América Latina tiene tres grandes referentes económicos: la economía social de mercado, el neoliberalismo y el socialismo chino. Las economías sociales de mercado surgieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial (19389-1945) como una alternativa a los “extremos” del liberalismo clásico y del socialismo soviético. Reconocieron la importancia del mercado para generar riqueza, pero al mismo tiempo la necesidad de que el Estado interviniera para redistribuirla, evitar abusos y promover la cohesión social. Alemania Federal, los países escandinavos y Canadá representan casos paradigmáticos de este modelo, que se consolidó en las décadas de 1950 y 1960 bajo el marco del keynesianismo. Lejos de ser utopías, estas experiencias demostraron que era posible crecer y al mismo tiempo reducir desigualdades, construir sistemas de protección social y asegurar estabilidad política.
El modelo neoliberal adquirió hegemonía a partir del gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), quien desmontó la economía social alcanzada desde el New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), con serias repercusiones internas, como lo ha analizado Joseph Stiglitz. A partir de la experiencia norteamericana que, paradójicamente, nunca pensó en reducir el tamaño de su poderoso Estado, los principios del mercado “libre” y la empresa privada como ejes económicos fueron implantados en América Latina a través de las cartas de intención con el FMI y el “Consenso de Washington” (1989), en el contexto creado por las crisis de las deudas externas de la región, que explotaron en 1982.
Mientras las economías sociales de mercado comprendieron que el bienestar no puede quedar en las manos de los propietarios del capital, el modelo neoliberal solo confió en las capacidades reguladoras del mercado. La experiencia europea demostró que la intervención estatal, combinada con democracia y garantía a los derechos sociales y laborales, con altas inversiones públicas para sostener sistemas de salud, educación y seguridad social universales y todo sostenido por altos y fuertes impuestos sobre las rentas, eran eficaces para elevar la calidad de vida general. El camino de los EE.UU. fue distinto, pues su espectacular crecimiento y la hegemonía unilateral que adquirió en el mundo a raíz del derrumbe del bloque socialista no condujo al bienestar generalizado de su población. En todo caso, frente al socialismo centralizado de la URSS, la socialdemocracia europea se consolidó como un modelo pragmático de justicia social dentro del capitalismo.
En América Latina, las primeras dos décadas del siglo XXI trajeron una oleada inédita de gobiernos progresistas que, aunque no instauraron un socialismo formal, sí se propusieron retomar el camino de una economía social adaptada a la realidad regional. Entre 2000 y 2015, países como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela experimentaron políticas de mayor intervención estatal en infraestructura, servicios básicos, salud y educación. Estas medidas redujeron la pobreza y ampliaron derechos. No se trataba de copiar el modelo europeo, sino de adaptar principios semejantes de redistribución, gasto público y regulación a sociedades profundamente desiguales y dependientes.
La Revolución Ciudadana en Ecuador (2007–2017) es un ejemplo ilustrativo: durante esa década se expandieron los servicios públicos, se fortalecieron derechos sociales y laborales y se redujo la pobreza, en gran parte gracias a la inversión estatal. De manera similar, los gobiernos de Lula en Brasil, de los Kirchner en Argentina o de Evo Morales en Bolivia marcaron un viraje hacia modelos donde el Estado tuvo un papel central. Sin embargo, ninguno de ellos implantó un socialismo integral, sino que buscó incorporar principios de economía social, combinando inversión pública con mercados regulados.
Ese ciclo progresista enfrentó la resistencia de las élites económicas y de los organismos financieros internacionales, y en distintos países fue revertido por el retorno de proyectos neoliberales. Estos impulsaron privatizaciones, recortes del gasto social y un discurso que responsabiliza al Estado de la pobreza. Argentina con Javier Milei representa hoy la versión más radical de esta tendencia: una visión anarcocapitalista que niega la necesidad de la sociedad y coloca al mercado como única instancia decisoria. Es una utopía libertaria que no existe en ningún país capitalista central, ni ha existido en la historia.
La experiencia latinoamericana confirma que el libre mercado sin regulación nunca trajo prosperidad colectiva. Fue más bien la intervención pública la que permitió conquistar derechos laborales, sociales y ambientales, con mayor equidad social. Allí radica el contraste entre las políticas progresistas, que al menos intentaron redistribuir riqueza y ampliar ciudadanía, y los gobiernos neoliberales, que han acentuado desigualdades y han agravado la confrontación social por el ambiente de privilegio creado para las capas ricas.
En el escenario internacional, un referente inevitable es China. Su camino hacia un socialismo con características propias, iniciado con las reformas de 1978, ha demostrado que es posible superar las limitaciones del modelo soviético. A diferencia de la rigidez burocrática que caracterizó a la URSS, China combinó planificación estatal con apertura selectiva al mercado, lo que le permitió reducir la pobreza a una escala histórica sin precedentes: más de 800 millones de personas salieron de esa condición en apenas cuatro décadas. Al mismo tiempo, China ha logrado avanzar en innovación tecnológica, infraestructura y provisión de servicios básicos. La economía china se presenta hoy como un socialismo en construcción, que ha definido un mundo multipolar. Su experiencia demuestra que el socialismo no está condenado al fracaso y por eso se erige como un camino que también puede servir de orientación para América Latina.
Al poner en perspectiva estos procesos, América Latina se encuentra en un punto de inflexión. No puede imitar ni a Europa ni a China de manera mecánica, pero sí puede inspirarse en sus lecciones históricas para construir sus propias economías sociales de bienestar. Esto significa fortalecer la intervención del Estado, ampliar la inversión en salud, educación, vivienda, y garantizar sistemas de seguridad social universales. Costa Rica y Uruguay ofrecen ejemplos de esa seguridad social. También implica reconocer que el crecimiento debe ir acompañado de redistribución, pues la riqueza no puede concentrarse en unos pocos y que la cohesión social es un bien político tan importante como el crecimiento económico. Además, bajo las condiciones específicas de la región, el desarrollo tendrá que superar los sistemas primario-exportadores, la dependencia externa y el extractivismo. En la región existe una larga historia de aspiración por la equidad y el socialismo, como lo ha tratado el filósofo Pablo Guadarrama, quien acaba de recibir el Premio Libertador al Pensamiento Crítico por su obra “Marxismo y antimarxismo en América Latina”.
Lo que la región tiene que observar es que la edificación de economías sociales y redistribución de la riqueza para lograr el bienestar social y ambiental (Buen Vivir) requerirá de altos y fuertes impuestos a las rentas particularmente de las capas ricas que la han concentrado de manera inadmisible, convirtiendo a la región en la más inequitativa del mundo. De hecho, países como Ecuador tienen impuestos que no llegan al promedio latinoamericano (21%). Desde luego la vía de transformaciones requiere de gobiernos progresistas, pues desde 2017 el país ha demostrado que los gobiernos de corte empresarial son un fracaso para la promoción del bienestar colectivo, pero exitosos para imponer el poder del capital y los buenos negocios para la élite oligárquica. Bajo su bloque de poder en el Estado la violencia en Ecuador se desató, así como las economías ilegales. En ocho años el país pasó a ser el más violento en América. Habrá que establecer las responsabilidades jurídicas e históricas de aquellos sectores que destruyeron fuerzas productivas y literalmente saquearon al Estado.
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