro. En este asesinato se involucra también al alcalde de Tocoa, Colon, Adán Fúnez, denunciado por propio Juan López, regidor de la Alcaldía, por tener vínculos con el narcotráfico.

«Las autoridades hondureñas encargadas de la investigación deben establecer patrones de violaciones de derechos humanos contra las personas defensoras de los derechos humanos, identificar las causas profundas de sus homicidios ilegítimos y elaborar una estrategia para evitar que se repitan, por ejemplo, llevando ante la justicia a los autores materiales, intelectuales y cómplices, y proporcionando reparación a las víctimas y sus familias». También pidieron que se garantizara plena protección a su familia, al CMDBCP y a las comunidades locales”.[15]

En diciembre de 2024, la  Plataforma Agraria Regional de Valle del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán (COPA), denunciaron que desde el día 24 de diciembre la Cooperativa Camarones fue víctima del desplazamiento forzoso por parte del grupo criminal conocido como «los Cachos», quienes son coordinados y mantienen permanente y estrecha relación con la empresa agroindustrial DINANT[16]. Las acciones de los “Cachos” y otros grupos criminales como los “Canechos”, es perpetuar desalojos extrajudiciales de los campesinos (as), sin reconocer el proceso que se sigue en el marco de la Comisión Agraria donde se involucra el INA y poder judicial, que avanza muy lento y con altos costos para el Estado.

El 31 de enero de 2025, fueron asesinos José Luis Hernández y Suyapa Guillen, asociados de la cooperativa Gregorio Chávez, donde el movimiento organizado del Valle del Aguán cuestiona la poca efectividad de la Policía Nacional para brindarles protección y lo lento de las acciones que ejecuta el Gobierno para resolver los problemas agrarios de la Zona, sin opciones de políticas y estrategias alternativas más integrales frente al problema de tenencia de la tierra y ejercicio de derechos de propiedad legítimos. El Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, atribuye estos asesinatos a grupos irregulares ligados al narcotráfico que han venido operando en la zona, pero considera que las acciones realizadas han sido efectivas,  ya que la tasa de homicidios tuvo en descenso de 52% en el departamento de Colon para 2024.[17]

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condenó este asesinato, y“alertó que este crimen se suma a una escalada de agresiones contra cooperativas campesinas del Bajo Aguán, fenómeno que, según denuncias, está en aumento con la incursión de grupos armados en la zona. La OACNUDH expresó su preocupación por la persistencia de ataques contra comunidades organizadas y los riesgos que esto representa para sus habitantes, exigiendo al Estado hondureño una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva que permita identificar y capturar a los responsables. Asimismo, instó a tomar medidas urgentes para frenar la violencia en la región y prevenir futuros ataques contra las familias campesinas”.[18]

III. Soluciones en año político se alejan

Un los rasgos característicos de las problemática agraria en Honduras es que las soluciones se alejan en años políticos electoreros, y más bien la violencia aumenta, incluyendo el asesinato de dirigentes campesinos y ambientalistas. Ello sucede no solo en años de elecciones, sino también en el primer año del nuevo Gobierno, cuando no se han atacado las causas de los problemas, relacionadas con la falta de revisión y/o derogación de la LMDSA y leyes conexas, el narcotráfico, corrupción y la incapacidad del poder judicial para resolver los casos acumulados, muchos de los cuales datan de más de 25 años.

“Cuanto más crece la campaña electoral, menos atención a graves conflictos nacionales. El Aguán arde mientras en este último año de administración pública, la institucionalidad parece convertida en plataforma electoral”, expresó el sacerdote, conocido como “Padre Melo”[19]en su cuenta de red social, uno de los mayores conocedores de la problemática agraria y ambiental del país.

Desde el INA, se debe cumplir con los compromisos con la presidenta de la Republica, Xiomara Castro, de someter a revisión la LMDSA y reactivar el decreto 18-2008 (mora agraria). Se asume de entrada que no va a prosperar, ya que no hay ambiente en el Congreso de la Republica ni se cuenta con los votos necesarios, además de que la mayor parte de los diputados van por la reelección. Hay que dejar constancia de ello, como evidencia que los diputados del Partido LIBRE están a favor de un cambio  de las políticas agrarias neoliberales, no en su profundización.

En el caso del conflicto del Valle del Aguán, la meta debe ser sanear el mayor número de expedientes, vigencia del decreto de emergencia (militarización de la zona y protección de dirigentes y familias),[20]acciones efectivas para encarecer los crímenes contra campesinos, ambientalistas  y lucha frontal al narcotráfico.

IV. Hora de la Academia

Todavía no tenemos una evaluación de los resultados de la LMDSA (cumplirá en el mes de marzo 33 años de vigencia), leyes conexas, incluyendo la Ley de Inversiones Agrícolas y el RD-CAFTA, por lo que es de esperar que seguirán vigente, aunque se reconozca que muchos de los problemas en el agro hondureño se explican por la aplicación de este instrumento de ajuste agrícola neoliberal y derivados.

