“Si permiten que la corrupción pudra una opción de desarrollo alternativo al neoliberalismo, no merecen volver a pedir el voto ni gobernar” (“Pepe” Mujica)
La vulnerabilidad es un fenómeno constante y universal dirían sus teóricos, otros la atribuyen a efectos negativos en las personas, familias y grupos por cambios en condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales del país. Hay quienes están mejor preparados para enfrentar estos efectos, pero son los pocos, la mayoría tiene que depender de organizaciones e instituciones (incluyendo la familia y la economía) y poder amortiguarlos.
Las personas y grupos vulnerables necesitan mayormente del Gobierno, ya que muchas de sus carencias superan esfuerzos y recursos con que cuentan sus familias. Hay una gran cantidad de población en situación de pobreza extrema, siendo los más afectados las mujeres jefes de hogar, adultos mayores, niños y niñas. A ello se agregan las pertenecientes a minorías étnicas y los emigrantes que no tienen otra opción que la asistencia pública.
En la época de los ajustes estructurales propios de los modelos de corte neoliberal, se vendió la idea que la mejor forma de enfrentar este flagelo de la pobreza extrema y vulnerabilidad, es la focalización de las familias afectadas. Se diseñaron y siguen diseñando sofisticados sistemas de información de las personas y familias, donde se conoce-al detalle-la situación socio-económica y localización.
La estrategia es poder eliminar, en lo posible, la burocracia pública y garantizar que los recursos (mayormente conseguidos vía empréstitos), se entreguen a los necesitados. Igual, se crearon nuevas instituciones y ampliaron las competencias de aquellas que trabajan con estos grupos.
Estas políticas y programas de atención a grupos vulnerables se han seguido ejecutando, aun cuando se reconoce que no han podido con la pobreza, destinándose cuantiosos recursos y endeudando más al país. Hay más pobres, y aunque la pobreza extrema ha bajado, rápidamente vuelve a subir como resultado de la crisis económica, cambio climático e inestabilidad financiera externa y política. A los “vulnerables tradicionales” como los pobres, mujeres, niños, ancianos, se han agregado nuevos, caso de los inmigrantes y desplazados.
Los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) y agencias de cooperación bilateral, le siguen apostando a la focalización de la atención y gasto público, pero todavía no han enfrentado las debilidades y problemas que acompañan a estas políticas y programas. Se asume que sigue siendo la mejor estrategia para enfrentar la pobreza y vulnerabilidad, al crearse unidades operativas independientes, o profesionalizarse la (s) instituciones responsables del diseño y evaluación de las políticas, programas y proyectos a favor de las personas en pobreza o riesgo económico-social.
La primera, y la más importante, es la “filtración”, o sea que los beneficios los reciben personas y grupos que no aparecen en los listados de población en pobreza y vulnerabilidad. Una de las explicaciones es el clientelismo político, que posibilita que diputados, alcaldes y dirigentes del partido en el Gobierno canalicen estos recursos a familiares y activistas políticos.
En Honduras, por ejemplo, se denunció que esta práctica ha estado vigente desde que se crearon los programas de compensación social en 1990, caso del Programa de Asignación Familiar (PRAF) y Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), avalados y financiados por los OFIs, sin que se tomen los correctivos del caso.
La segunda es la captura de competencias de las instituciones responsables de programar y evaluar la entrega de recursos para los pobres y vulnerables, y la desnaturalización del rol que deben cumplir los gobiernos locales en el ejercicio de sus competencias municipales, muchas de ellas capturadas por el Gobierno de la República y más recientemente por diputados del Congreso Nacional.
Se agrega la atomización de las organizaciones sociales y sus altos niveles de politización que avalan prácticas antidemocráticas con el beneficio que los líderes se mantengan en el poder y gocen también de las dádivas que otorga el Gobierno. En los gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH) se denunció que muchas de las organizaciones sociales fueron capturadas por dirigentes políticos y diputados y crearon nuevas con personas que prestaron su nombre.
