“Más de 6,7 millones de hondureños viven en condiciones de pobreza y 4,4 millones en pobreza extrema. De ellos, 1,3 millones sobreviven con menos de un dólar al día (26 lempiras)” (Dr. Héctor Figueroa, Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAH)
Los enfoques teóricos y metodológicos para reducir la pobreza refieren a satisfactores de necesidades básicas de las familias e ingresos monetarios, donde la dotación de activos y el acceso a salud, educación, agua potable, energía, vivienda y la creación de oportunidades de empleo son los más importantes. La pobreza multidimensional combina ambos, o sea, que a la insuficiencia de ingresos se suma la falta de acceso a educación, salud, precariedad del trabajo y deterioro del nivel de vida.
De acuerdo a Amartya SEN “para identificar a los pobres, dado un conjunto de “necesidades básicas” es posible utilizar por lo menos dos métodos. Uno consiste simplemente en determinar el conjunto de personas cuya canasta de consumo actual deja insatisfecha alguna necesidad básica. A éste se le puede llamar el “método directo” y no involucra ninguna idea de ingreso, ni siquiera el nivel correspondiente a la línea de la pobreza. En contraste, en el que puede llamarse el “método del ingreso”, el primer paso consiste en calcular el ingreso mínimo, o la línea de pobreza (LP), en el cual todas las necesidades mínimas especificadas se satisfacen. El siguiente paso es identificar aquellos cuyo ingreso actual está por debajo de dicha línea de pobreza.”[1]
La tradición del enfoque del desarrollo conocido como estructuralista liderado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que resurgió a inicios de la década del 2000 frente al aumento de la desigualdad económica y social, pone énfasis en intervenciones de mayor alcance orientadas a atacar las llamadas rigideces estructurales de la economías, siendo una de ellas la alta concentración del ingreso y baja capacidad de absorción de empleo productivo y técnica, lo que es un factor causal -de primer orden- de los países para reducir en forma sostenida los niveles de pobreza y marginalidad.
En 2019 la Academia Sueca decidió otorgar el Premio Nobel de Economía a Esther Dulfo, Abbijit Banerjee y Michael Kremer, por sus trabajos de desarrollo de metodologías experimentales y pragmáticas para reducir la pobreza, más allá de teorías y modelos abstractos. Implica no solo el involucramiento del economista u otro cientista social, consultor e investigador en el diseño de políticas y programas de reducción de la pobreza, sino también en su ejecución, evaluación y valorización de los resultados. Para Esther Dulfo el economista debe aprender del plomero que conoce y profundiza más en el detalle y resuelve el problema, experimentando si la solución funciona, si dio resultado o no.
Este enfoque no cuestiona abiertamente las políticas de Organismos Financieros Internacionales (OFI) para los países pobres, como ejemplo la entrega de bonos, subsidios, alimentos y equipos a las familias pobres, centrándose más en las valorizaciones y estudios experimentales sobre el alivio de la pobreza a nivel de personas y familias. Se puede demostrar que las políticas de los OFI, en el marco de la compensación social al ajuste económico, como la entrega de ecofogones a familias pobres no es la solución para población en situación de pobreza extrema, pero se siguen aprobando fondos para ello, la mayoría vía préstamos.
En Honduras, los candidatos a la presidencia de la República apuestan a una estrategia de generación de empleos masivos, aunque de mala calidad, para reducir la pobreza en el país, acompañado de mayor gasto e inversión pública en salud, educación, seguridad e infraestructura económica y social. Esta ha sido la estrategia seguida a nivel de discurso político en las últimas décadas, pero que en la práctica se reivindican, con apoyo de los (OFI), políticas neoliberales de compensación social para reducir la pobreza extrema, creación de mayores incentivos al capital extranjero y acceso a alimentos básicos por los pobres.
Últimamente ha sido evidente, por lo menos a nivel de discurso político, la preocupación por la corrupción, falta de transparencia y combate del narcotráfico, que evaporan los recursos públicos y contaminan la gestión de los gobiernos [2]. Igualmente, no se renuncia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aunque se avance poco en la construcción de agendas regionales, departamentales y de país para su cumplimiento.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) cuestionó las cifras de pobreza generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al argumentar que Honduras registra un millón de nuevos pobres entre 2019 y 2024 (COHEP, 29/08/2025), considerándolo como una verdadera tragedia para el país. Contrario a ello, el Vicecanciller de la República, Gerardo Torres, afirma lo contrario, o sea que un millón de personas salieron de la pobreza en el actual Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, utilizando como referencia las cifras del INE que también son utilizadas por técnicos del COHEP.