Esta evaluación es urgente, y la Academia cuenta con las herramientas necesarias para ello, ya que si se hace desde el Gobierno, perderá credibilidad y quedará en simple papel. En el 5to Congreso Nacional de Sociología y 2to de Desarrollo Local, celebrado en Ciudad Universitaria del 25 a 27 de Septiembre de 2024, se identificaron algunas de las debilidades de esta ley y los efectos negativos que ha causado, sin que se muestre interés por autoridades de gobierno, especialmente de aquellas ligadas al agro, caso del INA y la Secretaria de Agricultura y Ganadería. Los resultados de la evaluación pueden alimentar un discurso político alternativo y soluciones efectivas e integrales al problema agrario de cara a las generales de noviembre próximo.

El problema agrario, particularmente la reconcentración de la tierra, falta de reconocimiento de derechos de propiedad y un menor acceso de los campesinos y comunidades étnicas a los servicios de apoyo a la producción, tienen incidencia en la migración de hondureños hacia EEUU y Europa. La presidenta Xiomara Castro ha propuesto la entrega de 1,000 dólares a cada inmigrante para que emprenda iniciativas de negocios, donde la explotación de rubros agrícolas, industriales y actividades ganaderas y piscícolas a pequeña escala son algunos de estos negocios. La Academia puede identificar por regiones agrarias las potencialidades, elaborar con las familias de inmigrantes deportados un programa nacional de pequeños proyectos participativos con planes de negocios y emprendedurismos, localizados en tierras menores de 10 manzanas otorgadas por el Estado y acompañados de otros actores como industriales y comerciantes.[21].

La explotación de los recursos forestales por las comunidades, no ha tenido los frutos esperados. En primer lugar, los cortes de madera son realizados por empresas e intermediarios pagando precios muy bajos. En segundo lugar, los planes de manejo no son utilizados con instrumentos para la sostenibilidad de las acciones en cuanto a la protección y uso de los recursos forestales y biodiversidad. Pero, fundamentalmente, los pocos ingresos generados no permiten una capitalización interna de las comunidades para poder invertir en la mejora, corte, transformación y venta de la madera y productos derivados.

Se necesita un acercamiento mayor entre  comunidades y la Academia, no solo para la educación, capacitación técnica, manejo de información y planificación de mayor plazo, sino también para el diseño de mecanismos de control y sostenibilidad de los recursos; además de investigaciones con aliados externos para la captura del CO2 comunitario y su cobro a empresas y países altamente contaminantes. 

Las cadenas productivas en el agro hondureño, es uno de los legados del ajuste agrícola. Se hicieron visible en el Gobierno de Ricardo Maduro (2002-2005), y continuaron en los gobiernos posteriores, institucionalizadas con mesas de trabajo para potenciar la competitividad de rubros tradicionales, no tradicionales y aquellos de consumo diario por las familias (maíz, frijol, arroz). Un de los objetivos es generar un mayor valor agregado con la venta de los productos en el mercado nacional e internacional, reducir costos, aumentar productividad e incorporar con criterios de sostenibilidad a pequeños productores y grupos campesinos como miembros activos de las cadenas.[22]

No existe una evaluación sobre la funcionalidad de estas cadenas y mesas de trabajo integrantes, así como de los resultados obtenidos en aumentos de producción, productividad, exportaciones e ingresos de los asociados y familias; pero también en la potenciación el desarrollo económico local. La Academia puede constituirse en soporte a las políticas de desarrollo del sector agroalimentario y económico local que ejecuta el Gobierno, acompañando a las mesas en la elaboración de estrategias de competitividad de mayor plazo, sobre la base de la colaboración de miembros con capacidades técnicas, recursos tecnológicos y financieros no homogéneos.

El Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), está por presentar los primeros resultados del nuevo Censo Agropecuario, cuya información será la base para redefinir las políticas, estrategias y marcos jurídicos para el agro hondureño, generando información confiable por municipio, departamento y región. Esta información y la categorización que se realice, necesita de la Academia en tanto las cifras, además del soporte metodológico de captura y respaldo de la información, necesitan de soportes teóricos, aprendiendo de experiencias latinoamericanas.

Finalmente, el Gobierno no cuenta con una caracterización o tipología de las organizaciones campesinas y sociales que trabajan en el agro, y que defienden políticas de acceso a la tierra, servicios de apoyo a la producción y protección de los recursos naturales, en especial de las fuentes de agua; cuestionando la ruta de los monocultivos, la minería extractiva y los daños al ambiente y salud humana.  La Academia ha tenido avances en este campo, pero la gestión pública puede verse beneficiada si existe una mayor colaboración con el Gobierno, tal como sucede en temas de descentralización, seguridad ciudadana y cultura.