Igual, es evidente lafalta de transparencia y corrupción de funcionarios públicos coludidos con diputados y alcaldes, que no permite avanzar con opciones de desarrollo más efectivas; o sea, que muestren evidencia de reducción significativa de la pobreza, exclusión y desigualdad.
Al parecer, está Red de Corrupción pública ligada a fondos destinados a programas sociales, muy visible después del Golpe de Estado, ha salpicado a funcionarios del Gobierno del partido Libertad y Refundación (LIBRE), y diputados del Congreso Nacional. En el Gobierno de JOH la red involucró a los diputados que fueron beneficiados con recursos públicos asignados a un Fondo Departamental creado en octubre de 2019 (decreto 116-2019) por el Congreso de la República, donde gestionaban y manejaban directamente los recursos, muchos de los cuales no fueron liquidados. Este fondo departamental se eliminó por el Congreso actual mediante decreto 56-2023, pero fue reactivado como Fondo de Administración Solidaria por 950 millones para 2023, 2024 y 2025, actuando como intermediario entre los diputados y población “carenciada”, la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).
Las denuncias son que los diputados usan los fondos para la campaña política de los mismos diputados y alcaldes, y para beneficio de parientes, amigos y familiares de los congresistas. Una grabación filtrada por simpatizantes del mismo partido LIBRE, pero pertenecientes a corrientes internas que no recibieron estos recursos, hace público está denuncia donde se reconoce que los fondos son manejados por diputados, involucrando a Isis Cuellar, diputada por Copan del partido LIBRE.
Se cuestiona desde el Ejecutivo que la reactivación del Fondo, unos 1,000 millones de lempiras, no fueron autorizados por el Congreso de la República al aprobarse el presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, acusándose al presidente de dicho órgano legislativo, Luis Redondo, de una práctica poco transparente y corrupta que salpica al partido LIBRE y su candidata, Rixi Moncada, por ser una de las principales banderas de lucha contra los gobiernos golpistas.
La dirigencia de LIBRE ha procedido a retirar a la diputada Isis Cuellar de los cargos de elección, y exige también que sea separada de la Vicepresidencia del Congreso de la República. El problema es que la diputada Cuellar fue electa como candidata a diputada para las elecciones de noviembre próximo, y ha dicho que no renunciará a su cargo en el Congreso. Igualmente, se pide renuncien todos los diputados en actos de corrupción y se castigue a los corruptos, lo cual es difícil por las restricciones anteriores, pero también por la poca efectividad mostrada por el Ministerio Publica en llevar a los tribunales a funcionarios y diputados del Gobierno anterior involucrados en actos de corrupción, incluyendo aquellos con acceso a fondos de SEDESOL (antes SEDIS).
La creación de este tipo de fondos, manejados por el Congreso Nacional en beneficio de los diputados, alcaldes, amigos y familiares, siendo el impacto en las comunidades muy marginal, debilita el accionar de la institucionalidad con competencias en este campo, especialmente de los gobiernos locales y las propias organizaciones comunitarias que han visto como terceros en su nombre, usan los recursos que deben servir para enfrentar sus carencias económicas, sociales y culturales.
Una investigación a fondo por los órganos fiscalizadores y controladores del Estado es necesario, para posibilitar que el Ministerio Publico lleve a los tribunales de justicia a los corruptos. Esta investigación debe incluir a toda institucionalidad involucrada, tanto del poder ejecutivo como judicial. La Cooperación Internacional, especialmente organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI), deben exigir también mayor transparencia en el uso de estos recursos, muchos de los cuales se usan como fondos de contraparte para acceder a préstamos que buscan reducir los niveles de pobreza y marginalidad económica y social.
No hay un beneficio tangible para la sociedad hondureña, de seguir con estos mecanismos de extractivismo político de fondos públicos, por lo que deben ser eliminados. Implica también una investigación de la red de corrupción de arrastre que sigue vigente y que no distingue colores políticos ni ideología, donde ciertos funcionarios, dirigentes y diputados de LIBRE han caído.
Se exige también la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), por aquello de que la red de corrupción abarcatambién a otras instituciones del Estado hondureño, penetrando los partidos con mayores posibilidadesde obtener un triunfo electoral en noviembre de 2025.
Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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