El Director del INE, Dr. Eugenio Sosa, argumenta que las cifras del Gobierno son correctas y la pobreza se redujo en Honduras entre 2021 y 2024, al pasar de 73.6% de hogares en situación de pobreza a 62.9%, una reducción porcentual de 10.7%; lo mismo sucedió con la pobreza extrema de 53.6% a 40.1%, una reducción porcentual de 13.5%. (E. Sosa, 20/8/2025).
Un argumento del COHEP es que debe compararse el año donde el Covid-19 empezaba (2019) con el año 2024, para eliminar el sesgo a favor de una reducción de la pobreza después del Covid-19 con los años de mayor incidencia negativa para la economía y sociedad. Sin embargo, es válido el reconocimiento que hace Eugenio Sosa del esfuerzo del Gobierno por controlar la inflación, incentivar la producción alimentaria, otorgar subsidios a la energía, acceso a satisfactores como la merienda escolar y el aumento de la inversión pública para infraestructura económica y social (se habla de más de 95.000 millones de lempiras para 2025).
En países como Honduras, lo más importante es que las políticas de reducción de la pobreza sean sostenibles para mantener baja o a la baja los porcentajes o número de familias pobres en el país; caso contrario, sirven o han servido de “alegrón de pobre” o de políticos corruptos, ya que rápidamente vuelven a aumentar al no atacarse sus causas estructurales. Por el lado de la oferta, hace tiempo dejamos de considerar la alta concentración de la propiedad e ingresos como un factor explicativo de la pobreza, mucho menos pensar en soluciones de fondo que implican decisiones políticas que afectan la buena marcha del Gobierno al “chocar” con intereses económicos constituidos.
No cabe duda que el Censo Agropecuario que realiza el INE después de 32 años de acefalía y de planificar el desarrollo del sector agropecuario y pecuario con datos “rezago”, arrojará luz sobre la magnitud de estos problemas, y las brechas o déficits de producción alimentaria regionales o municipales por la ociosidad de la tierra, contaminación, prácticas agrícolas y ausencia de incentivos sostenibles para las economías campesinas. La Institución cuenta con apoyo de las Naciones Unidas, por lo que, a no dudarlo, la información del Censo será de mucha ayuda a los planificadores y tomadores de decisiones sobre las estrategias y políticas a ejecutarse en el agro hondureño que permitan atacar la desigualdades económicas y sociales existentes.
Hasta el momento, de los candidatos a la presidencia de la República, Nelson Ávila del PINU-Social Demócrata muestra una propuesta política para atacar este factor causal estructural. En el caso del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y su candidata, abogada Rixi Moncada, todavía no se han pronunciado sobre la vigencia (en su Gobierno) de una política de redistribución de activos como la tierra a los pobres y migrantes del agro nacional. Se sabe que el Instituto Nacional Agrario (INA) se perdió en un comisionismo agrario burocrático y no ha podido enfrentar el problema agrario tal como lo exigió la presidenta Xiomara Castro, por lo que la abogada Moncada no debería aceptar como válido este inmovilismo institucional y demagógico, y sus acciones.
Por el lado de la demanda, la falta de empleo tiene también raíces estructurales, más aun cuando se habla de generación de empleos de buena calidad sostenibles en el tiempo. Después del golpe de Estado hemos seguido el discurso de la generación de empleos per se, como solución paliativa a la falta de ingresos monetarios de familias en situación de pobreza, pero ello no ha funcionado. Los empleos deben ser, en lo posible, de buena calidad, especialmente en sectores dinámicos como el agroindustrial, energético y construcción.