Notas:

[2] Ver para ampliación Javier Suazo “Reforma agraria y reivindicación de Derechos humanos en Honduras”. UNAH, Facultad de Ciencias Jurídicas, Maestría en Ciencia Política y Gestión del Estado. Tegucigalpa, DC; 2006, pág. 12.

[3] Ver Llamado Internacional “ Honduras: no más violencia campesina contra los grupos campesinos del del Bajo Aguán”, comunicado de  Vía Campesina Internacional y FIAN internacional, 10 de abril de 2010

[4] Laprensa.hn, 26 de diciembre de 2016

[5] El heraldo.hn, 28 de julio de 2019.

[6] El exjefe del Estado Mayor Conjunto, José Fortín, habla que no recibieron todos los recursos, pero se han beneficiado 5,000 productores. El heraldo.hn, 29-04-2022

[7]Ver Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2026), Tegucigalpa, septiembre de 2021.

[8] En 2021, último año del Gobierno de JOH, el presupuesto aprobado al INA fue de 343.3 millones de lempiras, y en 2023 y 2024, en el Gobierno de Xiomara Castro, de 555.4 millones de lempiras por año, un aumento de 61.7%;  para 2025 se han asignado 684 millones de lempiras. Ver Sefin, 2025.

[9] Ya antes, el 22 de febrero de 2022, se había llegado a un Acuerdo entre el Gobierno, coordinadora  de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria, para investigar las violaciones de los derechos humanos y el estado actual de la tenencia de la tierra en el Valle del Aguán, que para los dirigentes campesinos el Gobierno quedó en deuda.

[10] Ver gobiernosolidario.sgjd.goh.hn, 6 de junio de 2023

[11] Ver gobiernosolidario.sgjd.goh.hn, 6 de junio de 2023

[12] Para Santiago Herrera, gerente del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del COHEP, lo invasores son desalojados de las tierras, pero vuelven a invadir otras tierras y  roban la fruta. Se necesitan acciones concretas, caso de la vigencia de una agenda productiva más amplia. Ver declaraciones en honduario.com, 6 de agosto de 2024.

[13] Ver CESPAD “Balance sobre el primer año de gestión de la Comisión sobre Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en Honduras”. Tegucigalpa, DC, 10 de junio de 2024.

[14] Ver Movimiento Amplio por la Dignidad y la Democracia, comunicado del Bloque Popular Campesino e Indígena sobre el fracaso de la comisión agraria, Tegucigalpa, Honduras, 7 de junio de 2024.

[15] Ver comunicado de expertos y expertas de ONU que condenan el asesinato del ambientalista Juan López, la criminalización de ambientalistas y el papel de las empresas involucradas. Ginebra, Suiza, 24 de septiembre, de 2024.

[16] Denuncia de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán  y COPA, Tegucigalpa, 27 de diciembre de 2024.

[17] Ver Honduario. Com, 3 de febrero de 2025.

[18] Honduario.com. 1 de febrero de 2025.

[19] Hondudiario, 3 de febrero de 2024

[20] Recién, en conferencia de prensa, las organizaciones, campesinas, indígenas, movimiento popular, feministas y artistas, demandan del Gobierno y poderes públicos constituidos declarar como territorio de emergencia las tierras de las cooperativas Camarones, el Triunfo y el Chile, hostigadas por grupos irregulares y guardias privados, el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno con la Plataforma Agraria y COPA en febrero de 2022 sobre ejercicio de derechos de propiedad de los campesinos sobre las tierras y el saneamiento legal, una efectividad de la Comisión Tripartita para esclarecer las violaciones de los derechos humanos y asesinatos. Ver Declaración, Tegucigalpa, DC, 12 de febrero de 2025.

[21] El Gobierno puede reactivar el fondo de tierras de la LMDSA, hacer un inventario de tierras nacionales, ejidales y fiscales por municipio para favorecer a las familias de los inmigrantes, recuperar las tierras confiscadas a la narcoactividad y entregarlas a los campesinos deportados, o también valorar la posibilidad de poner un impuesto local a la ociosidad  de la tierra rural productiva cobrado por las municipalidades de los municipios afectados.

[22] En el  valle del Aguán destaca el cultivo de palma africana, uno de los principales rubros de exportación del país, donde 65% de las áreas sembradas en 2021, unas 198,721 hectáreas de tierra, corresponde a medianos, grandes productores y empresas de transformación agroindustrial, en rangos de entre 50 y 5.000 ha., y solo un 35% a pequeños productores (Revista de Actividades Económicas de Honduras N.1, BCH.HN, pág. 12), los cuales enfrentan problemas de asistencia técnica y crédito,  transformación, comercialización y exportación de los subproductos, pero también de precios por los pagos de la fruta fresca. A ello se agrega que, además de los conflictos por la tenencia de la tierra, el cultivo se ha extendido a zonas de reserva forestal y biodiversidad, como ser el Parque Yaneth Kawas.

Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Se basa en charlas con dirigentes campesinos, ambientalistas y pequeños productores de palma africana  de la zona del valle del Aguán. 

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