Ello implica un esfuerzo considerable por la mejora sustancial de la educación nacional y la despolitización de la misma, apoyando programas educativos de acceso a conocimientos técnicos y desarrollo de habilidades de la mano de obra a todos los niveles. No es que estemos muy a la zaga, sino que todavía no hemos estructurado una Política de Estado para tales propósitos de alcance mayor y avalada por todos los actores. En este aspecto no funcionan las políticas que aíslan a uno o varios actores, al asumirse que el Gobierno por si solo puede con todo, ayudado por los gremios magisteriales con modelos de sustento fracasados.
Hemos argumentado que un modelo de corte progresista para el desarrollo de Honduras no es enemigo de la inversión extranjera, cuando existen reglas claras que no comprometen la soberanía nacional ni descapitalizan la economía con la generalización de exoneraciones fiscales y la autorización de empresas con prácticas contaminantes, poco transparentes y competitivas. El expresidente Carlos Roberto Reina (1994-1997) llegó a hablar de un código de ética del funcionario público, pero también de una legislación especial para la inversión nacional y extranjera, lo cual debe ser retomado.
Desde 1990 Honduras se matriculó con políticas de compensación social como estrategia válida para reducir la pobreza extrema. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados con costos muy altos para las finanzas públicas al captarse la mayor parte de recursos vía préstamos y atados a condicionalidades de cumplimiento de metas de estabilización económica como ejemplo la baja inflación. Se creía que estas políticas y su institucionalidad no serían contaminadas por funcionarios corruptos y politizadas, pero, contrario a otros países como Chile, Uruguay y Costa Rica, en Honduras esta ha sido la constante y no la excepción. Cada gobierno crea su propia institucionalidad y programas de entrega de bonos y subsidios a los pobres extremos, pero también a los activistas políticos, lo cual debe ser prohibitivo para países como Honduras, y los OFI deberían exigir mayor profesionalismo, transparencia y capacidad de gestión institucional.
Honduras ocupa de urgencia instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), y los candidatos a la presidencia deben tenerlo no solo como promesa de campaña, sino como un proyecto prioritario que empieza al día siguiente de declararse ganador de los comicios electorales. Los recursos que se recuperen al llevar tanto narcotraficante, funcionario, empresario y político corrupto a la cárcel, deben servir para financiar programas de impacto directo en la reducción de la pobreza. Ello implica además, sustanciales reformas a la legislación penal, administrativa y laboral, cuyos anteproyectos deben ser de conocimiento público y avalados por actores de la sociedad para no dejarlo sólo en manos de diputados.
La ley de Justicia Tributaria forma parte de esta legislación, que posibilite un mayor control de la evasión tributaria, menor regresividad en el pago de impuestos y exoneraciones fiscales como “premio” a la generación de empleos de mala calidad. La Secretaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, Zaida Manatta, de visita reciente al país, destaca la necesidad por intercambiar información tributaria, la eliminación del secreto bancario y el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de recaudación tributaria. Es importante, con la vigencia de la nueva Ley Tributaria, liberar recursos a favor de los pobres exigiéndose al gobierno nuevas formas de intervención institucionalidad donde se involucren a actores locales, eliminando el clientelismo político y la poca transparencia en el uso de los recursos.
El tiempo para la demagogia política está por terminar. Es poco probable que Honduras siga con un modelo político que ofrece y no cumple, pero usa los recursos para combatir la pobreza en proyectos fallidos y que benefician a grupos económicos, funcionarios, políticos de turno, militares y dirigentes gremiales corruptos. Hay una desvalorización de la clase política hondureña; el “moje”, la prebenda y venta de influencia se antepone a los valores éticos y defensa de los intereses de las mayorías nacionales. Ocupamos el voto a favor de los mejores y los más honestos, no es mucho pedir; cómo saberlo, fácil diría el destacado sociólogo hondureño, Roger Isaula, busquen la “cola” de cada uno de ellos y voten a conciencia.
Notas:
[1]Ver Amartya SEN “Sobre conceptos y medidas de pobreza”. Revista Comercio Exterior, Volumen 42, N.4, México, DC, pág. 7, 1992
[2] La UNAH a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), presentó recientemente los resultados de un estudio denominado “Cleptocracia y captura institucional: la anatomía del saqueo estatal en América Latina con un especial enfoque en Honduras”, donde se muestra al país como uno de los más afectados, siendo evidente la captura del Gobierno por redes de corrupción que no tienen partido político.
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